Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-70-18 — Registro 11414

Resumen

sentencia cuestionada por el recurrente y que fuere dictada por Mayoría de Votos, resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación promovido por la parte demandante y en consecuencia confirma la resolución impugnada que inadmite a trámite la solicitud de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial, fundamentada en que ha operado la Afirmativa Ficta y sentencia emitida por este Alto Tribunal que confirma en efecto a operado la Afirmativa Ficta a favor del recurrente en Amparo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."): Que, en ese orden de ideas, no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador ; asimismo el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía . Para el Doctor Presentación Quesada aplicando las reglas del artículo 19 del Código Civil, el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, sostiene el autor que la Ley es un todo armónico; y entre sus distintas partes existe un verdadero enlace o conexión resultante del pensamiento que dominó al legislador en la emisión de la ley. Del contexto total de ella viene a resultar así la idea fundamental que puede aclarar el concepto del pasaje ambiguo u oscuro que se quiere interpretar . En el caso sub júdice no se puede interpretar el precepto 782.4 del CPC, basados en criterios que, por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los interese que se sacrifican, desconociendo lo establecido en los preceptos 29, 29-A y 29-B de la Ley de Procedimiento Administrativo. Como corolario de lo anterior podemos concluir que, la documentación acompañada por el recurrente en Amparo y presentada ante el A-quo a efecto de solicitar un despacho de Ejecución Forzosa, reúne los requisitos de un Título Ejecutivo y tiene aparejada Ejecución; aunado a lo anteriormente expuesto se presume la legitimidad de los actos administrativos .- La administración tiene potestad de ejecutarlos a través de sus órganos competentes, previo apercibimiento.-CONSIDERANDO (18): Que, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta Sala es del criterio que no se deben poner obstáculos o trabas a las partes o interesados en determinado asunto, con el fin de hacer valer sus pretensiones en un proceso. De la resolución impugnada, esta Sala de lo Constitucional advierte que el razonamiento esgrimido por Mayoría de Votos de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, a efecto de declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación promovido por el Abogado José Almendarez Lizardo y ratificar la resolución emitida por el A-quo que inadmite a trámite la solicitud de Ejecución de un Título Extrajudicial, se sustenta en razonamientos rigurosos y formalismos excesivos, que revelan una clara desproporción entre los fines que se persigue con el acceso a los tribunales de justicia, a quienes a través de magistrados y jueces independientes, la Constitución ha encomendado la inconmensurable labor de impartir justicia gratuitamente en nombre del Estado, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes, sacrificando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva que invoca el recurrente, se le niega a éste la posibilidad real y efectiva de defender sus pretensiones, ante un órgano jurisdiccional del Estado en igualdad de condiciones.-CONSIDERANDO (19): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo, al inadmitir a trámite la solicitud de Ejecución de Título Extrajudicial, la cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, ello porque se ha emitido una resolución que se sustenta en razonamientos rigurosos y formalismos excesivos, pues se invocan preceptos legales sin el análisis de fondo correspondiente con el caso en concreto planteado; ejemplo de ello, cuales son las condiciones o requisitos que debe reunir un documento para tener el carácter de Titulo de Ejecución, negando con ello la posibilidad de acceso a los órganos jurisdiccionales del Estado; derecho garantizado en la Constitución de la República, lo que constituye obstáculos de acceso a la jurisdicción y a las entidades de la administración pública, consecuencia de ello la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, corolario de lo expuesto en el presente libelo, soslayando los demás derechos fundamentales invocados por el recurrente en amparo.-CONSIDERANDO (20): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.-CONSIDERANDO (21): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.-CONSIDERANDO (22): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que se declara Sin Lugar el Recurso de Apelación promovido por la parte demandante, inobservando las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A, 29-B y 30 de la Ley Procedimiento Administrativo, al realizar una interpretación de la ley basados en criterios que, por su rigorismo, formalismo excesivo revelen una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los interese que se sacrifican, interpretación que se realiza de forma aislada y no en una armonía adecuada, coherente y razonable de las disposiciones legales invocadas, impidiendo al peticionario, el poder acudir a los órganos jurisdiccionales que le escuche en relación a sus pretensiones y conforme a las disposiciones del debido proceso legal; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veinte.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALMENDAREZ LIZARDO, a favor de la señora HAIDEE CHAVEZ AMAYA, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRACISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), que confirmó la resolución impugnada y que fuera emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecisiete (2017); con relación a la demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial promovida por el Abogado José Elmer Lizardo Carranza, en su condición de Apoderado Legal de la señora HAIDEE CHAVEZ AMAYA, conocida también como Haydee Chávez, madre del señor Arlin Jiovanny Rivera Chávez, quien fue conocido también como Arlyn Geovanny Rivera Chávez y Arlin Geovanny Rivera Chávez, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado las garantías constitucionales de la persona humana, derecho de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 59, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA, actuando en su condición de Apoderado Legal de la señora HAIDEE CHAVEZ AMAYA, promoviendo demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA. (Folios del 1-10fv de la pieza de antecedentes de primera instancia).-2) Que en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Resolución mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: INADMITIR A TRAMITE la presente demanda de ejecución de título extrajudicial, promovida por el Abogado JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA, actuando en su condición de apoderado legal de la señora HAIDEE CHAVEZ AMAYA, también conocida como HEYDEE CHAVEZ, madre del señor ARLIN JIOVANNY RIVERA CHAVEZ, conocido también como ARLYN GEOVANNNY RIVERA CHAVEZ Y ARLIN GEOVANNY RIVERA CHAVEZ, en vista que el artículo 782 del Código Procesal Civil establece claramente cuál es la procedencia de la ejecución de títulos extrajudiciales, y el título que pretende ejecutar el compareciente, no se encuentra comprendido en ninguno de los establecidos en dicho artículo, ni hace mención a otro documento que por disposición de la Ley tenga reconocido este carácter. SEGUNDO: … TERCERO: Por lo antes expuesto, que la Secretaria del Despacho proceda a devolver los documentos que interesan al compareciente, en consecuencia, archívense las presentes diligencias sin ulterior desarrollo…” (Folios 69 y 70 de la pieza de antecedentes del A-quo).-3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por el Abogado JOSE ALMENDAREZ LIZARDO, contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), dictó sentencia por Mayoría de Votos, mediante la cual falló: (Sic) “I) Declarando sin lugar el recurso de apelación.- II) Confirmando la resolución impugnada.- III) Sin costas…”. (Folios del 8 al 12 de la pieza de antecedentes del Ad-quem).-4) Que el recurrente Abogado JOSE ALMENDAREZ LIZARDO, compareció ante este Tribunal, en fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil dieciocho (2018), reclamando amparo a favor de la señora HAIDE CHAVEZ AMAYA, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), ut supra relacionada, la cual considera violatoria de las garantías constitucionales de la persona humana, derecho de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 59, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018). (Folios del 38 al 45 de los autos).-5) Que en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil dieciocho (2018), la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no haberse violentado los derechos constitucionales invocados por el Amparista. Sostiene la Fiscal del Despacho que se estima que la resolución recurrida se encuentra apegada a la norma legal que rige los actos de la administración pública y fundada en la aplicación en su conjunto de la norma procesal civil, al ser precisa en señalar que será la ley la que otorgue fuerza ejecutiva a un documento, lo cual no aconteció en el caso de autos, tal como se dejó relacionado. (Folios del 48 al 52 de los autos).-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que del escrito de interposición de la acción de Amparo, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA, en su condición de Apoderado Legal de la señora HAIDEE CHAVEZ AMAYA, solicitando Ejecución Forzosa de un Título Extrajudicial, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud Pública.-CONSIDERANDO (3): Que en fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciocho, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado JOSE ALMENDAREZ LIZARDO, interponiendo Acción de Amparo a favor de la señora HAIDEE CHAVEZ AMAYA, contra la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), que resolvió por Mayoría de Votos, declarar Sin Lugar el recurso de apelación promovido por la parte demandante, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), que resuelve Inadmitir a trámite la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, relacionada en acápites anteriores; considera el recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria de los derechos a la Defensa, Debido proceso y derechos humanos, contenidos en los artículos 59, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (4): Que, en la exposición de argumentos, en la acción constitucional impetrada, el recurrente comienza realizando una cronología de los antecedentes del caso, entre ellos las veces que se solicitó ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, el haber operado la Afirmativa Ficta a favor de su poderdante; por lo que en fecha quince de julio del año dos mil catorce compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo demanda de Amparo en contra de actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Pública, quien se negaba a reconocer que había operado a favor de su mandante la figura legal de la Afirmativa Ficta, en virtud que con sus actuaciones se violentaron derechos humanos. El nueve (9) de junio del año dos mil quince (2015), la Sala de lo Constitucional dictó sentencia de Amparo y por unanimidad falló otorgando la acción de Amparo interpuesta, contra un acto que constituye el silencio administrativo y la negativa de la Secretaría de Salud de reconocer que ha operado la Afirmativa Ficta.-CONSIDERANDO (5): Que continua expresando el recurrente, que en vista de la sentencia definitiva emitida por esta Sala de lo Constitucional, el 29 de noviembre del año 2016 se presentó ante la Secretaría de Salud solicitud de ejecución de pago de pleno derecho, en virtud de ser la deuda reconocida mediante un Acto Administrativo que es firme, consentido y de obligatorio cumplimiento, en virtud de haber operado la Afirmativa Ficta, la cual se ratifica mediante sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional. Al no obtener respuesta por el silencio administrativo de la Secretaría de Salud, el 17 de mayo del año 2017 se presentó ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, demanda en la que se solicita Ejecución Forzosa de un Título Extrajudicial, respaldada con la documentación acompañada, la cual está amparada en los artículos 28, 29, 29-A y 29-B de la Ley de Procedimiento Administrativo en la que se reconoce que ha operado a favor de su mandante la figura legal de la Afirmativa Ficta y la cual de acuerdo a la Ley le reconoce carácter de Título Ejecutivo Extrajudicial, así como que dicha documentación está comprendida en el Artículos 782.4 del Código Procesal Civil.-CONSIDERANDO (6): El impetrante sostiene que de la documentación a que se ha hecho referencia, de ellos surge la obligación de pagar una cantidad liquida, la cual es ya exigible; documentos que por disposición de la ley tienen reconocido este carácter (Artículo 29-B de la Ley de Procedimiento Administrativo); por consiguiente, están comprendidos en el artículo 782 numeral 4 del Código Procesal Civil[1]. La Corte de Apelaciones al no reconocer que la documentación acompañada en la solicitud de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial, está comprendida en el Artículo 782.4 del CPC a pesar de tener se acuerdo a la Ley reconocido ese carácter deja a su poderdante en estado de indefensión; asimismo la Corte de Apelaciones no está aplicando en el caso de mérito, las formalidades y garantías que la ley establece, desde el momento que ha desconocido las disposiciones establecidas den los artículos 28, 29, 29-A y 29-B de la Ley de Procedimiento Administrativo, mediante los cuales reconoce que ha operado la Afirmativa Ficta.-CONSIDERANDO (7): Que, del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), que en su parte dispositiva y por Mayoría de Votos falla: “I) Declarando sin lugar el recurso de apelación. - II) Confirmando la resolución impugnada. - III) Sin costas…” (Folios del 8 al 12 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia).- CONSIDERANDO(8): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, vulnera o no los derechos de defensa, debido proceso y acceso a la justicia contenidos en los artículos 59, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento fundamental del recurso versa básicamente en que la documentación que se acompaña a la solicitud de Ejecución Forzosa de un Título Extrajudicial, en que ha operado la Afirmativa Ficta, según sentencia de Amparo, emitida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, se encuentran comprendidos en el Artículo 782.4 del CPC, por ser la deuda reconocida mediante un Acto Administrativo que es firme, consentido y de obligatorio cumplimiento.-CONSIDERANDO (9): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, en primer lugar es menester determinar si la decisión de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán vulnera en perjuicio del recurrente los derechos contenidos en los artículos de la Constitución de la República que expone el recurrente, entre ellos: Artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; y lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales.-CONSIDERANDO (10): Que el derecho a la defensa, es el derecho fundamental de una persona, sea esta física o jurídica a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales y administrativos, que aplica en todas las fases del proceso; así en el proceso penal en las etapas de instrucción, intermedia y juicio oral y en el proceso civil en las alegaciones, prueba y conclusiones de las partes en contienda. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, lo que forma parte inseparable del concepto del debido proceso. -CONSIDERANDO (11): Que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo dispuesto en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia, en ese orden de ideas ha establecido la Corte que el derecho al debido proceso “se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”[2]. La Corte ha afirmado que para no obstaculizar el proceso, los jueces “tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”[3]. Por otra parte, la Corte estableció que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1[4] si se interponen trabas en el acceso a la justicia. En este sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina la Corte afirmó:Que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acuden a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.[5] -Si bien el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, y consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, la Corte Interamericana afirma que las limitaciones deben guardar correspondencia con el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho.-CONSIDERANDO (12): Que, en la misma línea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el jurista L. Alfredo de Diego Diez, sostiene que “En suma la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano capital, en cuanto garantiza la cabal defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas. Es un derecho inherente a la dignidad humana y, en cuanto derecho que los seres humanos tienen por el mero hecho de ser personas, se predica sin distinción ni restricción, incluyendo a todos: nacionales y extranjeros, sean habitantes o no de la República….”[6]; de Diego Diez sostiene que ni los jueces y tribunales pueden restringir este derecho con criterios rigoristas o puramente formalistas y señala como lo explica la STC 144/2004: 2.° El derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador en el marco de la Constitución (SSTC 4/1988, de 12 de enero, fj 5; 141/1988, de 29 de junio, jj 7). También puede verse conculcado el derecho de acceso a la tutela por aquellas interpretaciones de las normas que son manifiestamente erróneas, irrazonables o basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los intereses que se sacrifican, de forma que la negación de la concurrencia del presupuesto o requisito en cuestión sea arbitraria o irrazonable (por todas, STC 35/1999, de 22 de marzo, fj 4 y las en él citadas).[7] .-CONSIDERANDO (13): Que la sentencia cuestionada por el recurrente y que fuere dictada por Mayoría de Votos, resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación promovido por la parte demandante y en consecuencia confirma la resolución impugnada que inadmite a trámite la solicitud de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial, fundamentada en que ha operado la Afirmativa Ficta y sentencia emitida por este Alto Tribunal que confirma en efecto a operado la Afirmativa Ficta a favor del recurrente en Amparo; en el acápite quinto de los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida se expresa: (Sic) “Lo cierto es, que al revisar el contenido de los artículos señalados por el recurrente, los mismos no son determinantes en establecer expresamente que dichos documentos (Certificación de que ha operado la afirmativa ficta) tienen el carácter de títulos de ejecución, pues estos últimos (nos referimos a los títulos de ejecución) tienen que quedar establecidos de manera determinante y concreta en la Ley, es decir que deberá decirse que ese documento, que emite la autoridad administrativa, es título ejecutivo; porque los títulos de ejecución no son genéricos…”. La resolución en comento hace relación a los artículos 111 de la Ley de Municipalidades y 7 de la ley Orgánica de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y en general a los artículos 28, 29, 29-A y 29-B de la Ley de procedimiento Administrativo en relación al artículo 782.4 del CPC.-CONSIDERANDO (14): Que el artículo 782 del CPC a que hace alusión el recurrente, establece que procede la ejecución forzosa cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos, siempre que de ellos surja una obligación de pagar cantidad líquida y exigible. Es así que el numeral 4 de dicho precepto y que es invocado por el impetrante, argumentando que la Ley de Procedimiento Administrativo le da ese carácter de Título de Ejecución a la sentencia emitida por este Alto Tribunal y demás documentos acompañados en relación a que ha operado la Afirmativa Ficta señala: “En general, documentos que, por disposición de la ley, tengan reconocido ese carácter.”. En ese orden de ideas el Artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo define que la Afirmativa Ficta es la decisión normativa de carácter administrativo por el cual todas las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la Ley o las disposiciones administrativas se consideran aceptadas. Es así que en consonancia con esta declaración el último párrafo del artículo 29-A de la ley en comento determina: (Sic) “La certificación de Afirmativa Ficta, producirá todos los efectos legales de la resolución favorable que se pidió; y es deber de todas las personas y autoridades reconocerlas así.”; por ello y continuando con la eficacia de esta figura legal el precepto 29-B indica que si la certificación no fuese emitida en el plazo que señala el artículo anterior, la Afirmativa Ficta será eficaz[8]; y se podrá acreditar mediante la exhibición de la solicitud del trámite respectivo y de la petición que se hizo de la certificación ante el superior jerárquico, lo que se hará constar mediante Acta Notarial. –Lo subrayado es nuestro.-

CONSIDERANDO (15): Que en relación al tema que nos atañe el Código Procesal Civil Comentado establece: “El art. 782 del CPC precisa, como requisito indispensable para despachar ejecución, la exigibilidad o vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación. Unido al requisito de la exigibilidad, se asienta el de la liquidez de la deuda, convirtiéndose también en requisito esencial para el despacho de ejecución, el hecho de que se trate de una cantidad liquida. Liquidez de la cantidad reclamada que es un auténtico presupuesto de la acción ejecutiva.”; en relación a las categorías de Títulos Ejecutivos Extrajudiciales la referida obra indica: “Categorías de Títulos Ejecutivos Extrajudiciales. - El presente capítulo contempla los títulos ejecutivos (art. 782 CPC) diferenciando hasta cuatro categorías concretas de títulos ejecutivos, categorías que luego se abren o despliegan favoreciendo la aparición de una diversa tipología de específicos documentos que pueden dar lugar al despacho de ejecución. - Documentos que, por disposición de la Ley, tengan reconocido ese carácter. Habrá que estar para la integración de este apartado a las concretas disposiciones del CPC o eventualmente de otra Ley que otorguen tal virtualidad a una determinada documental. A título de ejemplo podemos enunciar el art. 681 CPC que confiere eficacia de título de ejecución a la documental con que se inicia el procedimiento monitorio, y en mérito de ella se despachará ejecución si el deudor no compareciera para oponerse al requerimiento de pago.” -Lo subrayado es nuestro CONSIDERANDO (16): Para Giuseppe Chiovenda[9] el título ejecutivo es el presupuesto o condición general de cualquiera ejecución y, por tanto, de la ejecución forzosa; Nulla executio sine título. Consta necesariamente (ad solemnitatem) en un documento escrito, del que resulte una voluntad concreta de ley que garantice un bien. Normalmente es una resolución jurisdiccional dirigida precisamente a declarar esa voluntad, como se ha visto hasta aquí. De manera excepcional es un acto administrativo o un contrato, pero tan claro y simple que se puede deducir de él la voluntad concreta de la ley, aunque no esté declarada, como la orden administrativa de pagar un impuesto (lista o matriz), o un acto contractual otorgado ante notario, o la letra de cambio. En todo título ejecutivo es necesario, pues, tener presente y diferenciado un doble significado y elemento, sustancial y formal. a) El título en sentido sustancial es el acto jurídico del que resulta la voluntad concreta de ley; y b) El título en sentido formal es el documento que contiene el acto. El autor señala que el título ejecutivo representa y tiene implícita la acción ejecutiva que está íntimamente ligada al título ejecutivo y al documento que la consagra, la posesión del documento es condición necesaria tanto para pedir actos ejecutivos como para llevarlos a cabo; y, por otra parte, la posesión del título ejecutivo es condición suficiente para que el acreedor obtenga el acto ejecutivo, sin que él deba probar también el derecho a la prestación[10].-CONSIDERANDO (17): Que, en ese orden de ideas, no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador[11]; asimismo el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía[12]. Para el Doctor Presentación Quesada aplicando las reglas del artículo 19 del Código Civil, el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, sostiene el autor que la Ley es un todo armónico; y entre sus distintas partes existe un verdadero enlace o conexión resultante del pensamiento que dominó al legislador en la emisión de la ley. Del contexto total de ella viene a resultar así la idea fundamental que puede aclarar el concepto del pasaje ambiguo u oscuro que se quiere interpretar[13]. En el caso sub júdice no se puede interpretar el precepto 782.4 del CPC, basados en criterios que, por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los interese que se sacrifican, desconociendo lo establecido en los preceptos 29, 29-A y 29-B de la Ley de Procedimiento Administrativo. Como corolario de lo anterior podemos concluir que, la documentación[14] acompañada por el recurrente en Amparo y presentada ante el A-quo a efecto de solicitar un despacho de Ejecución Forzosa, reúne los requisitos[15] de un Título Ejecutivo y tiene aparejada Ejecución; aunado a lo anteriormente expuesto se presume la legitimidad de los actos administrativos[16].- La administración tiene potestad de ejecutarlos a través de sus órganos competentes, previo apercibimiento.-CONSIDERANDO (18): Que, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta Sala es del criterio que no se deben poner obstáculos o trabas a las partes o interesados en determinado asunto, con el fin de hacer valer sus pretensiones en un proceso. De la resolución impugnada, esta Sala de lo Constitucional advierte que el razonamiento esgrimido por Mayoría de Votos de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, a efecto de declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación promovido por el Abogado José Almendarez Lizardo y ratificar la resolución emitida por el A-quo que inadmite a trámite la solicitud de Ejecución de un Título Extrajudicial, se sustenta en razonamientos rigurosos y formalismos excesivos, que revelan una clara desproporción entre los fines que se persigue con el acceso a los tribunales de justicia, a quienes a través de magistrados y jueces independientes, la Constitución ha encomendado la inconmensurable labor de impartir justicia gratuitamente en nombre del Estado, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes, sacrificando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva que invoca el recurrente, se le niega a éste la posibilidad real y efectiva de defender sus pretensiones, ante un órgano jurisdiccional del Estado en igualdad de condiciones.-CONSIDERANDO (19): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo, al inadmitir a trámite la solicitud de Ejecución de Título Extrajudicial, la cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, ello porque se ha emitido una resolución que se sustenta en razonamientos rigurosos y formalismos excesivos, pues se invocan preceptos legales sin el análisis de fondo correspondiente con el caso en concreto planteado; ejemplo de ello, cuales son las condiciones o requisitos que debe reunir un documento para tener el carácter de Titulo de Ejecución, negando con ello la posibilidad de acceso a los órganos jurisdiccionales del Estado; derecho garantizado en la Constitución de la República, lo que constituye obstáculos de acceso a la jurisdicción y a las entidades de la administración pública, consecuencia de ello la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, corolario de lo expuesto en el presente libelo, soslayando los demás derechos fundamentales invocados por el recurrente en amparo.-CONSIDERANDO (20): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.-CONSIDERANDO (21): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.-CONSIDERANDO (22): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que se declara Sin Lugar el Recurso de Apelación promovido por la parte demandante, inobservando las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A, 29-B y 30 de la Ley Procedimiento Administrativo, al realizar una interpretación de la ley basados en criterios que, por su rigorismo, formalismo excesivo revelen una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los interese que se sacrifican, interpretación que se realiza de forma aislada y no en una armonía adecuada, coherente y razonable de las disposiciones legales invocadas, impidiendo al peticionario, el poder acudir a los órganos jurisdiccionales que le escuche en relación a sus pretensiones y conforme a las disposiciones del debido proceso legal; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3 y 782.4, del Condigo Procesal Civil; 29, 29-A, 29-B y 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado JOSE ALMENDAREZ LIZARDO, a favor de la señora HAIDEE CHAVEZ AMAYA, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRACISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, restituyendo al recurrente en Amparo los derechos que le han sido vulnerados, observando las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo y en el Condigo Procesal Civil, evitando argumentos rigurosos y excesivos que suponen obstáculos de acceso a la justicia. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiuno (21) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0070-2018 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] En adelante CPC.

[2] Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52 & 128; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69 & 112, entre otras.

[3] Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, & 211. Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, & 156.

[4] Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

[5] Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, & 50. En ese sentido ver también Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, & 82; Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, & 95.

[6] L. Alfredo de Diego Díez. El derecho a la tutela judicial efectiva. Prontuario de Derecho Procesal Número 1. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 32.

[7] L. Alfredo de Diego Díez. El derecho a la tutela judicial efectiva. Prontuario de Derecho Procesal Número 1. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 40 y 41.

[8] El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico Volumen I, define eficacia en la siguiente forma: “Eficacia: 1. Adm. Principio básico de los varios a que está sometida la actuación de la Administración Pública, conforme al cual debe lograr en un tiempo razonable los objetivos de Interés Público que tiene establecidos. * <<La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho>> (CE, art. 103). 2. Adm. Capacidad para producir efectos que es característica de los actos administrativos. * <<Eficacia quiere decir que, desde el momento en que se dictan, los actos administrativos son susceptibles de generar derechos e imponer obligaciones inmediatamente exigibles>> (S. Muñoz Machado, Tratado, III). Ejecutividad, ejecutoriedad, principio de eficiencia en la programación y ejecución del gasto público, suspensión.”

[9] Giuseppe Chiovenda. Curso de derecho procesal civil. Oxford University Press México, S.A. de C.V. Primera Serie, volumen 6. Pág. 134.

[10] Ídem pág. 134.

[11] Artículo 17 del Código Civil.

[12] Ídem artículo 19.

[13] Presentación Quesada; Comentarios al Código Civil Hondureño. López y Cía. Tegucigalpa, Honduras 1967. pág. 100.

[14] Sentencia de Amparo que reconoce ha operado la Afirmativa Ficta.

[15] Giuseppe Chiovenda. Curso de derecho procesal civil. Oxford University Press México, S.A. de C.V. Primera Serie, volumen 6. Pág. 141 y 142. Para el autor en referencia el Titulo Ejecutivo debe contener ciertos requisitos, unos sustanciales (que se refieren al título como declaración), otros formales (que se refieren al título como documento). A) Requisitos sustanciales. a) Definitivo. El título es definitivo, como se ha visto, en el más completo sentido de la palabra, cuando no está sometido a impugnaciones ni a un periodo de conocimiento posterior. b) Completo. Es completa la declaración cuando es líquida. Debe recaer sobre la prestación y sobre la cuantía. c) No condicionado. La declaración no está sometida a condiciones ni a términos ni a limitaciones de cualquier clase. B) Requisitos Formales. a) La voluntad concreta de ley a realizar debe resultar de escritura, la cual no existe sino con las firmas exigidas por la ley (jueces y secretarios; partes no analfabetas y funcionario público; expedidor, etc.) , requisito constante para toda ejecución. b) El documento debe responder a ciertas garantías de autenticidad que la ley a veces exige. c) La suscripción en forma ejecutiva, requisito requerido solo para ciertas ejecuciones. d) Debe notificarse el título para que pueda procederse a la ejecución. Tampoco la notificación del título afecta al procedimiento de ejecución, sino a la acción ejecutiva, es decir, es una condición de la acción ejecutiva. Por esto se dice en las leyes que la notificación hace ejecutivo el título y que la resolución se hace título ejecutivo por la notificación.

[16] Vid. Artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo.