Sentencia AC-497-19 — Registro 11913
Resumen
Resolución impugnada que declaró Sin Lugar recurso de Apelación y confirma Sentencia que declaró sin lugar denuncia por Violencia Domestica y condenó a Costas a impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que un examen detenido del escrito de formalización del amparo interpuesto por el Quejoso, revela que en éste cuestiona la decisión de la Corte de Apelaciones de confirmar la negativa por parte del A-quo a abrir el juicio a prueba y por otro lado, sostiene que le vulnera a dicha institución el debido proceso al haber sido el Ministerio Público condenado en costas, contrario a lo que manda el artículo 219 del Código Procesal Civil que reza en el numeral cuatro (4): En ningún caso se impondrán costas al Ministerio Público en los procesos en que intervenga como parte por mandato de la Ley. CONSIDERANDO (12): Que la necesidad de proteger de manera oportuna y efectiva a las personas que denuncian hechos constitutivos de violencia doméstica, exigen que el cumplimiento de las medidas de seguridad sea acatado de manera inmediata. El artículo 7 de Ley contra la Violencia Doméstica establece, que sí el agresor en los términos de esta ley, no acata uno de los mecanismos de protección impuestos a favor de la víctima, será sancionado con la prestación de servicios a la comunidad en un término de tiempo que puede comprender entre uno a tres meses. CONSIDERANDO (13): Que esta sala de lo Constitucional observa en el caso de autos que con la narración y aceptación de los hechos expuestos por la denunciada, existen elementos probatorios suficientes para estimar que la señora FARA JIZZETH LAINEZ CAMPOS, ejecutó conductas constitutivas de violencia doméstica sicológica, de tal manera que la imposición de la sanción de servicios a la comunidad, no se presenta como una restricción arbitraria o irrazonable de sus derechos fundamentales, que haya dado lugar a la vulneración de su derecho a la igualdad, al derecho de defensa ni a la garantía genérica del debido proceso, por lo que a este respecto, el amparo debe ser denegado. Ahora, con relación a la condena en costas al Ministerio Público, si estima esta Sala de lo Constitucional, la vulneración al principio de legalidad y consecuentemente al del debido proceso, en tanto en cuanto se debió aplicar el contenido de los artículos 221 en relación con el 229 del Código Procesal Civil, en el cual se concluye que “En ningún caso se impondrán costas al Ministerio Público en los procesos en que intervenga como parte por mandato de la Ley”. CONSIDERANDO (14): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala es del criterio porque se OTORGUE PARCIALMENTE el amparo interpuesto por el Ministerio Público, para el único efecto de que se revoque la condena en constas, por lo demás, concerniente al tema de Violencia Doméstica CONFIRMA LO RESUELTO POR LA ALZADA"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 219 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Contra la Violencia Doméstica, art. 7 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de febrero de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica del departamento de Francisco Morazán, en fecha once de octubre de dos mil dieciocho, con relación a la denuncia por violencia doméstica, promovida por el señor Edgar Hernán Ortiz Flores, contra la señora Fara Jizzeth Laínez Campos. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 80 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S. 1) Que en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica del departamento de Francisco Morazán, el señor Edgar Hernán Ortiz Flores, interponiendo denuncia contra la señora Fara Jizzeth Laínez Campos, por haber cometido supuestos actos de violencia doméstica en contra del denunciante. (Folio 1 vuelto de la pieza del A-quo) 2) Que en fecha once de octubre de dos mil dieciocho, el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual: FALLA: 1).-Declarar CON LUGAR, la Denuncia de Violencia Domestica, promovida por el señor EDGAR HERNAN ORTIZ FLORES contra la señora FARA JIZZETH LAINEZ CAMPOS, ambos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, hechos que se subsumen en Violencia Domestica de tipo Psicologica.-2) Ordenar que se continúe con el cumplimiento de los mecanismos de protección impuestos, durante el término establecido, las medidas de seguridad vencen EL DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, las medidas cautelares vencen en fecha ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, pudiendo prorrogarlas por dos meses más si comparecen a solicitarlo antes de su vencimiento.-3).-Se ordena que la señora FARA JIZZETH LAINEZ CAMPOS preste servicios a la comunidad por el término de UN MES, el cual será cumplido en el periodo de dos horas diarias en virtud de lo anterior y para su cumplimiento, se hace constar que en este acto la Secretaria del Despacho hace entrega al denunciado de la nota dirigida a la Gerencia de Desarrollo Humano de la Alcaldía Municipal, a fin de que se le asigne a los remitidos la prestación de servicios a la comunidad que corresponda. Dicha prestación de servicios a la comunidad equivaldrá a una jornada de dos horas diarias la que pueden ser hábiles o inhábiles y podrán en todo caso, acumularse jornadas para cumplirse en días inhábiles de la respectiva semana, siempre que la naturaleza del servicio comunitario lo permita, debiéndose establecer un horario que no interfiera en las horas laborales de los señores antes mencionados, hasta que cumplan con el periodo asignado, debiendo acreditar debidamente su horario de trabajo, bajo la prevención que de no cumplir con la sanción impuesta su conducta será considerada como delito y se penalizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 346 del Código Penal. (Folios 11-16 de la pieza del A-quo) 3) Que conociendo del recurso de apelación presentado por la Abogada Amalia Cubas Estrada, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, contra la sentencia que ha sido relacionada en EL numeral que precede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en donde por unanimidad de votos falló: PRIMERO: Sin lugar el recurso de apelación.-SEGUNDO: Confirmando la sentencia recurrida.-TERCERO: Con Costas. (Folios 34-44 de pieza del Ad-quem) 4) Que el Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 80 y 321 de la Constitución de la República. Asimismo, en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por formalizado el recurso de mérito, por el Abogado antes mencionado, omitiéndose dar la vista de los antecedentes al Fiscal, de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folios 1-5/27 de la pieza de amparo) CONSIDERANDO (1): Que en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el señor Edgar Hernán Ortiz Flores, compareció ante el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica del departamento de Francisco Morazán, donde interpuso denuncia en contra de la señora Fara Jizzeth Laínez Campos, a quien atribuye la comisión de actos constitutivos de violencia doméstica en contra del denunciante. CONSIDERANDO (2): Que según expuso verbalmente el compareciente, la señora Fara Jizzeth Laínez Campos ha acudido constantemente a su lugar de trabajo, muy molesta porque no le entrega la pensión alimenticia para sus hijos en la misma fecha, aclarando el denunciante que esa conducta no es siempre, sino que es consecuencia de cuando retrasan la fecha de pago en su trabajo, pues en ocasiones no les pagan en la misma fecha. Sostiene el denunciante que la denunciada llega a las instalaciones de su trabajo con los niños y obliga a los menores a que digan que no han comido, que tienen hambre y que le pidan el dinero a su papá. - Manifiesta que la señora Fara Jizzeth Laínez Campos ha pedido hablar con su superior indicando a los menores que digan que pasan hambre, que no tienen comida porque su papa no les da dinero. Expresa el denunciante que, con esto, está poniendo en peligro su trabajo, ya que ha llegado al extremo de que policías de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I). han llegado al trabajo a capturarlo por denuncias que ha interpuesto la señora Fara Jizzeth Laínez Campos, comprobándose posteriormente que se trata hechos inexistentes, es decir falsa denuncia y que lo ha hecho para mortificar al denunciante. CONSIDERANDO (3): Que en auto de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez de Letras decretó las medidas de seguridad siguientes: a) orden de alejamiento para el denunciado del domicilio común, b) prohibición de transitar por el centro de trabajo y lugares habitualmente frecuentados por la denunciante, concluyendo finalmente que tales medidas tendrían una vigencia de dos meses a partir de la notificación respectiva. CONSIDERANDO (4): Que en fecha once de octubre de dos mil dieciocho, el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual: FALLA: 1).-Declarar CON LUGAR, la Denuncia de Violencia Domestica, promovida por el señor EDGAR HERNAN ORTIZ FLORES contra la señora FARA JIZZETH LAINEZ CAMPOS, ambos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, hechos que se subsumen en Violencia Domestica de tipo Psicologica.-2) Ordenar que se continúe con el cumplimiento de los mecanismos de protección impuestos, durante el término establecido, las medidas de seguridad vencen EL DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, las medidas cautelares vencen en fecha ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, pudiendo prorrogarlas por dos meses más si comparecen a solicitarlo antes de su vencimiento.-3).-Se ordena que la señora FARA JIZZETH LAINEZ CAMPOS preste servicios a la comunidad por el término de UN MES, el cual será cumplido en el periodo de dos horas diarias en virtud de lo anterior y para su cumplimiento, se hace constar que en este acto la Secretaria del Despacho hace entrega al denunciado de la nota dirigida a la Gerencia de Desarrollo Humano de la Alcaldía Municipal, a fin de que se le asigne a los remitidos la prestación de servicios a la comunidad que corresponda. Dicha prestación de servicios a la comunidad equivaldrá a una jornada de dos horas diarias la que pueden ser hábiles o inhábiles y podrán en todo caso, acumularse jornadas para cumplirse en días inhábiles de la respectiva semana, siempre que la naturaleza del servicio comunitario lo permita, debiéndose establecer un horario que no interfiera en las horas laborales de los señores antes mencionados, hasta que cumplan con el periodo asignado, debiendo acreditar debidamente su horario de trabajo, bajo la prevención que de no cumplir con la sanción impuesta su conducta será considerada como delito y se penalizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 346 del Código Penal. CONSIDERANDO (5): Que no conforme con lo dispuesto en la sentencia definitiva antes referida, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, interpuso recurso de apelación contra la sentencia aludida. CONSIDERANDO (6): Que en resolución de fecha 19 de marzo de 2019, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, (ver folio 34 segunda pieza), declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, arguyendo que la Ley contra la Violencia Doméstica no es una ley penal, y que por lo tanto lo que contempla son medidas de seguridad y sanciones en caso de incumplimiento, y que siendo que en el caso de autos ha sido probada que la conducta de la denunciada se subsume en el tipo de violencia psicológica, es procedente la imposición del cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas, caso contrario es procedente considerar esta conducta como delito, según lo establece el artículo 346 del Código Penal. CONSIDERANDO (7): Que en fecha 29 de marzo de 2019, el agente Fiscal JUAN CARLOS SANCHEZ, interpuso recurso de amparo a favor de su cliente, alegando que la resolución de fecha 19 de marzo de 2019, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, es violatoria del principio-derecho de igualdad, del derecho a la defensa y de la garantía genérica del debido proceso, consagrados respectivamente, en los artículos 60, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (8): Que según expone el recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales invocados se ha producido, en tanto en cuanto que con la resolución dictada por la Corte de Apelaciones se le priva a la denunciada de su derecho de petición en relación al reclamo a la pensión alimenticia de sus menores hijos, pasando por alto el Tribunal Ad Quem, que el denunciante en ocasiones no aporta la cantidad de dinero en la misma fecha, y se atrasa en el pago hasta quince días; estima como derecho vulnerado el habérsele denegado el abrir el juicio a pruebas, no obstante, lo anterior, señala el tribunal de alzada que está de acuerdo con la decisión del A-quo, en vista de que la denunciada es clara al ratificar cada uno de los hechos alegados por el denunciante, declarando que es cierto que ella lo va a buscar a su lugar de trabajo y que lo ha denunciado a la Dirección Policial de Investigaciones D.P.I.; asimismo aceptó que ella incoo anteriormente una demanda por alimentos y que él siempre le da la pensión pero que se atrasa en ocasiones. Expone la alzada que la conducta protagonizada y aceptada por la denunciada en su declaración realizada en la audiencia respectiva, consiste en agresión sicológica al denunciante, ya que tenía expedito utilizar los procedimientos legales previamente establecidos para denunciar la irregularidad ocasional de la entrega de la pensión en una misma fecha. CONSIDERANDO (9): Que como quedó dicho, la denuncia de autos, fue presentada ante el Juez competente el día 24 de septiembre de 2018, de ahí que en el caso de autos resultan de aplicación la norma prevista en el Decreto Legislativo No. 250-2005 publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.30,950 del 11 de marzo de 2006, contentivo de la Ley reformada contra la Violencia Doméstica. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 6 del mencionado Decreto establece, que para tutelar o restituir los derechos de las mujeres que sufran violencia doméstica se establecerán mecanismos de protección que consisten en: medidas de seguridad precautorias y cautelares y que entre éstas se encuentran la de a) orden de alejamiento para el denunciado del domicilio común, b) prohibición de transitar por el centro de trabajo y lugares habitualmente frecuentados por la denunciante, concluyendo finalmente que tales medidas tendrían una vigencia de dos meses a partir de la notificación respectiva. Siendo que dicha norma se refiere específicamente a los derechos de las mujeres, la Sala interpreta y aplica el artículo 59 constitucional que manda que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado esto en relación con el artículo 60 también constitucional que manda la igualdad de derechos, por lo tanto, es sabido que dicha ley le es aplicable también a la mujer en su condición de denunciada. CONSIDERANDO (11): Que un examen detenido del escrito de formalización del amparo interpuesto por el Quejoso, revela que en éste cuestiona la decisión de la Corte de Apelaciones de confirmar la negativa por parte del A-quo a abrir el juicio a prueba y por otro lado, sostiene que le vulnera a dicha institución el debido proceso al haber sido el Ministerio Público condenado en costas, contrario a lo que manda el artículo 219 del Código Procesal Civil que reza en el numeral cuatro (4): En ningún caso se impondrán costas al Ministerio Público en los procesos en que intervenga como parte por mandato de la Ley. CONSIDERANDO (12): Que la necesidad de proteger de manera oportuna y efectiva a las personas que denuncian hechos constitutivos de violencia doméstica, exigen que el cumplimiento de las medidas de seguridad sea acatado de manera inmediata. El artículo 7 de Ley contra la Violencia Doméstica establece, que sí el agresor en los términos de esta ley, no acata uno de los mecanismos de protección impuestos a favor de la víctima, será sancionado con la prestación de servicios a la comunidad en un término de tiempo que puede comprender entre uno a tres meses. CONSIDERANDO (13): Que esta sala de lo Constitucional observa en el caso de autos que con la narración y aceptación de los hechos expuestos por la denunciada, existen elementos probatorios suficientes para estimar que la señora FARA JIZZETH LAINEZ CAMPOS, ejecutó conductas constitutivas de violencia doméstica sicológica, de tal manera que la imposición de la sanción de servicios a la comunidad, no se presenta como una restricción arbitraria o irrazonable de sus derechos fundamentales, que haya dado lugar a la vulneración de su derecho a la igualdad, al derecho de defensa ni a la garantía genérica del debido proceso, por lo que a este respecto, el amparo debe ser denegado. Ahora, con relación a la condena en costas al Ministerio Público, si estima esta Sala de lo Constitucional, la vulneración al principio de legalidad y consecuentemente al del debido proceso, en tanto en cuanto se debió aplicar el contenido de los artículos 221 en relación con el 229 del Código Procesal Civil, en el cual se concluye que “En ningún caso se impondrán costas al Ministerio Público en los procesos en que intervenga como parte por mandato de la Ley”. CONSIDERANDO (14): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala es del criterio porque se OTORGUE PARCIALMENTE el amparo interpuesto por el Ministerio Público, para el único efecto de que se revoque la condena en constas, por lo demás, concerniente al tema de Violencia Doméstica CONFIRMA LO RESUELTO POR LA ALZADA. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 6, 7 párrafo primero de la Ley contra la Violencia Doméstica, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b) y 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional, 119 y 221 del Código Procesal Civil FALLA: OTORGANDO PARCIALMENTE LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta por el Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica del departamento de Francisco Morazán, en fecha once de octubre de dos mil dieciocho, con relación a la denuncia por violencia doméstica, promovida por el señor Edgar Hernán Ortiz Flores, contra la señora Fara Jizzeth Laínez Campos, Y MANDA: 1.- RESPECTO A LA CONDENA EN COSTAS, SE OTORGA EL AMPARO PUES SE VULNERO EL DEBIDO PROCESO AL OMITIR LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 219 Y 221 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL QUE MANDA “En ningún caso se impondrán costas al Ministerio Público en los procesos en que intervenga como parte por mandato de la Ley”. 2.- CON RELACIÓN A LA SENTENCIA RECURRIDA EN EL TEMA DE VIOLENCIA DOMESTICA, NO SE OBSERVA VULNERACIÓN AL DERECHO DE ACCIÓN ALEGADO, POR TANTO, SE DENIEGA EL AMPARO. 3.- Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. - FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de octubre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-497-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTTUCIONAL