Sentencia AC-429-19 — Registro 11482
Resumen
Sentencia en consulta otorgó recurso de amparo, anuló resolución impugnada dictada por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar solicitud de declaración de abandono del proceso y archivo de actuaciones, en demanda ordinaria de nulidad absoluta de título de propiedad en dominio pleno promovida por demandante contra recurrente (demandada); el Tribunal de Alzada considera que no hay un análisis motivado y razonado en cuanto a la resolución que podría poner fin al proceso sin contrariar el artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerado el derecho constitucional del debido proceso, los expone argumentando que el auto de fecha 28 de noviembre del año 2018, es violatoria de la garantía constitucional consignado en el Artículo 90 de la Constitución de la República, pues tal y como fuera señalado en los antecedentes procesales, si bien es cierto que en su momento esa representación procesal concurrió mediante el ejercicio y uso de los medios de impugnación concedidos por la Ley, ante una instancia superior interponiendo una Acción de Amparo, contra otra actuación que estima se encuentra apartada de derecho, es también cierto que dicha actuación no obsta, ni justifica a la parte demandante para que haya dejado en completo abandono el proceso judicial, como de manera errada lo establece el A-quo en su resolución. Aunado a ello la Acción de Amparo fue admitida sin suspensión del acto reclamado, por ende, debió continuarse con las diligencias del proceso en primera instancia, hasta el momento previo a dictar la correspondiente sentencia, sin embargo, esto jamás ocurrió, la parte demandante dejó en completo abandono el proceso judicial, efectuando su última actuación en fecha 24 de octubre del año 2016..."..."esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019), y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, La Corte señala en los FUNDAMENTOS DE DERECHO: (Sic) “… SEXTO: Al resolver mediante providencia de fecha 28 de noviembre de 2018, la solicitud de declaratoria de abandono del proceso hecha por el Abogado Tito Hernández por sí y como representante procesal de los demandados, bajo la fórmula “Sin lugar” que utiliza la autoridad recurrida, prácticamente ha establecido que está autorizada a resolver sobre la petición de abandono; sin embargo, en la resolución señalada, no existe un razonamiento del por qué considera que está autorizada a hacerlo sin contrariar lo dispuesto en el último párrafo del artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- Es decir, que no se ha analizado mediante auto, exhaustivo y motivadamente, si el Juez está autorizado a dictar una resolución que podría poner fin al proceso, a pesar de estar admitido un amparo.-Una vez hecho el análisis anterior, en la misma resolución, la Juzgadora debe analizar si se dan o no los presupuestos propios para determinar si procede o no el abandono del proceso, nos referimos a la inactividad del proceso en un período de tiempo fijado en ley y sin que medie la obligatoriedad del juzgador de dar impulso al proceso, tal como establecen los artículos 489 y 491.1.2 del Código Procesal Civil….”..."..."esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a declarar con lugar el recurso de amparo promovido, ante la inobservancia por el A-quo del procedimiento establecido en el Código Procesal Civil, relacionado al deber de los órganos jurisdiccionales de motivar sus resoluciones, con especial observancia al contenido formal de los autos, los que serán siempre motivados, so pena de una declaratoria de nulidad, al prescindirse de normas esenciales del procedimiento, siempre que por dicha causa se haya producido indefensión,..."..."esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de abril del año dos mil diecinueve, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 193, 2 b (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 199 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 212, 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 489 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 491, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 491, 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil veinte. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintitrés de abril del año dos mil diecinueve, dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO a favor de SI MISMO y de los señores MARIA REBECA RIVERA MARTINEZ, MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE, JAVIER ENRIQUE AZCONA BOCOCK y EDIN REINIERY ROSA CASTELLANOS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, que declara Sin Lugar la solicitud de Declaración de Abandono del Proceso y Archivo de las Actuaciones, promovida por la parte demandada, en relación a la demanda por el Proceso Declarativo Ordinario de Nulidad Absoluta de un Título de Propiedad en dominio pleno, promovida por el Abogado Roberto Alejandro Williams Cruz, en su condición de Apoderado Legal de la señora SILVIA MARIA RIVERA IZAGUIRRE, contra los señores MARIA REBECA RIVERA MARTINEZ, EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, a través de su representante legal HUGO VASQUEZ VELASQUEZ, JAVIER ENRIQUE AZCONA BOCOCK, MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE, EDIN REINIERY ROSA CASTELLANOS, JOSE ORLANDO AMADOR ZERON y TITO HERNANDEZ SALGADO.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio y el de sus representados el Debido Proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiséis de marzo del año dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ROBERTO ALEJANDRO WILLIAMS CRUZ, actuando en su condición de Apoderado legal de la señora SILVIA MARIA RIVERA IZAGUIRRE, promoviendo Demanda por la Vía del Proceso Declarativo Ordinario de Nulidad de Absoluta de un Título de Propiedad en Dominio Pleno y de la Resolución Administrativa que otorga el Título de Propiedad, solicitando además la cancelación de la inscripción del título en el Libro de Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas y en el Registro Especial de Actas del Instituto de Propiedad, comprendiendo como pretensión accesoria, la nulidad de los Testimonios, Escrituras Matrices de los demás actos y contratos celebrados a partir del Título Nulo, para restituir los derechos al mismo estado, en contra de los señores MARIA REBECA RIVERA MARTINEZ, EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, a través de su representante legal HUGO VASQUEZ VELASQUEZ, JAVIER ENRIQUE AZCONA BOCOCK, MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE, EDIN REINIERY ROSA CASTELLANOS, JOSE ORLANDO AMADOR ZERON y TITO HERNANDEZ SALGADO. 2) Que en fecha veintidós de noviembre del año dos mil dieciocho, el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO, actuando en su condición antes indicada, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, solicitando se declare abandonado el proceso por parte del demandante, en virtud que había dejado transcurrir más de dos años desde que ocurrió la última actuación de primera instancia por impulso de parte. (Folios 891 y 892fv del Tomo III de la pieza de antecedentes de primera instancia) 3) Que en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, el referido Juzgado, resolvió: (Sic) “…En cuanto a lo solicitado por el compareciente, sin lugar, en virtud del recurso de amparo interpuesto contra el auto de fecha once de agosto de dos mil dieciséis que se bien se otorgó sin suspensión del acto reclamado no consta aún en este juicio su resolución….” (Folio 902 del Tomo III de la pieza de antecedentes de primera instancia) 4) Que en fecha diecinueve de febrero del año dos mil diecinueve, el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, interponiendo Acción de Amparo a favor de SI MISMO y de los señores MARIA REBECA RIVERA MARTINEZ, MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE, JAVIER ENRIQUE AZCONA BOCOCK y EDIN REINIERY ROSA CASTELLANOS, contra la resolución dictada en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, relacionada en el acápite que antecede, por considerar el recurrente que la misma es violatoria del derecho al Debido Proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. 5) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintitrés de abril del año dos mil diecinueve, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Otorgando el recurso de amparo contra la resolución del 28 de noviembre de 2018, anulando la misma.- SEGUNDO: Que la autoridad recurrida, motive exhaustivamente y emita resolución analizando todo lo señalado por este Tribunal. TERCERO: Remitir en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia….” (Folios del 61 al 63fv de la pieza de antecedentes de Amparo) 6) Que en fecha nueve de mayo del presente año dos mil diecinueve, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, decidida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de noviembre, del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la demanda por el Proceso Declarativo Ordinario de Nulidad Absoluta de un Título de Propiedad en dominio pleno, promovida por el Abogado Roberto Alejandro Williams Cruz, en su condición de Apoderado Legal de la señora SILVIA MARIA RIVERA IZAGUIRRE, contra los señores MARIA REBECA RIVERA MARTINEZ, EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, a través de su representante legal HUGO VASQUEZ VELASQUEZ, JAVIER ENRIQUE AZCONA BOCOCK, MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE, EDIN REINIERY ROSA CASTELLANOS, JOSE ORLANDO AMADOR ZERON y TITO HERNANDEZ SALGADO. CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, violenta la garantía constitucional contenida en el artículo 90 de la Constitución de la República, misma que garantiza el derecho al debido proceso. CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO 5: Que, del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que declara Sin Lugar la solicitud de Declaración de Abandono del Proceso y Archivo de las Actuaciones, promovida por la parte demandada. CONSIDERANDO 6: Que, del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerado el derecho constitucional del debido proceso, los expone argumentando que el auto de fecha 28 de noviembre del año 2018, es violatoria de la garantía constitucional consignado en el Artículo 90 de la Constitución de la República, pues tal y como fuera señalado en los antecedentes procesales, si bien es cierto que en su momento esa representación procesal concurrió mediante el ejercicio y uso de los medios de impugnación concedidos por la Ley, ante una instancia superior interponiendo una Acción de Amparo, contra otra actuación que estima se encuentra apartada de derecho, es también cierto que dicha actuación no obsta, ni justifica a la parte demandante para que haya dejado en completo abandono el proceso judicial, como de manera errada lo establece el A-quo en su resolución. Aunado a ello la Acción de Amparo fue admitida sin suspensión del acto reclamado, por ende, debió continuarse con las diligencias del proceso en primera instancia, hasta el momento previo a dictar la correspondiente sentencia, sin embargo, esto jamás ocurrió, la parte demandante dejó en completo abandono el proceso judicial, efectuando su última actuación en fecha 24 de octubre del año 2016. CONSIDERANDO 7: Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019), y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, La Corte señala en los FUNDAMENTOS DE DERECHO: (Sic) “… SEXTO: Al resolver mediante providencia de fecha 28 de noviembre de 2018, la solicitud de declaratoria de abandono del proceso hecha por el Abogado Tito Hernández por sí y como representante procesal de los demandados, bajo la fórmula “Sin lugar” que utiliza la autoridad recurrida, prácticamente ha establecido que está autorizada a resolver sobre la petición de abandono; sin embargo, en la resolución señalada, no existe un razonamiento del por qué considera que está autorizada a hacerlo sin contrariar lo dispuesto en el último párrafo del artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- Es decir, que no se ha analizado mediante auto, exhaustivo y motivadamente, si el Juez está autorizado a dictar una resolución que podría poner fin al proceso, a pesar de estar admitido un amparo.-Una vez hecho el análisis anterior, en la misma resolución, la Juzgadora debe analizar si se dan o no los presupuestos propios para determinar si procede o no el abandono del proceso, nos referimos a la inactividad del proceso en un período de tiempo fijado en ley y sin que medie la obligatoriedad del juzgador de dar impulso al proceso, tal como establecen los artículos 489 y 491.1.2 del Código Procesal Civil….” CONSIDERANDO 8: Que la motivación de las resoluciones, entre otros, es de obligatorio cumplimiento por los Jueces y Tribunales civiles, es necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión. La satisfacción procesal actúa sobre determinados hechos, de manera que la resolución del caso concreto ha de responder no sólo con la selección y aplicación de la correspondiente norma del ordenamiento jurídico, sino que, además, ha de ajustarse a los hechos que provocaron la pretensión o la resistencia. Diego de Diez sostiene que la suficiencia de la motivación no se identifica mediante criterios cuantitativos, sino cualitativos. El autor señala que nada indica que la motivación deba tener una mayor o menor extensión; basta con que sea “suficiente” y ello es plenamente compatible con una motivación “sucinta”, es decir “breve” aunque “compendiosa”; para ejemplificar sus ideas; el autor señala un extracto de la sentencia del Tribunal Constitucional Español la STC 100/1987 que dice: “4. (…) El deber de motivar las resoluciones judiciales no exige del juez o tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, sino que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cuál ha sido el fundamento en derecho de la decisión adoptada; criterio de razonabilidad que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de logarse, y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente.”[1]. CONSIDERANDO 9: Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a declarar con lugar el recurso de amparo promovido, ante la inobservancia por el A-quo del procedimiento establecido en el Código Procesal Civil, relacionado al deber de los órganos jurisdiccionales de motivar sus resoluciones, con especial observancia al contenido formal de los autos, los que serán siempre motivados, so pena de una declaratoria de nulidad, al prescindirse de normas esenciales del procedimiento, siempre que por dicha causa se haya producido indefensión, ello al tenor de lo establecido en los Artículos 3 que desarrolla el debido proceso, en relación con los preceptos 193.2.b), 199 y 212.4 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO 10: Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO 11: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de abril del año dos mil diecinueve, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019), que OTORGA el Recurso de Amparo promovido por el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO, a favor de SI MISMO y de los señores MARIA REBECA RIVERA MARTINEZ, MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE, JAVIER ENRIQUE AZCONA BOCOCK y EDIN REINIERY ROSA CASTELLANOS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. -NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de diciembre de dos mil veinte, certificación del fallo de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, recaída en el amparo Civil Venido en Consulta, con orden de ingreso en este Tribunal No. 0429=19.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] De Diego Diez, L. Alfredo. El derecho a la tutela judicial efectiva. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 90.