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Sentencia AC-739-19 — Registro 12707

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que sobresee el recurso de Apelaciones con relación a la demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO 11: Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso, por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO 12: Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO 13: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe revocar la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha Doce de Agosto del año dos mil diecinueve, que falla sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Julio Cesar Rubio Santos, al constatarse que efectivamente se ha vulnerado el debido proceso, al dictarse una sentencia de condena en costas, cuando el fallo que las impone no se encuentra firme, al estar pendiente de resolver una garantía constitucional de Amparo, que es el último recurso legal que la ley pone a disposición de los interesados a efecto de obtener la tutela de sus derechos fundamentales.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil veinte. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha doce de agosto del año dos mil diecinueve, que sobresee el recurso presentado por el Abogado JULIO CESAR RUBIO SANTOS, a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLANTIDA S.A., contra la resolución de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLANTIDA S.A., contra el señor OSCAR ROLANDO VALLE VILLEDA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho de mayo del año dos mil diecinueve, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado JULIO CESAR RUBIO SANTOS, interponiendo acción de amparo a favor la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLANTIDA S.A., por considerar el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. 2) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha doce de agosto de dos mil diecinueve, mediante la cual falló sobreseyendo el Recurso de Amparo de mérito, interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RUBIO SANTOS, a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLANTIDA S.A., y ordenó remitir en consulta las diligencias ante la Corte Suprema de Justicia. (Folios 19 y 20 de la pieza de segunda instancia). 3) Que en fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RUBIO SANTOS, a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLANTIDA S.A., en base al en artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce el Recurso de Amparo venido en consulta, determinado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RUBIO SANTOS, contra la resolución de fecha seis de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que resuelve la impugnación de costas, en relación al proceso de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida por el Abogado JULIO CESAR RUBIO SANTOS, en su condición de Apoderado de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S. A., contra el señor OSCAR ROLANDO VALLE VILLEDA. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha Seis de Mayo del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, es violatorio del derecho constitucional contenido en el párrafo primero del artículo 90 y 321 de la Constitución de la República, resolución que falla: (Sic) “1. DESESTIMANDO la IMPUGNACION DE COSTAS, alegada por el abogado Julio C. Rubio Santos, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Banco Atlántida, S. A., en la presente demanda de Ejecución Forzosa, contra el señor Oscar Rolando Valle. 2. SE CONDENA al pago de costas personales (honorarios profesionales) a la Sociedad Mercantil Banco Atlántida S. A. por la cantidad de cincuenta mil cuatrocientos setenta y siete lempiras con diecinueve centavos (L. 50,477.19) a favor del apoderado legal de parte ejecutada señor Oscar Rolando Valle Villeda…” Presentando en su momento recurso de reposición a la anterior resolución, el cual fue denegado por el A Quo con fundamento en lo establecido en el artículo 227 numeral 1 del Código Procesal Civil. Arguye el impetrante que dicha resolución es violatoria al principio de legalidad, ya que se da trámite a un escrito de tasación de costas presentado por el abogado Omar A. Gutiérrez, apoderado procesal del señor Oscar Rolando Valle Villeda, sin estar firma la sentencia de fecha nueve de abril del dos mil dieciocho, que declara con lugar la oposición, con especial condena en costas, en virtud que contra esta resolución se presentó Recurso de Amparo el cual está pendiente de resolución ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo que procesalmente significa que la sentencia de oposición y la pronunciada por el Tribunal de Apelación, no tiene carácter de firmes en aplicación al artículo 195 del Código Procesal Civil. Continua manifestando que la Juez A Quo emite el auto de impugnación de costas, en fecha seis de mayo del dos mil diecinueve, violando todo el procedimiento, ya que la tasación de costas solo puede ser solicitada por la parte favorecida y no por el profesional y es la secretaría del Juzgado que debió hacer la tasación de costas en base a ley; que se le pidió a la A Quo que suspendiera el trámite irregular, la misma resolvió que si bien es cierto existe un amparo contra la sentencia que declara la oposición, el mismo no fue otorgado con suspensión del acto reclamado. Considera el amparista que de declararse con lugar la acción presentada a la Sentencia que declara con lugar la oposición, obligando a su representada a pagar costas mediante un procedimiento viciado de nulidad y si el amparo es declarado con lugar, se le produciría un daño irreparable a su representada. Por lo que se violenta el principio de legalidad procesal y los artículos 222 y 223 del Código Procesal Civil, que señala la forma, tiempo y a quien corresponde practicar la tasación de costas. CONSIDERANDO (3): Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha doce de agosto del año dos mil diecinueve, mediante la cual resuelve Sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RUBIO SANTOS, a favor de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., contra la resolución judicial de fecha seis de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. CONSIDERANDO (4): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de las diligencias, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución dictada en fecha seis de mayo del año dos mil diecinueve, por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual se DESESTIMA la IMPUGNACION DE COSTAS, alegada por el abogado Julio Cesar Rubio Santos, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Banco Atlántida, S. A., en la Demanda de Ejecución Forzosa, contra el señor Oscar Rolando Valle. CONSIDERANDO (6): Que el amparista expone en la interposición de la acción constitucional impetrada que se ha vulnerado el derecho constitucional al debido proceso, contenido en el artículo 90 y 321 de la Constitución de la República; sostiene el impetrante que el auto de fecha seis de mayo del año dos mil diecinueve, es violatorio de garantías constitucionales, en virtud que se le dio trámite a una tasación de costas, sin estar firme la sentencia que declara con lugar la oposición y condena en costas y sin seguir el trámite correspondiente para la tasación de costas, de acuerdo a los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, 7, 195, 222 y 223 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (7): Que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, sobresee la acción de Aparo promovida, argumentando que el trámite relativo a la tasación de costas fue observado por el Juez de Primera instancia, tal y como se establece en los artículos 219 y siguientes del Código procesal Civil(acápite QUINTO); considera que las alegaciones del recurrente son de mera legalidad y no alcanzan a configurarse como afectaciones a las garantías del debido proceso, legalidad y de defensa, siendo manifiesto que la intención del quejoso es la dilación del proceso. Las resoluciones emitidas por el Juzgado de Primera Instancia, todas se encuentran motivadas y fundamentadas jurídicamente, la parte demandada ha sido oída y ha interpuesto los recursos que estimo pertinentes, dándoles respuesta a todas sus peticiones (acápite SEXTO). CONSIDERANDO (8): Que no comparte esta Sala de lo Constitucional, que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante sentencia de fecha Doce de Agosto del año dos mil diecinueve, haya sido la correcta, al sobreseer el recurso de amparo presentado, por considerar que se alegan cuestiones de mera legalidad; ello porque el recurrente hace referencia a cuestiones de vulneración del debido proceso, que debieron ser respondidas, al establecer el impetrante que: (Sic) “3) Contra la SENTENCIA DE OPOSICION/EJECUCION EXTRAJUICIAL, se recurrió ante esta Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, quien mediante sentencia de fecha 09 de abril del 2018, confirma lo resuelto por la A Quo, segunda pieza registrada con el No. 51-2018; contra esa sentencia de fecha 09 de abril del 2018, se interpuso RECURSO DE AMPARO, el cual está pendiente de resolución ante la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo que procesalmente significa que la sentencia de oposición y la pronunciada por éste Tribunal de Apelaciones, no tiene el carácter de firmes en aplicación del Artículo 195 del Código procesal Civil.- 4) En abierta violación al principio de legalidad procesal y en especial a los artículos 222 y 223 del Código Procesal Civil, la A Quo dio trámite a un escrito denominado TASACION DE COSTAS PERSONALES, presentado por el Abogado OMAR A. GUETIERREZ apoderado procesal de OSCAR ROLANDO VALLE VILLEDA en la ejecución, sin estar firme la sentencia…”. -Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (9): Que en relación a las RESOLUCIONES FIRMES el Artículo 195 del Código Procesal Civil, dispone: “Son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, hubiere transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado, o porque habiéndose presentado desistiera el recurrente, o porque hubiera sido inadmitido a trámite definitivamente”. En relación a la TASACION E IMPUGNACIÓN el Artículo 222 del mismo código en referencia, dispone: SOLICITUD DE TASACIÓN DE COSTAS. 1. Cuando hubiere condena en costas, luego que sea firme, se procederá a la exacción de las mismas por el procedimiento de apremio, previa su tasación, si la parte condenada no las hubiere satisfecho. CONSIDERANDO 10: Que en relación a la interposición de una garantía constitucional de Amparo, la ley es clara cuando determina en el último párrafo del artículo 52 de la Ley sobre Justicia Constitucional que el envío de los antecedentes no obsta para que la autoridad recurrida siga con el conocimiento del asunto hasta el momento de dictar sentencia definitiva, y con tal fin, dejara un extracto de las actuaciones principales, siempre y cuando el Amparo no se haya admitido con suspensión del acto reclamado. Como bien lo expresa el recurrente en Amparo, no se trata de alegaciones de mera legalidad, como erróneamente lo expresa la Corte de Apelaciones en su sentencia de fecha doce de agosto del año dos mil diecinueve, pues se trata de una vulneración al debido proceso, cuando se ha dictado una sentencia de condena en costas, sin estar firme la sentencia que condena a las mismas; el precepto ut supra, establece que si bien el Amparo se admite sin suspensión del acto reclamado, se continuará con el trámite del proceso, hasta el momento de dictar sentencia, pues al estar pendiente de dictarse la sentencia en Amparo, no puede el órgano que conoce del asunto dictar sentencia en relación a ese mismo asunto que está pendiente de resolver en una garantía constitucional de amparo, pues ello sería contraproducente como bien lo ha expuesto el impetrante. CONSIDERANDO 11: Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso, por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO 12: Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO 13: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe revocar la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha Doce de Agosto del año dos mil diecinueve, que falla sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Julio Cesar Rubio Santos, al constatarse que efectivamente se ha vulnerado el debido proceso, al dictarse una sentencia de condena en costas, cuando el fallo que las impone no se encuentra firme, al estar pendiente de resolver una garantía constitucional de Amparo, que es el último recurso legal que la ley pone a disposición de los interesados a efecto de obtener la tutela de sus derechos fundamentales. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 52 último párrafo, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 1, 3, 195 y 222 numerales 1 y 3 del Código Procesal Civil. FALLA: 1) REVOCANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte de Apelaciones Civil, San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha Doce (12) de aposto del año dos mil diecinueve (2019). 2) Se OTORGA el recurso de amparo y que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, restituyendo al recurrente en Amparo los derechos que le han sido vulnerados, observando las disposiciones contenidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional y en el Código Procesal Civil. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación del fallo de fecha siete de diciembre de dos mil veinte, recaída en el amparo Civil Venido en Consulta, con orden de ingreso en este Tribunal No. 0739=19.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.