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Sentencia AC-592-18 — Registro 11766

Resumen

Resolución que declaró de oficio la nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del momento en que se ordena la proposición de medios de prueba, en la audiencia preliminar y actuaciones posteriores, debiendo retrotraerse las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la origino la nulidad con relación a la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio, promovida contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."En el presente caso, es necesario indicar que la función de la cual se circunscribe el principio de supremacía constitucional está estrictamente ligado al Estado de Derecho, por lo que los puntos y cuestiones planteadas en el recurso interpuesto se somete a su conocimiento y resolver, consecuentemente bajo tales premisas se procede a resolver el presente recurso de amparo. En este sentido y teniendo en cuenta la supremacía constitucional, debe considerarse que ésta no solo contiene normas de carácter orgánico y de procedimiento sino también de fondo o de carácter sustantivo, que reflejan los valores del poder constituyente o “demos”. Artículo 183 de la Constitución de la República._CONSIDERANDO (15): Que esta Sala de lo Constitucional estima que la falta de decisión de los conflictos sometidos al Juez que lleva la causa a provocar el presente interposición de recurso, es quien debe velar para que vaya precedida de una actividad adecuada a la consecución del fin que se persigue; saneando los vicios existentes, debiéndose encausar los remedios jurisdiccionales comunes que resulten claramente suficientes para garantizar los derechos o libertades fundamentales, lo que significa que si los medios judiciales son idóneos, seria innecesario la interposición del presente recurso de amparo, por lo que a contrario sensu debe admitirse en procesos judiciales convencionales y que estén llenos de vicios jurídicos intrínsecos provoca que este debe encausar la pureza del procedimiento y su desenvolvimiento por las cauces legales adecuados, sin olvidar que la tutela judicial efectiva, se debe aplicar al principio de la trascendencia de la nulidad procesal siendo el que procede cuando la irregularidad que sirva de antecedente, corrompe la sustancia del acto del proceso y le impide en consecuencia cumplir el fin para el que fue establecido en la ley, circunstancia que se aprecia en el procedimiento de autos, al comprobar los defectos procesales antes aludidos por el Tribunal recurrido en la sentencia emitida tal como se ha explicado. Igualmente, se reitera una vez más el deber de motivar razonadamente las sentencias, atendiendo las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de las normas que rigen el razonamiento lógico, la valoración deberá deducirse de forma clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia bajo sanción de nulidad. Todas las normas de valoración de la prueba que hacen referencia al sistema de libre valoración recogidas en el Código, tienen como finalidad común y principal obligar al juez a razonar su decisión evitando así cualquier atisbo de arbitrariedad.-CONSIDERANDO (16): Que se aprecia en autos de la causa de mérito tanto en su interposición como en la formalización del amparo, y derivado del estudio claro, preciso y exhaustivo realizado por esta Honorable Sala de lo Constitucional, si bien acuden a esta instancia aduciendo que se han violentado el principio al debido proceso, incrimina al Ad Quem que este ha quebrantado el derecho expuesto al considerarla incongruente, por la expresa nulidad de los actos procesales, el que adquiere especial importancia, solo utilizable en los casos expresamente previstos en la ley, de tal forma que no podrá pedirse la misma si el acto viciado cumplió la finalidad, para la que fue realizado, debiendo acudirse, siempre que fuera posible, a la subsanación del vicio, de tal forma que la invalidación de un acto o de parte de él no afecta a otros actos o al resto de las partes y sin que pueda ser pedida la nulidad por quien ha propiciado, permitido o dado lugar al vicio, debiendo solicitarse el remedio en la primera oportunidad que se tiene para hacerlo. Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso su examiné se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, señalando que el debido proceso es un conjunto de garantías que el Estado tiene la obligación de reconocer, en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, por la cual todos los ciudadanos tienen derecho para obtener protección de sus intereses o derechos a través de un proceso que respete el derecho de las partes, y que además el resultado de este se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenido en el interno del proceso consecuentemente a los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil veinte.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, a favor del BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH), contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018), que declaró Nulidad Absoluta de Actuaciones, a partir e inclusive del momento en que se ordena la proporción de los medios de prueba, en la audiencia preliminar y actuaciones posteriores del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda ordinaria de reivindicación de dominio, promovida por el señor JAVIER ALMILCAR MATUTE VELASQUEZ, contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos contenidos en los artículos 90 y 183 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha nueve (9) enero de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el señor CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ, interponiendo Demanda Declarativa por la Vía Ordinaria para la Reivindicación de Dominio de un bien inmueble cercano a casa presidencial, se solicita pago de frutos civiles, de percibir en concepto de perjuicio el pago de daños ocasionados por elevación de muro perimetral. (Folios 1–7 de la Primera Pieza del Juzgado).-2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha ocho (8) de enero del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Resolvió: (sic) “PRIMERO: Declara SIN LUGAR la “DEMANDA DECLARATIVA POR LA VÍA ORDINARIA PARA LA REIVINDICACIÓN DE DOMINIO DE UN BIEN INMUEBLE CERCANO A CASA PRESIDENCIAL SE SOLICITA PAGO DE FRUTOS CIVILES DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE PERJUICIO Y PAGO DE DAÑOS OCASIONADOS POR ELEVACIÓN DE MURO PERIMETRAL” por el señor Carlos Alberto Mejía López, actuando en su condición de representante legal del señor Javier Amílcar Matute Velásquez, contra el Banco Central de Honduras (BCH), a través de su Representante Legal Marlon Tabora, como parte demandada, por los argumentos esgrimidos en los fundamentos de derecho y en la motivación de esta sentencia.- SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR EL PAGO DE FRUTOS CIVILES DEJADOS DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE PERJUICIO Y PAGO DE DAÑOS OCASIONADOS POR ELEVACIÓN DE MURO PERIMETRAL, por los argumentos esgrimidos en los fundamentos de derecho y en la motivación de esta sentencia.- TERCERO: Absuelve al BANCO CENTRAL DE HONDURAS de la demanda presentada en su contra. Con Costas…”. (Folios 458–468 de la Primera Pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado GONZALO ALBERTO FUENTES MEJIA, en su condición de apoderado legal del Señor CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, dictó Sentencia en fecha siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (sic) “PRIMERO: DECLARANDO NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, a partir e inclusive del momento en que se ordena la proporción de los medios de prueba, en la audiencia preliminar y actuaciones posteriores, debiendo retrotraerse las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la origino.- SEGUNDO: Que al recibo del expediente el A-quo realice la delimitación del objeto del debate de forma adecuada, en base a lo señalado en este fallo y en su oportunidad se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia, con la certificación de estilo para su debido cumplimiento…” (Folios 43 al 57 de la Segunda Pieza de los antecedentes).-4) Que el Abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, compareció ante este Tribunal en fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH), contra la sentencia de fecha siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 183 de la Constitución; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). (Folio 32 del presente Recurso).-5) Que en fecha ocho (8) de enero de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista.” (Folios 35–40 del presente Recurso).-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con los artículos 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo el Recurso interpuesto por el Abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, a favor del BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH), contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018), que declaró Nulidad Absoluta de Actuaciones, a partir e inclusive del momento en que se ordena la proporción de los medios de prueba, en la audiencia preliminar y actuaciones posteriores del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda ordinaria de reivindicación de dominio, promovida por el señor JAVIER ALMILCAR MATUTE VELASQUEZ, contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos contenidos en los artículos 90 y 183 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (4): Señala el impetrante en su recurso de amparo como en su formalización (f.28-30) la violación del derecho constitucional del debido proceso, al considerar el Ad Quem que la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha 8 de enero del 2018, a través de la cual se declaró sin lugar la demanda de mérito que se tramitó en primera instancia bajo el acertado argumento de fondo que la parte demandante no pudo probar en la secuela del juicio, el origen, ubicación, ni el tracto sucesivo del inmueble que aduce que es su propiedad, aunado al recurso interpuesto a criterio de la corte sentenciadora de segunda instancia que declara la nulidad absoluta de actuaciones de lo resuelto por el A Quo, transgrede a su juicio la garantía constitucional del debido proceso establecida en el artículo 90 de la Constitución de la República, en virtud que sin estar legalmente facultada para ello y sin haber sido invocado por el recurrente, está anulando de manera oficiosa la sentencia de primera instancia. Estima que la sentencia objeto del presente recurso de amparo fue dictada en evidente infracción al ordenamiento jurídico vigente, ya que, en el acta de continuación de audiencia preliminar, levantada el 23 de octubre del 2015 y en la sentencia dictada el 8 de enero del 2018 por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, quedó plenamente establecido cuales eran las pretensiones de la partes y objeto del debate, por lo que la prerrogativa de nulidad no debe verse de manera aislada o absoluta, ya que de conformidad con los artículos 212 numeral 4., 213 numerales 1. 2. y 214 numeral 3. del Código Procesal Civil, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de este departamento no está facultada, para que ocasión del recurso pueda decretar de oficio la nulidad absoluta de actuaciones que no haya sido solicitada, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial cuando esta venga fijada imperativamente o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese Tribunal, aspectos que considera que no concurren en el presente caso, infringiendo con ello el debido proceso establecido en el artículo 90 Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República establece expresamente: “Solicitada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, los jueces y magistrados no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes”[1]. Impone al juez el deber de emitir un fallo incluso de integrar el derecho en los casos de oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, aplicando las reglas de interpretación e instaurando el “principio de la plenitud hermética del orden jurídico”, que se expresa en la formula “donde hay juez no hay lagunas legales”.-CONSIDERANDO (6): En el mismo orden de ideas, se hace presidenciable establecer la siguiente diferencia entra lo que se considera “daño”, “perjuicio”, “daños y perjuicios” y por último “indemnización”, para lo cual se expresa que se considera “daño” como la lesión a un bien o aun derecho producida en violación a una norma jurídica. En el aspecto pecuniario se relaciona con daño emergente que es la perdida que se ocasiona al momento que ocurre el daño. Se considera “perjuicio”, al efecto o consecuencia que sobreviene por la ocurrencia de un daño, que en la parte pecuniaria se relaciona con el lucro cesante. “Daños y perjuicios”, es una figura jurídica por la que el dañador se ve obligado a compensar económicamente a la persona dañada o a sus herederos, ambas se relacionan por completarse, puesto que todo daño provoca un perjuicio y todo perjuicio proviene de un daño. La “indemnización” es la reparación legal en dinero o en especie de un daño o perjuicio causado.-CONSIDERANDO (7): Que “las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso y a evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”[2]. Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas. Es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas, sean públicas o privadas. Entendiéndose el Debido Proceso como:[3] ”El derecho que tienen las partes a que se desarrolle el proceso por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por Órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”.-CONSIDERANDO (8): Que el debido proceso legal abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido, contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. La jurisprudencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos añade por primera vez en el Caso Mohamed Vs. Argentina que lo anterior “contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias”. Es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana que el artículo 8.1 que rectora las reglas del proceso legal, por ende, los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad que están establecidos por el artículo en referencia son elementos esenciales del debido proceso legal.-CONSIDERANDO (9): La afirmación que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y que la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido tomado en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que están han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión antes las instancias superiores. Sin embargo, el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, por que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha.-CONSIDERANDO (10): Que, consagrado dentro del Derecho a la Defensa, es un derecho para el respeto y estricto cumplimiento de las garantías y derechos derivados de la Constitución; y que se generan en pro de la tutela real y efectiva de esos derechos. A nivel internacional, el derecho a la defensa se recoge en los siguientes textos, que vinculan al Estado que los haya suscrito, salvo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que vinculan a todos como un “Derecho Superior”, misma que se desprende de manera sine qua nom con lo que se denomina el principio al debido proceso, y que en debidas ocasiones esta Sala señala, que debe ser entendido como un medio pacífico de solución de conflictos, como un remedio idóneo de conflictos a través de la erradicación de la fuerza ilegítima, y como un debate en el que participan dos partes con la intervención de un tercero independiente e imparcial que interpreta y aplica la ley a cada caso concreto, rige en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, por una serie de principios y garantías básicas que aseguren la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales, y en definitiva un juicio justo para las partes. Por ello, se afirma que el debido proceso es un derecho que contiene, agrupa o engloba otros derechos, los cuales se encuentran contemplados como garantías judiciales.-CONSIDERANDO (11): Que el derecho que tienen las partes a un proceso judicial, sin alteraciones o deformaciones, durante el transcurso, devenir o desenvolvimiento lógico procesal del mismo. Consecuentemente, es claro que, las partes tienen derecho a un juicio donde se les garantice el desarrollo procesal debido, y, además, a una decisión judicial que presente las suficientes motivaciones, fundamentos o argumentos jurídicos, que justifiquen lo acontecido en las diversas etapas de dicho proceso; y, que sea congruente con la demanda oportunamente deducidas de las pretensiones de las partes, en cualquier clase de proceso.-CONSIDERANDO (12): El proceso de la interposición de la demanda versa en la reivindicación de dominio etimológicamente se considera como la acción que compete a alguno por razón de dominio o cuasi dominio para pedir o pretender se le restituya una cosa que le pertenece por derecho civil, como por la reivindicación reclama el actor una cosa que es dueño, debe en la demanda exponer la pertenencia como fundamento de la acción; y aunque no es necesario expresar la causa o razón porque se pide, bastando decir que le pertenece el dominio o propiedad, con una designación clara de la cosa para que sea conocida, sin embargo siempre es útil expresarla, porque si en fuerza de la razón o causa que deduce no se declarase en su favor, podrá reclamarla por otra que no se haya expresado en el escrito. En el presente caso de mérito, además de la cosa, debe pedir los frutos si le corresponden. En general se llama fruto civil lo que una cosa produce, esto es, acrecimiento, multiplicación, aumento, emolumento, rendimiento, o producto de alguna cosa, cualquiera que sea. Cabe destacar que todos los frutos que nacen en nuestras heredades son nuestros, aunque otro los haya sembrado, porque los frutos se perciben por razón del suelo y no de la simiente: omnes fructus jure soli non jure seminis percipiuntur. -CONSIDERANDO (13): Que del estudio del caso traído a examen a esta Sala mediante la interposición del recurso de amparo traslucido en el artículo 183 constitucional garantía que a su vez el censor considera infringida por la autoridad recurrida en el presente caso sub judice la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de este Departamento, considera en la resolución emitida por MAYORIA DE VOTOS en su motivación fáctica y jurídica que debe declararse la ”nulidad a partir e inclusive del momento que se ordena la proposición de los medios de prueba, en la audiencia preliminar y actuaciones posteriores, debiendo retrotraerse las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó”; y que a su vez trae a su estudio la sentencia emitida en la misma fecha con voto DISENTIDO la que resuelve, “declarar la nulidad absoluta de sus actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha 3 de noviembre del 2016”[4]. Que ambos casos tienen como sui generis que el Juez de primera instancia inobservó la aplicación del artículo 12 del Código Procesal Civil que es la facultad procesal cuya dirección del proceso está a su cargo, quien ejerce tal potestad de conformidad a lo dispuesto a la Constitución de la República y la normativa procesal civil, quien debe en todo momento controlar de oficio la concurrencia de todos los presupuestos previstos por el Código Procesal Civil en aras de una decisión justa, sin menoscabo de los principios dispositivo y aportación, que son privativos de las partes, por lo que el Juez impulsara de oficio el proceso, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia, resolviendo la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegado por las partes.-CONSIDRANDO (14): En el presente caso, es necesario indicar que la función de la cual se circunscribe el principio de supremacía constitucional está estrictamente ligado al Estado de Derecho, por lo que los puntos y cuestiones planteadas en el recurso interpuesto se somete a su conocimiento y resolver, consecuentemente bajo tales premisas se procede a resolver el presente recurso de amparo. En este sentido y teniendo en cuenta la supremacía constitucional, debe considerarse que ésta no solo contiene normas de carácter orgánico y de procedimiento sino también de fondo o de carácter sustantivo, que reflejan los valores del poder constituyente o “demos”. Artículo 183 de la Constitución de la República._CONSIDERANDO (15): Que esta Sala de lo Constitucional estima que la falta de decisión de los conflictos sometidos al Juez que lleva la causa a provocar el presente interposición de recurso, es quien debe velar para que vaya precedida de una actividad adecuada a la consecución del fin que se persigue; saneando los vicios existentes, debiéndose encausar los remedios jurisdiccionales comunes que resulten claramente suficientes para garantizar los derechos o libertades fundamentales, lo que significa que si los medios judiciales son idóneos, seria innecesario la interposición del presente recurso de amparo, por lo que a contrario sensu debe admitirse en procesos judiciales convencionales y que estén llenos de vicios jurídicos intrínsecos provoca que este debe encausar la pureza del procedimiento y su desenvolvimiento por las cauces legales adecuados, sin olvidar que la tutela judicial efectiva, se debe aplicar al principio de la trascendencia de la nulidad procesal siendo el que procede cuando la irregularidad que sirva de antecedente, corrompe la sustancia del acto del proceso y le impide en consecuencia cumplir el fin para el que fue establecido en la ley, circunstancia que se aprecia en el procedimiento de autos, al comprobar los defectos procesales antes aludidos por el Tribunal recurrido en la sentencia emitida tal como se ha explicado. Igualmente, se reitera una vez más el deber de motivar razonadamente las sentencias, atendiendo las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de las normas que rigen el razonamiento lógico, la valoración deberá deducirse de forma clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia bajo sanción de nulidad. Todas las normas de valoración de la prueba que hacen referencia al sistema de libre valoración recogidas en el Código, tienen como finalidad común y principal obligar al juez a razonar su decisión evitando así cualquier atisbo de arbitrariedad.-CONSIDERANDO (16): Que se aprecia en autos de la causa de mérito tanto en su interposición como en la formalización del amparo, y derivado del estudio claro, preciso y exhaustivo realizado por esta Honorable Sala de lo Constitucional, si bien acuden a esta instancia aduciendo que se han violentado el principio al debido proceso, incrimina al Ad Quem que este ha quebrantado el derecho expuesto al considerarla incongruente, por la expresa nulidad de los actos procesales, el que adquiere especial importancia, solo utilizable en los casos expresamente previstos en la ley, de tal forma que no podrá pedirse la misma si el acto viciado cumplió la finalidad, para la que fue realizado, debiendo acudirse, siempre que fuera posible, a la subsanación del vicio, de tal forma que la invalidación de un acto o de parte de él no afecta a otros actos o al resto de las partes y sin que pueda ser pedida la nulidad por quien ha propiciado, permitido o dado lugar al vicio, debiendo solicitarse el remedio en la primera oportunidad que se tiene para hacerlo. Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso su examiné se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, señalando que el debido proceso es un conjunto de garantías que el Estado tiene la obligación de reconocer, en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, por la cual todos los ciudadanos tienen derecho para obtener protección de sus intereses o derechos a través de un proceso que respete el derecho de las partes, y que además el resultado de este se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenido en el interno del proceso consecuentemente a los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 90, 183, 303, 304, 305, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 59, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 3, 12, 24, 212 numeral 4., 213 numerales 1), 2 y 214 numeral 3, 218.2, 221, 219.1 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGAR la acción de AMPARO interpuesto por el Abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, actuando a favor del BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH), contra la sentencia emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. REDACTÓ MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de noviembre del año dos mil veinte. -VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, en su condición de Apoderado Legal del BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, cinco (5) de febrero del año dos mil veinte (2020), por medio de la cual se falla Denegando la acción constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA a favor del BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contra la sentencia proferida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete (7) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), que resuelve declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del momento en que se ordena la proposición de los medios de prueba, en la audiencia preliminar y actuaciones posteriores, en ocasión del recurso de apelación promovido por la parte demandante, contra la sentencia definitiva dictada en fecha ocho (8) de enero del año dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. -CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho.-CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición del recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso arguyendo que: 1.- En el numeral 4) del acápite de los antecedentes se establece que el recurso de Amparo se fundamentó en el hecho que la sentencia es violatoria del artículo 183 constitucional y que se tuvo por formalizado el recurso en fecha 22 de noviembre de 2018, lo cual considera hechos facticos que no corresponden al caso de autos; 2.- En el considerando 3 se reitera que el recurso de Amparo se fundamenta en el artículo 183 constitucional, lo cual representa un error en la sentencia recurrida, en vista que solo se invocó como norma infringida el fallo impugnado el artículo 90 de la Constitución de la Republica, relacionado con los artículos 212.4, 213.1.2. y 214.3 del Código Procesal Civil; 3.- Para agravar las cosas, en el considerando numero 6 concluye sobre la conceptualización de daños y perjuicios. Por ello se hace ver a este alto Tribunal de Justicia que ese aspecto nada tiene que ver con el recurso de amparo interpuesto, ya que el mismo se basó en el motivo exclusivo que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, no tenía facultades legales para anular la sentencia dictada en primera instancia, con lo cual desde un punto de vista estrictamente jurídico se violentó en perjuicio de su representado, el artículo 90 de la Constitución de la República; 4.- Que en el considerando 7 se hace referencia a la igualdad procesal, aspecto que no fue invocado en el Amparo; en el considerando 8 se invoca jurisprudencia que no tiene aplicabilidad en el caso de autos; asimismo en el considerando 9 y 10 se hace referencia a la motivación y al derecho de defensa, situaciones que no fueron expuestas en el recurso promovido; aunado a ello en el considerando 12 de la sentencia entra a hacer conclusiones sobre la figura de la reivindicación; 5.- Arguye el recurrente que en congruencia con lo antes indicado, la Sala de lo constitucional al haber basado su sentencia en los aspectos antes indicados, conllevo a que dictara un fallo que no es conforme a derecho, ya que no le permitió valorar en su justa medida los argumentos planteados por el recurrente en la interposición y formalización del recurso de Amparo, los que procede a plantear nuevamente. Sostiene el recurrente que el criterio de la corte sentenciadora de segunda instancia, que declara la nulidad absoluta de actuaciones de lo resuelto por el A-quo transgrede a su juicio la garantía constitucional del Debido proceso establecido en el artículo 90 de la Constitución de la Republica, en virtud que sin estar legalmente facultada para ello y sin haber sido invocado por el recurrente, está anulando de manera oficiosa la sentencia de primera instancia.-CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto.-CONSIDERANDO (4): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase[5]. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.[6]-CONSIDERANDO (5): Que uno de los principios rectores del proceso civil hondureño, es precisamente el debido proceso, el que, en consonancia con lo preceptuado en la Constitución de la República e invocado como vulnerado por el recurrente, se define en el artículo 3 del Código Procesal Civil, como el derecho que las parte tienen a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.-CONSIDERANDO (6): Que es menester mencionar que la decisión emitida por esta Sala de lo Constitucional, se encuentra dictada conforme a derecho, en tanto: 1.- Que esta Sala de lo Constitucional pone especial consideración en lo preceptuado en el artículo 90, párrafo primero de la Constitución de la República que expresa: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones deducidas por el recurrente en los considerandos 13, 14, 15 y 16 de la Sentencia dictada por este Alto Tribunal en fecha cinco de febrero del presente año dos mil veinte, considerandos a los que no hace alusión el recurrente en el recurso de reposición promovido. 2.- En respuesta a lo expuesto por el recurrente en amparo, a que este Alto Tribunal se pronuncia en relación a derechos que no fueron invocados en el Recurso de Amparo, como ser el derecho a la igualdad procesal y derecho a la defensa, la referida argumentación se hace como elementos que se encuentran en forma implícita en el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional, invocado en la garantía constitucional de Amparo y es orientada a definir o conceptualizar lo que es el debido proceso que se realiza la referida argumentación. 3.- Que en respuesta al argumento del impetrante en relación a que sin estar legalmente facultada para ello y sin haber sido invocado por el recurrente, la Corte de Apelaciones está anulando de manera oficiosa la sentencia de primera instancia, es menester traer a colación lo establecido en el artículo 715 del Código Procesal Civil el que a la letra establece: “ALCANCE DE LA DECISIÓN DE LA APELACIÓN. 1. Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el Juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó…”; es en fundamento a esta facultad atribuida por ley a la Corte de Apelaciones, en relación al alcance de la decisión de la apelación, que se procedió a dictar Nulidad Absoluta de Actuaciones en la sentencia dictada por Mayoría de Votos en fecha siete de mayo del año dos mil dieciocho. Ello porque como líneas arriba se dejó establecido, con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto, ya que la posibilidad de yerro puede afectar a: *La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.-CONSIDERANDO (7): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha cinco (5) de febrero del presente año dos mil veinte (2020), que corre agregada en autos se establece en forma congruente, las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional impetrada. En ese orden de idea se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.-CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, por las razones que se dejan ya señaladas Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- Redactó la Magistrada Reina Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha cinco (5) de febrero y Resolución de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020) recaídas en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0592-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 305 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 5 del Código Procesal Civil.

[3] Artículo 3 del Código Procesal Civil.

[4] Ver folio 447 de la pieza principal de sus antecedentes

[5] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 25.

[6] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 30 y 31.