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Sentencia AC-697-19 — Registro 11484

Resumen

Sentencia en consulta sobreseyó recurso de amparo a favor de recurrente contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar recurso de reposición en virtud que los oficios solicitados para que dicha Entidad informe sobre deducciones realizadas a ejecutados ya constan en el expediente; en relación a demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial promovida por recurrente contra ejecutados en su condición de deudor principal y avales solidarios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala comparte el criterio emitido por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en su resolución de fecha seis de agosto del año dos mil diecinueve, al sobreseer la Demanda de Amparo interpuesta contra las actuaciones del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, pues no se ha agotado el trámite procesal correspondiente a fin de interponer la acción constitucional de amparo, pues el principio de legalidad y debido proceso exigen que el trámite debe apegarse a la norma, siendo necesario previo a la interposición de la acción constitucional agotar los recursos que la ley proporciona..."..."es criterio de esta Sala que no se ha vulnerado los derechos al debido proceso y legalidad invocados por el amparista, pues conforme lo dispone el artículo 699 del Código Procesal Civil “El auto que resuelva el recurso de reposición no se podrá recurrir, sin perjuicio de que la petición rechazada se haga valer como motivo en el recurso contra la resolución que ponga fin al proceso de manera definitiva.”; aunado a ello como bien lo indica el Ad-quem al plantear el recurso de apelación el recurrente tiene la posibilidad de pedirle al tribunal que conozca de dicho recurso que se practique la prueba que él considera que no se evacuó o debió evacuarse en primera instancia, por lo tanto dicho alegato puede ser recurrido en segunda instancia, de forma clara, precisa y debidamente fundamentada en relación al artículo 712.1.c del Código Procesal Civil; siendo así y por las razones antes señaladas esta Sala de lo Constitucional estima procedente confirmar la sentencia de amparo venida en consulta..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil veinte.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que sobreseyó el recurso de Amparo presentado por la parte demandada, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil diecinueve (2019); con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial, promovida por el Abogado Gabriel Miguel Ticas Lagos, en su condición de representante procesal de la COOPERATIVA MIXTA INFOP LIMITADA (COMIL), contra los Señores DANIEL ALFONSO SALGADO MENCIA, en su condición de deudor principal y contra los señores JOSÉ ADALID FLORES, LUIS FELIPE AGUILAR Y AUGUSTO DANIEL ZELAYA, en su condición de avales solidarios. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha vulnerado la garantía constitucional de Debido Proceso, contenido en el artículo 90 y el Principio de Legalidad contenido en los artículos 321 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado GABRIEL MIGUEL TICAS LAZO, en su condición de Representante Procesal de la COOPERATIVA MIXTA INFOP LIMITADA (COMIL), promoviendo Demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial, solicitando se despache ejecución por la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (1,271,892.09), más intereses y costas del juicio, contra el señor DANIEL ALFONSO SALGADO MENCIA en su condición de deudor principal y los señores JOSÉ ADALID FLORES, LUIS FELIPE AGUILAR Y AUGUSTO DANIEL ZELAYA en su condición de avales solidarios. (Folios del 1–3 de la Pieza de antecedentes del A-Quo).-2) Que seguido que fue el proceso, en fecha veintiocho de mayo el Abogado Lee Antonio Ramirez Paz, en su condición de representante procesal de los señores Daniel Alfonso Salgado Mencía deudor principal, José Adalid Flores Gonzales, Luis Felipe Aguilar Gutiérrez y Augusto Daniel Zelaya como fiadores solidarios, solicitó se librara nuevamente oficio al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), a fin de que se proceda dar estricto cumplimiento a lo solicitado por ese Juzgado de Letras Civil; en respuesta a su petición el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante providencia de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) resolvió: (Sic) “Admítase el escrito que antecede, el cual se manda a agregar a sus antecedentes.- En cuanto a lo solicitado por el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, En su condición de Representante procesal de la Parte Ejecutante, sin lugar, que consta en autos las respuestas brindadas a los oficios por parte del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)…” (Folios 248 y 249 de la pieza de antecedentes del A-quo).- 3) Que en respuesta al recurso de reposición presentado por el Abogado Lee Antonio Ramirez Paz, contra la resolución que se deja relacionada en el acápite anterior, mediante auto de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil diecinueve (2019), el citado Juzgado Resolvió: (Sic) “PRIMERO: Admítase el escrito que antecede, el cual se manda a agregar a sus antecedentes.- SEGUNDO: En cuanto al Recurso de Reposición interpuesto contra el auto de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve por él Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, en su condición de Representante Procesal de la parte ejecutada, SIN LUGAR, en vista que las respuestas por parte del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) al oficio librado por este Tribunal, contiene los datos solicitados, y los mismos ya constan en el presente expediente, en los cuales la Licenciada KARINA CELESTE VELASQUEZ, manifiesta que los ejecutados si mantienen retenciones, las cuales ya no se realizaran ya que los ejecutados no laboran en la institución….” (Folios del 252-254 y del 261-262 de la pieza de antecedentes del A-Quo).-4) Que en fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, interponiendo recurso de Amparo a favor de los señores DANIEL ALFONSO SALGADO MENCIA en su condición de deudor principal y los señores JOSÉ ADALID FLORES GONZALES, LUIS FELIPE AGUILAR GUTIÉRREZ Y AUGUSTO DANIEL ZELAYA en su condición de fiadores solidarios, contra la resolución de fecha diecisiete (17) de junio del dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el acápite que antecede.-(Folios del 1–7 de la pieza de antecedentes del Ad-Quem).-5) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) emitió su Sentencia, mediante la cual resolvió: (Sic) “1) Por recibido el Oficio Nº 790-JLCFM-2019 procedente del Juzgado de Letras Civil de este departamento, junto con el expediente número 0801-2016-08216-CPEE, en virtud del auto dictado por esta Corte en fecha 25 de julio de 2019. 2) Se SOBRESEE la acción de amparo interpuesta por el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, actuando en su condición de representante procesal de los señores DANIEL ALFONSO SALGADO MENCÍA como deudor principal, JOSÉ ADALID FLORES GONZALES, LUIS FELIPE AGUILAR GUTIÉRREZ y AUGUSTO DANIEL ZELAYA, contra la resolución de fecha 17 de junio de 2019, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que efectuadas las notificaciones de ley respecto a esta resolución, se envíe los autos en trámite de Consulta Obligatoria de la presente resolución a la Honorable Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia…” (Folios 24 y 25 de la pieza de antecedentes del Ad-Quem).-6) Que en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo civil venida en consulta, conocida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, contra la resolución de fecha diecisiete de junio, del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, contra la resolución de fecha treinta de mayo del mismo año dos mil diecinueve, que declara sin lugar se libre nuevamente los oficios al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial, promovida por el Abogado Gabriel Miguel Ticas Lagos, en su condición de representante procesal de la COOPERATIVA MIXTA INFOP LIMITADA (COMIL), contra los Señores DANIEL ALFONSO SALGADO MENCIA, en su condición de deudor principal y contra los señores JOSÉ ADALID FLORES, LUIS FELIPE AGUILAR Y AUGUSTO DANIEL ZELAYA, en su condición de avales solidarios.-CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha diecisiete de junio del año dos mil diecinueve, dictadas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, ha vulnerado la garantía constitucional de Debido Proceso, contenido en el artículo 90 y el Principio de Legalidad contenido en los artículos 321 y 323 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO 5: Que, del estudio de las diligencias, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha diecisiete de junio del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, contra la resolución de fecha treinta de mayo del mismo año dos mil diecinueve, que declara sin lugar se libre nuevamente los oficios al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).- CONSIDERANDO 6: Que esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos de debido proceso y legalidad, los expone al referir que el Juez A-quo no aplico el alcance ni las formalidades que manda la ley, tal y como se desprende de la simple lectura del auto de fecha 30 de mayo del año 2019; que el objeto y alcance del medio de prueba referido, tienen como propósito fundamental que la dependencia de Recursos Humanos del Instituto nacional de Formación Profesional (INFOP), informara al órgano jurisdiccional cuales eran las deducciones realizadas a sus representados, la razón por la cual se realizaban las mismas y el motivo por el cual se dejaron de realizar; continua expresando el peticionario que esa judicatura al persistir con la sustanciación del proceso, sin tener cumplimentados oficios referidos y propuestos en la audiencia de oposición, vulnera con ello el debido proceso, el derecho a la legitima defensa y el principio de legalidad.-CONSIDERANDO 7: Que como lo ha dejado plasmado esta Sala en reiteradas sentencias, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; en ese orden de ideas y previo a la interposición de la acción de amparo, el impetrante debe agotar los recursos ordinarios que la ley ha puesto a su disposición para hacer valer sus pretensiones, en el caso de negativa de un órgano jurisdiccional inferior ante sus peticiones, ello en relación al derecho constitucional que le asiste y sólo excepcionalmente interpondrá la garantía de amparo, pues como la misma normativa procesal constitucional lo instituye, la ley tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, haciendo prevalecer los principios que rigen la garantía de amparo entre ellos la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; lo resaltado a efecto de indicar que el debido proceso se encuentra in situ en el artículo 90 de la Constitución de la República, entendiendo éste como un principio que incluye un sin número de derechos fundamentales como ser el acceso a los tribunales, a ser oído en el proceso, aportación de prueba en igualdad de condiciones, juez imparcial, respeto a los plazos y términos establecidos en la ley, acceso a un recurso sencillo entre otros.-CONSIDERANDO 8: Que la garantía de Amparo, es un medio extraordinario o sui generis, para invalidar los actos de autoridad, lo cual implica que sólo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes –Principio de Definitividad-. De tal modo que, si existiese la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso legal y la Acción de Amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, puesto que se convertiría en un medio común de defensa.-CONSIDERANDO 9: Que acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional enumera aquellos casos en los cuales será inadmisible la acción constitucional de Amparo, específicamente el numeral 7 señala: “En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal;…”; esta Sala comparte el criterio emitido por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en su resolución de fecha seis de agosto del año dos mil diecinueve, al sobreseer la Demanda de Amparo interpuesta contra las actuaciones del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, pues no se ha agotado el trámite procesal correspondiente a fin de interponer la acción constitucional de amparo, pues el principio de legalidad y debido proceso exigen que el trámite debe apegarse a la norma, siendo necesario previo a la interposición de la acción constitucional agotar los recursos que la ley proporciona.-CONSIDERANDO 10: Que es criterio de esta Sala que no se ha vulnerado los derechos al debido proceso y legalidad invocados por el amparista, pues conforme lo dispone el artículo 699 del Código Procesal Civil “El auto que resuelva el recurso de reposición no se podrá recurrir, sin perjuicio de que la petición rechazada se haga valer como motivo en el recurso contra la resolución que ponga fin al proceso de manera definitiva.”; aunado a ello como bien lo indica el Ad-quem al plantear el recurso de apelación el recurrente tiene la posibilidad de pedirle al tribunal que conozca de dicho recurso que se practique la prueba que él considera que no se evacuó o debió evacuarse en primera instancia, por lo tanto dicho alegato puede ser recurrido en segunda instancia, de forma clara, precisa y debidamente fundamentada en relación al artículo 712.1.c del Código Procesal Civil; siendo así y por las razones antes señaladas esta Sala de lo Constitucional estima procedente confirmar la sentencia de amparo venida en consulta. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2.2.a) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.7), 49.3), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de agosto del año dos mil diecinueve. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0697-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL