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Sentencia AC-715-17 — Registro 12705

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso presentado contra la resolución con relación a la demanda de pago por vía de repetición. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los Artículos 59, 64, 76, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… CONSIDERANDO OCHO (8): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa “CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por lo antes mencionado, es claro que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte; y, que parece entenderlo el recurrente; sino, el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que ha acudido a los Jueces o a la Administración pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos, dando como resultado que la garantía constitucional de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida, en vista de no estar configurado como una última instancia y tampoco tiene una función casacional. Bajo este criterio es evidente que la Garantía de Amparo interpuesta no reúne los requerimientos necesarios para su procedencia, en vista que sólo puedan ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o e todo caso que prescriban; llevando a la imposibilidad de las partes procesales para interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, y el presente caso enviado en consulta no reúne los presupuestos.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se revoque la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en uno de septiembre de dos mil diecisiete; y, se deniegue la Garantía de Amparo Venida en Consulta.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia.- Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de febrero de dos mil veinte.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, de fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete, que otorgó el recurso presentado por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, a favor de la señora JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, con relación a la demanda de pago por vía de repetición mediante el proceso ordinario promovida por el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA contra la señora JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los Artículos 59, 64, 76, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, interponiendo acción de amparo a favor de la señora JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, promovida por la promovida por el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA contra la señora JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA.- 2) Que seguido el tramite correspondiente a la acción de amparo de la Corte Primera de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, departamento Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete, mediante la cual falló otorgando el recurso de amparo de mérito, interpuesto por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, contra la resolución dictada por el juzgado de Letras Civil de esta sección judicial, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, y ordenó remitir en consulta las diligencias ante la Corte Suprema de Justicia. (Folios 72 al 82 de la segunda pieza de antecedentes)- 3) Que en fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, a favor de la señora JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA, en base al en Artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.- CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, de fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete, que otorgó el recurso presentado por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, a favor de la señora JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, con relación a la demanda de pago por vía de repetición mediante el proceso ordinario promovida por el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA contra la señora JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA.- CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, con relación a la demanda de pago por vía de repetición mediante el proceso ordinario promovida por el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA contra la señora JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA, le causa indefensión al declarar sin lugar la nulidad solicitada; de manera incidental, cuando debe ser resuelta en sentencia definitiva.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por lo antes mencionado, es claro que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte; y, que parece entenderlo el recurrente; sino, el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que ha acudido a los Jueces o a la Administración pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos, dando como resultado que la garantía constitucional de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida, en vista de no estar configurado como una última instancia y tampoco tiene una función casacional. Bajo este criterio es evidente que la Garantía de Amparo interpuesta no reúne los requerimientos necesarios para su procedencia, en vista que sólo puedan ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o e todo caso que prescriban; llevando a la imposibilidad de las partes procesales para interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, y el presente caso enviado en consulta no reúne los presupuestos.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se revoque la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en uno de septiembre de dos mil diecisiete; y, se deniegue la Garantía de Amparo Venida en Consulta.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA:REVOCAR la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, departamento Francisco Morazán, en fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete y DENEGAR la Garantía de Amparo enviada en consulta a esta Sala Constitucional; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día uno (1) del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0715-2017.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: Corte Suprema De Justicia.- Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de febrero de dos mil veinte.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, de fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete, que otorgó el recurso presentado por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, a favor de la señora JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, con relación a la demanda de pago por vía de repetición mediante el proceso ordinario promovida por el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA contra la señora JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los Artículos 59, 64, 76, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, interponiendo acción de amparo a favor de la señora JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, promovida por la promovida por el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA contra la señora JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA.- 2) Que seguido el tramite correspondiente a la acción de amparo de la Corte Primera de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, departamento Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete, mediante la cual falló otorgando el recurso de amparo de mérito, interpuesto por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, contra la resolución dictada por el juzgado de Letras Civil de esta sección judicial, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, y ordenó remitir en consulta las diligencias ante la Corte Suprema de Justicia. (Folios 72 al 82 de la segunda pieza de antecedentes)- 3) Que en fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, a favor de la señora JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA, en base al en Artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.- CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, de fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete, que otorgó el recurso presentado por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, a favor de la señora JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, con relación a la demanda de pago por vía de repetición mediante el proceso ordinario promovida por el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA contra la señora JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA.- CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, con relación a la demanda de pago por vía de repetición mediante el proceso ordinario promovida por el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA contra la señora JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA, le causa indefensión al declarar sin lugar la nulidad solicitada; de manera incidental, cuando debe ser resuelta en sentencia definitiva.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por lo antes mencionado, es claro que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte; y, que parece entenderlo el recurrente; sino, el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que ha acudido a los Jueces o a la Administración pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos, dando como resultado que la garantía constitucional de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida, en vista de no estar configurado como una última instancia y tampoco tiene una función casacional. Bajo este criterio es evidente que la Garantía de Amparo interpuesta no reúne los requerimientos necesarios para su procedencia, en vista que sólo puedan ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o e todo caso que prescriban; llevando a la imposibilidad de las partes procesales para interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, y el presente caso enviado en consulta no reúne los presupuestos.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se revoque la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en uno de septiembre de dos mil diecisiete; y, se deniegue la Garantía de Amparo Venida en Consulta.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA:REVOCAR la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, departamento Francisco Morazán, en fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete y DENEGAR la Garantía de Amparo enviada en consulta a esta Sala Constitucional; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día uno (1) del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0715-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional