Sentencia AC-796-18 — Registro 11806
Resumen
Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación, reformó resolución apelada, declaró nulidad parcial de la misma en solicitud de liquidación y tasación de costas en la demanda de restablecimiento de posesión, como consecuencia de un despojo violento y prohibición de construcción de obra nueva promovida contra recurrente; en apelación se dejó válido tener por realizada la audiencia, manda a obtener valor catastral de la propiedad, tener la oposición de las costas e indica darle el trámite para la tasación impugnada por considerar excesivos los honorarios de conformidad con la ley
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el Principio de Legalidad que aduce el recurrente como quebrantado, entendiendo éste como el ejercicio del poder público acorde con la ley vigente y su jurisdicción; del estudio de la resolución impugnada, se observa que la misma fue dictada en fundamento a lo establecido en el Artículo 226 del Código Procesal Civil, que desarrolla la tramitación si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios; del escrito de impugnación a la Liquidación y Tasación de Costas promovida por el recurrente en Amparo, se deduce como bien lo razona el Tribunal de Alzada, que ésta se hizo por ser indebidas las partidas y excesivos los honorarios, situación que también se advierte en el acta de Audiencia de Oposición, al invocar el recurrente el Artículo 225.1.3[3] del Código Procesal Civil, por ello la autoridad recurrida en Amparo declara la nulidad parcial de la resolución apelada, dejando por válida la audiencia realizada, con las observaciones indicadas y debiendo seguirse el trámite previsto en el Artículo 226, por haberse impugnado la Tasación de Costas por ser partidas indebidas y honorarios excesivos; consecuencia de ello se tramitaran ambas impugnaciones simultáneamente, con arreglo a lo prevenido para cada una de ellas en los numerales anteriores –Art. 227.4 del CPC-. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del principio de legalidad, transgresión que no se observa, pues la resolución fue emitida aplicando la ley vigente al caso en concreto, haciendo prevalecer con ello que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas, especialmente en aquellas cuya intervención del poder público se encuentra directamente ligado a los derechos del individuo. Reiterando esta Sala de lo Constitucional que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."al haberse determinado la no vulneración de las garantías constitucionales señaladas, se estima procedente DENEGAR el recurso de amparo que ahora se conoce..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 225 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 226 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 227 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, a favor de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que declaró HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto por la parte Demandante, contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciocho (2018); con relación a una solicitud de liquidación y tasación de Costas, promovida por el abogado EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ, por haber representado a la sociedad mercantil INMOBILIARIA CASA Y CAMPO S. DE R.L., en la Demanda de Restablecimiento de Posesión, como consecuencia de un despojo violento, y la prohibición de construcción de obra nueva, por la vía del Proceso Abreviado, promovida en contra de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A. Estima el recurrente, que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representada, los artículos 321 y 323 de la Constitución de la República, ello por el exceso de poder y mala intención de la autoridad recurrida.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dos (2) de mayo del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colon, el abogado EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ, actuando en su condición de apoderado legal de la Empresa Inmobiliaria CASA Y CAMPO S. DE R.L., interponiendo una solicitud de Restablecimiento de Posesión, como Consecuencia de un Despojo Violento, y la Prohibición de Construcción de Obra Nueva, en contra de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A. Pretensión que fue declarada HA LUGAR, por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha seis (6) de octubre del año dos mil quince (2015), tras un recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia definitiva de fecha trece (13) de abril del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colon. (Folios del 1–6, 151, 152 y del 178-183fv de la pieza de antecedentes del A-quo)- 2) Que en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil diecisiete (2017), el abogado EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ, en su condición de Apoderado Legal de la de Empresa Inmobiliaria CASA Y CAMPO S. DE R.L., presentó ante el referido Juzgado, solicitud de Liquidación y Tasación de Costas, en virtud de la ejecución de la sentencia descrita en el numeral anterior. (Folios 399 y 400 de la pieza de antecedentes del A-quo)- 3) Que en fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), el Abogado Carlos Humberto Fuentes Portillo, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., presentó impugnación a la Liquidación de Tasación de Costas, presentada por la parte demandante y vencedora en la demanda; dando respuesta a la impugnación promovida, el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo mediante auto de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) resolvió: (Sic) “1.-Admitir a trámite la impugnación presentada por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO a la liquidación y tasación de costas, hecha por la Secretaria Adjunta de este Tribunal.- 2.- Se señala audiencia para el día JUEVES VEINTICUATRO DE AGOSTO del año en curso, a las DIEZ DE LA MAÑANA, para la continuación del Incidente; la audiencia de regirá con las reglas del proceso abreviado…” (Folios del 402-404fv y 405fv de la pieza de antecedentes del A-quo)- 4) Que en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), el abogado EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ, actuando en representación de la Empresa Inmobiliaria CASA Y CAMPO S. DE R.L., presentó una solicitud de nulidad absoluta de actuaciones, mediante la cual pide que se declare la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) y posteriores actuaciones por haber prescindido de normas esenciales del procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y el Arancel del Profesional del Derecho de Honduras. En respuesta a la petición de nulidad de actuaciones, el referido Juzgado, dictó Resolución en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Resolvió: (Sic) “Declarar de plano SIN LUGAR el escrito de NULIDAD DE ACTUACIONES que presentara el abogado EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ, en su condición ya expresada, en virtud de considerar que el mismo es improcedente…” (Folios del 447-451 y 454fv de la pieza de antecedentes del A-quo)- 5) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado EDSON LABORIEL ALVAREZ, en su condición de apoderado legal de la Empresa Inmobiliaria CASA Y CAMPO S. DE R.L., la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, dictó resolución en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (Sic) “Primero: DECLARAR HA LUGAR el recurso de apelación solicitada por la parte demandante. Segundo: REFORMAR la Resolución apelada, en virtud de que se declara la nulidad parcial de la misma, dejando valido únicamente tener por realizada la audiencia y en base a lo solicitado mandar a obtener el valor catastral de la propiedad, y en lo demás deberá de emitirme un auto en donde se tenga la oposición de las cotas por ser indebidas y también excesivas, oyendo en un plazo de cinco días al profesional del derecho que taso las mismas a efecto de que manifieste si acepta la reducción de honorarios que se le reclama; y en caso de no aceptarlos, se pasará testimonio del expediente o de la parte que de ellos resulte necesaria, debiendo incluir sin falta: el contrato privado de venta a favor del demandante, el dictamen de valor catastral de la propiedad, el avalúo privado realizado y este auto a la junta Directiva del Colegio de Abogados a nivel nacional para que emita informe dentro del plazo del 10 días y posteriormente se emita resolución resolviendo sobre la cuestión impugnada. Tercero: SIN COSTAS …”. (Folios del 7–10fv de la pieza de antecedentes de Alzada)- 6) Que el abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, compareció ante este Tribunal en fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra la resolución de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 321 y 323 de la Constitución de la República, por el exceso de poder y mala intención de la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dos (2) de abril del año dos mil diecinueve (2019). (Folios 1–5 y 35 de los autos)- 7) Que en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho a través de la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido en tiempo y forma el dictamen correspondiente, siendo de la opinión porque: (Sic) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, es del parecer que se Deniegue la presente acción de amparo en vista de no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista.” (Folios del 38–43 de los autos)- CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la Resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que declara Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Edson Roberto Laboriel Álvarez, en su condición de Apoderado Legal de la Parte Demandante Empresa Inmobiliaria CASA Y CAMPO S. de R.L., contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colon, en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciocho (2018), que resuelve declarar Sin Lugar el escrito de nulidad de actuaciones promovido por la Parte Demandante, en relación a la solicitud de Liquidación y Tasación de Costas presentada, en la Demanda de Restablecimiento de Posesión, como consecuencia de un despojo violento, y la prohibición de construcción de obra nueva, por la vía del Proceso Abreviado, promovida promovida por la sociedad mercantil INMOBILIARIA CASA Y CAMPO S. DE R.L., contra de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A.- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba Departamento de Atlántida, en fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciocho, argumentando que el acto que se recurre en Amparo violenta los artículos 321 y 323 de la Constitución de la República, por el exceso de poder y mala intención de la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, al poner expresiones que nunca ha manifestado en sus escritos, pretendiendo de tal manera justificar su pretensión de darle la razón a la parte apelante.- CONSIDERANDO (4): Que, en la relación de los hechos de la demanda promovida, el recurrente sostiene que en la motivación el exponente Magistrado tergiversa los procedimientos establecidos en el código procesal civil para el reclamo de las costas comprendidas en los artículos 222 al 227, donde claramente se establece en el artículo 225.1 cuando la tasación de costas se impugna por indebidas y en el artículo 226.1 dichas costas se impugnan por excesivas y hace caso omiso a que el procedimiento seguido en el incidente fue por indebidas y por eso se pronunció el Tribunal y no por el procedimiento que pretendía el apelante, haciendo una relación imprecisa en el número (4), que su oposición es por indebidos y excesivos los honorarios y los gastos y que no utilizó con precisión tales palabras, lo cual es completamente falso, ya que la ley establece claramente el procedimiento a seguir por cada uno de ellos, queriendo dar a entender de manera sutil y derivado del contenido de su escrito, que es la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras quien dirima tal situación.- CONSIDERANDO (5): Que las garantías constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 321 “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”; artículo 323 “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.”- CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. En ese orden de ideas el artículo 3 del Código Procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.”- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[2], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.- CONSIDERANDO (8): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. El recurrente plantea la violación al principio de legalidad, por la inobservancia, según sus argumentos, de los preceptos constitucionales 321 y 323 en la resolución de fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciocho dictada por el Ad-quem.- CONSIDERANDO (9): Que en la motivación y fundamentación jurídica de la resolución que se recurre en Amparo, la Alzada en el acápite cuatro, cinco y seis deja plasmado: (Sic) “4.-) Ahora bien, no oponiéndose por tal razón la parte demandada sino por considerar indebidos y excesivos los honorarios y los gastos, aun cuando no haya utilizado con precisión taeles palabras; pero se colige del contenido de su escrito, deberá ser la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras quien dirima en base a qué cuantía se pagan las costas. 5.-) Que la nulidad de actuaciones solo podrá ser declarada de oficio o a petición de parte cuando vulnera el derecho de defensa, o se violentan normas de carácter obligatorio cuyo cumplimiento acarrea perjuicio para alguna de las partes. Que los actos procesales de sustanciación que constituyen la formación del proceso son de observancia obligatoria y la infracción o eludimiento de esta se sanciona a través de la nulidad, como es el caso que nos ocupa,… 6.-) En consecuencia en ese orden de ideas y con la finalidad de una aplicación responsable y a la vez eficaz de la administración de justicia, que no nos haga incurrir en yerros ilegales y que a su vez se haga uso de los dispuesto en el artículo 226 del Código que regula la norma adjetiva en materia Civil, es procedente declarar con lugar el recurso interpuesto y la no condena en costas, anulando parcialmente la resolución recurrida,….”- CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el Principio de Legalidad que aduce el recurrente como quebrantado, entendiendo éste como el ejercicio del poder público acorde con la ley vigente y su jurisdicción; del estudio de la resolución impugnada, se observa que la misma fue dictada en fundamento a lo establecido en el Artículo 226 del Código Procesal Civil, que desarrolla la tramitación si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios; del escrito de impugnación a la Liquidación y Tasación de Costas promovida por el recurrente en Amparo, se deduce como bien lo razona el Tribunal de Alzada, que ésta se hizo por ser indebidas las partidas y excesivos los honorarios, situación que también se advierte en el acta de Audiencia de Oposición, al invocar el recurrente el Artículo 225.1.3[3] del Código Procesal Civil, por ello la autoridad recurrida en Amparo declara la nulidad parcial de la resolución apelada, dejando por válida la audiencia realizada, con las observaciones indicadas y debiendo seguirse el trámite previsto en el Artículo 226, por haberse impugnado la Tasación de Costas por ser partidas indebidas y honorarios excesivos; consecuencia de ello se tramitaran ambas impugnaciones simultáneamente, con arreglo a lo prevenido para cada una de ellas en los numerales anteriores –Art. 227.4 del CPC-. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del principio de legalidad, transgresión que no se observa, pues la resolución fue emitida aplicando la ley vigente al caso en concreto, haciendo prevalecer con ello que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas, especialmente en aquellas cuya intervención del poder público se encuentra directamente ligado a los derechos del individuo. Reiterando esta Sala de lo Constitucional que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (11): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.- CONSIDERANDO (12): Que, al haberse determinado la no vulneración de las garantías constitucionales señaladas, se estima procedente DENEGAR el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, párrafo primero, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 225, 226 y 227 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, a favor de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., cuatro de diciembre del año dos mil veinte.- VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil Banco Atlántida S.A., contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), por medio de la cual se falla Denegando la acción constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO a favor de la Sociedad Mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que resuelve declarar ha lugar el recurso de apelación solicitado por la parte demandante, consecuencia de ello, reforma la resolución apelada declarando la nulidad parcial de la misma; en ocasión del recurso de apelación promovido por la parte demandante, contra la resolución dictada en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón.- CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho.- CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición del recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso argumentando que: 1.- todas las actuaciones que ordena la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba Atlántida, en la sentencia de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), contradicen el espíritu de la Ley y significan un abuso de autoridad en perjuicio de su representado al ordenar diligencias irregulares en contradicción a lo ya establecido y acreditado con documentos como ser: A) La cuantía a de la demanda; B) Que no existe un registro catastral del inmueble; C) Que es un DOMINIO ÚTIL, lo que tiene registrada la Inmobiliaria Casa y Campo S. de R. L., y no puede ser objeto de valor catastral; D)Que el avalúo privado no fue autorizado por el Tribunal y que se realizó de manera antojadiza, alterando valores, mejoras y proyectos que no existen y que el primero fue sustituido por el segundo por las razones expuestas. 2.- Que fue por las anteriores razones en que considera se han violentado normas procesales y derechos otorgados por la Constitución de la República, así como normas de Tratados Internacionales, por ello acudió a esta Honorable Corte Suprema de Justicia en demanda de Justicia, ya que no se oponen a la condena en costas, pero si a la forma en que se procedió a la tasación de las mismas.- CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto.- CONSIDERANDO (4): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase[4]. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.[5]- CONSIDERANDO (5): Que uno de los principios rectores del proceso civil hondureño, es precisamente el debido proceso, el que, en consonancia con lo preceptuado en la Constitución de la República, se define en el artículo 3 del Código Procesal Civil, como el derecho que las parte tienen a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.- CONSIDERANDO (6): Que de la lectura del recurso de reposición interpuesto contra el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal en fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, no se advierte reproche contra el mismo, el pedidor de recurso de reposición, en sus argumentos hace alusión a cuestiones de legalidad que fueron decididas por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, sin hacer referencia a cuestiones de forma o de fondo en relación al fallo emitido por este Alto Tribunal, en la fecha ut supra indicada. En ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones deducidas por el recurrente, las que se encuentran visibles en los considerandos 3 y 4 de la sentencia en referencia.- CONSIDERANDO (7): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veintiuno (21) de octubre del presente año dos mil veinte (2020), que corre agregada en autos se establece en forma motivada, clara, precisa y congruente, las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional impetrada. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.- CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, por las razones que se dejan ya señaladas Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020), y la Resolución de fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil veinte (2020) respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0796-2018.
Y a solicitud del abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020), y la Resolución de fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil veinte (2020) respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0796-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, a favor de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que declaró HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto por la parte Demandante, contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciocho (2018); con relación a una solicitud de liquidación y tasación de Costas, promovida por el abogado EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ, por haber representado a la sociedad mercantil INMOBILIARIA CASA Y CAMPO S. DE R.L., en la Demanda de Restablecimiento de Posesión, como consecuencia de un despojo violento, y la prohibición de construcción de obra nueva, por la vía del Proceso Abreviado, promovida en contra de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A. Estima el recurrente, que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representada, los artículos 321 y 323 de la Constitución de la República, ello por el exceso de poder y mala intención de la autoridad recurrida.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dos (2) de mayo del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colon, el abogado EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ, actuando en su condición de apoderado legal de la Empresa Inmobiliaria CASA Y CAMPO S. DE R.L., interponiendo una solicitud de Restablecimiento de Posesión, como Consecuencia de un Despojo Violento, y la Prohibición de Construcción de Obra Nueva, en contra de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A. Pretensión que fue declarada HA LUGAR, por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha seis (6) de octubre del año dos mil quince (2015), tras un recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia definitiva de fecha trece (13) de abril del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colon. (Folios del 1–6, 151, 152 y del 178-183fv de la pieza de antecedentes del A-quo)- 2) Que en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil diecisiete (2017), el abogado EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ, en su condición de Apoderado Legal de la de Empresa Inmobiliaria CASA Y CAMPO S. DE R.L., presentó ante el referido Juzgado, solicitud de Liquidación y Tasación de Costas, en virtud de la ejecución de la sentencia descrita en el numeral anterior. (Folios 399 y 400 de la pieza de antecedentes del A-quo)- 3) Que en fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), el Abogado Carlos Humberto Fuentes Portillo, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., presentó impugnación a la Liquidación de Tasación de Costas, presentada por la parte demandante y vencedora en la demanda; dando respuesta a la impugnación promovida, el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo mediante auto de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) resolvió: (Sic) “1.-Admitir a trámite la impugnación presentada por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO a la liquidación y tasación de costas, hecha por la Secretaria Adjunta de este Tribunal.- 2.- Se señala audiencia para el día JUEVES VEINTICUATRO DE AGOSTO del año en curso, a las DIEZ DE LA MAÑANA, para la continuación del Incidente; la audiencia de regirá con las reglas del proceso abreviado…” (Folios del 402-404fv y 405fv de la pieza de antecedentes del A-quo)- 4) Que en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), el abogado EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ, actuando en representación de la Empresa Inmobiliaria CASA Y CAMPO S. DE R.L., presentó una solicitud de nulidad absoluta de actuaciones, mediante la cual pide que se declare la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) y posteriores actuaciones por haber prescindido de normas esenciales del procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y el Arancel del Profesional del Derecho de Honduras. En respuesta a la petición de nulidad de actuaciones, el referido Juzgado, dictó Resolución en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Resolvió: (Sic) “Declarar de plano SIN LUGAR el escrito de NULIDAD DE ACTUACIONES que presentara el abogado EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ, en su condición ya expresada, en virtud de considerar que el mismo es improcedente…” (Folios del 447-451 y 454fv de la pieza de antecedentes del A-quo)- 5) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado EDSON LABORIEL ALVAREZ, en su condición de apoderado legal de la Empresa Inmobiliaria CASA Y CAMPO S. DE R.L., la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, dictó resolución en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (Sic) “Primero: DECLARAR HA LUGAR el recurso de apelación solicitada por la parte demandante. Segundo: REFORMAR la Resolución apelada, en virtud de que se declara la nulidad parcial de la misma, dejando valido únicamente tener por realizada la audiencia y en base a lo solicitado mandar a obtener el valor catastral de la propiedad, y en lo demás deberá de emitirme un auto en donde se tenga la oposición de las cotas por ser indebidas y también excesivas, oyendo en un plazo de cinco días al profesional del derecho que taso las mismas a efecto de que manifieste si acepta la reducción de honorarios que se le reclama; y en caso de no aceptarlos, se pasará testimonio del expediente o de la parte que de ellos resulte necesaria, debiendo incluir sin falta: el contrato privado de venta a favor del demandante, el dictamen de valor catastral de la propiedad, el avalúo privado realizado y este auto a la junta Directiva del Colegio de Abogados a nivel nacional para que emita informe dentro del plazo del 10 días y posteriormente se emita resolución resolviendo sobre la cuestión impugnada. Tercero: SIN COSTAS …”. (Folios del 7–10fv de la pieza de antecedentes de Alzada)- 6) Que el abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, compareció ante este Tribunal en fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra la resolución de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 321 y 323 de la Constitución de la República, por el exceso de poder y mala intención de la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dos (2) de abril del año dos mil diecinueve (2019). (Folios 1–5 y 35 de los autos)- 7) Que en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho a través de la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido en tiempo y forma el dictamen correspondiente, siendo de la opinión porque: (Sic) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, es del parecer que se Deniegue la presente acción de amparo en vista de no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista.” (Folios del 38–43 de los autos)- CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen[6]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la Resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que declara Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Edson Roberto Laboriel Álvarez, en su condición de Apoderado Legal de la Parte Demandante Empresa Inmobiliaria CASA Y CAMPO S. de R.L., contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colon, en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciocho (2018), que resuelve declarar Sin Lugar el escrito de nulidad de actuaciones promovido por la Parte Demandante, en relación a la solicitud de Liquidación y Tasación de Costas presentada, en la Demanda de Restablecimiento de Posesión, como consecuencia de un despojo violento, y la prohibición de construcción de obra nueva, por la vía del Proceso Abreviado, promovida promovida por la sociedad mercantil INMOBILIARIA CASA Y CAMPO S. DE R.L., contra de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A.- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba Departamento de Atlántida, en fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciocho, argumentando que el acto que se recurre en Amparo violenta los artículos 321 y 323 de la Constitución de la República, por el exceso de poder y mala intención de la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, al poner expresiones que nunca ha manifestado en sus escritos, pretendiendo de tal manera justificar su pretensión de darle la razón a la parte apelante.- CONSIDERANDO (4): Que, en la relación de los hechos de la demanda promovida, el recurrente sostiene que en la motivación el exponente Magistrado tergiversa los procedimientos establecidos en el código procesal civil para el reclamo de las costas comprendidas en los artículos 222 al 227, donde claramente se establece en el artículo 225.1 cuando la tasación de costas se impugna por indebidas y en el artículo 226.1 dichas costas se impugnan por excesivas y hace caso omiso a que el procedimiento seguido en el incidente fue por indebidas y por eso se pronunció el Tribunal y no por el procedimiento que pretendía el apelante, haciendo una relación imprecisa en el número (4), que su oposición es por indebidos y excesivos los honorarios y los gastos y que no utilizó con precisión tales palabras, lo cual es completamente falso, ya que la ley establece claramente el procedimiento a seguir por cada uno de ellos, queriendo dar a entender de manera sutil y derivado del contenido de su escrito, que es la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras quien dirima tal situación.- CONSIDERANDO (5): Que las garantías constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 321 “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”; artículo 323 “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.”- CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. En ese orden de ideas el artículo 3 del Código Procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.”- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[7], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.- CONSIDERANDO (8): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. El recurrente plantea la violación al principio de legalidad, por la inobservancia, según sus argumentos, de los preceptos constitucionales 321 y 323 en la resolución de fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciocho dictada por el Ad-quem.- CONSIDERANDO (9): Que en la motivación y fundamentación jurídica de la resolución que se recurre en Amparo, la Alzada en el acápite cuatro, cinco y seis deja plasmado: (Sic) “4.-) Ahora bien, no oponiéndose por tal razón la parte demandada sino por considerar indebidos y excesivos los honorarios y los gastos, aun cuando no haya utilizado con precisión taeles palabras; pero se colige del contenido de su escrito, deberá ser la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras quien dirima en base a qué cuantía se pagan las costas. 5.-) Que la nulidad de actuaciones solo podrá ser declarada de oficio o a petición de parte cuando vulnera el derecho de defensa, o se violentan normas de carácter obligatorio cuyo cumplimiento acarrea perjuicio para alguna de las partes. Que los actos procesales de sustanciación que constituyen la formación del proceso son de observancia obligatoria y la infracción o eludimiento de esta se sanciona a través de la nulidad, como es el caso que nos ocupa,… 6.-) En consecuencia en ese orden de ideas y con la finalidad de una aplicación responsable y a la vez eficaz de la administración de justicia, que no nos haga incurrir en yerros ilegales y que a su vez se haga uso de los dispuesto en el artículo 226 del Código que regula la norma adjetiva en materia Civil, es procedente declarar con lugar el recurso interpuesto y la no condena en costas, anulando parcialmente la resolución recurrida,….”- CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el Principio de Legalidad que aduce el recurrente como quebrantado, entendiendo éste como el ejercicio del poder público acorde con la ley vigente y su jurisdicción; del estudio de la resolución impugnada, se observa que la misma fue dictada en fundamento a lo establecido en el Artículo 226 del Código Procesal Civil, que desarrolla la tramitación si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios; del escrito de impugnación a la Liquidación y Tasación de Costas promovida por el recurrente en Amparo, se deduce como bien lo razona el Tribunal de Alzada, que ésta se hizo por ser indebidas las partidas y excesivos los honorarios, situación que también se advierte en el acta de Audiencia de Oposición, al invocar el recurrente el Artículo 225.1.3[8] del Código Procesal Civil, por ello la autoridad recurrida en Amparo declara la nulidad parcial de la resolución apelada, dejando por válida la audiencia realizada, con las observaciones indicadas y debiendo seguirse el trámite previsto en el Artículo 226, por haberse impugnado la Tasación de Costas por ser partidas indebidas y honorarios excesivos; consecuencia de ello se tramitaran ambas impugnaciones simultáneamente, con arreglo a lo prevenido para cada una de ellas en los numerales anteriores –Art. 227.4 del CPC-. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del principio de legalidad, transgresión que no se observa, pues la resolución fue emitida aplicando la ley vigente al caso en concreto, haciendo prevalecer con ello que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas, especialmente en aquellas cuya intervención del poder público se encuentra directamente ligado a los derechos del individuo. Reiterando esta Sala de lo Constitucional que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (11): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.- CONSIDERANDO (12): Que, al haberse determinado la no vulneración de las garantías constitucionales señaladas, se estima procedente DENEGAR el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, párrafo primero, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 225, 226 y 227 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, a favor de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., cuatro de diciembre del año dos mil veinte.- VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil Banco Atlántida S.A., contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), por medio de la cual se falla Denegando la acción constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO a favor de la Sociedad Mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que resuelve declarar ha lugar el recurso de apelación solicitado por la parte demandante, consecuencia de ello, reforma la resolución apelada declarando la nulidad parcial de la misma; en ocasión del recurso de apelación promovido por la parte demandante, contra la resolución dictada en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón.- CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho.- CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición del recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso argumentando que: 1.- todas las actuaciones que ordena la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba Atlántida, en la sentencia de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), contradicen el espíritu de la Ley y significan un abuso de autoridad en perjuicio de su representado al ordenar diligencias irregulares en contradicción a lo ya establecido y acreditado con documentos como ser: A) La cuantía a de la demanda; B) Que no existe un registro catastral del inmueble; C) Que es un DOMINIO ÚTIL, lo que tiene registrada la Inmobiliaria Casa y Campo S. de R. L., y no puede ser objeto de valor catastral; D)Que el avalúo privado no fue autorizado por el Tribunal y que se realizó de manera antojadiza, alterando valores, mejoras y proyectos que no existen y que el primero fue sustituido por el segundo por las razones expuestas. 2.- Que fue por las anteriores razones en que considera se han violentado normas procesales y derechos otorgados por la Constitución de la República, así como normas de Tratados Internacionales, por ello acudió a esta Honorable Corte Suprema de Justicia en demanda de Justicia, ya que no se oponen a la condena en costas, pero si a la forma en que se procedió a la tasación de las mismas.- CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto.- CONSIDERANDO (4): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase[9]. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.[10]- CONSIDERANDO (5): Que uno de los principios rectores del proceso civil hondureño, es precisamente el debido proceso, el que, en consonancia con lo preceptuado en la Constitución de la República, se define en el artículo 3 del Código Procesal Civil, como el derecho que las parte tienen a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.- CONSIDERANDO (6): Que de la lectura del recurso de reposición interpuesto contra el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal en fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, no se advierte reproche contra el mismo, el pedidor de recurso de reposición, en sus argumentos hace alusión a cuestiones de legalidad que fueron decididas por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, sin hacer referencia a cuestiones de forma o de fondo en relación al fallo emitido por este Alto Tribunal, en la fecha ut supra indicada. En ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones deducidas por el recurrente, las que se encuentran visibles en los considerandos 3 y 4 de la sentencia en referencia.- CONSIDERANDO (7): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veintiuno (21) de octubre del presente año dos mil veinte (2020), que corre agregada en autos se establece en forma motivada, clara, precisa y congruente, las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional impetrada. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.- CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, por las razones que se dejan ya señaladas Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020), y la Resolución de fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil veinte (2020) respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0796-2018.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.
[2] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.
[3] IMPUGNACIÓN DE LA TASACIÓN DE COSTAS. 1. La tasación de costas podrá ser impugnada dentro del plazo a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior, y podrá basarse en que se han incluido en la tasación, partidas, derechos o gastos indebidos. En cuanto a los honorarios de los profesionales del derecho y peritos, también podrá impugnarse la tasación alegando que el importe de dichos honorarios es excesivo.
[4] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 25.
[5] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 30 y 31.
[6] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.
[7] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.
[8] IMPUGNACIÓN DE LA TASACIÓN DE COSTAS. 1. La tasación de costas podrá ser impugnada dentro del plazo a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior, y podrá basarse en que se han incluido en la tasación, partidas, derechos o gastos indebidos. En cuanto a los honorarios de los profesionales del derecho y peritos, también podrá impugnarse la tasación alegando que el importe de dichos honorarios es excesivo.
[9] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 25.
[10] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 30 y 31.