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Sentencia AC-766-19 — Registro 12709

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que sobresee el recurso de apelación con relación a una solicitud de ejecución provisional de título judicial. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado el artículo 90 de la Constitución de la Republica.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado. CONSIDERANDO (10): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO (11): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado. CONSIDERANDO (10): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO (11): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de febrero de dos mil veinte. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, que sobresee el recurso presentado por la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, a favor de la señora ANA MARIA AGUILAR FLORES, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, departamento de Cortés, en fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, con relación a una solicitud de ejecución provisional de título judicial promovida por la señora ANA MARIA AGUILAR FLORES contra la Municipalidad de Puerto Cortés, departamento de Cortés. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado el artículo 90 de la Constitución de la Republica. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete de junio de dos mil diecinueve, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, interponiendo acción de amparo a favor de la señora ANA MARIA AGUILAR FLORES, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés, en fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, promovida contra la Municipalidad de Puerto Cortés, departamento de Cortés. 2) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante la cual falló sobreseyendo el recurso de amparo de mérito, interpuesto por la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, a favor de la señora ANA MARIA AGUILAR FLORES, y ordenó remitir en consulta las diligencias ante la Corte Suprema de Justicia. (Folios 29 al 30 de la segunda pieza de antecedentes)

  1. Que en fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, a favor de la señora ANA MARIA AGUILAR FLORES, en base al artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada, como ya queda dicho, por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, de fecha diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, que sobreseyó el recurso presentado por la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, a favor de la señora ANA MARIA AGUILAR FLORES, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, con relación a una solicitud de ejecución provisional de título judicial promovida por la señora ANA MARIA AGUILAR FLORES contra la Municipalidad de Puerto Cortés, departamento de Cortés CONSIDERANDO (6): Que de acuerdo con el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Apelaciones en su sentencia, lo alegado por el amparista son cuestiones de mera legalidad propias del juzgado de instancia y no del recurso de amparo. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación (sic) “SEGUNDO: Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida se observa que el amparista hace uso indebido de la acción de amparo al interponerlo sobre una cuestión que es de mera legalidad y que le corresponde al juez de instancia resolver. Apreciándose que la resolución dictada contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el debido proceso y el derecho de defensa.- Por una parte el amparista expresa inconformidad contra la resolución que ordena el otorgamiento de caución para la ejecución de sentencia y por otra parte inconformidad contra la resolución que resuelve dar traslado del recurso de reposición interpuesto contra la resolución que señala caución.- Considera este tribunal que ambas resoluciones son de mera legalidad como lo expresamos anteriormente, para el caso la que establece la caución al considerar el juez que el ejecutado es una entidad pública y la que resuelve la reposición la ley establece que admitido a trámite el recurso de reposición, se concede el plazo para la oposición.- En la formalización del amparo se establece que el juez debió aplicar el artículo 388.4, que se refiere a que está exento de presentar caución para lograr medida cautelar el litigante que hubiera tenido una sentencia favorable, pero también sabemos que existen leyes especiales, aplicables al caso, además de ello establece la ley el procedimiento para la tramitación del recurso de reposición..- Así las cosas y bajo los parámetros que la Ley de Justicia Constitucional establece en su artículo 41, los motivos objetos del presente amparo no se encuentran enmarcados en dicha disposición legal, en virtud que las resoluciones de las cuales se acude en amparo no violentan derecho alguno, enmarcadas en el principio de legalidad y debido proceso. CUARTO: Es facultad dada al juez el controlar de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley. - El debido proceso las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la Republica y leyes ordinarias.” CONSIDERANDO (8): Que efectivamente, conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado. CONSIDERANDO (10): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO (11): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO (12): Que este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 8), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, que sobreseyó el recurso de amparo presentado por la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, a favor de la señora ANA MARIA AGUILAR FLORES, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, con relación a una solicitud de ejecución provisional de título judicial promovida por la señora ANA MARIA AGUILAR FLORES contra la Municipalidad de Puerto Cortés, departamento de Cortés. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de febrero del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-0766-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL