Sentencia AC-760-19 — Registro 11738
Resumen
Confirmatoria de otorgamiento de acción de amparo contra resolución que declaro sin lugar recurso de reposición en relación a Demanda de Pago por Vía del Procedimiento Declarativo ordinario promovida contra recurrente, recurso de mérito interpuesto a fin que se decrete la nulidad de actuaciones a partir de la audiencia preliminar
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019), cuando señala que se está aplicando el derecho inadecuado e irregular; y, efectivamente, el juzgador de primera instancia, ordenó realizar actividad procesal extemporáneamente en relación a documentos que no son prueba; y, dejando de evacuar prueba documental que si fue admitida y evacuada; privando a las partes procesales de efectuar sus alegaciones y probar su argumento; y, así dictar una resolución de fondo justa y motivada. Provocando una lesión directa a los principios de legalidad procesal, contradicción, igualdad entre las partes, preclusión y defensa; comprendidos implícitamente dentro del debido proceso. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que Otorgó la acción de Amparo interpuesta por el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ a favor de la ASOCIACION HONDUREÑA DE PRODUCTORES DE CAFE (AHPROCAFE), contra las resoluciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fechas quince (15) de marzo y diez (10) de abril de dos mil diecinueve (2019), respectivamente, con relación a la demanda de pago por la vía del procedimiento declarativo ordinario promovida por el BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) contra la ASOCIACION HONDUREÑA DEPRODUCTORES DE CAFE (AHPROCAFE)"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de febrero de dos mil veinte. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019), que otorgó el recurso presentado por el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ a favor de la ASOCIACION HONDUREÑA DE PRODUCTORES DE CAFE (AHPROCAFE), contra las resoluciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fechas quince (15) de marzo y diez (10) de abril de dos mil diecinueve (2019), respectivamente, con relación a la demanda de pago por la vía del procedimiento declarativo ordinario promovida por el BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) contra la ASOCIACION HONDUREÑA DE PRODUCTORES DE CAFE (AHPROCAFE). Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los Artículos 64, 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha uno (01) de septiembre del dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado PABLO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ en su condición de Apoderado Legal del BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI), promoviendo demanda para que previo los tramites legales correspondientes se condene a la hoy demandada LA AHPROCAFE a pagar a mi representado la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L.69,744,346.11), que comprende la cantidad de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON UN CENTAVO (L.37,397,386.01) en concepto de capital vencido, mas VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (L.28,479,148.11) en concepto de Intereses normales, mas TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.3,867,811.69), en concepto de intereses moratorios calculados al 30 de julio de 2014; cantidad que es liquida, vencida y actualmente exigible, cuyo origen se deriva de desembolsos de dos líneas de crédito con fondos provenientes del programa FINSA-UE otorgados a la demandada, suma que se demanda, sin perjuicio del interés normal y moratorio que se produzca hasta el momento en que la demandada cancele totalmente la deuda, mas los gastos y costas del presente juicio. (Folios 1–146 Tomo I de la Pieza Principal del A-Quo). 2) Que en fecha once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019), la Abogada OLGA MARISELA LOPEZ, presentó manifestación de la cual se deviene la resolución del Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán y que siguiendo el trámite de Ley correspondiente, en fecha quince (15) de marzo del dos mil diecinueve (2019), el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “PRIMERO:… SEGUNDO:… TERCERO:… CUARTO:… QUINTO: En virtud del escrito de la parte demandada específicamente el apartado relacionado con un posible financiamiento de FINSA; en consecuencia, que la secretaria del despacho proceda a librar atento oficio a BANHPROVI, para que especifique si hubieron créditos que fueron acreditados al fondo de FINSA y en caso de ser afirmativo, que se detallen los mismos; todo lo anterior no produce nulidad, pues nos encontramos todavía en etapa previa al dictado de la sentencia definitiva, en tal sentido lo único que se ha hecho de manera posterior a la evacuación de prueba son los alegatos finales, pero las tesis esgrimidas por ambas partes no pierden su esencialidad por el simple hecho de estar pendiente la revisión del resultado del presente oficio.” (Folios 402-405 y 406-407 del Tomo III de la Pieza del A-Quo). 3) Que de la interposición del recurso de reposición parcial, presentado por el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ, contra un acto procesal denominado auto, en fecha diez (10) de abril de dos mil diecinueve (2019), el citado Juzgado Resolvió: (SIC): UNICO: Admítase el escrito que antecede, mismo que se manda agregar a sus antecedentes.- Declárese SIN LUGAR, el Recurso de Reposición interpuesto por el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, en su condición de representante procesal de AHPROCAFE, contra el acto procesal denominado auto, de fecha 15 de marzo del 2019.- Que se proceda a dictar Sentencia definitiva.- (Folios 421 del Tomo III de la Pieza del A-Quo). 4) Que en fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil diecinueve (2019), compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, actuando en su condición de Representante Procesal de la ASOCIACION HONDUREÑA DE PRODUCTORES DEL CAFÉ (AHPROCAFE), interponiendo recurso de amparo contra la resolución de fecha diez (10) de abril de dos mil diecinueve (2019), dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. (Folios 1–10 de la pieza del Ad-Quem). 5) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha treinta y uno (31) de julio del dos mil diecinueve (2019) emitió su resolución, en la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: OTORGAR por las razones antes esgrimidas, la Garantía Constitucional de AMPARO, presentada ante esta Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, por el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ accionando a favor de la ASOCIACION HONDUREÑA DE PRODUCTORES DEL CAFÉ (AHPROCAFE), contra las resoluciones de fechas Quince (15) de marzo y diez (10) de abril del años dos mil diecinueve (2019), dictadas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la DEMANDA DE PAGO POR LA VIA DEL PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ORDINARIO, promovida por la Abogada OLGA MARISELA LOPEZ RODRIGUEZ, en su condición de apoderado legal del BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI), a fin que se decrete la nulidad de actuaciones a partir de la audiencia preliminar de fecha veintisiete (27) de noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018). –SEGUNDO: REMITIR LA PRESENTE SENTENCIA EN CONSULTA OBLIGATORIA, para ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia.” (Folio 64–67 de la pieza del Ad-Quem). 6) Que en fecha cuatro (04) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019), que otorgó el recurso presentado por el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ a favor de la ASOCIACION HONDUREÑA DE PRODUCTORES DE CAFE (AHPROCAFE), contra las resoluciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fechas quince (15) de marzo y diez (10) de abril de dos mil diecinueve (2019), respectivamente, con relación a la demanda de pago por la vía del procedimiento declarativo ordinario promovida por el BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) contra la ASOCIACION HONDUREÑA DE PRODUCTORES DE CAFE (AHPROCAFE). CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los Artículos 64, 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República, puesto que se persiste con la evacuación de un medio de prueba propuesto, pero no evacuado, en los momentos permitidos por la ley. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019), cuando señala que se está aplicando el derecho inadecuado e irregular; y, efectivamente, el juzgador de primera instancia, ordenó realizar actividad procesal extemporáneamente en relación a documentos que no son prueba; y, dejando de evacuar prueba documental que si fue admitida y evacuada; privando a las partes procesales de efectuar sus alegaciones y probar su argumento; y, así dictar una resolución de fondo justa y motivada. Provocando una lesión directa a los principios de legalidad procesal, contradicción, igualdad entre las partes, preclusión y defensa; comprendidos implícitamente dentro del debido proceso. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que Otorgó la acción de Amparo interpuesta por el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ a favor de la ASOCIACION HONDUREÑA DE PRODUCTORES DE CAFE (AHPROCAFE), contra las resoluciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fechas quince (15) de marzo y diez (10) de abril de dos mil diecinueve (2019), respectivamente, con relación a la demanda de pago por la vía del procedimiento declarativo ordinario promovida por el BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) contra la ASOCIACION HONDUREÑA DEPRODUCTORES DE CAFE (AHPROCAFE). POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA:CONFIRMAR la sentencia de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que Otorgó la acción de Amparo interpuesta por el por el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ a favor de la ASOCIACION HONDUREÑA DE PRODUCTORES DE CAFE (AHPROCAFE), contra las resoluciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fechas quince (15) de marzo y diez (10) de abril de dos mil diecinueve (2019), respectivamente, con relación a la demanda de pago por la vía del procedimiento declarativo ordinario promovida por el BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) contra la ASOCIACION HONDUREÑA DEPRODUCTORES DE CAFE (AHPROCAFE); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-760-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL