Sentencia AC-786-18 — Registro 11908
Resumen
Resolución impugnada que declaró sin lugar recurso de apelación, con relación a demanda de ejecución de título extrajudicial promovida contra recurrente y la oposición de ésta a la Ejecución de Titulo Ejecutivo y la falta de motivación por la omisión de la valoración probatoria opuesta por recurrente-demandada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que, visto el caso para resolución por la Sala de lo Constitucional, se observa cierta reiteración de alegaciones de instancia, tanto en la formalización del recurso de amparo, como en la expresión de agravios efectuada por la parte demandada, al momento de promover el recurso de apelación cuya resolución definitiva aquí se impugna. Sin embargo, debe también decirse que, se ha puesto de manifiesto con ocasión del presente recurso, un argumento de trascendencia constitucional que amerita cierto y detenido análisis, en virtud de trascender la mera legalidad: La existencia de una posible falta a la tutela judicial efectiva, en vista a no valoración de la prueba válidamente allegada a juicio por la parte que oposita la ejecución, lo que se aúna al acto de deducir conclusiones totalmente contradictorias al curso legal. En tal sentido, amerita estudio la alegación de falta de exhaustividad en la valoración probatoria que es debida; lo cual, según ha sostenido el solicitante a lo largo de su actividad procesal, no resultó atendido clara y precisamente por la sentencia de apelaciones que se conoce en amparo; en posible compromiso a la plena vigencia del debido proceso, en tanto y en cuanto derecho fundamental, reconocido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO (9): Que visto para resolución el presente caso, reitera la Sala de lo Constitucional, lo dicho en forma genérica sobre el derecho garantía del debido proceso; el cual se encuentra conformado por un valioso conglomerado de derechos, garantías o formalidades establecidas por la ley, precepto que se traduce de manera general, acorde a sostenida jurisprudencia constitucional, con el deber que tienen los Tribunales de garantizar la tutela judicial efectiva. Esto incluye, de modo enunciativo y no limitativo de nuevas generaciones, o nuevas modalidades de goce y ejercicio de los derechos fundamentales, exigencias básicas que vinculan a quienes ejercen la potestad jurisdiccional, incluyendo asegurar el respeto y garantía a los derechos fundamentales de las partes y demás justiciables; como son el de ser oído para la configuración de sus derechos y obligaciones, en todo tipo de procedimientos; la inviolabilidad del derecho de defensa; el derecho a proponer pruebas en correlato a sus alegaciones y a obtener una resolución fundada en derecho, congruente y preferiblemente de fondo, que verse sobre las pretensiones que configuran el objeto del proceso. CONSIDERANDO (10): Que, de lo anteriormente expresado, resulta particularmente relevante para el caso bajo estudio, el derecho a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual participa intrínsecamente del ámbito de la tutela judicial efectiva, pues la adecuada redacción en la resolución judicial permite dar a conocer el razonamiento jurídico motivador de la ratio decidendi, con la claridad de exposición y coherencia que fuera deseable, permitiendo su adecuado control racional, a través del sistema de recursos. Tal exigencia adquiere aun mayor intensidad con vistas a la responsabilidad institucional que comporta el fortalecimiento y consolidación del Estado de Derecho. CONSIDERANDO (11): Que, por lo anteriormente fundamentado, no vincular una resolución a derecho congruente y de fondo, versando pertinentemente sobre las pretensiones de parte y demás elementos fácticos y jurídicos que conforman el proceso; ha de provocar una anomalía o irregularidad en el funcionamiento del sistema jurisdiccional, con relevancia y trascendencia constitucional para con la faceta, o dimensión subjetiva, del derecho al debido proceso. Así las cosas, el fallo impugnado no deberá dejar de establecer las razones por las cuales se desestima la apelación en toda su extensión pretensora, ni dejar de valorar prueba válidamente admitida con relación de pertinencia al objeto del proceso. Tales aspectos, conclusivos y legalmente vinculantes, deberán ser objeto de pronunciamiento claro, preciso y razonado. No obstante, de la lectura del fallo adoptado por la Alzada, no se adquiere dicha certeza, desde una lectura constitucional; pues, independientemente de la atribución de la carga de la prueba (Onus probandi), que el fallo atribuye a la parte opositora; resulta claro que no se hizo mención expresa de los aspectos fáctico probatorios propuestos para el contradictorio, especialmente de los medios probatorios propuestos y admitidos a la parte opositora a la ejecución de título extrajudicial. CONSIDERANDO (12): Que, la aludida vulneración por omisión al elemento motivacional, guarda relación con la inobservancia de la legalidad ínsita en los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil referidos a los requisitos internos de la sentencia; estableciéndose en dicha prescripción legal adjetiva, que ésta se motivará expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. Asimismo, que la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón; lo cual no aconteció, en puridad, en la sentencia recurrida, pues es notorio que carece de exhaustividad, particularmente en cuanto a los elementos probatorios ofrecidos por la oposición, para acreditar la falta de requisitos legales para la existencia y validez del título extrajudicial ejecutable. CONSIDERANDO (13): Que abundante doctrina y jurisprudencia civil española respaldan, a título ilustrativo, lo aseverado en cuanto a la debida motivación y fundamentación de la sentencia. Así, Luis Alfredo DE DIEGO DIEZ, refiere lo siguiente en relación a este importante requisito en la motivación de la sentencia, con relación a la denominada incongruencia omisiva o ex silentio, la cual se produce, cuando: “… el órgano deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explicita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones genéricas no sustanciales.” CONSIDERANDO (14): Que, en igual o parecido sentido, se ha pronunciado el autor español Conrado GALLARDO CORREA, versando sobre la fase de resolución en el proceso ordinario, quien manifiesta que no obstante que la obligación de motivar la sentencia es una exigencia ineludible del derecho a obtener una tutela judicial efectiva: “… tal derecho no implica la obligación del juez de dar una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, sino que basta que se desestimen las pretensiones de forma razonada y motivada. Basta con que a través de la motivación puedan conocerse cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, (…)”; es decir, siempre que se muestre razón suficiente de los aspectos fácticos y jurídicos esenciales que configuraron la controversia; lo cual no ocurre patentemente en el presente caso. CONSIDERANDO (15): Que, en virtud de que el fallo recurrido es falible en cuanto al principio de motivación, no pudiendo consistir éste en una facultad potestativa del juzgador, sino que conlleva el deber de realizar una operación intelectual de motivación racional y consiguiente justificación del fallo; operación omisa en el caso de autos, en infracción simultánea a los deberes de redacción clara, congruente y no contradictoria, en tanto requisitos internos de la sentencia; procediendo en tal sentido, declarar que la resolución en estudio ha disminuido el derecho fundamental al debido proceso del que gozan las partes procesales, y en particular, la parte demandada ejecutora opositante. Con fundamento en el artículo 90, párrafo primero de la Constitución de la República y el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que salvaguardan el derecho a obtener una respuesta congruente y fundada en derecho en las pretensiones formuladas ante las autoridades jurisdiccionales. En consecuencia, procede declarar la vulneración del derecho al debido proceso de la señora Reina Isabel Aguilar Verde, en su condición expresada y la consiguiente estimatoria a la presente garantía constitucional de amparo; teniendo como efecto útil, el reenvío de la causa a la Corte de Apelaciones recurrida, a efecto de que emita una nueva resolución, dotada de motivación clara, precisa y suficiente, ajustada al elenco probatorio propuesto y evacuado en el proceso y fundada con base a Derecho"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero del dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Javier Armando Medina Verde a favor de la señora Reina Isabel Aguilar Verde contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de ejecución de titulo extrajudicial promovida por la señora Daysi Aida Reyes Aguilera contra la señora Reina Isabel Aguilar Verde. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 90 y 315 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la señora Daysi Aida Reyes Aguilera promoviendo “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL.-SE PRACTIQUEN MEDIDAS DE AVERIGUACIÓN DE BIENES DEL DEMANDADO.-REQUERIMIENTO DE PAGO.-COMUNICACIÓN SUBSIDIARIA.-EMBARGO…” contra la señora Reina Aguilar Verde, en su condición de deudora principal, por la cantidad de CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS (L.120,000.00), más intereses y costas que se generen del juicio. (Folio 1-5 del expediente del A-quo) 2) Que en fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras Civil, en audiencia de oposición extrajudicial, las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio, declarándose esa etapa fracasada. En el mismo acto, el A-quo tuvo por ratificado el escrito de oposición presentado por el Abogado Javier Armando Medina Verde; asimismo, se tuvo por admitidos los medios de prueba documentales privados presentados por la parte demandada. (Folios 42 vuelto del expediente del A-quo) 3) Que en fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, para dictar sentencia en el incidente de oposición interpuesto por la parte demandada, el Juzgado de Letras Civil antes mencionado, falló: PRIMERO: DESESTIMAR los motivos de oposición interpuesto por la señora REINA ISABEL AGUILAR VERDE como parte ejecutada consistente en: 1. LA EXCEPCIÓN DE NO HABER SIDO EL DEMANDADO QUIEN FIRMÓ EL DOCUMENTO. 2. LA EXCEPCIÓN FUNDADA EN LA OMISIÓN DE LOS REQUISITOS Y MENCIONES QUE EL TITULO DEBE CONTENER Y QUE LA LEY NO PRESUMA EXPRESAMENTE; por las razones antes expuestas. -SEGUNDO: Sígase adelante con la ejecución. -TERCERO: (…) (Folios 44-47 del expediente del A-quo) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Javier Armando Medina Verde actuando en su condición de representante procesal de la señora Reina Isabel Aguilar Verde, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, falló: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación del que se ha hecho mérito; SEGUNDO: CONFIRMAR LA SENTENCIA de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil dieciocho (2018) dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.-CON COSTAS EN ESTA INSTANCIA….; lo cual tuvo como principal fundamento de actuaciones, que el proceso principal se constituye con el objeto de ejecutar un título de carácter extrajudicial, denominado letra de cambio; no habiéndose desprendido de forma inequívoca, de la secuela del proceso, mediante las experticias respectivas, la determinación de que la firma que aparece consignada en la referida letra de cambio, no sea la de la ejecutada, señora Reina Aguilar Verde. Acorde al artículo 238 numerales uno y dos del Código Procesal Civil se determina que incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las reglas que le sean aplicables, impidan, extingan o excluyan la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el numeral anterior. (Folios 7-13 del expediente del Ad-Quem) 5) En fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal, el Abogado Javier Armando Medina Verde, en su condición antes citada, interponiendo acción de amparo a favor de la señora Reina Isabel Aguilar Verde, contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 90 y 315 de la Constitución de la República. Asimismo, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma al recurrente en el amparo de mérito, en fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, ordenando a la Secretaría de este Tribunal dar vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas, para la emisión del dictamen correspondiente. (Folio 27 de la pieza de amparo) 6) Que en fecha de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: …Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, establece lo siguiente: Que en el escrito de interposición de la acción se desprende que el amparista acude a esta instancia aduciendo que con la resolución emitida por el Ad-quem se le ha violentado a su representada las garantías contenidas en los artículos 90 y 315 de la Constitución de la República. Aduce el impetrante, que el Ad-quem ha producido estas vulneraciones al no pronunciarse de manera separada a los distintos puntos de littis establecidos por la parte ejecutada y, al no haberse manifestado sobre la valoración otorgada a los medios probatorios aportados en juicio por su representada, ya que únicamente manifiesta que no fueron probados los extremos del ejecutado, pero no explica en que se apoya, lo que conlleva a efectuar una manifestación errónea y hasta desconcertante al declarar en su fundamentación que no es posible determinar si la firma que se consigna en el documento a ejecutar no es de la señora xxx, sin saber si se refiere a la ejecutante o a la ejecutada, asimismo señala el recurrente que el Ad-quem se contradice al manifestar: “que en lo que respecta a la parte demandante se colige que acepta como válidas y de su autoría ambas firmas y que estas no fueron objetadas”, lo que resulta también erróneo y falto a la verdad, ya que en la oposición y apelación se impugnaron amas firmas; según criterio del recurrente correspondía al demandante proponer prueba en contrario o en todo caso si el juzgador tiene dudas debió ordenar la práctica de prueba pericial, ya que a través de los únicos medios probatorios ofertados por su persona, es que el Juez establece que las firmas difieren, por lo que concluye el amparista que la sentencia no es clara, precisa y congruente como la ley ordena. Se colige de la foliada que la parte demandada cuestiona la ejecución de un titulo de carácter extrajudicial denominado letra de cambio, el que según la demandada no es de su autoría y por ende ha presentado oposición a su ejecución, y conforme los elementos probatorios evacuados en el proceso se debió valorar por el Juzgador que su representada no es la persona que firmó dicha letra de cambio. Del análisis del fallo impetrado, esta representación fiscal aprecia que el reproche señalado por el amparista a la resolución sub examine no incurre en ninguna vulneración constitucional, pues la Alzada se ha pronunciado sobre cada uno de los argumentos sometidos a su conocimiento por la parte ejecutada, quien rechaza la autenticidad del título que se pretende ejecutar por no corresponder supuestamente la firma a su autoría, sin embargo y siendo que tal circunstancia es el objeto esencial del asunto, debió probar dicho extremo, en ese sentido para poder determinar si la escritura consignada en la letra de cambio en referencia corresponde o no a la demandada REINA AGUILAR VERDE, se precisa de prueba pertinente a tal efecto experticias o peritajes especializados, a fin de establecer la autenticidad o falsedad del título, tal y como lo advierte el Ad-quem. Asimismo y en relación a que en el fallo impugnado se consigna un error de escritura al señalar “la señora xxx”, tal aspecto resulta irrelevante, pues del contenido de la resolución se desprende que se refiere a la demandada. Por otro lado el recurrente aduce que ambas firmas en la letra de cambio fueron impugnadas, sin embargo de los hechos se desprende que la demandante acepta la elaboración de su nombre consignado en dicha letra de cambio, al pretender su ejecución, sin perjuicio del derecho que le asiste a la demandada durante la secuela del juicio, de desvanecer tal circunstancia presentando el medio idóneo (experticias o peritajes especializados) para refutar el extremo alegado en autos, y hasta este momento no se ha aportado en el juicio y que resulta de capital importancia para el esclarecimiento de la responsabilidad atribuida a la demandada. Del análisis anterior el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos, la resolución emitida por el Ad-quem no ha vulnerado las garantías constitucionales alegadas por el amparista. IV.CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por no vislumbrarse vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. CONSIDERANDO (1): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantía que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional, y en concordancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución; interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (2): Que acorde el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. Asimismo, el artículo 43 de la Ley en referencia establece, en cuanto a la amplitud de la acción de amparo, que ésta podrá interponerse aun cuando el hecho o acto violatorio de los derechos no conste por escrito. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado Javier Armando Medina Verde, en su condición de representante procesal de la parte demandada; resolución que resuelve declarar sin lugar el recurso y confirmar, por ende, la sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por la señora Daysi Aida Reyes Aguilera contra la señora Reina Isabel Aguilar Verde; que resolvió en su oportunidad desestimar la oposición planteada por el abogado Javier Armando Medina Verde, en su condición precitada; constando, los antecedentes de hecho y el fundamento legal referido a que el recurso de apelación tiene por objeto la enmienda de la aplicación e interpretación, tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente. Que igualmente, tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba. Asimismo, las consideraciones de motivación jurídica que se reseñan en el Antecedente No. 4) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (4): Que, en formalización del recurso de amparo, manifestó el abogado Javier Armando Medina Verde, en la calidad con que comparece, las siguientes consideraciones: a) Con relación a la garantía establecida en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, referente a la garantía de legalidad y debido proceso. La cual se refiere a la infracción procesal de las normas reguladoras de la sentencia, en la cual incurre la instancia por adolecer la sentencia recurrida de falta de firmas de la demandada en el documento que se pretende ejecutar, la falta de firmas de la demandante ejecutada en el documento que se pretende ejecutar y la falta de pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, separado a cada punto de Litis, sobre los motivos expuestos de nulidad en la sentencia dictada por el Juez A Quo. Además, censura el amparista, que la sentencia del Tribunal Ad Quem, no ha manifestado valoración alguna sobre los medios probatorios aportados por su representación procesal, refiriendo únicamente que no fueron probados los extremos del ejecutado, pero no explica en qué se apoya para externar dicho aserto, lo cual califica como erróneo y hasta desconcertante en varios párrafos de la motivación, por lo que la sentencia deja de ser clara y precisa como manda la Ley. Se desconoce, a la vez, en qué consistiría la corrección del razonamiento vertido por el Juzgado A Quo en la oposición de mérito, pues se contradice toralmente, primero al manifestar, (Sic.): “En lo que respecta a la parte demandante, se colige que acepta como válida y de su autoría ambas firmas, (…)”; cuando en ninguna parte del expediente obra tal afirmación, en vista a que la parte demandante no contestó los extremos formulados en la oposición. Es tan vago e impreciso lo manifestado por la Corte de Apelaciones, que también pudiera entenderse que la parte demandante colocó ambas firmas que aparecerían en el documento (título valor), ya que no se aclara a qué firmas se refiere aparecen en el documento, pero sí afirma el Ad Quem, que ambas difieren de forma genérica, y que las mismas, no ha sido objetadas e impugnadas. En esto radica la mayor incongruencia de la sentencia, pues precisamente la oposición y la apelación, son de objeción e impugnación a que ambas firmas hubieren sido puestas, o suscritas, tanto por la parte que se reputa giradora, como la girada. CONSIDERANDO (5): Que, también ha expresado el garantista, como tesis de motivación que el principio constitucional de legalidad se ha visto infringido por la Alzada, al violentar los artículos 235 y 238 del Código Procesal Civil, en relación. Lo anterior derivado de la no aportación de medios probatorios por la parte demandante, ante la impugnación presentada contra el título valor que se pretende ejecutar; de lo cual pretende derivar, que si bien es cierto difieren de forma genérica y a la vista, es total obligación del ejecutado probar que dichas firmas son incorrectas, o que no son firmas, aduciendo que, en todo caso, no han sido objetadas o impugnadas. Se exime así a la parte demandante de su obligación de contraprobar, pretendiendo hacer caer sobre la parte demandada, una carga probatoria extra que no le corresponde; pues se aduce que, pese a ser la única parte que ofreció medios probatorios, debió también ofrecer prueba pericial sobre las firmas impugnadas, pese a que la contraparte demandante no contradijo los medios probatorios propuestos y evacuados; correspondiéndole proponer la prueba en contrario, ante la duda de legitimidad que afecta el título ejecutivo. CONSIDERANDO (6): Que, concatenado al planteamiento inmediato anterior, fundamenta el garantista que, conforme el numeral 2 del artículo 229 del Código Procesal Civil, si el órgano jurisdiccional tiene dudas respecto, debe acordar de oficio y por medio de auto, la práctica de la prueba pericial o de peritos: “Ya que es a partir de los únicos medios probatorios aportados en juicio que tanto el Juez A Quo, como el Tribunal Ad Quem señalan que es cierto que las firmas difieren, (…) que no se puede saber a ciencia cierta quien las colocó (…)-”. Aduce consiguientemente, el garantista, que el principio constitucional de legalidad se infringido. Es en concepto del principio dispositivo contenido en el artículo 10 del Código Procesal Civil, que se ordena a los juzgadores que la sentencia deberá ser congruente, debiendo estar acorde a lo expuesto por el demandante y a lo opuesto por el demandado; teniendo en cuenta, además de las normas aplicables, los medios probatorios evacuados. CONSIDERANDO (7): Que, finalmente, expresa como segundo motivo razonado de amparo constitucional, el siguiente: b) La infracción del artículo 315 de la Constitución de la República, también referente a la garantía de legalidad, y, en particular, a la primacía de la norma constitucional en el ordenamiento jurídico hondureño. En vista haberse obviado, por la judicatura la denuncia de existir motivo de nulidad en la sentencia; pues acorde al artículo 200, numeral 2, literal b) del Código Procesal Civil, los sentenciadores no podían limitarse a manifestar que las pruebas presentadas no le satisfacían, sino que debieron haber expresado claramente a qué medios probatorios se referían y dar una clara y concisa explicación de por qué razón, uno u otro medio probatorio no acreditaba lo que se quiso probar; refiriéndose también a todos los hechos y medios probatorios que tuvieran relación con las cuestiones que deban resolverse; lo cual no ocurrió, en desobediencia a la ley procesal. Por lo cual, solicita se dicte otorgue amparo, restituyendo a la beneficiaria del recurso en el goce de las garantías constitucionales que estima vulneradas por el órgano jurisdiccional. CONSIDERANDO (8): Que, visto el caso para resolución por la Sala de lo Constitucional, se observa cierta reiteración de alegaciones de instancia, tanto en la formalización del recurso de amparo, como en la expresión de agravios efectuada por la parte demandada, al momento de promover el recurso de apelación cuya resolución definitiva aquí se impugna. Sin embargo, debe también decirse que, se ha puesto de manifiesto con ocasión del presente recurso, un argumento de trascendencia constitucional que amerita cierto y detenido análisis,[1] en virtud de trascender la mera legalidad: La existencia de una posible falta a la tutela judicial efectiva, en vista a no valoración de la prueba válidamente allegada a juicio por la parte que oposita la ejecución, lo que se aúna al acto de deducir conclusiones totalmente contradictorias al curso legal. En tal sentido, amerita estudio la alegación de falta de exhaustividad en la valoración probatoria que es debida; lo cual, según ha sostenido el solicitante a lo largo de su actividad procesal, no resultó atendido clara y precisamente por la sentencia de apelaciones que se conoce en amparo; en posible compromiso a la plena vigencia del debido proceso, en tanto y en cuanto derecho fundamental, reconocido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO (9): Que visto para resolución el presente caso, reitera la Sala de lo Constitucional, lo dicho en forma genérica sobre el derecho garantía del debido proceso; el cual se encuentra conformado por un valioso conglomerado de derechos, garantías o formalidades establecidas por la ley, precepto que se traduce de manera general, acorde a sostenida jurisprudencia constitucional, con el deber que tienen los Tribunales de garantizar la tutela judicial efectiva. Esto incluye, de modo enunciativo y no limitativo de nuevas generaciones, o nuevas modalidades de goce y ejercicio de los derechos fundamentales, exigencias básicas que vinculan a quienes ejercen la potestad jurisdiccional, incluyendo asegurar el respeto y garantía a los derechos fundamentales de las partes y demás justiciables; como son el de ser oído para la configuración de sus derechos y obligaciones, en todo tipo de procedimientos; la inviolabilidad del derecho de defensa; el derecho a proponer pruebas en correlato a sus alegaciones y a obtener una resolución fundada en derecho, congruente y preferiblemente de fondo, que verse sobre las pretensiones que configuran el objeto del proceso. CONSIDERANDO (10): Que, de lo anteriormente expresado, resulta particularmente relevante para el caso bajo estudio, el derecho a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual participa intrínsecamente del ámbito de la tutela judicial efectiva, pues la adecuada redacción en la resolución judicial permite dar a conocer el razonamiento jurídico motivador de la ratio decidendi, con la claridad de exposición y coherencia que fuera deseable, permitiendo su adecuado control racional, a través del sistema de recursos. Tal exigencia adquiere aun mayor intensidad con vistas a la responsabilidad institucional que comporta el fortalecimiento y consolidación del Estado de Derecho. CONSIDERANDO (11): Que, por lo anteriormente fundamentado, no vincular una resolución a derecho congruente y de fondo, versando pertinentemente sobre las pretensiones de parte y demás elementos fácticos y jurídicos que conforman el proceso; ha de provocar una anomalía o irregularidad en el funcionamiento del sistema jurisdiccional, con relevancia y trascendencia constitucional para con la faceta, o dimensión subjetiva, del derecho al debido proceso. Así las cosas, el fallo impugnado no deberá dejar de establecer las razones por las cuales se desestima la apelación en toda su extensión pretensora, ni dejar de valorar prueba válidamente admitida con relación de pertinencia al objeto del proceso. Tales aspectos, conclusivos y legalmente vinculantes, deberán ser objeto de pronunciamiento claro, preciso y razonado. No obstante, de la lectura del fallo adoptado por la Alzada, no se adquiere dicha certeza, desde una lectura constitucional; pues, independientemente de la atribución de la carga de la prueba (Onus probandi), que el fallo atribuye a la parte opositora; resulta claro que no se hizo mención expresa de los aspectos fáctico probatorios propuestos para el contradictorio, especialmente de los medios probatorios propuestos y admitidos a la parte opositora a la ejecución de título extrajudicial. CONSIDERANDO (12): Que, la aludida vulneración por omisión al elemento motivacional, guarda relación con la inobservancia de la legalidad ínsita en los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil referidos a los requisitos internos de la sentencia; estableciéndose en dicha prescripción legal adjetiva, que ésta se motivará expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. Asimismo, que la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón; lo cual no aconteció, en puridad, en la sentencia recurrida, pues es notorio que carece de exhaustividad, particularmente en cuanto a los elementos probatorios ofrecidos por la oposición, para acreditar la falta de requisitos legales para la existencia y validez del título extrajudicial ejecutable. CONSIDERANDO (13): Que abundante doctrina y jurisprudencia civil española respaldan, a título ilustrativo, lo aseverado en cuanto a la debida motivación y fundamentación de la sentencia. Así, Luis Alfredo DE DIEGO DIEZ, refiere lo siguiente en relación a este importante requisito en la motivación de la sentencia, con relación a la denominada incongruencia omisiva o ex silentio, la cual se produce, cuando: “… el órgano deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explicita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones genéricas no sustanciales.”[2] CONSIDERANDO (14): Que, en igual o parecido sentido, se ha pronunciado el autor español Conrado GALLARDO CORREA, versando sobre la fase de resolución en el proceso ordinario, quien manifiesta que no obstante que la obligación de motivar la sentencia es una exigencia ineludible del derecho a obtener una tutela judicial efectiva: “… tal derecho no implica la obligación del juez de dar una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, sino que basta que se desestimen las pretensiones de forma razonada y motivada. Basta con que a través de la motivación puedan conocerse cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, (…)”;[3] es decir, siempre que se muestre razón suficiente de los aspectos fácticos y jurídicos esenciales que configuraron la controversia; lo cual no ocurre patentemente en el presente caso. CONSIDERANDO (15): Que, en virtud de que el fallo recurrido es falible en cuanto al principio de motivación, no pudiendo consistir éste en una facultad potestativa del juzgador, sino que conlleva el deber de realizar una operación intelectual de motivación racional y consiguiente justificación del fallo; operación omisa en el caso de autos, en infracción simultánea a los deberes de redacción clara, congruente y no contradictoria, en tanto requisitos internos de la sentencia; procediendo en tal sentido, declarar que la resolución en estudio ha disminuido el derecho fundamental al debido proceso del que gozan las partes procesales, y en particular, la parte demandada ejecutora opositante. Con fundamento en el artículo 90, párrafo primero de la Constitución de la República y el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que salvaguardan el derecho a obtener una respuesta congruente y fundada en derecho en las pretensiones formuladas ante las autoridades jurisdiccionales. En consecuencia, procede declarar la vulneración del derecho al debido proceso de la señora Reina Isabel Aguilar Verde, en su condición expresada y la consiguiente estimatoria a la presente garantía constitucional de amparo; teniendo como efecto útil, el reenvío de la causa a la Corte de Apelaciones recurrida, a efecto de que emita una nueva resolución, dotada de motivación clara, precisa y suficiente, ajustada al elenco probatorio propuesto y evacuado en el proceso y fundada con base a Derecho. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 315, 316 numeral 1) y 321 de la Constitución de la República; 1, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la presente Garantía Constitucional de Amparo; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consignados en la parte motiva de la presente sentencia. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-786-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Ver, en cuanto al ámbito de competencia del amparo constitucional, lo expresado en: “La doble vinculación del Juez a la Constitución y la Ley”, artículo del Magistrado constitucional español GARCÍA-CALVO y MONTIEL, R., en: MALEM, J., et al (Comp.). La función judicial: ética y democracia. Barcelona: Gedisa editorial, 2003. Págs. 267-268. Asimismo, la reiterada jurisprudencia de la Sala, según la cual: “… el recurso de amparo se orienta a la reparación de efectivas vulneraciones de los derechos fundamentales (…)”. Ver. MONTERO AROCA, J., et al. Amparo constitucional y proceso civil. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008. Pág. 243.
[2] Del autor citado: La apelación en el Código Procesal Civil hondureño. Tegucigalpa: OIM Editorial, 2012. Págs. 230 y 231.
[3] Vid. El proceso ordinario en el nuevo Código Procesal Civil. Tegucigalpa: OIM Editorial, 2009. Pág. 181.