Sentencia AC-513-18 — Registro 11418
Resumen
Sentencia impugnada que rechazó recurso de Queja interpuesto, contra desistimiento de oposición a Ejecución de Titulo Judicial de Pago al haber sido condenado recurrente en demanda de desahucio interpuesta en su contra, de haber sido declarado en rebeldía en dicho proceso y la preclusión decretada por Ad quem para apelar sentencia de merito
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(7): Que “las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso y a evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole” . Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas. Es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas, sean públicas o privadas. Entendiéndose el Debido Proceso como: ”El derecho que tienen las partes a que se desarrolle el proceso por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por Órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”. CONSIDERANDO (8): Que el debido proceso legal abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido, contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. La jurisprudencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos añade por primera vez en el Caso Mohamed Vs. Argentina que lo anterior “contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias”. Es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana que el artículo 8.1 que rectora las reglas del proceso legal, por ende, los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad que están establecidos por el artículo en referencia son elementos esenciales del debido proceso legal.
CONSIDERANDO (9): La afirmación que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y que la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido tomado en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que están han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión antes las instancias superiores. Sin embargo, el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, por que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha. CONSIDERANDO (10): Que, consagrado dentro del Derecho a la Defensa, es un derecho para el respeto y estricto cumplimiento de las garantías y derechos derivados de la Constitución; y que se generan en pro de la tutela real y efectiva de esos derechos. A nivel internacional, el derecho a la defensa se recoge en los siguientes textos, que vinculan al Estado que los haya suscrito, salvo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que vinculan a todos como un “Derecho Superior”. CONSIDERANDO (11): Que se aprecia en autos de la causa de mérito tanto en su interposición como en la formalización del amparo, y del estudio realizado por esta Honorable Sala de lo Constitucional, si bien acuden a esta instancia aduciendo que se han violentado el principio al debido proceso como el derecho a la defensa, incrimina al Ad Quem que este ha quebrantado los derechos expuestos, por no haber emitido una resolución de fondo y motivada sobre los argumentos impetrados en el tribunal de primera instancia, pero no se puede desconocer que el tribunal de alzada conoce mediante recurso de apelación o de segunda instancia la cual declara sin lugar el recurso de queja y que de los argumentos expuestos por el recurrente atacan situaciones del proceso declarativo y no de la negativa de tramitar el recurso de apelación, debiendo en este caso sub judice sea claro en cuanto a los motivos por los que considera que debe admitirse a trámite el recurso de apelación interpuesto. Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso su examiné se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso ni el derecho a la defensa enunciados en el escrito del amparo interpuesto, por lo que no es más decir que esta Sala enfatiza que el debido proceso es un conjunto de garantías que el Estado tiene la obligación de reconocer, en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, por la cual todos los ciudadanos tienen derecho para obtener protección de sus intereses o derechos a través de un proceso que respete el derecho de las partes, y que además el resultado de este se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenido en el interno del proceso consecuentemente a los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 730 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 732, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1346 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil veinte. VISTO: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ELVIN YOVANI BARRERA MARTINEZ a favor de AMADEO BACA RIVERA contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018), que rechazó el Recurso de Queja interpuesto contra la resolución de fecha diecisiete (17) de abril de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de desahucio interpuesta por el señor JULIO CESAR COLINDRES contra el señor AMADEO BACA RIVERA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinticuatro (24) de julio de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de Inquilinato de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el señor Julio Cesar Colindres promoviendo DEMANDA DE DESAHUCIO POR LA VIA DEL PROCESO DECLARATIVO ABREVIADO. PAGO DE ALQUILERES, contra el señor Amadeo Baca Rivera, con el fin de que se pagara la cantidad de VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.24,000.00) en concepto de arrendamiento a razón de CUATRO MIL (L. 4,000.00) lempiras mensuales, desde el día diez de enero al diez de julio del año dos mil diecisiete. (Folio 1-4 de La pieza principal de sus antecedentes) 2) Que en fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras de Inquilinato, en audiencia pública, resolvió declarando en rebeldía procesal a la parte demandada señor Amadeo Baca Rivera, por no haber comparecido y nombrado un representante procesal que lo represente en aplicación de los artículos 440 y 441 del Código Procesal Civil, asimismo, tuvo por presentados, admitidos y evacuados los medios de prueba públicos y privados presentados por la parte demandante. (Folios 29-30 de la pieza de sus antecedentes) 3) Que en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), para dictar sentencia definitiva en la demanda incoada por desahucio, el Juzgado de Letras de Inquilinato antes mencionado, falló (sic): PRIMERO (1): CON LUGAR PARCIALMENTE la demanda presentada en este juzgado en fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecisiete (2017), por el señor JULIO CESAR COLINDRES como parte demandante en contra del señor AMADEO BACA RIVERA como parte demandante rebelde. SEGUNDO (2): DECRETA: La extinción del vínculo contractual de arrendamiento existente entre las partes del presente juicio. TERCERO (3): CONDENA: Al señor AMADEO BACA RIVERA como parte demandada rebelde a pagar al señor JULIO CESAR COLINDRES como parte demandante la cantidad de VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS (L.24,000.00) en concepto de rentas que se desglosa a continuación: febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio todos del año dos mil diecisiete (2017) a un valor mensual de CUATRO MIL LEMPIRAS (L.4,000.00). CUARTO (4): ABSUELVE: Al señor AMADEO BACA RIVERA como parte demandada rebelde a pagar al señor JULIO CESAR COLINDRES como parte demandante la cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L.183,858.96), en concepto de pago correspondiente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la de Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).QUINTO (5): ORDENA: Al señor AMADEO BACA RIVERA en su condición de parte demandada rebelde que desaloje el inmueble arrendado, en el plazo de un (1) mes contado a partir del requerimiento respectivo. SEXTO (6): contra esta resolución cabe recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante el Juzgado que haya dictado la resolución que se impugne, dentro del plazo de diez (10) días contado desde el día siguiente a la notificación de aquella. (Folios 34-39 de la pieza principal de sus antecedentes) 4) En fecha doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado ya referido, resolvió PRIMERO: Siendo que ambas partes demandante y demandada rebelde, no se pronunciaron en cuanto a interponer recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) dictada por este Tribunal, en el plazo establecido por la Ley, tal como consta en el informe rendido por la Secretaria de este Tribunal de Justicia, en consecuencia Decrétese la PRECLUSIÓN del término otorgado a ambas partes. POR TANTO, Declárese FIRME LA SENTENCIA DEFINITIVA de la demanda de mérito. SEGUNDO: Contra este auto no cabe recurso alguno. (Folio 143-144 de la pieza de sus antecedentes) 5) En fecha diecinueve (19) de enero de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado ya referido, el señor Julio Cesar Colindres, interponiendo DEMANDA DE EJECUCIÓN FORZOSA DE TITULO JUDICIAL MEDIANTE PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO. SE ACOMPAÑAN DOCUMENTO en contra del señor Amadeo Baca Rivera. (Folios 1-3 del expediente de ejecución) 6) En fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018), se presentó ante el Juzgado precitado, el señor Amadeo Baca Rivera, interponiendo oposición a la ejecución de título judicial de pago. (Folios 1-4 del expediente de oposición a la ejecución) 7) En fecha dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018), ante el Juzgado antes mencionado, se presentó el Abogado Misael Alvarado en su condición de representante procesal del señor Julio Cesar Colindres, contestando la oposición efectuada por el señor Amadeo Baca Rivera, relacionada en el numeral sexto. (Folios 39-40 del expediente 0801-2018-00032) 8) En fecha diecinueve (19) de marzo de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras de Inquilinato, conociendo de la oposición a la ejecución interpuesta por el señor Amadeo Baca Rivera, resolvió: PRIMERO (1): En virtud de que consta que las partes del presente juicio fueron notificadas en legal y debida forma por medio de la Secretaria del Despacho para que comparecieran a la audiencia señalada para el DÍA LUNES DIECINUEVE (19) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018) A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 AM) misma que se llevó a cabo con las reglas del proceso abreviado, en la cual solo se hizo presente el Abogado MISAEL ENRIQUE ALVARADO AYALA en su condición de representante legal del señor AMADEO BACA RIVERA como parte demandante ejecutante quien solicitó se declarara el desistimiento de la presente oposición por la incomparecencia del representante procesal de la parte opositora demandado. Asimismo, solicitó la condena en costa en base a lo que establece el artículo 795.1 del Código Procesal Civil: SEGUNDO (2): No habiendo acreditado la parte que promovió dicha oposición justificación ante este Juzgado de su incomparecencia a la audiencia de mérito. TERCERO (3): En consecuencia se tiene por DESISTIDA la presente OPOSICIÓN A EJECUCIÓN DE TITULO JUDICIAL POR PAGO, JUSTIFICADO DOCUMENTALMENTE Y POR FALTA DE REPRESENTACIÓN O LEGITIMACIÓN DEL EJECUTANTE.- SE PROPONEN MEDIOS DE PRUEBA.-PODER.-ANEXOS. Interpuesta por el señor AMADEO BACA RIVERA quien le confirió poder al Abogado ELVIN YOVANI BARRERA MARTINEZ en su condición de Representante Procesal de la parte demandada opositora en contra del señor JULIO CESAR COLINDRES representado por el Abogado (Sic) MISAEL HENRIQUE ALVARADO AYALA como representante procesal de la parte demandante ejecutante. CUARTO (4): Se ordena a la Secretaria del Despacho hacer la devolución de los documentos presentados con la oposición a la ejecución a su compareciente debiendo dejar copia de los folios que retira a costas del representante procesal de la parte demandada; previo recibo que deberá firmar en la Secretaría de este Tribunal. QUINTO (5): Contra este auto cabe recurso de apelación diferida ante el Juez que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de diez (10) días contados desde el día siguiente a la notificación de aquella, según las reglas establecidas para la apelación diferida en los fundamentos de derecho relacionado.- De no interponerse recurso alguno quede firme el presente auto archivándose el expediente de mérito. CON COSTAS. (Folios 56-58 vuelto del expediente 0801-2018-00032) 9) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado ELVIN YOVANI BARRERA MARTINEZ en su condición de Apoderado Legal del señor AMADEO BACA RIVERA, el Juzgado de Letras de Inquilinato, en fecha diecisiete (17) de abril de dos mil dieciocho (2018), resolvió PRIMERO (1): Tener por presentando el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ELVIN YOVANI BARRERA MARTINEZ en su condición de representante procesal del señor AMADEO BACA RIVERA, como parte demandada (ejecutada), junto con la copia simple del mismo y documentos acompañados los cuales se manda a agregar a sus autos. SEGUNDO (2): Que consta de autos que existe sentencia de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), condenando al señor AMADEO BACA RIVERA como parte demandada rebelde a pagar al señor JULIO CESAR COLINDRES como parte demandante la cantidad de VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS (L.24,000.00), en concepto de rentas que se desglosa a continuación: febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio todos del año dos mil diecisiete (2017) a un valor mensual de CUATRO MIL LEMPIRAS (L.4,000.00) ver folios del 34 al 39 de demanda de desahucio numero:0801-2017-00133 que obra en el archivo de este juzgado. Y siendo que la parte demandada no presentó último recibo que debió pagar ni tampoco acreditó su solvencia con comprobante de consignación por rentas, en consecuencia, DENIEGUESE el recurso de apelación, interpuesto por el Abogado ELVIN YOVANI BARRERA MARTINEZ en su condición de representante procesal del señor AMADEO BACA RIVERA como parte demandada (ejecutada), contra el auto de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) el cual obra a folios números 58 al 60 del presente proceso de oposición a la ejecución. TERCERO (3): Contra esta resolución cabe recurso de queja que se interpondrá por escrito directamente ante el órgano competente para conocerlo en los diez (10) días siguientes a la notificación del auto que deniegue el recurso. (Folios 79- 80 vuelto del expediente 0801-2018-00032) 10) Conociendo del recurso de queja interpuesto por el Abogado ELVIN YOVANI BARRERA MARTÍNEZ en su condición antes indicada, contra la resolución relacionada en el numeral que precede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018), resolvió UNICO: Por lo anteriormente expuesto, esta Corte declara: 1) Rechácese el recurso de queja interpuesto por el Abogado ELVIN YOVANY BARRERA MARTINEZ.-NOTIFIQUESE. (Folio 7 del expediente 0801-2018-00032 del recurso de Queja) 11) En fecha diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018), compareció ante este Tribunal, el Abogado ELVIN YOVANI BARRERA MARTÍNEZ, en su condición antes citada, interponiendo acción de amparo a favor del señor AMADEO BACA RIVERA, contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Asimismo, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma al recurrente en el amparo de mérito, en fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, ordenando a la Secretaría de este Tribunal dar vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas, para la emisión del dictamen correspondiente. (Folio 71 de la pieza de amparo) 12) Que en fecha de dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: …Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, establece lo siguiente: Que de la interposición de la acción se desprende que el amparista, acude a esta instancia aduciendo la violación a los derechos constitucionales contenidos en los articulo 82 y 90 de la Constitución de la República. El amparista ha venido a esta instancia, argumentando que a su representado se le declaró en rebeldía procesal, señalando que en ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso, asimismo, manifiesta que se acreditó ante el Ad-quem que la parte demandante carece de representación legal o legitimación, ya que el dueño del inmueble objeto de la demanda era el señor OSCA RENE SANDOVAL OVIEDO y no el señor JULIO CESAR COLINDRES, por lo que no fue valorada la mala fe (dolo) con que la parte demandante ha actuado, ya que la misma no tenía el dominio sobre dicho inmueble y en consecuencia no podía celebrar ningún tipo de acto o contrato sobre esa propiedad y al querer convertir los pagos realizados por su representado por concepto de amortización de deuda adquirida por el señor OSCAR RENE SANDOVAL OVIEDO, a pagos de concepto de alquiler, deja entrever que lo que pretenden los señores JULIO CESAR COLINDRES Y ANGELA DEL CARMEN TROCHEZ RAMOS es adquirir el dominio del inmueble, y que ni el A-quo ni el Ad-quem valoraron el hecho que hay una denuncia en contra de la parte demandante JULIO CESAR COLINDRES Y ANGELA DEL CARMEN TROCHEZ RAMOS y contra el señor OSCAR RENE SANDOVAL OVIEDO por el delito de ESTAFA en perjuicio del señor AMADEO BACA RIVERA. Del examen de la resolución impetrada, esta Representación Fiscal estima que el amparista dirige su acción señalando aspectos que fueron dilucidados en la instancia correspondiente, dictándose la respectiva sentencia definitiva, que ahora es objeto de ejecución y sobre la cual el amparista interpuso formal oposición; sin embargo, ante su incomparecencia a la respectiva audiencia de oposición, el A-quo tuvo por desistida la misma. Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación el cual fue denegado por el A-quo, razón por la cual se presentó recurso de Queja ante la Corte de Apelaciones, recurso que fue inadmitido, al inobservarse lo establecido en el artículo 732.2 del Código Procesal Civil, que señala “REQUISITOS”. 1…2. El escrito de queja deberá contener los fundamentos para la estimación del recurso denegado y se acompañará copia certificada de la resolución denegatoria”. Del estudio de los antecedentes, se aprecia que el recurrente efectivamente no ajusta su escrito a lo exigido en el Código Procesal Civil, es decir, no indica los argumentos por los cuales considera debió admitirse a trámite el recurso de apelación interpuesto. Por otro lado, la norma procesal en comento, en su artículo 730 dispone: “El objeto del recurso de queja es el reexamen del auto que deniegue la interposición del recurso de apelación o del recurso de casación”; y en el caso sub judice de la simple lectura del escrito de apelación se aprecia que el mismo no ataca la negativa del A-quo de tramitar dicho recurso. De lo antes expuesto se advierte que la actuación del Ad-quem se encuentra ajustada a lo dispuesto en la Ley, por lo que la resolución emitida no vulnera las garantías constitucionales invocadas por el amparista. IV.-OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE DENIEGUE la presente acción de amparo, por NO existir las vulneraciones constitucionales invocadas por el amparista. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con los artículos 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo interpuesto por el Abogado ELVIN YOVANI BARRERA MARTINEZ a favor de AMADEO BACA RIVERA contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018), que rechazó el Recurso de Queja interpuesto contra la resolución de fecha diecisiete (17) de abril de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de desahucio interpuesta por el señor JULIO CESAR COLINDRES contra el señor AMADEO BACA RIVERA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Señala el impetrante en su recurso de amparo se contrae que la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018), le ha vulnerado las garantía constitucionales del debido proceso como el derecho a la defensa y por consecuencia el principio de legalidad homologado en el artículo 321 Constitucional, argumentando que a su representado se le declaró en rebeldía procesal, señalando que en ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso, asimismo, manifiesta que se acreditó ante el Ad Quem que la parte demandante carece de representación legal o legitimación, ya que el dueño del inmueble objeto de la demanda era el señor OSCAR RENE SANDOVAL OVIEDO y no el señor JULIO CESAR COLINDRES, por lo que no fue valorada la mala fe (dolo) con que la parte demandante ha actuado, ya que la misma no tenía el dominio sobre dicho inmueble y en consecuencia no podía celebrar ningún tipo de acto o contrato sobre esa propiedad y al querer convertir los pagos realizados por su representado por concepto de amortización de deuda adquirida por el señor OSCAR RENE SANDOVAL OVIEDO, a pagos de concepto de alquiler, deja entrever que lo que pretenden los señores JULIO CESAR COLINDRES Y ANGELA DEL CARMEN TROCHEZ RAMOS es adquirir el dominio del inmueble, y que ni él A Quo ni el Ad Quem valoraron el hecho que hay una denuncia en contra de la parte demandante JULIO CESAR COLINDRES Y ANGELA DEL CARMEN TROCHEZ RAMOS y contra el señor OSCAR RENE SANDOVAL OVIEDO por el delito de ESTAFA en perjuicio del señor AMADEO BACA RIVERA. Del examen de la resolución impetrada, se estima que el amparista dirige su acción señalando aspectos que fueron dilucidados en la instancia correspondiente, dictándose la respectiva sentencia definitiva, que ahora es objeto de ejecución y sobre la cual el amparista interpuso formal oposición; sin embargo, ante su incomparecencia a la respectiva audiencia de oposición, el A Quo tuvo por desistida la misma. Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación el cual fue denegado por él A Quo, razón por la cual se presentó Recurso de Queja ante la Corte Primera de Apelaciones, recurso que fue inadmitido, al inobservarse lo establecido en el artículo 732.2 del Código Procesal Civil, que señala “REQUISITOS” 1… 2. El escrito de queja deberá contener los fundamentos para la estimación del recurso denegado y se acompañará copia certificada de la resolución denegatoria”. Del estudio de los antecedentes, se aprecia que el recurrente efectivamente no ajusta su escrito a lo exigido en el Código Procesal Civil, es decir, no indica los argumentos por los cuales considera debió admitirse a trámite el recurso de apelación interpuesto. Por otro lado, la norma procesal en comento, en su artículo 730 dispone: “El objeto del recurso de queja es el reexamen del auto que deniegue la interposición del recurso de apelación o del recurso de casación”; y en el caso sub judice de la simple lectura del escrito de apelación se aprecia que el mismo no ataca la negativa del A Quo de tramitar dicho recurso. De lo antes expuesto se advierte que la actuación del Ad Quem se encuentra ajustada a lo dispuesto en la Ley, por lo que la resolución emitida no vulnera las garantías constitucionales invocadas por el amparista. CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República establece expresamente: “Solicitada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, los jueces y magistrados no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes”[1]. CONSIDERANDO (6): Que le es aplicable lo estipulado en el artículo 1346 del Código Civil: “Las obligaciones nacen de la Ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia”. Prologando en forma continua e ininterrumpida bajo las mismas condiciones que fueron pactadas entre las partes, por lo que hace determinar que la relación final entre las partes se enmarcó dentro de la misma figura jurídica de un cuasi contrato. Por consiguiente, el Estado reconoce la función social de la propiedad privada, y en tal virtud, se declara de interés público en el arrendamiento de viviendas y de los cales urbanos y suburbanos que regula la Ley de Inquilinato creada mediante Decreto número 50 del año 1966. CONSIDERANDO (7): Que “las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso y a evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”[2]. Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas. Es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas, sean públicas o privadas. Entendiéndose el Debido Proceso como:[3] ”El derecho que tienen las partes a que se desarrolle el proceso por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por Órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”. CONSIDERANDO (8): Que el debido proceso legal abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido, contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. La jurisprudencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos añade por primera vez en el Caso Mohamed Vs. Argentina que lo anterior “contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias”. Es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana que el artículo 8.1 que rectora las reglas del proceso legal, por ende, los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad que están establecidos por el artículo en referencia son elementos esenciales del debido proceso legal.
CONSIDERANDO (9): La afirmación que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y que la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido tomado en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que están han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión antes las instancias superiores. Sin embargo, el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, por que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha. CONSIDERANDO (10): Que, consagrado dentro del Derecho a la Defensa, es un derecho para el respeto y estricto cumplimiento de las garantías y derechos derivados de la Constitución; y que se generan en pro de la tutela real y efectiva de esos derechos. A nivel internacional, el derecho a la defensa se recoge en los siguientes textos, que vinculan al Estado que los haya suscrito, salvo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que vinculan a todos como un “Derecho Superior”. CONSIDERANDO (11): Que se aprecia en autos de la causa de mérito tanto en su interposición como en la formalización del amparo, y del estudio realizado por esta Honorable Sala de lo Constitucional, si bien acuden a esta instancia aduciendo que se han violentado el principio al debido proceso como el derecho a la defensa, incrimina al Ad Quem que este ha quebrantado los derechos expuestos, por no haber emitido una resolución de fondo y motivada sobre los argumentos impetrados en el tribunal de primera instancia, pero no se puede desconocer que el tribunal de alzada conoce mediante recurso de apelación o de segunda instancia la cual declara sin lugar el recurso de queja y que de los argumentos expuestos por el recurrente atacan situaciones del proceso declarativo y no de la negativa de tramitar el recurso de apelación, debiendo en este caso sub judice sea claro en cuanto a los motivos por los que considera que debe admitirse a trámite el recurso de apelación interpuesto. Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso su examiné se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso ni el derecho a la defensa enunciados en el escrito del amparo interpuesto, por lo que no es más decir que esta Sala enfatiza que el debido proceso es un conjunto de garantías que el Estado tiene la obligación de reconocer, en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, por la cual todos los ciudadanos tienen derecho para obtener protección de sus intereses o derechos a través de un proceso que respete el derecho de las partes, y que además el resultado de este se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenido en el interno del proceso consecuentemente a los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 59, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional;; 1, 3, 12, 24, 730, 731, 732.2 y 733.1 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGAR la acción de AMPARO interpuesto por el Abogado ELVIN YOVANI BARRERA MARTINEZ a favor de AMADEO BACA RIVERA contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. REDACTÓ MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta de noviembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-513-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 305 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 5 del Código Procesal Civil.
[3] Artículo 3 del Código Procesal Civil.