Sentencia AC-811-18 — Registro 12888
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que declaró no ha lugar la acción de amparo en relación a la Demanda por la vía del proceso abreviado para el pago de honorarios profesionales. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que de los antecedentes se desprende una ponencia en donde la parte recurrente del amparo interpuesto así como de su formalización esgrime que la violación a lo dispuesto en el articulo 82 de la Constitución de la República, de lo deducido se examina las actuaciones del juez de primera instancia en la resolución recurrida, la cual se observa una resolución motivada y fundamentada de tal manera que el escrito presentado por el amparista y subsanado no enmarcaba en los supuestos establecidos al artículo 89 del Código Procesal Civil –impugnación de honorarios por indebidos o excesivos- no bastando en expresar que son indebidos, pues se requiere que la impugnación tenga argumento fático y documentación de soporte que sustente tal incidencia, cuestión que no se hace constar en el caso de autos por cuanto la parte actora presentó un contrato de honorarios profesionales por un juicio terminado con cuantía líquida y el hecho de que no se haya ejecutado la sentencia, no significa que no es causa para que el demandante no reclame sus honorarios debidos derivado de un contrato privado por concepto de servicios profesionales. Sentencia que fue emitida por el A Quo apegada a Derecho, pues no se ha violentado a la parte demandada sus derechos de igualdad, principio de contradicción y del principio de legalidad, pues en ningún momento se ha violentado sus derechos que el juzgado que emitió la resolución impugnada es competente lo hizo con apego a ley cumpliendo con los requisitos prescritos en la Constitución de la República, razón está por la que este Tribunal de Alzada estima que la resolución emitida es conforme a lo establecido en el estamento jurídico. Por lo que se concluye por este Alto Tribunal no han sido vulnerados las garantías constitucionales expresadas por el impetrante, siendo que el Juez de primera instancia como el Tribunal de Alzada han actuando conforme al estamento jurídico establecido.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil veinte.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho(2018), que declaró No Ha Lugar la acción de amparo interpuesta por el Abogado CARLOS JERONIMO CALIX MEJIA, contra actuaciones de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba departamento de Atlántida, en relación a la Demanda por la vía del proceso abreviado para el pago de honorarios profesionales promovida por el Abogado FRANCISCO JAVIER CERRATO SAMPSON, contra el señor CARLOS LISANDRO MARTINEZ ROSALES. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha doce (12) de enero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado CARLOS LIZANDRO MARTINEZ ROSALES, interponiendo Demanda ordinaria Laboral para que se acredite justa causa de despido y en su defecto se ordene el pago de prestaciones laborales por despido directo ilegal e injustificado, derechos adquiridos, salarios dejados de percibir, en consecuencia dicho Juzgado en fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), RESUELVE (sic): “PRIMERO: SE DESESTIMA LA PRETENSION DE HONORARIOS INDEBIDOS, Planteado por el Abogado CARLOS JERONIMO CALIX MEJIA, en su condición de representante procesal del señor CARLOS LISANDRO MARTINEZ ROSALES. SEGUNDO: CON COSTAS a la parte impugnante por haberse desestimado sus pretensiones. TERCERO: CONTINUESE por la vía de apremio por la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.778, 022.74)…”. (Folio 137 de la pieza principal de sus antecedentes)- 2) Que en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, el Abogado CARLOS JERONIMO CALIX MEJIA, interponiendo recurso de amparo a favor del señor CARLOS LISANDRO MARTINEZ ROSALES, contra actuaciones de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida.(Folio 1-2 de la segunda pieza de sus antecedentes)- 3) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) emitió su fallo, mediante el cual FALLA (sic): “PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR la acción constitucional de amparo promovida por el abogado CARLOS JERONIMO CALIX MEJIA, en contra de la resolución dictada con fecha treinta y uno de mayo del año dos mil dieciocho emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida. SEGUNDO: REMITIR EN CONSULTA OBLIGATORIA, ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia la presente Sentencia…” (Folio 164 al 167 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 4) Que en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión.- CONSIDERANDO (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (4): Que se conoce En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho(2018), que declaró No Ha Lugar la acción de amparo interpuesta por el Abogado CARLOS JERONIMO CALIX MEJIA, contra actuaciones de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba departamento de Atlántida, en relación a la Demanda por la vía del proceso abreviado para el pago de honorarios profesionales promovida por el Abogado FRANCISCO JAVIER CERRATO SAMPSON, contra el señor CARLOS LISANDRO MARTINEZ ROSALES. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen el derecho a la defensa, consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (5): Establece el recurrente en la interposición del recurso de amparo contra el auto emitido por el tribunal de primera instancia tiene su origen en el contrato de prestación de servicios profesionales[1] suscrito entre su representado señor CARLOS LISANDRO MARTINEZ ROSALES, y el abogado FRANCISCO JAVIER CERRATO SAMPSON, quien este se aprovechó del poco o nulo conocimiento de su representado, ya que en el mismo no se pactó que podría delegar poder en otro profesional del derecho de su entera confianza, según consta la relación del contrato que obra a folio 34 del expediente de la pieza principal de sus antecedentes, el que fue utilizado como medio de prueba de la demanda objeto del presente amparo, con el ánimo de darle a conocer a la juez de primera instancia, que la redacción del mismo no estipula ninguna cláusula en la que podría realizar actos de delegación de poder en otro profesional del derecho, motivo de amparo que el censor esgrime que no fue aprobado por su representado señor CARLOS LISANDO MARTINEZ ROSALES, violentando su derecho a la defensa al ser desistida por él A Quo en fecha 31 de mayo del 2018[2] sin motivación o razonamiento jurídico la cual resolvió el desistimiento de la pretensión de los honorarios indebidos, no estando apegada a la realidad y sumado a que el contrato de prestación de servicios es la prueba fehaciente que el abogado FRANCISCO JAVIER CERRATO SAMPSON violentó dicho contrato, dejando en indefensión a su representado con la desestimación de su pretensión, por lo que solicita al Tribunal de Alzada dejar sin valor y efecto dichas diligencias objeto de la presente acción de amparo declarando la nulidad de los mismos.- CONSIDERANDO (6): De los argumentos expuestos por el impetrante se desprende del estudio de sus antecedentes, así como de lo planteado en el recurso de amparo interpuesto; se entiende etimológicamente[3] a la palabra “procedimiento”: “Es el término que equivale a forma, modo o manera de hacer algo, en lenguaje técnico jurídico, constituye el procedimiento judicial, las formas a que está sometido el cumplimiento de los actos y trámites del proceso”.- CONSIDERANDO (7): Del expediente de mérito se desprende que las partes intervinientes en el proceso han tenido las oportunidades procesales que la Ley les confiere, han hecho uso de los recursos que han estimado a su favor, recursos que han sido resueltos por él A Quo en los términos legales, por lo que se considera que en ningún momento se han violentando las garantías constitucionales señaladas por el recurrente, si bien es cierto no se ha resuelto a favor del mismo, ese no es motivo para afirmar que se ha violentado el derecho alegado, pudiéndose observar en la causa de mérito que el proceso se ha llevado bajo los procedimientos legalmente establecidos, por lo que tampoco logra acreditar el recurrente que se han violentado normas procedimentales; en tal sentido no se aprecia ninguna garantía constitucional vulnerada, ya que el proceso se ha desarrollado con todas las garantías, pues ambas partes han sido oídos y han hecho valer sus pretensiones frente la Juez competente, respetando el derecho de defensa y el debido proceso e igualmente manteniendo igualdad de las partes en el proceso.- CONSIDERANDO (8): Que el amparo ordinario se concreta en proceso seguido ante los jueces y tribunales integrantes del Poder Judicial, en el que se les solicita la salvaguardia de algún derecho fundamental en juego. No debe olvidarse que los jueces y tribunales ordinarios son los depositarios naturales de la defensa de los derechos fundamentales y que a ellos les compete, en la esfera procesal, la primera decisión en aras a su garantía y protección. Esta actividad la deben llevar a cabo a través de todos los procesos de que se conocen. A través del principio del debido proceso siendo este precepto constitucional que requiere a los poderes públicos para que articulen un sistema jurisdiccional que contemple una vía especial que cumpla con eficacia real la tarea de proporcionar la tutela judicial a quienes se ven afectados en los derechos y libertades citados en la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (9): Que la atribución del carácter preferente al procedimiento supone asignarle una posición procesal ventajosa en relación con todas aquellas causas en las que la demanda no esté basada de forma prioritaria en la violación de un derecho fundamental. Esto significa que la tramitación de este procedimiento preferente será anterior a la de cualesquiera otros de distinta naturaleza, aunque éstos hayan sido instados con anterioridad. La sumariedad, en este caso, debe ser interpretada como sinónimo de celeridad procesal en la resolución de la causa, caracterizada fundamentalmente por un acortamiento de los plazos procesales.- CONSIDERANDO (10): Que de la actuación del Ministerio Público, no puede olvidarse que su función ordinaria de acusador público que tiene el fiscal debe añadirse la de guardián de las garantías constitucionales, esto le coloca en la difícil situación de intentar limitar sus libertadas públicas por una parte y, a la de vez, velar porque todas las cautelas que la Constitución exige se cumplan estrictamente, dado que el proceso civil no es más que un conjunto de garantías que aseguran el cumplimiento de la legalidad con el aval del respeto al sistema propio de un Estado de Derecho.- CONSIDERANDO (11): El juez ordinario debe tutelar efectivamente los derechos y libertades fundamentales por razones históricas, jurídicas y de justicia. No cabe duda que, en este contexto, los derechos y libertades fundamentales hacen las veces de principios supremos conductores del orden social llamado a reformar el Derecho, cumpliendo una función objetiva, una guía, a la cual deben recurrir los jueces para transformar un ordenamiento jurídico que responda a una sociedad estamental y privilegiada. Fijado lo anterior, los jueces ordinarios, a la hora de aplicar la legislación ordinaria, están en el deber de tomar muy en cuenta en sus resoluciones, los derechos fundamentales de la persona como un sistema objetivo de valores que se encuentran recogidos en el derecho de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (12): Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- CONSIDERANDO (13): Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: que toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente en consonancia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos artículo 8 numeral 1), dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, además se establece que es deber de las autoridades judiciales adopten, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- CONSIDERANDO (14): Que de los antecedentes se desprende una ponencia en donde la parte recurrente del amparo interpuesto así como de su formalización esgrime que la violación a lo dispuesto en el articulo 82 de la Constitución de la República, de lo deducido se examina las actuaciones del juez de primera instancia en la resolución recurrida, la cual se observa una resolución motivada y fundamentada de tal manera que el escrito presentado por el amparista y subsanado no enmarcaba en los supuestos establecidos al artículo 89 del Código Procesal Civil –impugnación de honorarios por indebidos o excesivos- no bastando en expresar que son indebidos, pues se requiere que la impugnación tenga argumento fático y documentación de soporte que sustente tal incidencia, cuestión que no se hace constar en el caso de autos por cuanto la parte actora presentó un contrato de honorarios profesionales por un juicio terminado con cuantía líquida y el hecho de que no se haya ejecutado la sentencia, no significa que no es causa para que el demandante no reclame sus honorarios debidos derivado de un contrato privado por concepto de servicios profesionales. Sentencia que fue emitida por el A Quo apegada a Derecho, pues no se ha violentado a la parte demandada sus derechos de igualdad, principio de contradicción y del principio de legalidad, pues en ningún momento se ha violentado sus derechos que el juzgado que emitió la resolución impugnada es competente lo hizo con apego a ley cumpliendo con los requisitos prescritos en la Constitución de la República, razón está por la que este Tribunal de Alzada estima que la resolución emitida es conforme a lo establecido en el estamento jurídico. Por lo que se concluye por este Alto Tribunal no han sido vulnerados las garantías constitucionales expresadas por el impetrante, siendo que el Juez de primera instancia como el Tribunal de Alzada han actuando conforme al estamento jurídico establecido. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD DE VOTOS y con fundamento en los Artículos 82, 90, 178, 183, 303, 313 No.5), 316 No. 1) Y 321 de la Constitución de la República, 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 Declaración Americana de los Derechos del Hombre; 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral 2, 41, 45, 51, 52, 56, 63, 68, 69 y 120 párrafo segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional; 3, 4, 6, 7, 12 y 89 del Código de Procesal Civil; 1, 78 numeral 5, y 137 Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), que declaró No Ha Lugar la acción de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS JERONIMO CALIX MEJIA, contra actuaciones de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida. Y MANDA: Que con la certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0811-2018.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] folio 8-9 de la pieza principal de sus antecedentes
[2] Folio 137 de la pieza principal de sus antecedentes. “SE DESESTIMA LA PRETENSION DE HONORARIOS INDEBIDOS, plantados por el abogado CARLOS JERONIMO CALIX en su condición de representante procesal del señor CARLOS LIANDO MARTINEZ ROSALES”
[3] Diccionario Jurídico, Gonzalo Fernández de León, Víctor P. de Zavalla, Editor Buenos Aireas, 1955 pag265 y ss.