Sentencia AC-643-16 — Registro 11819
Resumen
Sentencia en consulta denegó acción de amparo contra actuaciones dictadas por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar excepciones de cosa juzgada y prescripción adquisitiva de derechos reales promovida por demandados en demanda ordinaria reivindicatoria de dominio de fracciones de terrenos junto con derechos reales necesarios, nulidad, cancelación de asientos registrales promovida por Lotificadora Las Lomas S A contra recurrente; el Tribunal de Alzada consideró que hay causal de inadmisibilidad de la acción de mérito
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la acción de amparo se dirige contra el auto del once de noviembre del año dos mil quince, el cual confirmó el auto emitido el primero de septiembre del año dos mil quince, mismo que fue recurrido por considerar que el Principio de Inmediación se vulneró mediante la subrogación del conocimiento del proceso. Al respecto esta Sala aprecia que según las facultades que le otorga la Constitución de la República, el juez es la única persona integrante del órgano jurisdiccional a quien le compete juzgar (art. 90 constitucional), lo que implica que ha de ser el propio juez, quien dicte la sentencia con absoluta imparcialidad e independencia. El Juez se integra a un órgano jurisdiccional para administrar justicia, pero, de igual manera puede dejar de integrarlo por diversas circunstancias, o aun integrándolo en un Centro de Justicia donde existen varios jueces; si el Juez dejare de conocer de la carga de trabajo a su cargo y pasa a conocer otra, como resultado de cuestiones de rotación para lograr mantener el principio de transparencia judicial, independencia e imparcialidad, otro Juez que goza de la misma jurisdicción y competencia vendrá a conocer de aquel asunto y con igual celo debe mantener los principios señalados, como inherentes a todo Juzgador. Es así que, por justas y legales razones el Juez podría dejar de ostentar el cargo, ya por un ascenso, sustitución, destitución, rotación o fallecimiento, recusación o excusa, en cuyo caso las resoluciones que hubiere dictado en su momento, mantendrán su validez y legalidad, en consecuencia, será un nuevo Juez el que asuma el conocimiento de los asuntos dejados por el anterior. De esta forma, se mantiene la existencia del órgano jurisdiccional o tribunal como institución y la existencia de la figura del juez, que debe ser constituido para ejercer la jurisdicción en forma general y abstracta y no para juzgar el hecho específico de que se trata, no así la persona en sí que es variable y circunstancial en los cargos. .."..."se concluye que en el caso de autos no se ha quebrantado el Principio de Inmediación, pues de acuerdo al estudio, quedó plenamente establecido que la Juez que inició el proceso, se pronunció acerca de los defectos procesales invocados por la parte demandada. Al mismo tiempo, es indubitable que la audiencia preliminar fue suspendida para continuarse después, en virtud de la excusa de la A quo, presentada y declarada con lugar, razón por la que se subrogó el conocimiento de la demanda. Hasta ese momento, todo lo actuado en el inicio de la audiencia preliminar fue resuelto sin que quedara pendiente la acción recursiva de la parte demandada, entendiendo esta Sala que, en la impugnación al auto del 11 de noviembre, que confirma el auto del 01 de septiembre del 2015, el Juez se pronuncia sobre lo solicitado por el impugnante, que es precisamente, la supuesta vulneración del Principio de Inmediación. Es menester advertir, que todo el análisis anterior, se realiza, en observancia al principio de motivación de las sentencias y a la obligatoriedad de contestar a todas las pretensiones –en este caso agravios- planteados por el recurrente, no obstante, el mismo carece de aplicabilidad en este caso, en tanto en cuanto se observa que, el Tribunal de segunda instancia, debió advertir la existencia de la excepción de cosa Juzgada, y decantarse por la potestad de impartir Justicia dada por el pueblo, y alejarse de un legalismo procesal que si bien, observable, no procede cuando se contrapone a un derecho fundamental superior, en este caso el derecho a la propiedad y el respeto a la majestad de la cosa Juzgada, lo cual devenía obligado a garantizar, pues de ahí depende la seguridad jurídica en cualquier país considerado estado constitucional de derecho..."..."esta Sala ha estudiado a la luz de los principios y normas de la justicia constitucional, lo expuesto por el impetrante, sin embargo, debe pronunciarse acerca de la vulneración al Debido Proceso, en principio, por el A-quo, encontrando que este ha sido quebrantado cuando no se reconoció y consecuentemente no se aplicaron las exigencias, requisitos y solemnidades de la ley, al inobservar que existe Cosa Juzgada Material, por lo que no se debió continuar con el conocimiento de dicho proceso. La continuación del proceso constituye la grave vulneración al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República...."..."esta Sala de acuerdo a lo expuesto, encuentra que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de Choluteca, departamento de Choluteca, no se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, ya que del estudio realizado no se aprecia la causa relacionada con el artículo 46 numeral uno (1) de La Ley Sobre Justicia Constitucional, referido a las cuestiones de mera legalidad, porque las causas de inadmisibilidad conducen a dictar un sobreseimiento, ya que no permiten conocer el fondo de la acción, por no satisfacer los requisitos de admisibilidad, por lo que el Juez constitucional no puede pronunciarse al respecto; sin embargo, en el caso que nos ocupa, el Ad-quem ha realizado una apreciación jurídica de fondo de los hechos y resoluciones emitidos por el A quo, estudiando muy bien los antecedentes, pero se decantó por otorgar más valor a las formas procesales que al verdadero fondo del asunto. Es decir, El Ad-quen debió advertir dos escenarios, ambos evidentes: 1.- La existencia de cosa Juzgada y 2.- La no interposición del recurso de apelación del auto que declaro NO HA LUGAR la excepción de cosa Juzgada, por parte del recurrente. Ante este panorama jurídico, el Ad-quem, despojado de su papel de Juez de instancia, y elevado a aplicador de justicia constitucional, estaba obligado a aplicar el principio de congruencia, el que “obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal. El fundamento, pues, de la incongruencia se encuentra en que son las partes las que determinan lo que someten a la decisión judicial. Desde el punto de vista del actor, porque él fija el objeto del proceso por medio de la pretensión, y desde la perspectiva del demandado porque él puede contribuir a delimitar (no el objeto del proceso) pero sí el objeto del debate por medio de la alegación de excepciones materiales.” En este sentido, se estima que el A-quem, vulnera el debido proceso al no haber aplicado el contenido del numeral 2 del artículo 7 del Código Procesal Civil que manda “…El órgano jurisdiccional adecuará la exigencia de las normas al logro de los fines del proceso, respetando las garantías legalmente establecidas”. Optando finalmente por considerar que existe una causa de inadmisibilidad, pero Deniega el amparo en vez de dictar un sobreseimiento como lo ordena el artículo 46 último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional. En ese orden de ideas ésta Sala después del estudio de los antecedentes, aprecia que no existen causas de inadmisibilidad, considerando que de acuerdo al estudio realizado Se Debe Otorgar la acción de amparo por ser evidente en el proceso la existencia de Cosa Juzgada material..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 210 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de septiembre de dos mil veinte. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, Departamento de Choluteca, de fecha nueve de junio del año dos mil dieciséis (2016), que denegó la acción de amparo interpuesto por el Abogado TONY HUMBERTO RIVERA ANDINO a favor de los señores GUSTAVO VILLELA SUAZO, VICTOR ORLANDO ZAPATA, ABRAHAN ADAN ANDONIE BENDECK y ANDRES FRANCISCO RIVERA ROSA, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, departamento de Valle, en fecha once (11) de noviembre del año dos mil quince (2015), con relación a la demanda de reivindicación de dominio promovida por la Sociedad Mercantil denominada LOTIFICADORA LAS LOMAS S.A, contra los señores GUSTAVO ALEJANDRO VILLELA SUAZO, VICTOR ORLANDO ZAPATA, ALEYSI GABRIELA ZAPATA y OTROS.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en el artículo 1, 64, 82, 90, 321, 323, 324 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil quince (2015), el Abogado TONY HUMBERTO RIVAS ANDINO, compareció ante la Secretaría de la Sala, interponiendo Recurso de Amparo a favor de los señores GUSTAVO ALEJANDRO VILLELA SUAZO, VICTOR ORLANDO ZAPATA, ABRAHAN ADAN ANDONIE BENDECK y ANDRES FRANCISCO RIVERA ROSA, habiéndose declarado esta Sala incompetente para conocer el Recurso de Amparo remitiendo los antecedentes en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil quince (2015), a la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, por ser este el Tribunal Competente. 2) Que en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil quince (2015), compareció ante la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, el Abogado TONY HUMBERTO RIVAS ANDINO, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores GUSTAVO ALEJANDRO VILLELA SUAZO, VICTOR ORLANDO ZAPATA, ABRAHAN ADAN ANDONIE BENDECK y ANDRES FRANCISCO RIVERA ROSA, contra actuaciones de fecha once (11) de noviembre del año dos mil quince (2015), dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, departamento de Valle, en donde dicho Juzgado resolvió: Declara SIN LUGAR, en virtud que el citado Principio de Inmediación, consignado en el artículo 16 numeral 1 del Código Procesal Civil, no se ha violentado puesto que solamente se ordenó la continuación de la audiencia preliminar suspendida para efecto de fijar con precisión la pretensión y la oposición, así como los términos de su debate y para proponer y admitir la prueba de que intenten valerse las partes en la Audiencia Probatoria, es decir no se ha presenciado y dirigido la práctica de las pruebas por parte de este Tribunal. (Folio 435 al 436 de la pieza del Juzgado). 3) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha nueve (9) de junio del año dos mil dieciséis (2016), emitió su fallo, mediante el cual RESOLVIO: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado TONY HUMBERTO RIVERA ANDINO, actuando en su condición de Representante Procesal GUSTAVO VILLELA SUAZO, VICTOR ORLANDO ZAPATA, ABRAHAN ADAN ANDONIE BENDECK y ANDRES FRANCISCO RIVERA ROSA, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Departamento de Valle, con relación a la DEMANDA DE REIVINDICACIÓN DE DOMINIO DE FRACCIONES DE TERRENO JUNTO CON LOS DERECHOS REALES ACCESORIOS POR LA VÍA DEL PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO.- NULIDAD DE ASIENTOS REGISTRALES Y CANCELACIÓN DE LOS MISMOS.- INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, INTERESES Y COSTAS JUDICIALES.- SOLICITA EL AUXILIO JUDICIAL PARA EL EMPLAZAMIENTO DE ALGUNO DE LOS DEMANDADOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DEL LITISCONSORCIO NECESARIO Y LIBRAMIENTO DE COMUNICACIONES MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES EXHORTOS.(Folio 76 a 84 de la pieza de Corte de apelaciones). 3) Que en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo resueltos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que esta Sala de lo Constitucional, ha analizado los antecedentes en el presente caso y resumiéndolos de la siguiente manera: una vez admitida la demanda de reivindicación de dominio promovida por la Sociedad Mercantil denominada LOTIFICADORA LAS LOMAS S.A, contra los señores GUSTAVO ALEJANDRO VILLELA SUAZO, VICTOR ORLANDO ZAPATA, ALEYSI GABRIELA ZAPATA y OTROS (F 203, 204), con fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil catorce (2014), ante el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, Valle, los abogados demandados procedieron a contestar la demanda y opusieron en ese mismo escrito el defecto Procesal de 1.- Cosa Juzgada y 2.- el de Prescripción adquisitiva de derechos reales, lo que se ratificó en la audiencia preliminar celebrada en fecha siete de noviembre de dos mil catorce. La A-quo, invocando el artículo 180 del Código Procesal Civil, interrumpió la audiencia manifestando que en días posteriores daría a conocer su resolución en cuanto a ambos defectos procesales opuestos. CONSIDERANDO: (4) Que en fecha cinco de diciembre del año dos mil catorce, la A quo RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR las excepciones de cosa juzgada y prescripción adquisitiva de derechos reales promovida por los demandados: GUSTAVO ALEJANDRO VILLELA SUAZO, VICTOR ORLANDO ZAPATA, ABRAHAM ADAN ANDONIE BENDECK, Y ANDRES FRANCISCO RIVERA ROSA, en la demanda de mérito, señalando el día veinticuatro de febrero del dos mil quince, para continuar la audiencia preliminar, indicándole a las partes que contra esta resolución cabe el recurso de Reposición. (F 342, 343, 344 primera pieza). CONSIDERANDO:(5) Que habiéndose seguido el trámite correspondiente, la parte demandada interpuso el recurso de Reposición y la parte demandante formuló oposición a la impugnación en el momento oportuno. En fecha tres de marzo del año dos mil quince, la A quo resolvió el recurso de REPOSICIÓN interpuesto contra la resolución que declaró sin lugar las excepciones de cosa juzgada y prescripción adquisitiva de derechos reales promovida por la parte demandada DECLARADO NO HA LUGAR el referido Recurso(F. 386 primera pieza); ordenando seguir el curso normal de la audiencia preliminar, para tal efecto, señaló el día veinticuatro de abril del año dos mil quince, como el día en que debía continuarse dicha audiencia, misma que no fue celebrada por no haberse notificado del auto de fecha tres de marzo del mismo año a los apoderados de la parte demandada. CONSIDERANDO: (6) Que en fecha diecinueve de mayo del año dos mil quince (2015), se continuo la audiencia preliminar. La Juez A quo, antes de ceder el uso de la palabra a las partes, se excusó de seguir conociendo del proceso en virtud de considerarse comprendida en una de las causales de recusación contenida en el artículo 188 No. 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (F.406, y 408). En fecha 28 de mayo 2015, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia emitió el oficio No. 964-SCSJ-2015 en el que se transcribe la providencia recaída en la Excusa presentada por la A quo conocedora de la demanda de reivindicación de dominio que se conoce, aprobando la abstención de la Juez IRIS AMANDA HERNANDEZ RODRIGUEZ, para que no conozca de la demanda de reivindicación de dominio de fracción de terreno junto con sus derechos reales y accesorias por la vía del proceso declarativo ordinario, registrada bajo el número 1703-2014-00003, subrogando el conocimiento de dicha demanda al Juez del Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo departamento de Valle.(F410 primera pieza). CONSIDERANDO: (7) Que en fecha uno (01) de septiembre del año dos mil quince (2015), el Juez de Letras Seccional de San Lorenzo Departamento de Valle, dicta resolución mediante la cual: A) se ordena continuar la audiencia preliminar, señalando en su fundamento de derecho que, habiéndose remitido a ese Juzgado la diligencia por orden de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, considera que es competente para conocer del proceso y continuar con el trámite de la audiencia preliminar suspendida, con el objeto de fijar con precisión la pretensión y la oposición, así como los términos del debate y para proponer y admitir la prueba de que intenten valerse las partes en la audiencia probatoria, para tal efecto señaló audiencia para el día nueve de noviembre del año dos mil quince (F424 y425). Contra esta resolución, el representante de la parte demandada presentó recurso de reposición en virtud de considerar que tal resolución causa agravios a sus representados, por vulnerarles el Principio de Inmediación, contenido en el artículo 16 del Código Procesal Civil, diciendo el recurrente que se violenta este principio porque el Juez que dicte la sentencia ha de ser el que haya presenciado y dirigido la práctica de las pruebas, salvo las excepciones previstas, so pena de nulidad desde la citación para la audiencia probatoria o equivalente(F.428, 429, 430 Y 431 primera pieza); asimismo, en fecha seis de noviembre del dos mil quince, se formuló oposición a dicho recurso por la parte demandante (F433 y 4334 primera pieza), mismo que fue resuelto por el A quo en fecha 11 de noviembre del año 2015, declarándolo sin lugar, en virtud de considerar que el principio de inmediación no se ha violentado, "puesto que solo se ordenó la continuación de la audiencia preliminar suspendida, para efecto de fijar la pretensión y la oposición así como los términos del debate y para proponer y admitir la prueba de que intenten valerse las partes en la audiencia probatoria, es decir no se ha presenciado y dirigido la práctica de las pruebas por parte de este Tribunal; B) por otra parte, el Tribunal se sustenta para continuar conociendo del proceso, en la subrogación judicial ordenada mediante Providencia con Registro No. SC-147-2015 de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince (2015) de la Sala Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, donde estimó justificada y aprobó la abstención de la Juez IRIS AMANDA HERNANDEZ RODRIGUEZ". C) En consecuencia, continúese con la tramitación normal de la Audiencia Preliminar suspendida, estándose a lo ordenado en el Auto no definitivo de fecha primero de septiembre de dos mil quince (2015)". Señalando audiencia para el día 30 de noviembre del 2015, señalando que de acuerdo al artículo 699 del Código Procesal Civil, el presente auto que resuelve el recurso de Reposición no se podrá recurrir. A petición de la parte demandada la audiencia fue reprogramada para el día 3 de diciembre del año 2015 F439, 440, 441 primera pieza). CONSIDERANDO: (8) Que el día 3 de diciembre del año 2015, se celebró la CONTINUACIÓN de la audiencia preliminar, consta en el acta (a Folio 446 primera pieza), que la A quo dejó establecido que ya el Juzgado de la Sección Judicial de Amapala, departamento de Valle, se pronunció respecto de los defectos procesales declarándoles No Ha Lugar, los cuales corren en el expediente de mérito a folios 342 y 344. Las partes expusieron sus pretensiones y los medios de prueba de que se harían valer en proceso. (F.446, 447, 448, 449, 450,451, y 452 primera pieza). CONSIDERANDO:(9) Que en fecha 24 de noviembre del año 2015, el recurrente interpuso recurso de amparo, contra el auto de fecha 11 de noviembre del 2015, por medio del cual se confirma la resolución de fecha uno de septiembre del 2015, emitida por el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo Valle, señalando que se han violado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero. Explica el recurrente que el auto emitido el 01 de septiembre del 2015 declara: "en consecuencia, para continuar con el trámite de la Audiencia Preliminar suspendida con el objeto de fijar con precisión la pretensión y la oposición, así como los términos del debate, y para proponer y admitir la prueba de que intenten valerse las partes en la audiencia Probatoria", señalando que no se pronunció del defecto de cosa juzgada y de prescripción. CONSIDERANDO: (10) Que esta Sala, del estudio de los antecedentes apreciará aspectos relevantes decisorios, para dilucidar la controversia en cuanto si se han violentado los derechos fundamentales del recurrente, como el quehacer fundamental del Juez constitucional en cuanto a la protección, respeto y garantía del ejercicio de los derechos de las personas, reconocidos constitucionalmente y como Derechos Humanos reconocidos internacionalmente. Siguiendo esta base jurídica, desde un prisma constitucional, analizamos cada momento y actuación procesal, concluyendo: 1.- que se impugna el auto de fecha 11 de noviembre del 2015 por medio del cual se confirma la resolución de fecha uno de septiembre del 2015, considerando violentados los derechos contenidos en el artículo 82 del Derecho a la Defensa y el artículo 90 del Debido Proceso. El recurrente señala específicamente que el A quo no se pronunció del defecto de cosa juzgada y de prescripción. Al respecto esta Sala ha examinado las diligencias procesales y las resoluciones dictadas en el proceso de mérito encontrando: 1) que en fecha cinco de diciembre del año dos mil catorce el A quo RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR las excepciones de cosa juzgada y prescripción adquisitiva de derechos reales promovida por los demandados. 2) La parte demandada interpuso el recurso de reposición con la oportuna oposición de la parte demandante, en fecha tres de marzo del año dos mil quince (2015), declarando el Juez, No Ha Lugar el recurso de reposición y ordenando la continuación de la audiencia preliminar (F.386 primera pieza). 3) En fecha diecinueve de mayo del año dos mil quince (2015) se continuó la audiencia preliminar en la que la Juez se excusó del conocimiento de la demanda, el 28 de mayo 2015. Al respecto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, emitió el oficio No. 964-SCSJ-2015, en el que se transcribe la providencia recaída en la Excusa presentada por la A quo, aprobando su abstención para no conocer de dicha demanda, subrogando el conocimiento de dicha demanda al Juez del Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo departamento de Valle. (F410 primera pieza). 4) En fecha uno (01) de septiembre del año dos mil quince (2015), el Juez de Letras Seccional de San Lorenzo Departamento de Valle, emite auto que tiene por "objeto fijar con precisión la pretensión y la oposición, así como los términos del debate y para proponer y admitir la prueba de que intenten valerse las partes en la audiencia probatoria", asimismo señaló audiencia para el día nueve de noviembre del año dos mil quince (F424 y 425), resolución contra la que el representante de la parte demandada presentó recurso de reposición por vulnerar el Principio de Inmediación 16 C.P.C., diciendo el recurrente que se violenta este principio porque el Juez que dicte la sentencia ha de ser el que haya presenciado y dirigido la práctica de las pruebas. (F.428, 429, 430 Y 431 primera pieza), mismo que fue declarado sin lugar exponiendo el A quo que el principio de inmediación no se ha violentado, "puesto que solo se ordenó la continuación de la audiencia preliminar suspendida, para efecto de fijar la pretensión y la oposición así como los términos del debate y para proponer y admitir la prueba de que intenten valerse las partes en la audiencia probatoria, es decir no se ha presenciado y dirigido la práctica de las pruebas por parte de este Tribunal"; 5) el día 3 de diciembre del año 2015 se celebró la CONTINUACIÓN de la audiencia preliminar, consta en el acta (a Folio 446447, 448, 449, 450,451 primera pieza), que la A quo dejó establecido que el Juzgado de la Sección Judicial de Amapala, departamento de Valle se pronunció respecto de los defectos procesales declarándoles No Ha Lugar, los cuales corren en el expediente de mérito a folios 342 y 344.). CONSIDERANDO: (11) Que la acción de amparo se dirige contra el auto del once de noviembre del año dos mil quince, el cual confirmó el auto emitido el primero de septiembre del año dos mil quince, mismo que fue recurrido por considerar que el Principio de Inmediación se vulneró mediante la subrogación del conocimiento del proceso. Al respecto esta Sala aprecia que según las facultades que le otorga la Constitución de la República, el juez es la única persona integrante del órgano jurisdiccional a quien le compete juzgar (art. 90 constitucional), lo que implica que ha de ser el propio juez, quien dicte la sentencia con absoluta imparcialidad e independencia. El Juez se integra a un órgano jurisdiccional para administrar justicia, pero, de igual manera puede dejar de integrarlo por diversas circunstancias, o aun integrándolo en un Centro de Justicia donde existen varios jueces; si el Juez dejare de conocer de la carga de trabajo a su cargo y pasa a conocer otra, como resultado de cuestiones de rotación para lograr mantener el principio de transparencia judicial, independencia e imparcialidad, otro Juez que goza de la misma jurisdicción y competencia vendrá a conocer de aquel asunto y con igual celo debe mantener los principios señalados, como inherentes a todo Juzgador. Es así que, por justas y legales razones el Juez podría dejar de ostentar el cargo, ya por un ascenso, sustitución, destitución, rotación o fallecimiento, recusación o excusa, en cuyo caso las resoluciones que hubiere dictado en su momento, mantendrán su validez y legalidad, en consecuencia, será un nuevo Juez el que asuma el conocimiento de los asuntos dejados por el anterior. De esta forma, se mantiene la existencia del órgano jurisdiccional o tribunal como institución y la existencia de la figura del juez, que debe ser constituido para ejercer la jurisdicción en forma general y abstracta y no para juzgar el hecho específico de que se trata, no así la persona en sí que es variable y circunstancial en los cargos. CONSIDERANDO: (12) Que así las cosas, se concluye que en el caso de autos no se ha quebrantado el Principio de Inmediación, pues de acuerdo al estudio, quedó plenamente establecido que la Juez que inició el proceso, se pronunció acerca de los defectos procesales invocados por la parte demandada. Al mismo tiempo, es indubitable que la audiencia preliminar fue suspendida para continuarse después, en virtud de la excusa de la A quo, presentada y declarada con lugar, razón por la que se subrogó el conocimiento de la demanda. Hasta ese momento, todo lo actuado en el inicio de la audiencia preliminar fue resuelto sin que quedara pendiente la acción recursiva de la parte demandada, entendiendo esta Sala que, en la impugnación al auto del 11 de noviembre, que confirma el auto del 01 de septiembre del 2015, el Juez se pronuncia sobre lo solicitado por el impugnante, que es precisamente, la supuesta vulneración del Principio de Inmediación. Es menester advertir, que todo el análisis anterior, se realiza, en observancia al principio de motivación de las sentencias y a la obligatoriedad de contestar a todas las pretensiones –en este caso agravios- planteados por el recurrente, no obstante, el mismo carece de aplicabilidad en este caso, en tanto en cuanto se observa que, el Tribunal de segunda instancia, debió advertir la existencia de la excepción de cosa Juzgada, y decantarse por la potestad de impartir Justicia dada por el pueblo, y alejarse de un legalismo procesal que si bien, observable, no procede cuando se contrapone a un derecho fundamental superior, en este caso el derecho a la propiedad y el respeto a la majestad de la cosa Juzgada, lo cual devenía obligado a garantizar, pues de ahí depende la seguridad jurídica en cualquier país considerado estado constitucional de derecho. CONSIDERANDO: (13) Que el recurrente hizo referencia al Defecto Procesal de Cosa Juzgada invocándolo en la contestación de la demanda, en tal sentido se manifiesta que la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, al revisar el expediente judicial, debió observar lo siguiente: Que la señora MARINA DOLORES SUAZO de VILLELA (vendedora), celebro contrato de compra venta con Lotificadora Las Lomas S.A. sobre un bien inmueble ubicado en el municipio de Amapala, departamento Valle. Se debe mencionar que fue pactado el compromiso consistente en que, se iban a ir liberando de la hipoteca que gravaba el inmueble, fracciones de terreno a medida que se fueran realizando pagos sobre la propiedad antes descrita, no obstante, ante el incumplimiento del pago del contrato por parte de Lotificadora Las Lomas S.A., la vendedora interpuso Demanda Ejecutiva de Pago, embargando la totalidad del inmueble. Como consecuencia de la acción civil interpuesta, el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Francisco Morazán remato la totalidad de la propiedad en litigio, la cual le fue adjudicada al señor Gustavo Alejandro Villela, quien inscribió el inmueble a su favor y ha realizado traspaso de varias fracciones del inmueble a favor de los otros recurrentes en Amparo. CONSIDERANDO: (14) Que conforme lo manda la ley y la doctrina, la Cosa Juzgada puede ser Formal y Material. Cosa juzgada formal: es aquella que implica la imposibilidad que una determinada decisión sea recurrida, o sea, la improcedencia o cierre de los recursos procesales contra ésta. En otras palabras, una resolución judicial que goza de esta clase de cosa juzgada no puede ser objeto de más recursos. Cosa Juzgada Material: es aquella que implica la inatacabilidad de un resultado procesal mediante el inicio de un nuevo juicio, al cerrarse toda posibilidad de que se emita una decisión que se contradiga o se oponga a lo antes dictado. Sus efectos se producen en el proceso en que se dictó la sentencia y en otros futuros, por lo que se considera estable y permanente. La Excepción de cosa juzgada: Es el efecto de la cosa juzgada más típico (también conocido como non bis in idem), en virtud del cual no puede volver a discutirse entre las mismas personas, una misma materia e invocando idénticas razones. Es decir, permite hacer valer los atributos de inmodificabilidad e ininmpuganibilidad que posee una sentencia firme frente al inicio de un nuevo juicio. La Cosa Juzgada requiere llenar ciertos requisitos, estos requisitos son: Identidad de persona (eaedem personae): debe tratarse del mismo demandante y demandado, jurídicamente hablando. Identidad de la cosa pedida (eadem res): el objeto o beneficio jurídico que se solicita (no el objeto material) debe ser el mismo. O sea, lo que se reclama. Otro requisito es Identidad de causa de pedir (eadem causa petendi): el hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado debe ser el mismo. En nuestra legislación la Cosa Juzgada Formal está regulada en el artículo 196 del Código Procesal Civil. -COSA JUZGADA FORMAL E INVARIABILIDAD.” Habiéndose producido la firmeza por alguna de las razones expresadas en el artículo anterior, la resolución gozará del efecto de cosa juzgada formal, debiendo el tribunal estar en todo caso a lo dispuesto en ella, sin poder variarla después de firmada”. La segunda está prevista en el artículo 210.1 del mismo cuerpo legal: “La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo”. Sumado a lo anterior el artículo 210.4 señala que “La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte, a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en este Código. “En ese orden de ideas Pasamos a analizar los requisitos exigibles para determinar si existe la Cosa Juzgada o no, de la manera siguiente: 1.- En el primer juicio, la Demanda Ejecutiva fue interpuesta por la Señora Marina Dolores Suazo Tomé de Villela madre del ahora demandado, contra la Lotificadora La Lomas S. A. 2.- En el segundo proceso civil, la causa objeto del presente proceso es una Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio contra el señor Gustavo Alejandro Villela hijo de la señora Marina Dolores Suazo Tomé de Villela, Víctor Orlando Zapata, Abraham Adán Andonie Bendeck y otros, interpuesta por Lotificadora La Lomas S.A.; se concluye entonces que en efecto existe el requisito de identidad de personas en ambos procesos. 3.- Igualmente se observa que concurren los requisitos como ser la Identidad de la cosa pedida y la Identidad de causa de pedir, ya que el inmueble que fue embargado y rematado en fecha diecisiete de julio del año dos mil uno, por el Juzgado Primero de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, y adjudicado a favor del señor GUSTAVO VILLELA SUAZO, es el mismo inmueble que hoy, la demandante LOTIFICADORA LAS LOMAS, pretende reivindicar su dominio, acción que atenta contra la seguridad jurídica que irradia la cosa Juzgada, en virtud que la primera sentencia se encuentra firme, pues no fue recurrida por la parte que se sintió agraviada. En ese orden de ideas, no cabe duda que la Cosa Juzgada persigue la seguridad jurídica, de modo que una vez la resolución judicial ha adquirido firmeza, no cabe modificación alguna, ni siquiera de oficio. CONSIDERANDO: (15) Que, por tanto, podemos afirmar que la cosa juzgada supone un mecanismo de equilibrio entre lo que se ha llamado valor-justicia y valor-seguridad jurídica (interesa obtener justicia, pero siempre con los límites de la seguridad jurídica: nadie puede estar de por vida pendiente de una posible modificación de la sentencia). Sumado a lo anterior nuestra Carta Magna en su artículo 95 nos habla de la Prohibición del Doble Juzgamiento (también conocido como non bis in ídem), que literalmente dice; “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos”. Lo que nos lleva a establecer que nadie puede ser sometido a procesos más de una vez por los mismos hechos punibles, concurriendo en el caso de autos la Cosa Juzgada Material. CONSIDERANDO: (16) Que esta Sala ha estudiado a la luz de los principios y normas de la justicia constitucional, lo expuesto por el impetrante, sin embargo, debe pronunciarse acerca de la vulneración al Debido Proceso, en principio, por el A-quo, encontrando que este ha sido quebrantado cuando no se reconoció y consecuentemente no se aplicaron las exigencias, requisitos y solemnidades de la ley, al inobservar que existe Cosa Juzgada Material, por lo que no se debió continuar con el conocimiento de dicho proceso. La continuación del proceso constituye la grave vulneración al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO:(17) Que esta Sala de acuerdo a lo expuesto, encuentra que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de Choluteca, departamento de Choluteca, no se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, ya que del estudio realizado no se aprecia la causa relacionada con el artículo 46 numeral uno (1) de La Ley Sobre Justicia Constitucional, referido a las cuestiones de mera legalidad, porque las causas de inadmisibilidad conducen a dictar un sobreseimiento, ya que no permiten conocer el fondo de la acción, por no satisfacer los requisitos de admisibilidad, por lo que el Juez constitucional no puede pronunciarse al respecto; sin embargo, en el caso que nos ocupa, el Ad-quem ha realizado una apreciación jurídica de fondo de los hechos y resoluciones emitidos por el A quo, estudiando muy bien los antecedentes, pero se decantó por otorgar más valor a las formas procesales que al verdadero fondo del asunto. Es decir, El Ad-quen debió advertir dos escenarios, ambos evidentes: 1.- La existencia de cosa Juzgada y 2.- La no interposición del recurso de apelación del auto que declaro NO HA LUGAR la excepción de cosa Juzgada, por parte del recurrente. Ante este panorama jurídico, el Ad-quem, despojado de su papel de Juez de instancia, y elevado a aplicador de justicia constitucional, estaba obligado a aplicar el principio de congruencia, el que “obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal. El fundamento, pues, de la incongruencia se encuentra en que son las partes las que determinan lo que someten a la decisión judicial. Desde el punto de vista del actor, porque él fija el objeto del proceso por medio de la pretensión, y desde la perspectiva del demandado porque él puede contribuir a delimitar (no el objeto del proceso) pero sí el objeto del debate por medio de la alegación de excepciones materiales.” En este sentido, se estima que el A-quem, vulnera el debido proceso al no haber aplicado el contenido del numeral 2 del artículo 7 del Código Procesal Civil que manda “…El órgano jurisdiccional adecuará la exigencia de las normas al logro de los fines del proceso, respetando las garantías legalmente establecidas”. Optando finalmente por considerar que existe una causa de inadmisibilidad, pero Deniega el amparo en vez de dictar un sobreseimiento como lo ordena el artículo 46 último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional. En ese orden de ideas ésta Sala después del estudio de los antecedentes, aprecia que no existen causas de inadmisibilidad, considerando que de acuerdo al estudio realizado Se Debe Otorgar la acción de amparo por ser evidente en el proceso la existencia de Cosa Juzgada material. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 95, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; ; 1, 2, 3 No.2; 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 196, 210 del Código Procesal Civil; FALLA: 1.-REVOCANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis (2016), 2.- SE OTORGA la acción de amparo interpuesto por el Abogado TONY HUMBERTO RIVERA ANDINO a favor de los señores GUSTAVO VILLELA SUAZO, VICTOR ORLANDO ZAPATA, ABRAHAN ADAN ANDONIE BENDECK y ANDRES FRANCISCO RIVERA ROSA, contra el auto de fecha once(11) de noviembre del año dos mil quince (2015), por medio del cual se confirma una resolución de fecha uno (01) de septiembre de dos mil quince (2015), emitidas por el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Departamento de Valle. 3) SE PROCEDA a emitir sentencia conforme a lo establecido en las consideraciones del presente fallo, por existir cosa juzgada material. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0643-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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