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Sentencia AC-569-19 — Registro 11553

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que sobreseyó el recurso de amparo dictado por el Juzgado de Letras Civil con relación al “reclamo de cobro de honorarios profesionales por deudas hereditarias por la representación procesal asumida de los causantes del actual deudor” Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio, los derechos consagrados en los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO (12): Que este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, DEPARTAMENTO DE CORTES, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente confirmar la sentencia venida en consulta y así debe declararse."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de febrero de dos mil veinte.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Roberto Reina Vallecillo, a favor del Sí Mismo, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto contra el auto de fecha once de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación al “RECLAMO DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR DEUDAS HEREDITARIAS POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL ASUMIDA DE LOS CAUSANTES DEL ACTUAL DEUDOR” presentado por el Abogado Roberto René Reina Vallecillo, contra el señor José Antonio Bonilla Hirezi, en su condición de deudor hereditario de las sucesiones de sus padres y causantes, los señores José María Bonilla Caballero y Alma Hirezi García. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio, los derechos consagrados en los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES: 1) Que en fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Roberto René Reina Vallecillo, presentando “RECLAMO DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR DEUDAS HEREDITARIAS POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL ASUMIDA DE LOS CAUSANTES DEL ACTUAL DEUDOR” contra el señor José Antonio Bonilla Hirezi, en su condición de deudor hereditario de las sucesiones de sus padres y causantes, los señores José María Bonilla Caballero y Alma Hirezi García. (Folio 1-4 vuelto de la pieza del A-quo).-2) En fecha dos de noviembre de dos mil dieciocho, el Juzgado antes mencionado, dispuso, que el peticionario subsanara la solicitud de honorarios profesionales, en el sentido de que se acreditara a partir de cuándo el compareciente asumió la representación procesal de los señores Alma Hirezi García y José María Bonilla Caballero. (Folio 38 vuelto de la pieza del A-quo).-3) En fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, el Juzgado en mención, tuvo por subsanado el defecto en la presente demanda, acreditado mediante la documentación aportada, el momento en que asumió la representación procesal por parte del compareciente, requiriendo al deudor, el señor José Antonio Bonilla Hirezi en su condición de deudor hereditario de sus padres, los señores José María Bonilla Caballero y Alma Hirezi García de Bonilla, al pago de la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps.566,499.99) en concepto de honorarios profesionales. (Folio 46 vuelto de la pieza del A-quo).-4) En fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Roberto René Reina Vallecillo, presentando solicitud de practica de embargo preventivo de un crédito hipotecario sobre un bien inmueble. (Folios 49-50 vuelto de la pieza del A-quo).-5) En fecha once de febrero de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante auto, resolvió: “Admítase el escrito que antecede el que se manda agregar a los autos. Previo a resolver lo solicitado que obre en autos el requerimiento de pago al señor JOSE ANTONIO BONILLA HIREZI, de conformidad a lo establecido en el artículo 89 numeral 2 del Código Procesal Civil. Art. 7, 89 y 198 del Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE.” (Folio 55 de la pieza del A-quo).-6) Que en fecha catorce de marzo del dos mil diecinueve, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Roberto Reina Vallecillo interponiendo recurso de amparo a favor de Sí Mismo, contra el auto relacionado en el numeral que antecede, argumentando el recurrente, que dicha resolución le vulnera las garantías constitucionales contenidas en los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-3 del expediente del Ad-quem) .-7) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones antes mencionada, dictó sentencia en fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en donde por unanimidad de votos falló: “SOBRESEER el presente recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO, a favor de sí mismo, contra el auto de fecha once de febrero del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de esta Sección Judicial…” (Folios 17-18 vuelto del expediente del Ad-quem).-8) Que en fecha veintiuno de junio del dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada, como ya queda dicho, por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, de fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que sobreseyó el recurso presentado por el Abogado Roberto Reina Vallecillo, a favor del Sí Mismo, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que sobreseyó el recurso amparo interpuesto contra el auto de fecha once de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación al “RECLAMO DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR DEUDAS HEREDITARIAS POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL ASUMIDA DE LOS CAUSANTES DEL ACTUAL DEUDOR” presentado por el Abogado Roberto René Reina Vallecillo, contra el señor José Antonio Bonilla Hirezi, en su condición de deudor hereditario de las sucesiones de sus padres y causantes, los señores José María Bonilla Caballero y Alma Hirezi García.-CONSIDERANDO (6): Que de acuerdo con el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Apelaciones en su sentencia, lo alegado por el amparista son cuestiones de mera legalidad y no del recurso de amparo.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, que “QUINTO: Que del estudio del auto reclamado en amparo y el informe del Juzgado de Instancia, es evidente que en el caso de autos no se ha afectado derechos y garantías invocadas por el recurrente dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica, por cuanto el Juez modificó en forma razonada lo peticionado por el empirista en el recurso de reposición planteado.- Aplicando la Ley al caso en concreto, respetando en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio,; por consiguiente esta INSTANCIA, aprecia que las cuestiones planteadas por el quejoso, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias del Juzgado de instancia y no de esta Alzada, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna.”CONSIDERANDO (8): Que efectivamente, conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.-CONSIDERANDO (10): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-CONSIDERANDO (11): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.-CONSIDERANDO (12): Que este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 8), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES , en fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que sobresee la acción de amparo interpuesta por el Abogado Roberto Reina Vallecillo, a favor del Sí Mismo, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que sobreseyó el recurso amparo interpuesto contra el auto de fecha once de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación al “RECLAMO DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR DEUDAS HEREDITARIAS POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL ASUMIDA DE LOS CAUSANTES DEL ACTUAL DEUDOR” presentado por el Abogado Roberto René Reina Vallecillo, contra el señor José Antonio Bonilla Hirezi, en su condición de deudor hereditario de las sucesiones de sus padres y causantes, los señores José María Bonilla Caballero y Alma Hirezi García..-Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres (3) días del mes de Diciembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0569-2019 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de febrero de dos mil veinte.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Roberto Reina Vallecillo, a favor del Sí Mismo, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto contra el auto de fecha once de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación al “RECLAMO DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR DEUDAS HEREDITARIAS POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL ASUMIDA DE LOS CAUSANTES DEL ACTUAL DEUDOR” presentado por el Abogado Roberto René Reina Vallecillo, contra el señor José Antonio Bonilla Hirezi, en su condición de deudor hereditario de las sucesiones de sus padres y causantes, los señores José María Bonilla Caballero y Alma Hirezi García. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio, los derechos consagrados en los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES: 1) Que en fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Roberto René Reina Vallecillo, presentando “RECLAMO DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR DEUDAS HEREDITARIAS POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL ASUMIDA DE LOS CAUSANTES DEL ACTUAL DEUDOR” contra el señor José Antonio Bonilla Hirezi, en su condición de deudor hereditario de las sucesiones de sus padres y causantes, los señores José María Bonilla Caballero y Alma Hirezi García. (Folio 1-4 vuelto de la pieza del A-quo).-2) En fecha dos de noviembre de dos mil dieciocho, el Juzgado antes mencionado, dispuso, que el peticionario subsanara la solicitud de honorarios profesionales, en el sentido de que se acreditara a partir de cuándo el compareciente asumió la representación procesal de los señores Alma Hirezi García y José María Bonilla Caballero. (Folio 38 vuelto de la pieza del A-quo).-3) En fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, el Juzgado en mención, tuvo por subsanado el defecto en la presente demanda, acreditado mediante la documentación aportada, el momento en que asumió la representación procesal por parte del compareciente, requiriendo al deudor, el señor José Antonio Bonilla Hirezi en su condición de deudor hereditario de sus padres, los señores José María Bonilla Caballero y Alma Hirezi García de Bonilla, al pago de la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps.566,499.99) en concepto de honorarios profesionales. (Folio 46 vuelto de la pieza del A-quo).-4) En fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Roberto René Reina Vallecillo, presentando solicitud de practica de embargo preventivo de un crédito hipotecario sobre un bien inmueble. (Folios 49-50 vuelto de la pieza del A-quo).-5) En fecha once de febrero de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante auto, resolvió: “Admítase el escrito que antecede el que se manda agregar a los autos. Previo a resolver lo solicitado que obre en autos el requerimiento de pago al señor JOSE ANTONIO BONILLA HIREZI, de conformidad a lo establecido en el artículo 89 numeral 2 del Código Procesal Civil. Art. 7, 89 y 198 del Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE.” (Folio 55 de la pieza del A-quo).-6) Que en fecha catorce de marzo del dos mil diecinueve, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Roberto Reina Vallecillo interponiendo recurso de amparo a favor de Sí Mismo, contra el auto relacionado en el numeral que antecede, argumentando el recurrente, que dicha resolución le vulnera las garantías constitucionales contenidas en los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-3 del expediente del Ad-quem) .-7) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones antes mencionada, dictó sentencia en fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en donde por unanimidad de votos falló: “SOBRESEER el presente recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO, a favor de sí mismo, contra el auto de fecha once de febrero del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de esta Sección Judicial…” (Folios 17-18 vuelto del expediente del Ad-quem).-8) Que en fecha veintiuno de junio del dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada, como ya queda dicho, por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, de fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que sobreseyó el recurso presentado por el Abogado Roberto Reina Vallecillo, a favor del Sí Mismo, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que sobreseyó el recurso amparo interpuesto contra el auto de fecha once de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación al “RECLAMO DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR DEUDAS HEREDITARIAS POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL ASUMIDA DE LOS CAUSANTES DEL ACTUAL DEUDOR” presentado por el Abogado Roberto René Reina Vallecillo, contra el señor José Antonio Bonilla Hirezi, en su condición de deudor hereditario de las sucesiones de sus padres y causantes, los señores José María Bonilla Caballero y Alma Hirezi García.-CONSIDERANDO (6): Que de acuerdo con el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Apelaciones en su sentencia, lo alegado por el amparista son cuestiones de mera legalidad y no del recurso de amparo.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, que “QUINTO: Que del estudio del auto reclamado en amparo y el informe del Juzgado de Instancia, es evidente que en el caso de autos no se ha afectado derechos y garantías invocadas por el recurrente dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica, por cuanto el Juez modificó en forma razonada lo peticionado por el empirista en el recurso de reposición planteado.- Aplicando la Ley al caso en concreto, respetando en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio,; por consiguiente esta INSTANCIA, aprecia que las cuestiones planteadas por el quejoso, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias del Juzgado de instancia y no de esta Alzada, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna.”CONSIDERANDO (8): Que efectivamente, conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.-CONSIDERANDO (10): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-CONSIDERANDO (11): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.-CONSIDERANDO (12): Que este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 8), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES , en fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que sobresee la acción de amparo interpuesta por el Abogado Roberto Reina Vallecillo, a favor del Sí Mismo, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que sobreseyó el recurso amparo interpuesto contra el auto de fecha once de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación al “RECLAMO DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR DEUDAS HEREDITARIAS POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL ASUMIDA DE LOS CAUSANTES DEL ACTUAL DEUDOR” presentado por el Abogado Roberto René Reina Vallecillo, contra el señor José Antonio Bonilla Hirezi, en su condición de deudor hereditario de las sucesiones de sus padres y causantes, los señores José María Bonilla Caballero y Alma Hirezi García..-Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres (3) días del mes de Diciembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0569-2019 .- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL