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Sentencia AC-806-19 — Registro 11807

Resumen

Sentencia declaró nulidad absoluta de actuaciones desde el auto dictado por juzgado de primera instancia que admitió a trámite solicitud de tasación de costas, en demanda ordinaria de resolución de contrato de concesión e indemnización de daños y perjuicios y del contrato privado de operación de Food Mart, promovida por recurrente en su condición de representante procesal de persona natural contra Texaco Caribbean Inc; en Apelación se ordenó retrotraer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó a fin de que el juzgado resuelva el escrito de subsanación de acuerdo a los lineamientos de la Resolución del Tribunal de Alzada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en su sentencia defecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, concluye que es inadmisible una tasación de costas solicitada a título personal por un profesional del derecho contra una tercera persona que no es y no fue parte en el proceso, como en el caso de autos, al señalar como demandado A Rolando Enrique Barahona Kurwhan; y, corresponde al juzgado de primera instancia, previo a la admisión de la solicitud de tasación de costas, revisara los presupuestos ordenados en el Artículo 222 del Código Procesal Civil, revisando en primer término si hay condena en costas..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar con lugar un recurso de apelación y la declaratoria de nulidad absoluta de actuaciones; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de octubre de dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAMÓN RUFINO MEJÍA MEJÍA, a favor de SÍ MISMO, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, dictada por elJuzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la solicitud de tasación de costas promovida por el Abogado RAMÓN RUFINO MEJÍA MEJÍA, derivada de la demanda ordinaria de resolución de contratos e indemnización de daños y perjuicios, promovida por el Abogado RAMÓN R. MEJÍA MEJÍA en su condición de Apoderado Legal del señor ROLANDO ALFREDO BARAHONA NOÉ, contra la sociedad mercantil TEXACO CARIBBEAN Inc. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en su perjuicio, los derechos consagrados en los Artículos1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 80, 82, 90párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco de abril de dos mil cinco, compareció ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado Ramón R. Mejía Mejía, en su condición de Apoderado Legal del señor Rolando Alfredo Barahona Noé, contra la sociedad mercantil Texaco Caribbean Inc., a través de su Representante Legal, el señor Richard Ritter Arita, para que sea condenado al pago de DOS CIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 222,400,000,00) (Folio 1-11 del tomo I de la pieza del A-quo) 2)En fecha siete de abril de dos mil cinco, el Juzgado de Letras Primero de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, rechazó la demanda ordinaria promovida por el abogado Ramón R. Mejía Mejía, quien actúa en su condición de Apoderado Legal del señor Rolando Alfredo Barahona Noé, en virtud de que consta en razonamiento del contrato de arrendamiento de que se hace mérito de fecha seis de junio del año mil novecientos sesenta y uno, a folio 33 vuelto de las presentes diligencias, específicamente en la cláusula décimo cuarta que literalmente dice: “…toda o cualquier diferencia que se suscitare entre los contratantes por motivo o por causas de este contrato, o de su interpretación, será sometido al fallo de un Tribunal Arbitral designado uno por cada parte, y un tercero nombrado por los dos para el caso de discordia. Si estos no se pusieron de acuerdo, la designación del tercero será hecha por el Juez…”,…por tanto este despacho se declara incompetente para conocer del mismo. (Folio 95 vuelto del tomo I del expediente del A-quo) 3) En fecha veintiséis de abril de dos mil cinco, compareció el Abogado Ramón R. Mejía Mejía, ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, presentando escrito de nulidad absoluta de actuaciones, o en su defecto se interpone recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación contra el auto relacionado en el numeral anterior. (Folios 96-99 del tomo I del expediente del A-quo) 4) En fecha dos de mayo de dos mil cinco, el Juzgado de Letras Primero de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolvió en cuanto a lo solicitado y en virtud de lo manifestado por el compareciente, REPÓNGASE la providencia de fecha siete de abril del año dos mil cinco, la cual deberá leerse de la siguiente manera: Admítase la demanda ordinaria que antecede, junto con los documentos acompañados y como se pide, con las inserciones de estilo y delegando amplias facultades, líbrese atenta comunicación al Juzgado de Paz de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, para que sean muy servidos en citar y emplazar personalmente en legal y debida forma por medio del funcionario judicial respectivo, al señor Richard Ritter Arita. (Folio 106 del tomo I del expediente del A-quo) 5)En fecha veintiséis de septiembre de dos mil ocho, el ahora Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, falló: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la Demanda Ordinaria de Resolución de un Contrato de Concesión e indemnización de daños y perjuicios, promovida por el abogado RAMÓN R. MEJÍA MEJÍA, en su condición de Apoderado Legal del señor ROLANDO ALFREDO BARAHONA NOÉ, contra la sociedad TEXACO CARIBBEAN INC, representada por su Gerente General LUIS A. MAYORGA AVILEZ, en consecuencia se DECRETA la resolución del contra de concesión (distribución exclusiva, comodato y arrendamiento) de fecha 6 de julio de 1971, y por ende, del contrato privado de operación de un FoodMart de fecha 21 de mayo del año 1993, ambos contratos suscritos entre el demandante, señor ROLANDO ALFREDO BARAHONA NOÉ, y la sociedad mercantil TEXACO CARIBBEAN INC, a través de su Representante Legal en Honduras.-SEGUNDO: CONDENA a la parte demandada a pagar a favor de la parte demandante una indemnización por los daños y perjuicios causados con el incumplimiento del contrato de concesión de fecha 6 de julio del año 1971, y del contrato privado de operación de un Food Mart de fecha 21 de mayo del año 1993, de que se ha hecho mérito, suscrito entre el demandante señor ROLANDO ALFREDO BARAHONA NOÉ, y la sociedad mercantil TEXACO CARIBBEAN INC, representada por su Gerente General y Representante para Honduras LUIS A. MAYORGA AVILEZ. (Folios 927-935 del tomo v del expediente del A-quo) 6) En fecha diecinueve de octubre de dos mil once, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por unanimidad de votos falló: DE OFICIO DECRETAR NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 DICTADA POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. (Folios 947-948 del tomo V del expediente del A-quo) 7) En fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva, mediante la cual falló: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la Demanda Ordinaria de Resolución de un Contrato de Concesión e indemnización de Daños y Perjuicios, promovida por el Abogado RAMÓN R. MEJÍA M., en su condición de Apoderado Legal del señor ROLANDO ALFREDO BARAHONA NOÉ, contra la sociedad mercantil TEXACO CARIBBEAN INC., representada por su Gerente General el señor LUIS A. MAYORGA AVILEZ, todos de generales expresadas en el preámbulo de este fallo; en consecuencia DECRETA la resolución del Contrato de Concesión (distribución exclusiva, comodato y arrendamiento) de fecha 6 de julio del año 1971, y por ende, del contrato privado de operación de un Food MArt de fecha 21 de mayo del año 1993, ambos contratos suscritos entre el demandante el señor ROLANDO ALFREDO BARAHONA NOÉ, y la sociedad mercantil TEXACO CARIBBEAN INC, a través de su representante legal en Honduras. SEGUNDO: CONDENA a la parte demandada la sociedad mercantil TEXACO CARIBBEAN INC., a pagar a favor de la parte demandante una indemnización por los Daños y Perjuicios, Lucro Cesante y Daño Emergente, causados con el incumplimiento del Contrato de Concesión de fecha 6 de julio del año 1971, y del contrato privado de operación de un Food Mart de fecha 21 de mayo del año 1993, de que se hecho mérito, suscrito entre el demandante señor ROLANDO ALFREDO BARAHONA NOÉ, y la sociedad mercantil TEXACO CARIBBEAN INC, representada por su Gerente General y Representante Legal para Honduras señor LUIS A. MAYORGA AVILEZ, y que deberán determinarse mediante peritos nombrados al efecto conforme a las bases establecidas en el considerando número doce (12) de esta sentencia.-TERCERO: MANDA: Que si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno contra el presente fallo quede firme el mismo.-CON COSTAS.-Por haber sido vencida en juicio la parte demandada y no haber tenido motivos racionales para litigar. (Folios 1000 del tomo v-1009 vuelto del tomo VI del expediente del A-quo) 8) En fecha diez de diciembre de dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, la Abogada María Victoria Navarrete Flores, en su condición de Apoderada Legal de la sociedad mercantil Texaco Caribbean Inc, ahora denominada Chevron Caribbean Inc, interponiendo recurso de apelación contra la sentencia definitiva relacionada en el numeral que antecede. (Folios 1016-1026 del tomo VI del expediente del A-quo) 9) La Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, falló: 1)Declara CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Abogada María Victoria Navarrete Flores, a que se refiere el encabezamiento o preámbulo de esta sentencia; 2)Declara SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por adhesión por el Abogado RAMÓN R. MEJÍA MEJÍA, en su condición de Apoderado Legal del señor ROLANDO ALFREDO BARAHONA NOÉ; 3)Declara SIN LUGAR la Demanda Ordinaria de Resolución de un Contrato de Concesión e Indemnización de Daños y Perjuicios, promovida por el abogado RAMÓN R. MEJÍA M., en su condición de Apoderado Legal del señor ROLANDO ALFREDO BARAHONA NOÉ, contra la sociedad mercantil TEXACO CARIBBEAN INC., representada por su Gerente General el señor LUIS A. MAYORGA AVILEZ, todos de generales expresadas en el preámbulo de este fallo;4) Absuelve a la sociedad mercantil TEXACO CARIBBEAN INC. De la acción deducida por el Abogado RAMON R. MEJÍA M., en su condición de Apoderado Legal del señor ROLANDO ALFREDO BARAHONA NOÉ; 5) Declara sin lugar la indemnización de daños y perjuicios; 6) SIN COSTAS en ambas instancias en base al principio de vencimiento. (Folios 1054-1062 vuelto del tomo VI del expediente del A-quo) 10) En fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Ramón Rufino Mejía Mejía, presentado escrito de tasación de costas personales y procesales en la demanda ordinaria de resolución de contratos e indemnización de daños y prejuicios. (Folios 1-7 de la pieza de tasación de costas) 11) En fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, admitió el escrito de tasación de costas presentado por el Abogado Ramón Rufino Mejía Mejía, asimismo, previo a resolver lo solicitado se le ordenó al compareciente que en el plazo de cinco (5) días subsanara su escrito en relación a que es lo que quiere que el tribunal resuelva, ya que habla de costas de honorarios, siendo la tasación de costas un trámite y para el cobro de honorarios profesionales otro. (Folio 30 vuelto de la pieza de tasación de costas) 12) En fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, compareció el Abogado Ramón Rufino Mejía Mejia, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, presentando escrito subsanando la solicitud de costas que ya había peticionado. (Folios 31-32 de la pieza de tasación de costas) 13) En fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, admitió el escrito presentado por el Abogado Ramón Rufino Mejía Mejía, que se ha dejado relacionado en el numeral que antecede; teniendo por hecha la subsanación. (Folio 34 de la pieza de tasación de costas) 14) En fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Carlos Arturo DubónLeitzelar, presentando escrito de impugnación a la tasación de costas promovida por el Abogado Ramón Rufino Mejía Mejía, en la demanda ordinaria de resolución de contratos e indemnización de daños y perjuicios por ser indebida en su totalidad. (Folios 57-61 de la pieza de tasación de costas) 15) En fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolvió: PRIMERO: Declarando Con Lugar la Impanación de Tasación de Costas. SEGUNDO: Déjese sin valor y efecto la tasación de costas realizada, en virtud de no existir condena en la parte dispositiva de la sentencia dictada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil en fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil catorce (2014). TERCERO: CON COSTAS. (Folios 119-124 de la pieza de tasación de costas) 16) En fecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Ramón Rufino Mejía Mejía, contra la resolución referida en el numeral que antecede, por unanimidad de votos falló: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD absoluta de actuaciones a partir e inclusive de la resolución de fecha (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en pieza separada de tasación de costas, que obra a folio treinta y cuatro (34). SEGUNDO: Retrotráigase las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó, a fin de que el Juzgado resuelva el escrito de subsanación de acuerdo a los lineamientos de esta resolución. TERCERO: Sin Costas. (Folios 56-67 vuelto de la pieza del Ad-quem) 17) En fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal, el Abogado Ramón Rufino Mejía Mejía, interponiendo acción de amparo a favor de Sí Mismo, contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria delos derechos consagrados en los artículos 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 80, 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. 18) Esta Sala en fecha veintisiete de enero de dos mil veinte, tuvo por formalizado en tiempo y forma al Abogado Ramón Rufino Mejía Mejía, en el amparo de mérito, asimismo, habiéndose solicitado la apertura a pruebas del recurso, se declaró sin lugar por falta de claridad en su petición, ordenándose continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando vista de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho (48) horas al Fiscal del despacho para la emisión del dictamen correspondiente. (Folio 145 de la pieza de amparo) 19) Que en fecha tres de marzo de dos mil veinte, se tuvo por evacuada la vista concedida ala Fiscal del Ministerio Público, Abogada Yulibeth Garay Hernández, de su análisis jurídico se desprende las siguientes consideraciones:…De lo cual se aprecia que la tasación de costas procede una vez firme la sentencia que ponga fin al juicio en que se hubiese impuesto la condena, en cuyo trámite las partes son las del juicio principal, las cuales conforme al expediente del Juzgado registrado bajo número 0801-2007-19124-CA, de la demanda de la Resolución de Contratos e Indemnizaciones de Daños y Perjuicios, constituyen como parte demandante: El señor Rolando Alfredo Barahona Noé y como parte demandada: la sociedad mercantil denominada TEXACO CARIBBEAN INC, luego de la lectura de la solicitud de tasación de costas presentada por el recurrente, se observa que solicitó que se obligara al pago de dichas costas al señor: Rolando Enrique Barahona Kurwhan, como heredero ab-intestado sin beneficio de inventario del señor: Rolando Alfredo Barahona Noé, el cual no se ha actuado como parte en el juicio principal, ni se ha instado trámite de sucesión procesal y el recurrente le reclama tasación de costas, las cuales como se indició proceden por la existencia de una condena en costas del juicio principal, que haya sido ordenada mediante sentencia y no a título personal, como lo peticionó el recurrente ante el Juzgado en fecha 8 de mayo del 2018…El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, fue de la opinión que se DENIEGUE el presente amparo, por no existir vulneración de garantías constitucionales y convencionales invocadas por el amparista. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la solicitud de tasación de costas promovida por el Abogado RAMÓN RUFINO MEJÍA MEJÍA, derivada de la demanda ordinaria de resolución de contratos e indemnización de daños y perjuicios, promovida por el Abogado RAMÓN R. MEJÍA MEJÍA en su condición de Apoderado Legal del señor ROLANDO ALFREDO BARAHONA NOÉ, contra la sociedad mercantil TEXACO CARIBBEAN Inc. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se han violentado en perjuicio de su representada los Artículos 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 80, 82, 90 párrafo primero y 321; al considerar que el Ad-Quem incurre en transgresión de los derechos fundamentales, cuando no procedía anular de manera absoluta desde el auto en que se admite a trámite la solicitud de tasación de costas, que fue subsanada. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha tres de marzo de dos mil veinte, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: “(SIC) El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, fue de la opinión que se DENIEGUE el presente amparo, por no existir vulneración de garantías constitucionales y convencionales invocadas por el amparista.” ONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en su sentencia defecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, concluye que es inadmisible una tasación de costas solicitada a título personal por un profesional del derecho contra una tercera persona que no es y no fue parte en el proceso, como en el caso de autos, al señalar como demandado A Rolando Enrique Barahona Kurwhan; y, corresponde al juzgado de primera instancia, previo a la admisión de la solicitud de tasación de costas, revisara los presupuestos ordenados en el Artículo 222 del Código Procesal Civil, revisando en primer término si hay condena en costas. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre ély las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional mas consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una ultima instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar con lugar un recurso de apelación y la declaratoria de nulidad absoluta de actuaciones; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de diciembre de dos mil veinte. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado RAMÓN RUFINO MEJÍA MEJÍA, a favor de SÍ MISMO; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, que falla SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo interpuesto, contra la resolución la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la solicitud de tasación de costas promovida por el Abogado RAMÓN RUFINO MEJÍA MEJÍA, derivada de la demanda ordinaria de resolución de contratos e indemnización de daños y perjuicios, promovida por el Abogado RAMÓN R. MEJÍA MEJÍA en su condición de Apoderado Legal del señor ROLANDO ALFREDO BARAHONA NOÉ, contra la sociedad mercantil TEXACO CARIBBEAN Inc. CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que el Abogado RAMÓN RUFINO MEJÍA MEJÍA, actuando en su condición antes referida, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal reclamando amparo a favor de SI MISMO. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, mediante la cual fallo sobreseyendo el recurso de amparo de mérito. CONSIDERANDO: Que el recurrente, Abogado RAMÓN RUFINO MEJÍA MEJÍA, en fecha uno de diciembre de dos mil veinte, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera este Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que sus honorarios profesionales no fueron pagados por su poderdante en vista de su fallecimiento, por lo que corresponde el cobro de los mismos al heredero ab intestato sin beneficio de inventario. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa y debido proceso del acto jurisdiccional al que se someten las partes, en la que se concluye que es inadmisible una tasación de costas solicitada a título personal por un profesional del derecho contra una tercera persona que no es y no fue parte en el proceso. Los argumentos del recurrente no son atendibles cuando las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO: Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento del recurrente, en cuanto a la nulidad solicitada es ajeno al objeto del amparo. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado RAMÓN RUFINO MEJÍA MEJÍA, por las razones que se dejan ya señaladas y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende a solicitud del Abogado Ramón Rufino Mejía Mejía, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de octubre y de la resolución de fecha siete de diciembre de dos mil veinte, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-806-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL