Sentencia AC-517-17 — Registro 12681
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán que declaró con lugar un recurso de apelación con relación a la demanda de proceso declarativo para la restitución de la posesión de un inmueble. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 90, 103 y 106 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
CONSIDERANDO (4): Que el planteamiento de la Abogada recurrente contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, en el presente recurso de reposición, no es de recibo, pues tal sentencia define las razones que impiden legalmente a la jurisdicción constitucional acceder al conocimiento del recurso de amparo impetrado, como son la incursión en alegaciones de mera legalidad y tratarse de asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren de intervenir en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio; por lo cual, se subsume la acción de amparo impetrada en lo establecido en el artículo 46, numerales 1) y 7) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que en tal orden de ideas se estima que la resolución recurrida se encuentra apegada a derecho, en virtud no asistir razón suficiente para enmendar la resolución dictada por la Sala de lo Constitucional, según la pretensión recursiva promovida por la abogada garantista.-CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según correspondiere en derecho.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
Certificación de la Sentencia de fecha 25 de febrero del 2020 y Resolución de fecha 15 de febrero del 2021, recaídas en el AC 0517-2017
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de febrero del dos mil veinte.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CLARIBEL MEDINA DE LEON a favor de la Sociedad mercantil INMOBILIARIA 5 S.A., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha seis (06) de Febrero de dos mil diecisiete (2017), que declaró CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016), con relación a la DEMANDA DE PROCESO DECLARATIVO PARA LA RESTITUCIÓN DE LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE por la vía del proceso abreviado, promovida por la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI LIMITADA contra la SOCIEDAD MERCANTIL INMOBILIARIA 5 S.A.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 90, 103 y 106 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES .-1) Que en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, actuando en su condición de apoderado legal de la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI LIMITADA, promoviendo DEMANDA DE RESTITUCIÓN DE LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE POR LA VÍA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, CON SU ESPECIALIDAD Y SE ACUMULE LA PRETENSIÓN DE PAGO INDEMNIZATORIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS; siendo admitida la misma en fecha trece (13) de marzo de dos mil trece (2013). (Folios 1–49 de la Primera Pieza de los antecedentes).-2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado dicto auto resolutivo celebro Audiencia Preliminar en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual FALLO: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA DE PROCESO DECLARATIVO PARA LA RESTITUCION DE LA POSESION DE UN INMUEBLE POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO, interpuesta por el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ quien actúa en su condición de representante procesal de la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI LIMITADA contra la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA 5 S.A..- SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION DEL DEMANDANTE.- TERCERO: SIN LUGAR LA CONDENA DE PAGO INDEMNIZATORIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.-…” (Folios 241-257 de la Primera Pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER, en su condición de representante procesal de la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI LIMITADA, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha seis (06) de febrero de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN del que se ha hecho merito.- SEGUNDO: SE REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras de lo civil del departamento de Francisco Morazán….- TERCERO: Se DECLARA CON LUGAR la pretensión de restitución de la posesión del inmueble relacionado en el caso de mérito.- CUARTO: Se DECLARA SIN LUGAR la pretensión concerniente al pago de daños y perjuicios adeudados a la parte demandante.- QUINTO: Se declara SIN LUGAR la excepción de falta de legitimación del demandante promovido por la parte demandada.-….” (Folios 10–18 de la Segunda Pieza de los antecedentes), lo cual tuvo como fundamento jurídico de actuaciones, que la demanda en mención se encontraba acordada a derecho únicamente en la primera de sus pretensiones, tal como es la procedencia de la acción posesoria de restitución de un inmueble, por tener aplicación directa los artículos 717, 895 y 902 del Código Civil; de lo cual se desprende, a la luz de lo probado en autos, que la demandante “COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI LIMITADA”, tenía el inmueble cuya restitución reclama mediante la relacionada demanda y que fue despojada por la demandada “SOCIEDAD MERCANTIL INMOBILIARIA 5 S.A.; no así en cuanto a la pretensión de que se restituya con indemnización de daños y perjuicios, dado que se probó y alegó que la demandante fue privada de la posesión, más no resultó probada la injusticia con que actuó la parte demandada, al tenor del artículo 905 del Código Civil. Asimismo, acotó la Corte Ad Quem que ambas partes exhibieron títulos de dominio, sobre los cuales no se debatió si los mismos tenían validez por la naturaleza del juicio que se ha seguido, ya que no era la finalidad declarar el dominio, sino tan sólo sobre la restitución de la posesión. Finalmente, descarta la Corte de Alzada, la procedencia de la excepción de “Falta de Legitimación de la Parte Demandante”, promovida por la parte demandada, pues la demanda cumple con los requisitos establecidos en el artículo 64 del Código Procesal Civil.-4) Que la Abogada CLARIBEL MEDINA DE LEON, compareció ante este Tribunal en fecha treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad mercantil INMOBILIARIA 5 S.A., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha seis (06) de Febrero de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 103 y 106 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017). (Folios 1–08 y 26-40 del presente Recurso).-5) Que en fecha doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: “(…) NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías del debido proceso y el derecho de propiedad invocadas por la Amparista”; lo cual tuvo como fundamento de actuaciones, entre otras consideraciones, que se ha invocado el artículo 903 del aludido Código Civil, el cual establece que los instrumentos públicos no podrán ser impugnados mediante ninguna prueba de posesión, pero ello no significa que la posesión se anula con la existencia del documento, por lo que concluye, que: “… en el presente caso la pretensión del demandante era la restitución posesoria del inmueble, la cual resultó probada en juicio”. Finalmente, en cuanto a lo alegado, referente a una posible vulneración al derecho de propiedad privada con lo decidido por la Corte de Apelaciones, estima el Agente de Tribunales de la Fiscalía de la Constitución, que siendo la actividad judicial en torno a lo demandado acorde al debido proceso, constituye ésta razón suficiente en cuanto a lo resuelto; siendo que el objeto del procedimiento versa sobre la posesión, no afectando en ningún momento el dominio que sobre el inmueble las partes puedan demostrar, con lo cual puede determinar el Ministerio Público que no se han violentado en el presente caso las garantías constitucionales invocadas por la Amparista, como son el debido proceso y el derecho a la propiedad. (Folios 48–51 del presente Recurso).-CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. -CONSIDERANDO DOS (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha seis (06) de Febrero de dos mil diecisiete (2017), que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016), con relación a la DEMANDA DE RESTITUCIÓN DE LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE POR LA VÍA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, promovida por el Abogado RENÉ VELÁSQUEZ DÍAZ quien actúa en su condición de representante procesal de la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI LIMITADA contra la SOCIEDAD MERCANTIL INMOBILIARIA 5 S.A.; resolución cuyas bases de sustentación obran sucintamente descritas en el antecedente con el numeral 3) de la presente sentencia. - CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en la interposición del presente recurso de amparo, la Abogada CLARIBEL MEDINA DE LEON, ha manifestado que el fallo de la referida Corte de Apelaciones ha transgredido el texto constitucional en los relativo al derecho genérico al debido proceso y al derecho de propiedad, en vista a que el bien inmueble en disputa fue adquirido legalmente por la SOCIEDAD MERCANTIL INMOBILIARIA 5 S.A. mediante instrumento número 26 de fecha 12 de julio de 2012 ante los oficios del Notario Ramiro Alejandro Ramírez Armijo, por compra que hizo a la sociedad inmobiliaria La Oportunidad, S.A., cuyo dominio se encontraba inscrito bajo el asiento número 31 del Tomo 5240 del libro del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas, que corresponde a un desmembramiento de un inmueble de mayor extensión cuyo dominio se encuentra inscrito bajo el asiento número 87 del tomo 3506, inmueble que hubo por compra que le hicieran al señor JAVIER RONALD VENEGAS MATUTE, mediante instrumento público número 67 de fecha 18 de noviembre del año 2000, autorizado por el Abogado Ramón Ovidio Navarro Duarte. Continúa manifestando la recurrente, en sustento de la impetrada garantía de amparo, que la actuación judicial recurrida pretende obviar que se ha presentado como prueba fehaciente del dominio y propiedad del inmueble, el instrumento público antes relacionado; correspondiendo subsumir el caso en el tenor del artículo 903 del Código Civil, que, a la letra dice: “La posesión de los derechos cuya transferencia o constitución se efectúa por instrumento público, se prueba por el mismo instrumento, y mientras este subsista, no es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda impugnarlo”; siendo que, en el proceso de primera instancia, se comprobó la carencia de sustento del demandante para sustanciar el reclamo de restitución de la posesión de un inmueble, en el cual ellos nunca han sido dueños ni ellos, ni sus supuestos predecesores; pues utilizando el mismo medio probatorio del demandante, se realizó el reconocimiento judicial del inmueble en disputa y se pudo constatar que el mismo se encontraba en la posesión de su representada, contrario a lo alegado por la parte demandante.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que a la vista de lo anterior, habiéndose evacuado todas las pruebas admitidas y realizados los alegatos pertinentes, en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016), el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, dictó sentencia apegada a derecho declarando SIN LUGAR la demanda interpuesta de proceso declarativo para la restitución de la posesión de un inmueble por la vía del proceso abreviado y declarando CON LUGAR la excepción de falta de legitimación del demandante, ya que siendo responsabilidad de éste acreditar fehacientemente la pretensión que reclama, este no pudo proponer medios de prueba que desvirtuaran el derecho que asiste a su representada; no obstante lo cual en el recurso de apelación presentado por la contraparte, la Alzada lo declara con lugar, sin considerar lo anteriormente relacionado respecto a la forma de reclamar la posesión de los inmuebles, tal como ocurre en presente caso, en el cual se pretende despojar a su representada de un inmueble cuya propiedad ha sido demostrada mediante compra y sin haberse comprobado los supuestos actos de despojo; por lo cual, no se puede aceptar la sentencia revocatoria dictada por la Corte de Apelaciones. – Por todo lo cual, habiéndose infringido por la Corte de Alzada lo preceptuado en los artículos 90, 103 y 106 de la Constitución de la República, se solicita el otorgamiento del presente recurso de amparo a favor de su representada.CONSIDERANDO SEIS (6): Vistos los antecedentes del presente recurso de amparo, desde una consideración imparcial, fundada en derecho y respetuosa de las garantías y derechos constitucionales, se infiere claramente que éste se subsume en la causal de sobreseimiento que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC) en el numeral 1) del artículo 46; en virtud consistir en argumentaciones que no logran trascender la esfera de mera legalidad y arribar a las nociones jurídicas que se consideran esenciales para la existencia del debido proceso; cuya infracción actual, o inminente, legitimaría plenamente el otorgamiento del amparo constitucional interpuesto.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que para la Sala de lo Constitucional, la argumentación desarrollada en el presente recurso de amparo no sobrepasa la consideración de alegaciones de mera legalidad, pues atañe básicamente a la consideración negativa que a la amparista le merece la probanza de un hecho, el cual la jurisdicción ordinaria estima como probado, según sustentado en sana crítica racional y a la luz del derecho que juzga aplicable. Sin embargo, tal posición adversarial de parte, remite a su propia interpretación de la virtualidad probatoria, tanto en lo que concierne al reconocimiento judicial del inmueble objeto mismo del proceso, como a otros medios probatorios evacuados para tal fin; lo cual es trasunto de la deliberación que ha de ventilarse ante la jurisdicción ordinaria, a través de las acciones y recursos que franquea en tiempo, modo y forma la Ley; mas no en lo que compete a esta alta sede de Justicia Constitucional, por no vincular a la protección que confiere la garantía constitucional de amparo al núcleo esencial de los derechos fundamentales; tratándose también, por razón de materia, de: “… asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio (…)”, como reza la causal de inadmisibilidad de la acción de amparo ínsita en el numeral 7) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC); con lo cual se establece la concurrencia de ambas causales de sobreseimiento plasmadas en la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC).-CONSIDERANDO OCHO (8): Que, abundando sobre el primer motivo de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento del recurso, debe decirse que existe continuada jurisprudencia procesal constitucional en la cual se enfatiza, que las cuestiones de mera legalidad son aquellas cuyo juzgamiento corresponde prima facie por el juez natural; tal como acontece en el caso de autos, en el marco de respeto al debido proceso que ameritan las partes procesales legitimadas en el proceso. - En consecuencia, procede se dicte el sobreseimiento de la presente acción de Amparo. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59,60, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numerales 1) y 7), y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de febrero del dos mil veintiuno.-VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada CLARIBEL MEDINA DE LEON a favor de la Sociedad mercantil INMOBILIARIA 5 S.A., contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil veinte (2020), la cual falla SOBRESEYENDO la garantía constitucional de amparo promovida por el recurrente, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis (06) de febrero de dos mil diecisiete (2017); con relación a la Demanda de Proceso Declarativo para la Restitución de la Posesión de un Bien Inmueble por la vía del Proceso Abreviado, promovida por la Sociedad COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI LIMITADA en contra de su representada, tal y como consta del Expediente No. SCO-507-12017; por considerarla que no es conforme a Derecho.-CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho; lo cual es cumplido en tanto requisito de procedibilidad, según resulta de la notificación de fecha diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020) y consiguiente interposición del recurso de reposición en la subsiguiente fecha hábil, según consta de la pieza principal de amparo.-CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición de la parte recurrente, se aprecia que funda su recurso de reposición manifestando que se han infringido las garantías y derechos contenidos en los artículos 90, 103 y 106 de la Constitución de la República, al haberse revocado por la Jurisdicción una sentencia cuando existe falta de legitimación de la parte recurrente, respecto al derecho en disputa; y que, aun constando el respectivo título legítimo de dominio, se intenta realizar actuaciones contrarias al derecho debidamente acreditado; solicitando, por ende, de la Sala de lo Constitucional la reconsideración del presente fallo en salvaguarda los derechos constitucionales de su representada; pues el fallo impugnado señala que dicho recurso de amparo contiene sólo argumentos que no trascienden la mera legalidad, sin apreciar la Sala, los argumentos y razones en que se funda dicho recurso, siendo evidente la infracción actual e inminente al debido proceso y al derecho de propiedad.-CONSIDERANDO (3): Que, finaliza reiterando el recurso de reposición, que el Debido Proceso garantizado constitucionalmente, implica que los procesos se lleven a cabo con todas las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, tales como la aplicación correcta de la ley sustantiva al caso particular, por lo que la falta de aplicación de una disposición legal a un caso concreto no es mera legalidad, sino que una violación clara al Debido Proceso, pues se priva con ello al legítimo propietario de la posesión y dominio de un bien adquirido con todas las formalidades que manda la ley. Transcribe la garantista, a tal efecto, el artículo 903 del Código Civil, disposición legal que estima inaplicada, en perjuicio de su representada. Es notorio, sin embargo, que no expresa agravios contra las consideraciones jurídicas que fundan el sobreseimiento, con base en la Ley Sobre Justicia Constitucional; limitándose a reargüir apreciaciones jurídicas de parte, ya invocadas previamente y conocidas por la Sala, en la presente acción constitucional.-CONSIDERANDO (4): Que el planteamiento de la Abogada recurrente contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, en el presente recurso de reposición, no es de recibo, pues tal sentencia define las razones que impiden legalmente a la jurisdicción constitucional acceder al conocimiento del recurso de amparo impetrado, como son la incursión en alegaciones de mera legalidad y tratarse de asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren de intervenir en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio; por lo cual, se subsume la acción de amparo impetrada en lo establecido en el artículo 46, numerales 1) y 7) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que en tal orden de ideas se estima que la resolución recurrida se encuentra apegada a derecho, en virtud no asistir razón suficiente para enmendar la resolución dictada por la Sala de lo Constitucional, según la pretensión recursiva promovida por la abogada garantista.-CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según correspondiere en derecho.
POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 Nº 7 y Nº 8, 41, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada CLARIBEL MEDINA DE LEON a favor de la Sociedad mercantil INMOBILIARIA 5 S.A., contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil veinte (2020). Y MANDA: Que la Secretaría notifique a la garantista la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción constitucional y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veinte (2020) y Resolución de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0517-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de febrero del dos mil veinte.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CLARIBEL MEDINA DE LEON a favor de la Sociedad mercantil INMOBILIARIA 5 S.A., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha seis (06) de Febrero de dos mil diecisiete (2017), que declaró CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016), con relación a la DEMANDA DE PROCESO DECLARATIVO PARA LA RESTITUCIÓN DE LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE por la vía del proceso abreviado, promovida por la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI LIMITADA contra la SOCIEDAD MERCANTIL INMOBILIARIA 5 S.A.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 90, 103 y 106 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES .-1) Que en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, actuando en su condición de apoderado legal de la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI LIMITADA, promoviendo DEMANDA DE RESTITUCIÓN DE LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE POR LA VÍA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, CON SU ESPECIALIDAD Y SE ACUMULE LA PRETENSIÓN DE PAGO INDEMNIZATORIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS; siendo admitida la misma en fecha trece (13) de marzo de dos mil trece (2013). (Folios 1–49 de la Primera Pieza de los antecedentes).-2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado dicto auto resolutivo celebro Audiencia Preliminar en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual FALLO: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA DE PROCESO DECLARATIVO PARA LA RESTITUCION DE LA POSESION DE UN INMUEBLE POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO, interpuesta por el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ quien actúa en su condición de representante procesal de la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI LIMITADA contra la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA 5 S.A..- SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION DEL DEMANDANTE.- TERCERO: SIN LUGAR LA CONDENA DE PAGO INDEMNIZATORIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.-…” (Folios 241-257 de la Primera Pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER, en su condición de representante procesal de la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI LIMITADA, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha seis (06) de febrero de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN del que se ha hecho merito.- SEGUNDO: SE REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras de lo civil del departamento de Francisco Morazán….- TERCERO: Se DECLARA CON LUGAR la pretensión de restitución de la posesión del inmueble relacionado en el caso de mérito.- CUARTO: Se DECLARA SIN LUGAR la pretensión concerniente al pago de daños y perjuicios adeudados a la parte demandante.- QUINTO: Se declara SIN LUGAR la excepción de falta de legitimación del demandante promovido por la parte demandada.-….” (Folios 10–18 de la Segunda Pieza de los antecedentes), lo cual tuvo como fundamento jurídico de actuaciones, que la demanda en mención se encontraba acordada a derecho únicamente en la primera de sus pretensiones, tal como es la procedencia de la acción posesoria de restitución de un inmueble, por tener aplicación directa los artículos 717, 895 y 902 del Código Civil; de lo cual se desprende, a la luz de lo probado en autos, que la demandante “COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI LIMITADA”, tenía el inmueble cuya restitución reclama mediante la relacionada demanda y que fue despojada por la demandada “SOCIEDAD MERCANTIL INMOBILIARIA 5 S.A.; no así en cuanto a la pretensión de que se restituya con indemnización de daños y perjuicios, dado que se probó y alegó que la demandante fue privada de la posesión, más no resultó probada la injusticia con que actuó la parte demandada, al tenor del artículo 905 del Código Civil. Asimismo, acotó la Corte Ad Quem que ambas partes exhibieron títulos de dominio, sobre los cuales no se debatió si los mismos tenían validez por la naturaleza del juicio que se ha seguido, ya que no era la finalidad declarar el dominio, sino tan sólo sobre la restitución de la posesión. Finalmente, descarta la Corte de Alzada, la procedencia de la excepción de “Falta de Legitimación de la Parte Demandante”, promovida por la parte demandada, pues la demanda cumple con los requisitos establecidos en el artículo 64 del Código Procesal Civil.-4) Que la Abogada CLARIBEL MEDINA DE LEON, compareció ante este Tribunal en fecha treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad mercantil INMOBILIARIA 5 S.A., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha seis (06) de Febrero de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 103 y 106 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017). (Folios 1–08 y 26-40 del presente Recurso).-5) Que en fecha doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: “(…) NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías del debido proceso y el derecho de propiedad invocadas por la Amparista”; lo cual tuvo como fundamento de actuaciones, entre otras consideraciones, que se ha invocado el artículo 903 del aludido Código Civil, el cual establece que los instrumentos públicos no podrán ser impugnados mediante ninguna prueba de posesión, pero ello no significa que la posesión se anula con la existencia del documento, por lo que concluye, que: “… en el presente caso la pretensión del demandante era la restitución posesoria del inmueble, la cual resultó probada en juicio”. Finalmente, en cuanto a lo alegado, referente a una posible vulneración al derecho de propiedad privada con lo decidido por la Corte de Apelaciones, estima el Agente de Tribunales de la Fiscalía de la Constitución, que siendo la actividad judicial en torno a lo demandado acorde al debido proceso, constituye ésta razón suficiente en cuanto a lo resuelto; siendo que el objeto del procedimiento versa sobre la posesión, no afectando en ningún momento el dominio que sobre el inmueble las partes puedan demostrar, con lo cual puede determinar el Ministerio Público que no se han violentado en el presente caso las garantías constitucionales invocadas por la Amparista, como son el debido proceso y el derecho a la propiedad. (Folios 48–51 del presente Recurso).-CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. -CONSIDERANDO DOS (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha seis (06) de Febrero de dos mil diecisiete (2017), que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016), con relación a la DEMANDA DE RESTITUCIÓN DE LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE POR LA VÍA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, promovida por el Abogado RENÉ VELÁSQUEZ DÍAZ quien actúa en su condición de representante procesal de la COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI LIMITADA contra la SOCIEDAD MERCANTIL INMOBILIARIA 5 S.A.; resolución cuyas bases de sustentación obran sucintamente descritas en el antecedente con el numeral 3) de la presente sentencia. - CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en la interposición del presente recurso de amparo, la Abogada CLARIBEL MEDINA DE LEON, ha manifestado que el fallo de la referida Corte de Apelaciones ha transgredido el texto constitucional en los relativo al derecho genérico al debido proceso y al derecho de propiedad, en vista a que el bien inmueble en disputa fue adquirido legalmente por la SOCIEDAD MERCANTIL INMOBILIARIA 5 S.A. mediante instrumento número 26 de fecha 12 de julio de 2012 ante los oficios del Notario Ramiro Alejandro Ramírez Armijo, por compra que hizo a la sociedad inmobiliaria La Oportunidad, S.A., cuyo dominio se encontraba inscrito bajo el asiento número 31 del Tomo 5240 del libro del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas, que corresponde a un desmembramiento de un inmueble de mayor extensión cuyo dominio se encuentra inscrito bajo el asiento número 87 del tomo 3506, inmueble que hubo por compra que le hicieran al señor JAVIER RONALD VENEGAS MATUTE, mediante instrumento público número 67 de fecha 18 de noviembre del año 2000, autorizado por el Abogado Ramón Ovidio Navarro Duarte. Continúa manifestando la recurrente, en sustento de la impetrada garantía de amparo, que la actuación judicial recurrida pretende obviar que se ha presentado como prueba fehaciente del dominio y propiedad del inmueble, el instrumento público antes relacionado; correspondiendo subsumir el caso en el tenor del artículo 903 del Código Civil, que, a la letra dice: “La posesión de los derechos cuya transferencia o constitución se efectúa por instrumento público, se prueba por el mismo instrumento, y mientras este subsista, no es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda impugnarlo”; siendo que, en el proceso de primera instancia, se comprobó la carencia de sustento del demandante para sustanciar el reclamo de restitución de la posesión de un inmueble, en el cual ellos nunca han sido dueños ni ellos, ni sus supuestos predecesores; pues utilizando el mismo medio probatorio del demandante, se realizó el reconocimiento judicial del inmueble en disputa y se pudo constatar que el mismo se encontraba en la posesión de su representada, contrario a lo alegado por la parte demandante.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que a la vista de lo anterior, habiéndose evacuado todas las pruebas admitidas y realizados los alegatos pertinentes, en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016), el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, dictó sentencia apegada a derecho declarando SIN LUGAR la demanda interpuesta de proceso declarativo para la restitución de la posesión de un inmueble por la vía del proceso abreviado y declarando CON LUGAR la excepción de falta de legitimación del demandante, ya que siendo responsabilidad de éste acreditar fehacientemente la pretensión que reclama, este no pudo proponer medios de prueba que desvirtuaran el derecho que asiste a su representada; no obstante lo cual en el recurso de apelación presentado por la contraparte, la Alzada lo declara con lugar, sin considerar lo anteriormente relacionado respecto a la forma de reclamar la posesión de los inmuebles, tal como ocurre en presente caso, en el cual se pretende despojar a su representada de un inmueble cuya propiedad ha sido demostrada mediante compra y sin haberse comprobado los supuestos actos de despojo; por lo cual, no se puede aceptar la sentencia revocatoria dictada por la Corte de Apelaciones. – Por todo lo cual, habiéndose infringido por la Corte de Alzada lo preceptuado en los artículos 90, 103 y 106 de la Constitución de la República, se solicita el otorgamiento del presente recurso de amparo a favor de su representada.CONSIDERANDO SEIS (6): Vistos los antecedentes del presente recurso de amparo, desde una consideración imparcial, fundada en derecho y respetuosa de las garantías y derechos constitucionales, se infiere claramente que éste se subsume en la causal de sobreseimiento que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC) en el numeral 1) del artículo 46; en virtud consistir en argumentaciones que no logran trascender la esfera de mera legalidad y arribar a las nociones jurídicas que se consideran esenciales para la existencia del debido proceso; cuya infracción actual, o inminente, legitimaría plenamente el otorgamiento del amparo constitucional interpuesto.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que para la Sala de lo Constitucional, la argumentación desarrollada en el presente recurso de amparo no sobrepasa la consideración de alegaciones de mera legalidad, pues atañe básicamente a la consideración negativa que a la amparista le merece la probanza de un hecho, el cual la jurisdicción ordinaria estima como probado, según sustentado en sana crítica racional y a la luz del derecho que juzga aplicable. Sin embargo, tal posición adversarial de parte, remite a su propia interpretación de la virtualidad probatoria, tanto en lo que concierne al reconocimiento judicial del inmueble objeto mismo del proceso, como a otros medios probatorios evacuados para tal fin; lo cual es trasunto de la deliberación que ha de ventilarse ante la jurisdicción ordinaria, a través de las acciones y recursos que franquea en tiempo, modo y forma la Ley; mas no en lo que compete a esta alta sede de Justicia Constitucional, por no vincular a la protección que confiere la garantía constitucional de amparo al núcleo esencial de los derechos fundamentales; tratándose también, por razón de materia, de: “… asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio (…)”, como reza la causal de inadmisibilidad de la acción de amparo ínsita en el numeral 7) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC); con lo cual se establece la concurrencia de ambas causales de sobreseimiento plasmadas en la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC).-CONSIDERANDO OCHO (8): Que, abundando sobre el primer motivo de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento del recurso, debe decirse que existe continuada jurisprudencia procesal constitucional en la cual se enfatiza, que las cuestiones de mera legalidad son aquellas cuyo juzgamiento corresponde prima facie por el juez natural; tal como acontece en el caso de autos, en el marco de respeto al debido proceso que ameritan las partes procesales legitimadas en el proceso. - En consecuencia, procede se dicte el sobreseimiento de la presente acción de Amparo. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59,60, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numerales 1) y 7), y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de febrero del dos mil veintiuno.-VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada CLARIBEL MEDINA DE LEON a favor de la Sociedad mercantil INMOBILIARIA 5 S.A., contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil veinte (2020), la cual falla SOBRESEYENDO la garantía constitucional de amparo promovida por el recurrente, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis (06) de febrero de dos mil diecisiete (2017); con relación a la Demanda de Proceso Declarativo para la Restitución de la Posesión de un Bien Inmueble por la vía del Proceso Abreviado, promovida por la Sociedad COOPERATIVA DE VIVIENDA SIGLO XXI LIMITADA en contra de su representada, tal y como consta del Expediente No. SCO-507-12017; por considerarla que no es conforme a Derecho.-CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho; lo cual es cumplido en tanto requisito de procedibilidad, según resulta de la notificación de fecha diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020) y consiguiente interposición del recurso de reposición en la subsiguiente fecha hábil, según consta de la pieza principal de amparo.-CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición de la parte recurrente, se aprecia que funda su recurso de reposición manifestando que se han infringido las garantías y derechos contenidos en los artículos 90, 103 y 106 de la Constitución de la República, al haberse revocado por la Jurisdicción una sentencia cuando existe falta de legitimación de la parte recurrente, respecto al derecho en disputa; y que, aun constando el respectivo título legítimo de dominio, se intenta realizar actuaciones contrarias al derecho debidamente acreditado; solicitando, por ende, de la Sala de lo Constitucional la reconsideración del presente fallo en salvaguarda los derechos constitucionales de su representada; pues el fallo impugnado señala que dicho recurso de amparo contiene sólo argumentos que no trascienden la mera legalidad, sin apreciar la Sala, los argumentos y razones en que se funda dicho recurso, siendo evidente la infracción actual e inminente al debido proceso y al derecho de propiedad.-CONSIDERANDO (3): Que, finaliza reiterando el recurso de reposición, que el Debido Proceso garantizado constitucionalmente, implica que los procesos se lleven a cabo con todas las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, tales como la aplicación correcta de la ley sustantiva al caso particular, por lo que la falta de aplicación de una disposición legal a un caso concreto no es mera legalidad, sino que una violación clara al Debido Proceso, pues se priva con ello al legítimo propietario de la posesión y dominio de un bien adquirido con todas las formalidades que manda la ley. Transcribe la garantista, a tal efecto, el artículo 903 del Código Civil, disposición legal que estima inaplicada, en perjuicio de su representada. Es notorio, sin embargo, que no expresa agravios contra las consideraciones jurídicas que fundan el sobreseimiento, con base en la Ley Sobre Justicia Constitucional; limitándose a reargüir apreciaciones jurídicas de parte, ya invocadas previamente y conocidas por la Sala, en la presente acción constitucional.-CONSIDERANDO (4): Que el planteamiento de la Abogada recurrente contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, en el presente recurso de reposición, no es de recibo, pues tal sentencia define las razones que impiden legalmente a la jurisdicción constitucional acceder al conocimiento del recurso de amparo impetrado, como son la incursión en alegaciones de mera legalidad y tratarse de asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren de intervenir en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio; por lo cual, se subsume la acción de amparo impetrada en lo establecido en el artículo 46, numerales 1) y 7) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que en tal orden de ideas se estima que la resolución recurrida se encuentra apegada a derecho, en virtud no asistir razón suficiente para enmendar la resolución dictada por la Sala de lo Constitucional, según la pretensión recursiva promovida por la abogada garantista.-CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según correspondiere en derecho.
POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 Nº 7 y Nº 8, 41, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada CLARIBEL MEDINA DE LEON a favor de la Sociedad mercantil INMOBILIARIA 5 S.A., contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil veinte (2020). Y MANDA: Que la Secretaría notifique a la garantista la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción constitucional y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veinte (2020) y Resolución de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0517-2017.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL