Sentencia AC-660-19 — Registro 13427
Resumen
Se interpuso recurso contra la resolución que anuló la sentencia que otorgó el recurso de amparo, relacionadas al despojo violento de una parte de la propiedad inmueble, derribamiento de muros perimetrales y no permitir el pago de bienes inmuebles sobre el predio con clave catastral No. 10-0074-242, ubicado a inmediaciones de las colonias La Minitas y Tepeyac de esta ciudad Capital. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 64, 82, 90, 94 y 103 de la Constitución de la Republica.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… CONSIDERANDO (5): Que el fallo de la consulta se conoce en la Sala de lo Constitucional, a petición de estudio, es el dictado por la Corte Primera de Apelaciones Civil de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, por medio de la cual, por mayoría de votos, ANULA la sentencia de amparo dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GRACIELA ESTELA LOPEZ MEJIA, a favor de la Sociedad Mercantil denominada SERVICIOS DE COMIDAS S. DE R.L DE C.V. (SERCO S. DE R.L.), contra actuaciones del JUZGADO DE POLICÍA y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, respectivamente, relacionadas al despojo violento de una parte de la propiedad inmueble, derribamiento de muros perimetrales y no permitir el pago de bienes inmuebles sobre el predio con clave catastral No. 10-0074-242; ordenando, a la vez, que el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, anule todas sus actuaciones y se declare incompetente para conocer de la aludida demanda de amparo; motivando sus actuaciones en lo relacionado en el Antecedente 2) de la presente sentencia. “CONSIDERANDO (6): Que si bien el resolutivo bajo estudio es de carácter anulatorio; debe atenderse lo prescrito en el artículo 321 de la Constitución de la República, contentivo del principio de legalidad administrativa; con relación a lo normativizado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que a la letra dice: “DE LA SENTENCIA QUE RECAIGA EN LA CONSULTA. El órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en el Artículo anterior fallará con sólo la vista de autos, dentro de seis (6) días de haberlos recibido, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.” CONSIDERANDO (7): Que lo anteriormente expuesto y fundamentado pone de manifiesto su carácter tutelar extraordinario, en resolución del amparo en el grado de consulta; cuyo objeto primordial es mantener y/o restituir a la persona humana en el goce y disfrute de los derechos y libertades que la Constitución establece, ante actuaciones lesivas, restrictivas, tergiversadoras o nugatorias por parte de la autoridad constituida y aun de entidades que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, contrato u otra resolución valida; antes que formalizar una determinada organización y distribución de competencias. CONSIDERANDO (8): Que por lo anteriormente motivado, constituye diligencia apropiada de la presente garantía constitucional de amparo en su grado de consulta, ordenar la devolución de las presentes diligencias al Tribunal colegiado de su procedencia, a efecto que falle con sólo la vista de autos, dentro de seis (6) días de haberlos recibido: “… reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada (…)”;comunicando inmediatamente lo resuelto por el medio de comunicación más efectivo, a la autoridad recurrida, ordenando su cumplimiento.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de octubre de dos mil veinte. VISTO: En estudio a petición de parte, las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, que anuló la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GRACIELA ESTELA LOPEZ MEJIA, a favor de la Sociedad Mercantil denominada SERVICIOS DE COMIDAS S. DE R.L DE C.V. (SERCO S. DE R.L.), contra actuaciones del Juzgado de Policía y la Alcaldía Municipal del Distrito Central, respectivamente, relacionadas al despojo violento de una parte de la propiedad inmueble, derribamiento de muros perimetrales y no permitir el pago de bienes inmuebles sobre el predio con clave catastral No. 10-0074-242, ubicado a inmediaciones de las colonias La Minitas y Tepeyac de esta ciudad Capital, propiedad de la Sociedad Mercantil denominada SERVICIOS DE COMIDAS S. DE R.L DE C.V., (SERCO S. DE R.L,). Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 64, 82, 90, 94 y 103 de la Constitución de la Republica. ANTECEDENTES 1) Que en fecha trece de febrero de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán remitió para su consulta a la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GRACIELA ESTELA LOPEZ MEJIA, a favor de la Sociedad Mercantil denominada SERVICIOS DE COMIDAS S. DE R.L DE C.V., contra actuaciones del Juzgado de Policía y la Alcaldía Municipal del Distrito Central, respectivamente; sentencia que resulta estimatoria de la demanda de amparo en mención. 2) Que, seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo de la Corte Primera de Apelaciones Civil de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, mediante la cual, por mayoría de votos, FALLA: PRIMERO: Anulando la sentencia de fecha veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Que el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, anule todas sus actuaciones y se declare incompetente para conocer de la demanda de amparo aludida; siendo fundamento del voto mayoritario lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución de la República con relación a lo estipulado en los artículos 11.2.b) y 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el cual indica que los Juzgados de Letras, en sus respectivas jurisdicciones y competencias, conocerán y resolverán del recurso de amparo en el caso, de violaciones cometidas por las Corporaciones Municipales o alguno de sus miembros, inclusive los Jueces de Policía y Alcaldes Auxiliares y que; dentro de la esfera del Derecho Público, el Estado y sus instituciones, incluyendo las Corporaciones Municipales y los Jueces de Policía, son objeto de responsabilidad cuando los Servidores Públicos, a través de sus resoluciones, ya sea por acción u omisión causan daños en los bienes o derechos de los particulares; para cuyo conocimiento se encuentra establecida la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (Artículos 1, 2.b) y 3.b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo). Por su parte, el voto particular se inclina por la prevalencia del principio de legalidad en impartición de la justicia constitucional, por lo cual su criterio es por la confirmatoria de la sentencia de amparo conocida en vía Consulta Obligatoria, en vista a que las acciones de la entidad recurrida se han manifestado sin que exista expediente administrativo, u orden expresa, de que se procediera como se hizo, lo cual ocasionó violación a los derechos constitucionales del recurrente. Y que si bien, la interpretación de competencia objetiva pudiera también tener algún asidero, por considerarse que el Juzgado competente es el de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que, en esta etapa del juicio de amparo, no resulta concluyente ya un pronunciamiento en este sentido, porque el sistema de justicia constitucional ha funcionado sobre uno de sus ejes principales, como es la protección a los derechos fundamentales. (Folios 128 al 131 de la pieza de antecedentes)
- Que en fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, a petición de parte, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GRACIELA ESTELA LOPEZ MEJIA, a favor de la Sociedad Mercantil denominada SERVICIOS DE COMIDAS S. DE R.L DE C.V., en base a la normativa precitada de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional y manda, que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68 de la referida Ley, vendrán en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que las funciones que la Ley Sobre Justicia Constitucional atribuye a la Corte Suprema de Justicia, serán cumplidas por ésta, a través de la Sala de lo Constitucional, a la cual corresponde la jurisdicción constitucional. En este sentido, será únicamente la Sala de lo Constitucional, la encargada de definir el o los procedimientos para conocer de los asuntos que se sometan a la decisión de la Justicia Constitucional, en los casos no previstos por ley; facultada para dictar acordadas y circulares en la administración de la Justicia Constitucional y brindar en última instancia, una adecuada tutela a los derechos fundamentales en el ámbito garantista. CONSIDERANDO (3): Que congrua jurisprudencia de la Sala,[1] ha establecido que tal positivización reglamentaria, necesariamente implica, que al definir los procesos pertinentes a ser observados por los órganos de la justicia Constitucional en lo no previsto por la Ley, la Sala deberá observar como reglas fundamentales, las establecidas taxativamente por la ley, siendo estas las de economía procesal, la informalidad, la sumariedad, la oficiosidad, la independencia, la publicidad, la gratuidad, la celeridad, la prevalencia del derecho sustancial, la eficacia y el debido proceso. Siendo estos tres últimos, los de mayor relevancia para efectos de definir que considera esta Sala como una norma que garantiza la efectiva tutela adjetiva, a ser observada en lo no previsto por la ley. CONSIDERANDO (4): Que el fallo de la consulta se conoce en la Sala de lo Constitucional, a petición de estudio, bajo autorización del artículo 68, párrafo primero, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; el cual autoriza a la Sala a resolver discrecionalmente sobre su admisión; considerándose favorabilidad a su admisión, dada su relevancia procesal constitucional. CONSIDERANDO (5): Que el fallo de la consulta se conoce en la Sala de lo Constitucional, a petición de estudio, es el dictado por la Corte Primera de Apelaciones Civil de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, por medio de la cual, por mayoría de votos, ANULA la sentencia de amparo dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GRACIELA ESTELA LOPEZ MEJIA, a favor de la Sociedad Mercantil denominada SERVICIOS DE COMIDAS S. DE R.L DE C.V. (SERCO S. DE R.L.), contra actuaciones del JUZGADO DE POLICÍA y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, respectivamente, relacionadas al despojo violento de una parte de la propiedad inmueble, derribamiento de muros perimetrales y no permitir el pago de bienes inmuebles sobre el predio con clave catastral No. 10-0074-242; ordenando, a la vez, que el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, anule todas sus actuaciones y se declare incompetente para conocer de la aludida demanda de amparo; motivando sus actuaciones en lo relacionado en el Antecedente 2) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (6): Que si bien el resolutivo bajo estudio es de carácter anulatorio; debe atenderse lo prescrito en el artículo 321 de la Constitución de la República, contentivo del principio de legalidad administrativa; con relación a lo normativizado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que a la letra dice: “DE LA SENTENCIA QUE RECAIGA EN LA CONSULTA. El órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en el Artículo anterior fallará con sólo la vista de autos, dentro de seis (6) días de haberlos recibido, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.” CONSIDERANDO (7): Que lo anteriormente expuesto y fundamentado pone de manifiesto su carácter tutelar extraordinario, en resolución del amparo en el grado de consulta; cuyo objeto primordial es mantener y/o restituir a la persona humana en el goce y disfrute de los derechos y libertades que la Constitución establece, ante actuaciones lesivas, restrictivas, tergiversadoras o nugatorias por parte de la autoridad constituida y aun de entidades que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, contrato u otra resolución valida; antes que formalizar una determinada organización y distribución de competencias.[2] CONSIDERANDO (8): Que por lo anteriormente motivado, constituye diligencia apropiada de la presente garantía constitucional de amparo en su grado de consulta, ordenar la devolución de las presentes diligencias al Tribunal colegiado de su procedencia, a efecto que falle con sólo la vista de autos, dentro de seis (6) días de haberlos recibido: “… reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada (…)”;[3] comunicando inmediatamente lo resuelto por el medio de comunicación más efectivo, a la autoridad recurrida, ordenando su cumplimiento. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 70, 80, 82, 90, 99, 103, 303, 304, 313 No.5, 316 No. 1, 320 y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 4, 5, 9, 41, 42, 45, 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: REVOCANDO el fallo de consulta obligatoria a petición de estudio conocido en La Sala de Lo Constitucional, según proferido por la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de marzo de dos mil diecinueve. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Colegiado Constitucional de su procedencia, para el único efecto resuelva; en congruencia a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la sentencia allegada en Consulta Obligatoria, ante ese Tribunal de Garantía Constitucional; por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha catorce de octubre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-0660-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Seguimos aquí la Resolución recaída en Petición de Estudio a solicitud de parte del AA 248=13 en fecha nueve de diciembre del dos mil trece, emitida por esta Alta Sala de Justicia Constitucional.
[2] V. gr. Artículo 41, último párrafo de la LSJC, que manda cuando la acción de amparo se interpusiese ante un Órgano Jurisdiccional incompetente, éste deberá remitir el escrito original al Órgano Jurisdiccional competente,
[3] Al tenor del precitado artículo 69 de la LSJC.