Sentencia AC-794-18 — Registro 12710
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que sobreseyó el recurso de amparo contra la resolución dictada con relación a la solicitud de oposición por suspensión en caso de pre judicialidad penal, nulidad de mandamiento por no cumplir los títulos ejecutivos los requisitos legales exigidos al ser la notificación defectuosa en el proceso ordinario de reivindicación de dominio. Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violentado a sus representadas, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (12): Que de los antecedentes se desprende una ponencia en donde la parte recurrente del amparo interpuesto, la violación a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, cabe decir que del análisis y simple lectura del expediente de mérito se desprende que la acción está dirigida contra la resolución emitida por la autoridad recurrida, y aunque se considera difusa la interposición del recurso interpuesto en virtud que siendo la resolución a favor de sus representadas en el sentido que se le otorga una prórroga de un mes con el fin de desocupar el bien inmueble objeto del presente caso, alega la falta de notificación del auto de fecha 16 de febrero del 2018, por lo que resulta confuso comprender en que radica sustancialmente los argumentos para promover la presente garantía de amparo, ya que consta en autos la notificación que se le hizo a las partes intervinientes y dada la inconformidad de la defensa de los demandados a la resolución emitida no se evidencia que se haya agotado los recursos expeditos que por derecho le asistente en la vía civil. En forma clara, precisa y exhaustiva la sentencia recurrida no se ha afectado derechos y garantías invocadas por la recurren, ya que el juez de primera instancia explico de forma motivada las causas que orientaron su decisión, aplicando la ley al caso concreto, respetando el derecho a la defensa y el debido proceso que invoca en el recurso de amparo hoy en consulta. Que se visualiza a todas luces que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales, que han sido debidamente resueltos y solo cabe el conocimiento de los mismos a los órganos judiciales correspondientes. Por lo que concluye esta Sala de lo Constitucional no que la sentencia venida en consulta esta dictada conforme a derecho al no haberse vulnerado ninguna de las garantías constitucionales alegadas por la impetrante las cuales no han sido conculcadas por el Juez de primera instancia ni por el Tribunal de Alzada emitiendo la resolución dentro del marco jurídico aplicable y velando por la justa aplicación y la tutela judicial efectiva que impera en la Constitución de la república, por lo que la sentencia recurrida hoy en consultada debe ser confirmada.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil veinte. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia emitida por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES de fecha quince (15) de octubre del dos mil dieciocho (2018), que sobreseyó el recurso de amparo presentado por la Abogada MARIELA SABILLON OLIVA actuando a favor de las señoras PATRICIA LISBETH CRUZ BARDALES Y MARLENE ELIVERIA CRUZ BARDALES, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES de fecha veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018), con relación a la solicitud de oposición por suspensión en caso de pre judicialidad penal, nulidad de mandamiento por no cumplir los títulos ejecutivos los requisitos legales exigidos al ser la notificación defectuosa en el proceso ordinario de reivindicación de dominio promovida por la señora MARIA ESTELA HERCULES ULLOA contra los señores DILIA BARDALES, CARLOS ALBERTO CRUZ BARDALES y MARLEN CRUZ BARDALES. Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violentado a sus representadas, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha diecisiete (17) de agosto del dos mil dieciocho (2018), compareció ante la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES la Abogada MARIELA SABILLON OLIVA interponiendo recurso de amparo a favor de las señoras Patricia Lisbeth Cruz Bardales y Marlene Eliveria Cruz Bardales, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018), con relación a la solicitud de oposición por suspensión en caso de pre judicialidad penal, nulidad de mandamiento por no cumplir los títulos ejecutivos presentada por la parte demandada, en donde el A Quo resolvió lo siguiente (sic): Primero: Admitir los dos escritos que anteceden presentados por el abogado Douglas Mauricio Molina Tinoco en su condición de apoderado legal de la señora Maria Estela Hércules Ulloa. Segundo: Decrétese la preclusión del término de un mes concedidos a los señores Marlon Cruz Bardales, Patricia Cruz Bardales, Marlen Cruz Bardales y Carlos Alberto Cruz Bardales para que desocuparan el bien inmueble conocido como Hacienda Buenos Aires, ubicado en el Municipio de San Manuel, departamento de Cortés. Tercero: Tomando en consideración que se encuentra vencido el término de un mes que les fuera otorgado a los señores Marlon Cruz Bardales, Patricia Cruz Bardales, Marlen Cruz Bardales y Carlos Alberto Cruz Bardales para desocupar el bien inmueble, tal como lo estipula la ley, este mes podrá ser prorrogable un mes más, a tal efecto, se le otorga la prórroga del término para desocupar el bien inmueble supra indicado a un (1) mes más, mismo que se computará al día siguiente de la notificación de la presente resolución, diligencia que deberá realizarse a través del funcionario correspondiente de la Central De Citaciones, Notificaciones, Requerimientos, Emplazamientos Y Otras Diligencias Judiciales, haciéndoles la advertencia a los señores antes indicados, que si dentro de ese término no proceden a desocupar dicho bien inmueble o se niegan a desocuparlo, se procederá al desalojo forzoso, se autoriza practicar la diligencia de notificación a través de comunicación subsidiaria, para el caso de no encontrarse los ejecutados en su domicilio, pudiendo efectuarse el mismo a cualquier empleado o familiar mayor de 14 años, que se encuentre en ese lugar, advirtiendo al destinatario de ésta que está obligado a entregar la copia de la resolución al destinatario de ésta o darle aviso. Debiendo dejar constancia de las actuaciones realizadas. Argumentos éstos que considera la recurrente vulneran a sus representadas las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-3 copia de la resolución objeto de amparo que se encuentra entre los folios 11 y 12 del antecedente)2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, dictó sentencia en fecha quince (15) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual falló (sic): Sobreseer el presente recurso de amparo interpuesto por la Abogada Mariela Sabillón Oliva, a favor de las señoras Patricia Lisbeth Cruz Bardales y Marlene Eliveria Cruz Bardales, contra el auto de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018), dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de esta Sección Judicial”. (Folios 23-24 vuelto del antecedente) 3) Que en fecha veinticuatro (24) de octubre del dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión. CONSIDERANDO (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (4): En Consulta las diligencias que contienen la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES de fecha quince (15) de octubre del dos mil dieciocho (2018), que sobreseyó el recurso de amparo presentado por la Abogada MARIELA SABILLON OLIVA actuando a favor de las señoras PATRICIA LISBETH CRUZ BARDALES y MARLENE ELIVERIA CRUZ BARDALES, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES de fecha veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018), con relación a la solicitud de oposición por suspensión en caso de pre judicialidad penal, nulidad de mandamiento por no cumplir los títulos ejecutivos los requisitos legales exigidos al ser la notificación defectuosa en el proceso ordinario de reivindicación de dominio promovida por la señora MARIA ESTELA HERCULES ULLOA contra los señores DILIA BARDALES, CARLOS ALBERTO CRUZ BARDALES y MARLEN CRUZ BARDALES. Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violentado a sus representadas, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Establece el recurrente en la interposición del recurso de amparo como de su formalización la cual obra en el folio 14 al 16 de la pieza del amparo arguye la censora en su escrito que en fecha 16 de mayo del 2018 se presentó formal oposición por suspensión en caso de pre judicialidad penal, denunciando infracción al debido proceso en la causa que se le sigue en el expediente número 0501-2010-01320-LCO y la cual no fue notificada de oficio y personalmente en su condición de representante legal de las señoras PATRICIA LISBETH CRUZ BARDALES y MARLENE ELIVERIA CRUZ BARDALES, en la información brindada a efecto de notificaciones ya sea por la vía telefónica o correo electrónico, causándole indefensión a sus representadas y por dicha omisión la resolución de fecha 29 de julio del 2018 le causa perjuicios al ser emitida contraviniendo las disposiciones contenidas en la Constitución de la República, la LOAT y el Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (6): De los argumentos expuestos por el impetrante se desprende del estudio de sus antecedentes, así como de lo planteado en el recurso de amparo interpuesto; se entiende etimológicamente[1] a la palabra “procedimiento”: “Es el término que equivale a forma, modo o manera de hacer algo, en lenguaje técnico jurídico, constituye el procedimiento judicial, las formas a que está sometido el cumplimiento de los actos y trámites del proceso”. CONSIDERANDO (7): Que el amparo ordinario se concreta en proceso seguido ante los jueces y tribunales integrantes del Poder Judicial, en el que se les solicita la salvaguardia de algún derecho fundamental en juego. No debe olvidarse que los jueces y tribunales ordinarios son los depositarios naturales de la defensa de los derechos fundamentales y que a ellos les compete, en la esfera procesal, la primera decisión en aras a su garantía y protección. Esta actividad la deben llegar a cabo a través de todos los procesos de que se conocen. A través del principio del debido proceso siendo este precepto constitucional que requiere a los poderes públicos para que articulen un sistema jurisdiccional que contemple una vía especial que cumpla con eficacia real la tarea de proporcionar la tutela judicial a quienes se ven afectados en los derechos y libertades citados en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (8): Que la atribución del carácter preferente al procedimiento supone asignarle una posición procesal ventajosa en relación con todas aquellas causas en las que la demanda no esté basada de forma prioritaria en la violación de un derecho fundamental. Esto significa que la tramitación de este procedimiento preferente será anterior a la de cualesquiera otros de distinta naturaleza, aunque éstos hayan sido instados con anterioridad. La sumariedad, en este caso, debe ser interpretada como sinónimo de celeridad procesal en la resolución de la causa, caracterizada fundamentalmente por un acortamiento de los plazos procesales. CONSIDERANDO (9): El juez ordinario debe tutelar efectivamente los derechos y libertades fundamentales por razones históricas, jurídicas y de justicia. No cabe duda que, en este contexto, los derechos y libertades fundamentales hacen las veces de principios supremos conductores del orden social llamado a reformar el Derecho, cumpliendo una función objetiva, una guía, a la cual deben recurrir los jueces para transformar un ordenamiento jurídico que responda a una sociedad estamental y privilegiada. Fijado lo anterior, los jueces ordinarios, a la hora de aplicar la legislación ordinaria, están en el deber de tomar muy en cuenta en sus resoluciones, los derechos fundamentales de la persona como un sistema objetivo de valores que se encuentran recogidos en el derecho de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (10): Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. CONSIDERANDO (11): Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: que toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente en consonancia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos artículo 8 numeral 1), dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, además se establece que es deber de las autoridades judiciales adopten, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. CONSIDERANDO (12): Que de los antecedentes se desprende una ponencia en donde la parte recurrente del amparo interpuesto, la violación a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, cabe decir que del análisis y simple lectura del expediente de mérito se desprende que la acción está dirigida contra la resolución emitida por la autoridad recurrida, y aunque se considera difusa la interposición del recurso interpuesto en virtud que siendo la resolución a favor de sus representadas en el sentido que se le otorga una prórroga de un mes con el fin de desocupar el bien inmueble objeto del presente caso, alega la falta de notificación del auto de fecha 16 de febrero del 2018, por lo que resulta confuso comprender en que radica sustancialmente los argumentos para promover la presente garantía de amparo, ya que consta en autos la notificación que se le hizo a las partes intervinientes y dada la inconformidad de la defensa de los demandados a la resolución emitida no se evidencia que se haya agotado los recursos expeditos que por derecho le asistente en la vía civil. En forma clara, precisa y exhaustiva la sentencia recurrida no se ha afectado derechos y garantías invocadas por la recurren, ya que el juez de primera instancia explico de forma motivada las causas que orientaron su decisión, aplicando la ley al caso concreto, respetando el derecho a la defensa y el debido proceso que invoca en el recurso de amparo hoy en consulta. Que se visualiza a todas luces que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales, que han sido debidamente resueltos y solo cabe el conocimiento de los mismos a los órganos judiciales correspondientes. Por lo que concluye esta Sala de lo Constitucional no que la sentencia venida en consulta esta dictada conforme a derecho al no haberse vulnerado ninguna de las garantías constitucionales alegadas por la impetrante las cuales no han sido conculcadas por el Juez de primera instancia ni por el Tribunal de Alzada emitiendo la resolución dentro del marco jurídico aplicable y velando por la justa aplicación y la tutela judicial efectiva que impera en la Constitución de la república, por lo que la sentencia recurrida hoy en consultada debe ser confirmada. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS y con fundamento en los Artículos 82, 90, 183, 303, 313 No.5), 316 No. 1) Y 321 de la Constitución de la República, 1, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 Declaración Americana de los Derechos del Hombre; 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral 2, 41, 42, 45, 46 51, 52, 56, 63, 68, 69 y 120 párrafo segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional; 1, 78 numeral 5, y 137 Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia emitida por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES de fecha quince (15) de octubre del dos mil dieciocho (2018), que sobreseyó el recurso de amparo presentado por la Abogada MARIELA SABILLON OLIVA actuando a favor de las señoras PATRICIA LISBETH CRUZ BARDALES Y MARLENE ELIVERIA CRUZ BARDALES. Y MANDA: Que con la certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-794-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Diccionario Jurídico, Gonzalo Fernández de León, Víctor P. de Zavalla, Editor Buenos Aireas, 1955 pag265 y ss.