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Sentencia AC-495-19 — Registro 12700

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó la acción de amparo que ordena se subsane la demanda presentada, relativo a que se presente documento original o autenticado de la Escritura de Constitución de Banco Atlántida S.A., en la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado, en perjuicio de su representada, los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO 8: Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a declarar con lugar el recurso de amparo promovido, ante la inobservancia por el A-quo del procedimiento establecido en el Código Procesal Civil, relacionado al deber de los órganos jurisdiccionales de motivar sus resoluciones, con especial observancia al contenido formal de los autos, los que serán siempre motivados, so pena de una declaratoria de nulidad, al prescindirse de normas esenciales del procedimiento, siempre que por dicha causa se haya producido indefensión, ello al tenor de lo establecido en los Artículos 3 que desarrolla el debido proceso, en relación con los preceptos 193.2.b), 199 y 212.4 del Código Procesal Civil. En ese orden de ideas el Artículo 783 del Código Procesal Civil establece los elementos que debe contener la Demanda de Ejecución de Títulos Extrajudiciales; si bien el artículo 284 hace relación a la legitimación del actor que promueve la demanda, no es exigencia establecida en la ley, que tal acreditación deba realizarse presentando documento original o autenticado de la Escritura de Constitución cuando se trate de una persona Jurídica. El numeral 3 del artículo 7 de la ley procesal civil establece que cuando no se señale una formalidad específica para la ejecución de un acto procesal, éste se realizará de acuerdo con la forma que implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la ley, por ello que la Corte estima que, para acreditar la legitimación del actor de la demanda, éste lo pude hacer presentando los documentos exigidos en el artículo 425 de la ley procesal citada...-CONSIDERANDO 10: Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO 11: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil veinte.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil diecinueve (2019), que otorgó la acción de amparo interpuesta por el abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, actuando en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra la Resolución de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; que ordena se subsane la Demanda presentada, relativo a que se presente documento original o autenticado de la Escritura de Constitución de BANCO ATLÁNTIDA S.A., en la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida por la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra el señor ROGER ANTONIO MORAN ESPINAL.- Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado, en perjuicio de su representada, los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., interponiendo Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, en contra del señor ROGER ANTONIO MORAN ESPINAL, solicitando que se decrete el mandamiento de ejecución y se proceda a requerir el pago de la cantidad adeudada, más los intereses que se generen durante la tramitación del proceso y las costas de la ejecución. (Folios del 1 al 4 de la Pieza de los antecedentes de primera instancia).-2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Resolución en fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Resolvió: (Sic) “PRIMERO: Que se subsane la presente demanda de ejecución de título extrajudicial en relación a lo siguiente: 1. Que se presente documento original o autenticado de la Escritura de Constitución del BANCO ATLANTIDA S.A.,- 2. Que se presente copia del escrito de subsanación y sus anexos para ser entregados a la parte ejecutada.- Dentro del plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.- SEGUNDO: Téngase por acreditado el poder con que actúa al Abogado LUIS MARIO HERNANDEZ MARTINEZ inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número de carné 16013 con las facultades legales a él acreditadas y la dirección señalada para efectos de comunicación judicial….” (Folio 13Fv de la Pieza de los antecedentes de primera instancia).-3) Que el abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra la Resolución de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 80, 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios del 1 al 3 de la pieza de antecedentes contentiva del recurso de Amparo).-4) Que seguido el trámite de ley, que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó Sentencia en fecha veinticuatro (24) de abril del presente año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO de que se ha hecho merito, para que el Juez de primera instancia anule a partir e inclusive de la resolución de fecha ocho (08) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), que corra a folio 13 de la primera pieza de autos, y actuaciones posteriores, a efecto que vuelva a emitir dicha resolución con las formalidades y requisitos internos debidos.- SEGUNDO: Remitir en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable corte Suprema de Justicia….” (Folios del 46 al 50fv de la pieza de antecedentes contentiva del recurso de Amparo).-5) Que en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, decidida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, contra la resolución de fecha ocho (8) de noviembre, del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que ordena se subsane la Demanda presentada, relativo a que se presente documento original o autenticado de la Escritura de Constitución de BANCO ATLÁNTIDA S.A., en la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida por la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra el señor ROGER ANTONIO MORAN ESPINAL.- CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, violenta los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, mismas que garantizan el debido proceso y la legalidad procesal.-CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta Sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO 5: Que, del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve se subsane la demanda de ejecución de título extrajudicial en relación a que se presente documento original o autenticado de la Escritura de Constitución del Banco Atlántida S.A., sin argumento alguno del porqué de la decisión adoptada, limitándose la referida resolución a transcribir disposiciones del Código Procesal Civil.-CONSIDERANDO 6: Que, del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales antes relacionados, los exponen argumentando que se vulnera el debido proceso y el principio de legalidad ya que el Artículo 783 numeral 2, del Código Procesal Civil establece los documentos que deben acompañarse a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial que son: 1) El Titulo en que se funde la demanda, y 2) Los documentos que permitan determinar con precisión la cantidad reclamada (certificación de Estado de Cuenta extendido por el Contador del Banco). El referido artículo 783 en su numeral 1, dispone que la demanda de títulos extrajudiciales se redactará en la forma ordinaria que relaciona al artículo 424 numeral 2, refiriéndose única y exclusivamente a la redacción del escrito de demanda y no a otra cosa, por lo que no deben hacerse interpretaciones fuera de ley; es arbitrario entonces exigir que en el proceso de ejecución forzosa se acompañen documentos para acreditar la existencia de Banco Atlántida S.A.-CONSIDERANDO 7: Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil diecinueve (2019), y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, La Corte señala en los acápites octavo y noveno de los FUNDAMENTOS DE DERECHO: (Sic) “…OCTAVO: En este asunto en concreto, se observa que se ha producido una vulneración del derecho fundamental, reconocido en el artículo 90 de la Constitución de la República que corresponde al debido proceso, conclusión a la que arriba este Tribunal dado que la Juzgadora emite resolución que no cumple a cabalidad con lo regulado legalmente sobre el contenido formal, para la redacción de las resoluciones, ni con sus requisitos internos, contemplados en los artículos 197, 199, 206, 207 del Código Procesal Civil…. NOVENO: Es oportuno referir, que la ejecución se inicia a petición de una de las partes, y que esa petición, debe ser en forma de demanda. Es por ello, que se exige que si la parte demandante es una persona jurídica, proporcione sus datos de identidad, el nombre de la asociación, entidad pública o privada, grupo de personas, la denominación social o razón social según quien sea que interponga la acción; y el registro público que corresponda a la naturaleza de su creación. Artículos 424.2, 756, 783.2 del CPC.- Pero esta acreditación, puede hacerse a través de distintos documentos y no limitarse a lo solicitado por la autoridad recurrida en resolución de fecha ocho (08) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), basta con que se limite a pedir los documentos y anexos establecidos en el artículo 425 del Código Procesal Civil, permitiendo al interesado buscar los documentos que tenga en su poder para acreditar las exigencias establecidas en la ley….” -CONSIDERANDO 8: Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a declarar con lugar el recurso de amparo promovido, ante la inobservancia por el A-quo del procedimiento establecido en el Código Procesal Civil, relacionado al deber de los órganos jurisdiccionales de motivar sus resoluciones, con especial observancia al contenido formal de los autos, los que serán siempre motivados, so pena de una declaratoria de nulidad, al prescindirse de normas esenciales del procedimiento, siempre que por dicha causa se haya producido indefensión, ello al tenor de lo establecido en los Artículos 3 que desarrolla el debido proceso, en relación con los preceptos 193.2.b), 199 y 212.4 del Código Procesal Civil. En ese orden de ideas el Artículo 783 del Código Procesal Civil establece los elementos que debe contener la Demanda de Ejecución de Títulos Extrajudiciales; si bien el artículo 284 hace relación a la legitimación del actor que promueve la demanda, no es exigencia establecida en la ley, que tal acreditación deba realizarse presentando documento original o autenticado de la Escritura de Constitución cuando se trate de una persona Jurídica. El numeral 3 del artículo 7 de la ley procesal civil establece que cuando no se señale una formalidad específica para la ejecución de un acto procesal, éste se realizará de acuerdo con la forma que implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la ley, por ello que la Corte estima que, para acreditar la legitimación del actor de la demanda, éste lo pude hacer presentando los documentos exigidos en el artículo 425 de la ley procesal citada.-CONSIDERANDO (9): Que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo dispuesto en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia, asimismo ha establecido la Corte que el derecho al debido proceso “se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”[1]. La Corte ha afirmado que para no obstaculizar el proceso, los jueces “tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”[2]. Por otra parte, la Corte estableció que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1[3] si se interponen trabas en el acceso a la justicia. En este sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina la Corte afirmó:Que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acuden a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.[4] .-Si bien el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, y consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, la Corte Interamericana afirma que las limitaciones deben guardar correspondencia con el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho.-CONSIDERANDO 10: Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO 11: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil diecinueve (2019), que OTORGA el Recurso de Amparo promovido por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, a favor de la Sociedad Mercantil BANCO ATLÁNTIDA, S.A.; contra la resolución de fecha ocho (8) de Noviembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.-NOTIFÌQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0495-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

JML

[1] Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52 & 128; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69 & 112, entre otras.

[2] Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, & 211. Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, & 156.

[3] Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

[4] Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97, & 50. En ese sentido ver también Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, & 82; Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, & 95.