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Sentencia AC-74-20 — Registro 11813

Resumen

Sentencia en consulta sobreseyó acción de amparo contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar impugnación de tasación de costas, quedando firme la misma en demanda de ejecución hipotecaria promovida por Banco Lafise S A contra recurrente; el Tribunal de Alzada precluyó el plazo concedido a recurrente para formalizar la acción de mérito

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias que se relacionan con el amparo de mérito, estima procedente confirmar la decisión judicial que se conoce en consulta obligatoria, porque efectivamente el censor dejó transcurrir el plazo de cuarenta y ocho horas que le fue concedido para formalizar la presente garantía de amparo; asimismo en su escrito de interposición no existe ningún argumento que desarrolle el concepto de la violación que arguye. Al respecto, la Sala de lo Constitucional ha dispuesto en su jurisprudencia que argumentar y acreditar lo que demanda en amparo es una carga procesal que sólo corresponde a quien acude a solicitarla. En virtud de lo cual procede la confirmatoria de la sentencia que se conoce mediante el acto de consulta obligatoria..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, tres de septiembre de dos mil veinte.- VISTA: En consulta obligatoria las diligencias que contienen la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiuno de enero del año dos mil veinte, mediante la cual sobreseyó la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado JOSÉ RAFAEL MARADIAGA BORJAS, en su condición de apoderado legal de la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, contra la resolución de fecha siete de octubre del año dos mil diecinueve dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; con relación a una impugnación de tasación de costas, promovidas en la Demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por la sociedad mercantil BANCO LAFISE S.A., contra la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA. Manifestando el recurrente, que el acto recurrido ha violentado, en perjuicio de su representada, los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES PROCESALES.- 1. En fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado JORGE ARTURO REINA INTERIANO, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil BANCO LAFISE S.A., interponiendo demanda de ejecución hipotecaria, en contra de la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, solicitando que se dicte el despacho de ejecución por la suma adeudada, más los intereses normales y moratorios que se generen hasta la subasta del bien hipotecado, y se condene a la demandada al pago de costas. (Folios 1–34 de la primera pieza de los antecedentes).- 2. Seguido el trámite legal correspondiente, el abogado JORGE ARTURO REINA INTERIANO, actuando en su condición antes descrita, presentó en fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, su escrito de tasación de costas, a lo que el citado juzgado, dictó su resolución en fecha siete de octubre del año dos mil diecinueve, mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la impugnación de la tasación de costas promovida por el abogado OSCAR ALEJANDRO ÁLVAREZ DIAZ en su condición de representante procesal de la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, por las razones antes expuestas. SEGUNDO: Por lo que se declare firme la tasación de costas realizadas por la secretaria de este despacho, las cuales fueron estimadas de la siguiente forma: Tomando en consideración la cuantía al momento de presentarse la demanda en fecha 19 de enero de 2017 conforme al capital adeudado acreditado mediante la certificación de contador que asciende a L.1,9570,404.20 multiplicado por el 11.50% de interés normal los cuales ascienden a L.133,785.36; multiplicado por el 5% de interés moratorio, los cuales ascienden a L.58,167.55, sumando ambos interés normal y moratorio ascienden a L. 191,952.91; los honorarios profesionales de conformidad al artículo 26 del Arancel del profesional del derecho ascienden a L. 169,424.48 y de gastos procesales la cantidad de L.9,787.55, por lo que hace un total a pagar la cantidad de L. 2,328,205.14. TERCERO: Este auto no es susceptible de ulterior recurso, conformidad al artículo 227.7 del Código Procesal Civil.” (Folios 90-94 y 129–135 de la primera pieza de los antecedentes).- 3. El abogado JOSÉ RAFAEL MARADIAGA BORJAS, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, interponiendo la garantía constitucional de amparo a favor de la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, contra la resolución de fecha siete de octubre del año dos mil diecinueve, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República. (Folios 1–32 de la garantía constitucional de amparo).- 4. La corte de apelaciones dictó su resolución en fecha veintiuno de enero del año dos mil veinte, mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Téngase por precluido, el plazo concedido al abogado JOSÉ RAFAEL MARADIAGA BORJAS, en su condición de parte recurrente, para formalizar la presente acción de amparo; y SEGUNDO: Sobreseer la acción de amparo interpuesta por el abogado JOSÉ RAFAEL MARADIAGA BORJAS, a favor de la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, quien recurre contra la resolución de fecha 7 de octubre de 2019, emitida por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.” (Folios 48–49 de la garantía constitucional de amparo).- 5. En fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, este alto tribunal de justicia recibió para su consulta, el expediente que contiene la garantía constitucional de amparo, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del expediente de consulta obligatoria).- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá examinar el presente asunto en consulta obligatoria por remisión de la honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán.- CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los alegatos expuestos por el impetrante en la garantía constitucional de amparo bajo estudio. La interposición del amparo se sustenta en que el juez de primera instancia dictó la resolución de fecha siete de octubre de dos mil diecinueve declarando sin lugar la impugnación presentada en contra de la tasación de costas correspondiente a la demanda de ejecución de mérito. Según consta en autos precluyó el plazo concedido al amparista para que formalizara la garantía constitucional de mérito. De igual manera se observa que en el escrito de interposición no se desarrolla el concepto de la violación alegada.- CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. El tribunal de alzada decidió por unanimidad de votos declarar precluido el plazo concedido al garantista para formalizar la garantía constitucional de amparo y en consecuencia dicta el sobreseimiento de esta en virtud de lo que dispone el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen en consulta obligatoria de la sentencia que sobresee el amparo solicitado. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias que se relacionan con el amparo de mérito, estima procedente confirmar la decisión judicial que se conoce en consulta obligatoria, porque efectivamente el censor dejó transcurrir el plazo de cuarenta y ocho horas que le fue concedido para formalizar la presente garantía de amparo; asimismo en su escrito de interposición no existe ningún argumento que desarrolle el concepto de la violación que arguye. Al respecto, la Sala de lo Constitucional ha dispuesto en su jurisprudencia que argumentar y acreditar lo que demanda en amparo es una carga procesal que sólo corresponde a quien acude a solicitarla. En virtud de lo cual procede la confirmatoria de la sentencia que se conoce mediante el acto de consulta obligatoria.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 54, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta obligatoria, proferida en fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, por la honorable CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual se sobreseyó la presente acción de amparo. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (8) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0074-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, tres de septiembre de dos mil veinte.- VISTA: En consulta obligatoria las diligencias que contienen la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiuno de enero del año dos mil veinte, mediante la cual sobreseyó la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado JOSÉ RAFAEL MARADIAGA BORJAS, en su condición de apoderado legal de la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, contra la resolución de fecha siete de octubre del año dos mil diecinueve dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; con relación a una impugnación de tasación de costas, promovidas en la Demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por la sociedad mercantil BANCO LAFISE S.A., contra la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA. Manifestando el recurrente, que el acto recurrido ha violentado, en perjuicio de su representada, los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES PROCESALES.- 1. En fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado JORGE ARTURO REINA INTERIANO, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil BANCO LAFISE S.A., interponiendo demanda de ejecución hipotecaria, en contra de la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, solicitando que se dicte el despacho de ejecución por la suma adeudada, más los intereses normales y moratorios que se generen hasta la subasta del bien hipotecado, y se condene a la demandada al pago de costas. (Folios 1–34 de la primera pieza de los antecedentes).- 2. Seguido el trámite legal correspondiente, el abogado JORGE ARTURO REINA INTERIANO, actuando en su condición antes descrita, presentó en fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, su escrito de tasación de costas, a lo que el citado juzgado, dictó su resolución en fecha siete de octubre del año dos mil diecinueve, mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la impugnación de la tasación de costas promovida por el abogado OSCAR ALEJANDRO ÁLVAREZ DIAZ en su condición de representante procesal de la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, por las razones antes expuestas. SEGUNDO: Por lo que se declare firme la tasación de costas realizadas por la secretaria de este despacho, las cuales fueron estimadas de la siguiente forma: Tomando en consideración la cuantía al momento de presentarse la demanda en fecha 19 de enero de 2017 conforme al capital adeudado acreditado mediante la certificación de contador que asciende a L.1,9570,404.20 multiplicado por el 11.50% de interés normal los cuales ascienden a L.133,785.36; multiplicado por el 5% de interés moratorio, los cuales ascienden a L.58,167.55, sumando ambos interés normal y moratorio ascienden a L. 191,952.91; los honorarios profesionales de conformidad al artículo 26 del Arancel del profesional del derecho ascienden a L. 169,424.48 y de gastos procesales la cantidad de L.9,787.55, por lo que hace un total a pagar la cantidad de L. 2,328,205.14. TERCERO: Este auto no es susceptible de ulterior recurso, conformidad al artículo 227.7 del Código Procesal Civil.” (Folios 90-94 y 129–135 de la primera pieza de los antecedentes).- 3. El abogado JOSÉ RAFAEL MARADIAGA BORJAS, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, interponiendo la garantía constitucional de amparo a favor de la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, contra la resolución de fecha siete de octubre del año dos mil diecinueve, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República. (Folios 1–32 de la garantía constitucional de amparo).- 4. La corte de apelaciones dictó su resolución en fecha veintiuno de enero del año dos mil veinte, mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Téngase por precluido, el plazo concedido al abogado JOSÉ RAFAEL MARADIAGA BORJAS, en su condición de parte recurrente, para formalizar la presente acción de amparo; y SEGUNDO: Sobreseer la acción de amparo interpuesta por el abogado JOSÉ RAFAEL MARADIAGA BORJAS, a favor de la señora YADIRA ALEJANDRA MARADIAGA RIVERA, quien recurre contra la resolución de fecha 7 de octubre de 2019, emitida por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.” (Folios 48–49 de la garantía constitucional de amparo).- 5. En fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, este alto tribunal de justicia recibió para su consulta, el expediente que contiene la garantía constitucional de amparo, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del expediente de consulta obligatoria).- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá examinar el presente asunto en consulta obligatoria por remisión de la honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán.- CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los alegatos expuestos por el impetrante en la garantía constitucional de amparo bajo estudio. La interposición del amparo se sustenta en que el juez de primera instancia dictó la resolución de fecha siete de octubre de dos mil diecinueve declarando sin lugar la impugnación presentada en contra de la tasación de costas correspondiente a la demanda de ejecución de mérito. Según consta en autos precluyó el plazo concedido al amparista para que formalizara la garantía constitucional de mérito. De igual manera se observa que en el escrito de interposición no se desarrolla el concepto de la violación alegada.- CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. El tribunal de alzada decidió por unanimidad de votos declarar precluido el plazo concedido al garantista para formalizar la garantía constitucional de amparo y en consecuencia dicta el sobreseimiento de esta en virtud de lo que dispone el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen en consulta obligatoria de la sentencia que sobresee el amparo solicitado. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias que se relacionan con el amparo de mérito, estima procedente confirmar la decisión judicial que se conoce en consulta obligatoria, porque efectivamente el censor dejó transcurrir el plazo de cuarenta y ocho horas que le fue concedido para formalizar la presente garantía de amparo; asimismo en su escrito de interposición no existe ningún argumento que desarrolle el concepto de la violación que arguye. Al respecto, la Sala de lo Constitucional ha dispuesto en su jurisprudencia que argumentar y acreditar lo que demanda en amparo es una carga procesal que sólo corresponde a quien acude a solicitarla. En virtud de lo cual procede la confirmatoria de la sentencia que se conoce mediante el acto de consulta obligatoria.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 54, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta obligatoria, proferida en fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, por la honorable CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual se sobreseyó la presente acción de amparo. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (8) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0074-2020.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional