Sentencia AC-500-18 — Registro 11315
Resumen
Se interpuso recurso de amparo, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que declaró sin lugar la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la demanda ordinaria de nulidad de instrumentos públicos. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados lo establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (15): Que este Alto Tribunal advierte que las argumentaciones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna, partiendo su acción de argumentos infundados de los que se deduce que su motivación no es otra que una simple inconformidad con lo resuelto y la continuada dilación del procedimiento principal, conforme se evidencia de las actuaciones que constituyen el proceso civil que ha sido examinado in extenso en virtud del presente recurso. Adicionalmente, y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales de la persona que se ha señalado como agraviada, corresponde conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada LEONELA MARITZA MARTÍNEZ RUBIO, a favor de los señores ALEXANDER HEDMAN ALAS y PILAR SUAREZ contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, que declaró sin lugar la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha en fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis; con relación a la demanda ordinaria de nulidad de instrumentos públicos, promovida por la señora JUDY BAHR MAZZONNI contra los señores ALEXANDER HEDMAN ALAS y PILAR SUAREZ. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados lo establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinticuatro de julio del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la señora JUDY BAHR MAZZONI, actuando en su condición personal, promoviendo demanda por la Vía Ordinaria contra el señor ALEXANDER HERMAN ALAS. (Folios 01 al 10 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dicto resolución mediante la cual RESUELVE: 1) DESESTIMAR la presente oposición de un título judicial. 2)SE ORDENA de Oficio Subsanar el numeral tres (3) de la parte dispositiva del auto de fecha siete (07) de marzo del año dos mil dieciséis (2016) el cual deberá leerse de la siguiente manera: “3) A efecto de dar cumplimento con lo ordenado en la sentencia definitiva de fecha seis (6) de agosto del año dos mil trece (2013), librase atento Oficio al Notario Kileer Acosta García a fin de que proceda anotar al margen del instrumento público número ochenta y tres (83) otorgado en su protocolo corriente del año dos mil siete (2007) el cual contiene la escritura de donación otorgada por el señor ALEXANDER HEDMAN ALAS a favor de la señora PILAR SUAREZ, que el mismo ha sido anulado en virtud de la sentencia definitiva antes mencionada, así mismo librase atento mandamiento al instituto de la propiedad de esta ciudad, para que cancele la inscripción del instrumento numero OCHENTA Y TRES (83) que contiene el contrato de Donación otorgada por ALEXANDER HEDMAN ALAS, a favor de PILAR SUAREZ, que corre bajo número CINCUENTA Y UNO (51) del tomo CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO (5904) quedando subsistente las anteriores inscripciones de los tres inmuebles objetos de la donación (número 40 del tomo 4371 trasladado a folio real con matricula 247375; número 21 del tomo 5470; número 68 del tomo 4712) y los gravámenes que constituidos sobre los mismos si los hubiere.” 3) Así mismo SE ORDENA la CONTINUACIÓN de la presente ejecución de título judicial. 4) CONDENA a los señores ALEXANDER HEDMAN ALAS y PILAR SUAREZ, como parte opositora al pago de las costas causadas en la presente oposición. 5) Contra este auto cabe el recurso de apelación, el que deberá ser interpuesto dentro de los diez (10) días siguientes al acta de notificación de la presente resolución (artículos 707, 709 y 765 CPC). (Folios 447 al 448 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado HÉCTOR RENE MALDONADO, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, dicto sentencia mediante la cual RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación. SEGUNDO: SE CONFIRMA el Auto definitivo recurrido por estar dictado conforme a derecho. - CON COSTAS. (Folios 10 al 12 de la segunda pieza de antecedentes). 4) Que la Abogada LEONELA MARITZA MARTÍNEZ RUBIO,, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve de julio del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de los señores ALEXANDER HERMAN ALAS y PILAR SUAREZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, de que se ha hecho referencia en el considerando que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha seis de marzo del año dos mil diecinueve. 5) Que en fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE, el amparo solicitado. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales, la referida sentencia de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, que conociendo en apelación de un auto definitivo de fecha 27 de mayo de 2016, dispuso su confirmatoria, al considerar que la decisión del Juez A Quo de desestimar una oposición a la ejecución de un título judicial fue dictado de conformidad a los requerimientos y formalidades de ley, en tanto que se invocó un motivo de oposición que no pudo ser acreditado en el procedimiento, de ahí entonces que, al aplicarse las normas procesales en condiciones de igualdad, se ha dado cumplimiento a la tutela judicial efectiva, encontrando infundados los agravios externados por la parte ejecutada en su recurso. CONSIDERANDO (5): Que en el caso que nos ocupa, y siendo que, como parte del procedimiento de ejecución, se establece la posibilidad de oponerse a la misma, se observa que la oposición fue presentada, tramitada y desestimada por el juez de instancia siguiendo el procedimiento establecido en la ley. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala advierte que en el caso objeto de estudio, se ha peticionado la ejecución de una sentencia de condena que se encuentra firme, y contra la cual se interpusieron en el trámite por la parte que fue vencida en juicio, los recursos de apelación, casación e inclusive el de revisión ante esta Sala de lo Constitucional, todos los cuales fueron desestimados por los órganos jurisdiccionales que los han conocido. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala observa además que la demanda con la que se dio inicio al proceso civil que nos ocupa se presentó en el año dos mil ocho (2008) es decir hace ONCE (11) años, la cual estaba encaminada a que se declarase la nulidad de instrumentos públicos, alegándose que el señor ALEXANDER HEDMAN ALAS, quien fuera declarado culpable de un delito de HOMICIDIO CULPOSO, en perjuicio del joven MARIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ BAHR, efectuó donaciones a su esposa PILAR SUAREZ, cuando había sido declarado en interdicción civil por sentencia firme, demanda que fue declarada HA LUGAR mediante fallo dictado en fecha seis (6) de agosto de dos mil trece (2013), por ende, tiene más de SEIS (6) años de haber sido dictada, sin que a la fecha haya sido ejecutada como lo manda la ley. CONSIDERANDO (8): Que se alegó por parte de la impetrante que el A Quo ha transgredido la garantía del debido proceso porque ha ordenado una actuación que violenta el principio de invariabilidad de las sentencias, al disponer la subsanación de oficio de un auto de trámite, mediante el cual se ordena el libramiento de un oficio al Notario Kileer Acosta García para que hiciera una anotación al margen del instrumento público cuya nulidad fue dispuesta en sentencia definitiva, sin embargo, resulta evidente para esta Sala que con esta actuación el juez de instancia no ha variado ni modificado en forma alguna la sentencia que puso fin al proceso, pues éste, dentro de sus potestades de ley ha dispuesto lo pertinente para que dicha sentencia sea cumplida, tal y como lo ha estimado el Tribunal Ad Quem, al considerar que el procedimiento de ejecución ha sido tramitado y resuelto conforme a ley, no advirtiendo disminución alguna a los derechos que asisten a las partes en la contienda civil que fue conocida, decidida y resuelta, restando únicamente concretar la ejecución del fallo, la que se encuentra en proceso. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala no observa que el Tribunal de Alzada haya actuado de manera arbitraria o ilegitima en su decisión como lo ha indicado la recurrente, con lo que tanto el Juzgado de Letras, como la Corte de Apelaciones no han hecho más que ceñir sus decisiones a las disposiciones que contempla la legislación procesal atinente al asunto que nos ocupa. CONSIDERANDO (10): Que la sentencia impugnada emitida por la Alzada, hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, orientando su decisión a confirmar la resolución del A-Quo, con lo cual, no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso. CONSIDERANDO (11): Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO (12): Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO (13): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismo que ha sido debidamente motivado por el Tribunal de Apelaciones, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado. CONSIDERANDO (14): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO (15): Que este Alto Tribunal advierte que las argumentaciones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna, partiendo su acción de argumentos infundados de los que se deduce que su motivación no es otra que una simple inconformidad con lo resuelto y la continuada dilación del procedimiento principal, conforme se evidencia de las actuaciones que constituyen el proceso civil que ha sido examinado in extenso en virtud del presente recurso. Adicionalmente, y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales de la persona que se ha señalado como agraviada, corresponde conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 5, 7, 46 numerales 1) y 9), y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por interpuesto por la Abogada LEONELA MARITZA MARTÍNEZ RUBIO, a favor de los señores ALEXANDER HEDMAN ALAS y PILAR SUAREZ contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018), al haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes diciembre del año dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de enero del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0500-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL