Sentencia AC-741-19 — Registro 12708
Resumen
En Consulta las diligencias que sobresee el recurso con relación a la demanda de ejecución de título con garantía hipotecaria ordinaria. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 80, 90, 321, 322, 323, 324, 325, 326 Y 327 Y 90 de la Constitución de la Republica.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (5):Que el Ad Quem, señala en el acápite Motivación Fáctica Jurídica, que el auto impugnado no violenta el derecho de defensa, pues, cuando el recurrente interpuso el recurso de reposición, hizo uso del derecho de defensa, al que se le dio el trámite correspondiente, siguiendo el debido proceso, apreciando el Ad quem que lo alegado por el impetrante son actos de mera legalidad y por tratarse de una ejecución hipotecaria el recurrente tiene recursos pendientes y finalmente lo que pretende es dilatar el proceso. Expone que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales que han sido debidamente resueltos y consistentes con la simple inconformidad de lo decidido en las resoluciones judiciales y solo cabe el conocimiento de los mismos ante los órganos encargados. Por todo ello en aplicación al artículo 46 numerales 1, 7 y 9 procedió a sobreseer el recurso de mérito apreciando que las infracciones constitucionales alegadas por el recurrente no han sido conculcadas por el Juez de instancia. CONSIDERANDO (6): Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente el recurrente hace uso indebido de la acción de amparo, dado que el recurrente tiene expeditas acciones legales en el mismo juicio pues, existiendo por lo tanto los momentos procesales oportunos para hacer valer sus derechos, por lo que la acción de amparo interpuesta, resulta inadmisible de acuerdo al estudio realizado por el Ad quem, de los antecedentes y de la resolución impugnada. Apreciando esta Sala que el fallo dictado por el Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, garantizando la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de febrero del dos mil veinte. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha doce de agosto de dos mil diecinueve, que sobresee el recurso presentado por el Abogado GERLAN ALEXANDER VELASQUEZ PADILLA, a favor de la Sociedad Mercantil TRANSPORTES TERRESTRES SANCHEZ SANCHEZ S. DE R.L., contra la resolución de fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, departamento de Cortés, con relación a la demanda de ejecución de título con garantía hipotecaria ordinaria, promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLANTIDA S.A., contra la Sociedad Mercantil TRANSPORTES TERRESTRES SANCHEZ SANCHEZ S. DE R.L., Estiman el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 80, 90, 321, 322, 323, 324, 325, 326 Y 327 Y 90 de la Constitución de la Republica. ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado GERLAN ALEXANDER VELASQUEZ PADILLA, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil TRANSPORTES TERRESTRES SANCHEZ SANCHEZ S. DE R.L., por considerar el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 80, 90, 321, 322, 323, 324, 325, 326 Y 327 Y 90 de la Constitución de la Republica. 2) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha doce de agosto de dos mil diecinueve, mediante la cual falló sobreseyendo el recurso de amparo de mérito, interpuesto por el Abogado GERLAN ALEXANDER VELASQUEZ PADILLA, a favor de la Sociedad Mercantil TRANSPORTES TERRESTRES SANCHEZ SANCHEZ S. DE R.L., y ordenó remitir en consulta las diligencias ante la Corte Suprema de Justicia. (Folios 100 y 101 de la pieza de segunda instancia). 3) Que en fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GERLAN ALEXANDER VELASQUEZ PADILLA, a favor de la Sociedad Mercantil TRANSPORTES TERRESTRES SANCHEZ SANCHEZ S. DE R.L. en base al en artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en CONSULTA la sentencia de fecha doce de agosto del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual se SOBRESEE el recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS Seccional de Puerto Cortés, departamento de Cortés, en relación a la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la Sociedad Mercantil TRANSPORTES TERRESTRES SÁNCHEZ SÁNCHEZ S. DE R.L. CONSIDERANDO (4): Que la resolución dictada por el A quo, en fecha 18 de marzo del año 2019, en el párrafo de la motivación, número cuatro dice: “Que el artículo 144 numeral 4 del mismo cuerpo legal en relación a la comunicación subsidiaria dice: 1)…;2)…;3…);4) Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio según registros oficiales, publicaciones de colegios profesionales o fuere la vivienda o local arrendado al demandado , y no se encontrare allí dicho destinatario, podrá efectuarse la entrega a cualquier empleado o familiar , mayor de 14 años, que se encuentre en ese lugar advirtiendo el Receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de esta, o a darle aviso si sabe su paradero”. Señalando la A quo que lo antes citado fue cumplido a cabalidad por la Receptora de la judicatura, dejando constancia de su actuación con la correspondiente acta, por lo que no se puede alegar indefensión, ni falta de cumplimiento en el debido proceso, además expresa que por otra parte en ninguna parte en ningún artículo del código expresa que debe ser ordenado el empleado competente por el Juez conocedor de la causa que practique el requerimiento subsidiario. CONSIDERANDO (5): Que el Ad Quem, señala en el acápite Motivación Fáctica Jurídica, que el auto impugnado no violenta el derecho de defensa, pues, cuando el recurrente interpuso el recurso de reposición, hizo uso del derecho de defensa, al que se le dio el trámite correspondiente, siguiendo el debido proceso, apreciando el Ad quem que lo alegado por el impetrante son actos de mera legalidad y por tratarse de una ejecución hipotecaria el recurrente tiene recursos pendientes y finalmente lo que pretende es dilatar el proceso. Expone que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales que han sido debidamente resueltos y consistentes con la simple inconformidad de lo decidido en las resoluciones judiciales y solo cabe el conocimiento de los mismos ante los órganos encargados. Por todo ello en aplicación al artículo 46 numerales 1, 7 y 9 procedió a sobreseer el recurso de mérito apreciando que las infracciones constitucionales alegadas por el recurrente no han sido conculcadas por el Juez de instancia. CONSIDERANDO (6): Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente el recurrente hace uso indebido de la acción de amparo, dado que el recurrente tiene expeditas acciones legales en el mismo juicio pues, existiendo por lo tanto los momentos procesales oportunos para hacer valer sus derechos, por lo que la acción de amparo interpuesta, resulta inadmisible de acuerdo al estudio realizado por el Ad quem, de los antecedentes y de la resolución impugnada. Apreciando esta Sala que el fallo dictado por el Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, garantizando la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numerales 1 y 3, 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha doce de agosto del año 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San pedro Sula, departamento de Cortés, venida en consulta, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GERLAN ALEXANDER VELÁQUEZ PADILLA a favor de la Sociedad Mercantil TRANSPORTES TERRESTRES SÁNCHEZ SÁCHEZ. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes enero del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de febrero del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-0741-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL