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Sentencia AC-427-19 — Registro 11757

Resumen

Resolución que declaró INFUNDADO recurso de queja con relación a la Demanda vía Proceso Declarativo Abreviado de Expiración de Arrendamiento interpuesta contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”-CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es INFUNDADO un recurso de queja interpuesto contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil diecinueve (2019); con relación a la Demanda vía Proceso Declarativo Abreviado de Expiración de Arrendamiento, promovida por los Abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, actuando en su condición de representantes procesales de la sociedad mercantil BOLIVAR BIENES RAICES S.A., en contra de la sociedad mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de septiembre de dos mil veinte. -VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, a favor de la sociedad mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V., contra la Resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019), que declaró INFUNDADO un recurso de queja interpuesto contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil diecinueve (2019); con relación a la Demanda vía Proceso Declarativo Abreviado de Expiración de Arrendamiento, promovida por los Abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, actuando en su condición de representantes procesales de la sociedad mercantil BOLIVAR BIENES RAICES S.A., en contra de la sociedad mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. Estima el recurrente, que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representada, los derechos contenidos en los Artículos 15, 18, 82 y 90 de la Constitución de la República, y; 8.2 literal h), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-ANTECEDENTES .-1) Que en fecha dos (2) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), comparecieron ante el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, los Abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, actuando en su condición de apoderados legales de la sociedad mercantil BOLIVAR BIENES RAICES S.A., interponiendo, tras su subsanación, Demanda vía Proceso Declarativo Abreviado de Expiración de Arrendamiento, en contra de la sociedad mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V., solicitando que: se declare con lugar la demanda; se declare la terminación del contrato de arrendamiento de mérito y el desahucio del inmueble arrendado; se condene al pago de las rentas adeudadas hasta la fecha en que se realice la completa desocupación del inmueble; se condene al pago de uno punto cinco por ciento (1.5%) mensuales, por las rentas que se causen durante la secuela del juicio; el pago de los cobros extrajudiciales, y; se condene al pago de las costas del juicio. (Folios 1–173 del Tomo I de la Primera Pieza de los antecedentes).-2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: CON LUGAR PARCIALMENTE la demanda vía proceso declarativo abreviado, ejercitando pretensión de expiración de arrendamiento por finalización del plazo de contrato e impago de rentas y de penalidades, pago de rentas causadas durante la secuela del juicio y costas. SEGUNDO: ABSUELVE A LA SOCIEDAD POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. a través de su administrador único el Señor Eduardo Emilio Kafati Nosthas., al pago de la cantidad de ciento cinco mil cuatrocientos cincuenta Dólares ($ 105,450.00) en concepto de cobro extrajudicial, por no haber sido probado en juicio haberse realizado dichos cobros. TERCERO: DECLARA la Terminación del contrato de arrendamiento, suscrito por las partes en el presente caso. CUARTO: CONDENA A LA SOCIEDAD POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V a través de su administrador único el Señor Eduardo Emilio Kafati Nosthas, al pago de la cantidad de CIENTO VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y TRES DOLARES ($ US. 122,053.75) que se detalla continuación: RENTA EN MORA, la cantidad de ciento veinte mil doscientos cincuenta Dólares ($US. 120,250.00) de los meses de agosto del 2013 a agosto del 2016 (37 meses), a razón de tres mil doscientos cincuenta Dólares mensuales ($US. 3,250.00) y PENALIDAD DEL 1.5% MENSUAL pactada en el contrato de arrendamiento por la cantidad de un mil ochocientos tres Dólares con setenta y cinco Centavos ($US 1,803.75) que resulta de multiplicar 1.5% mensual ($US. 48.75) por los treinta y siete (37) meses en mora reclamados. Debiendo pagar las rentas y penalidades por mora del 1.5% hasta la total desocupación del inmueble arrendado. QUINTO: ORDENA A LA SOCIEDAD POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V a través de su administrador único el Señor Eduardo Emilio Kafati Nosthas, que desaloje el inmueble arrendado en el plazo de un mes a partir del requerimiento respectivo. SEXTO: Contra esta resolución cabe recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante el juzgado que haya dictado la resolución que se impugne, dentro del plazo de diez (10) días contado desde el día siguiente a la notificación de aquella.” (Folios 389–401 del Tomo II de la Primera Pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo de un recurso de apelación, interpuesto por el Abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V., el mencionado Juzgado, dictó su Resolución en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO (1): Tener por presentado el escrito que antecede, por el representante procesal de la parte demandada, Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, junto con la copia simple del mismo el cual se manda agregar a sus autos. SEGUNDO (2): DENIEGUESE el recurso de apelación, interpuesto por el representante procesal de la parte demandada Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, contra la sentencia definitiva de fecha veinte (20) de noviembre del año dieciocho (2018), en virtud que se condenó mediante sentencia definitiva de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), que corre a folios 378 al 390 del presente proceso de desahucio a la parte demandada Sociedad Mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. de C.V”., por mora en las rentas, y no presento tampoco el último recibo para acreditar que se encuentran solventes con dichos pagos, porque no basta con el anuncio de una supuesta consignación que se realizaría en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil dieciocho (2018), fecha que ha transcurrido sin aun haberlo hecho y esto relacionado con el articulo 69 de la Ley de Inquilinato, que literalmente dice: El inquilino que no presentare el ultimo recibo que debió pagar o no acredite su solvencia con el comprobante de la consignación hecha, no podrá proponer artículos de previo y especial pronunciamiento, excepciones de genero alguno, ni recurso de cualquier naturaleza. TERCERO (3): Contra esta resolución cabe interponer el recurso de queja, ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro del plazo de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la notificación de este auto.-” (Folios 424–428 del Tomo II de la Primera Pieza de los antecedentes).-4) Que conociendo de un recurso de queja, interpuesto por el Abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V., la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó su Resolución en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (SIC) “UNICO: Declarar INFUNDADA la queja en los términos indicados en la motivación de este auto, en virtud de no reunir los requisitos legales correspondientes, que se notifique este fallo a las partes y al Juzgado A-Quo para los efectos pertinentes.-” (Folios 87–89 de la Segunda Pieza de los antecedentes).-5) Que el Abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, compareció ante este Tribunal en fecha ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V., contra la Resolución de fecha veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los Artículos 15, 18, 82 y 90 de la Constitución de la República, y; 8.2 literal h), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019). (Folios 1–7 y 30 de la presente Recurso).-6) Que en fecha dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público (MP) a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina Que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 33–43 del presente Recurso).-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019), que declaró INFUNDADO un recurso de queja interpuesto contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil diecinueve (2019); con relación a la Demanda vía Proceso Declarativo Abreviado de Expiración de Arrendamiento, promovida por los Abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, actuando en su condición de representantes procesales de la sociedad mercantil BOLIVAR BIENES RAICES S.A., en contra de la sociedad mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se han violentado en perjuicio de su representada los Artículos 15, 18, 82 y 90 de la Constitución de la República, y; 8.2 literal h), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; al considerar que se configura infracción al debido proceso, toda vez que, no obstante haber anunciado e pago, y posteriormente haber realizado el mismo, en ambas instancias se desatienden estos hechos y circunstancias, denegando la interposición del recurso de apelación planteado. Resulta pues evidente la falta de ponderación entre requisitos formales y el debido proceso, estableciendo una traba insuperable para el acceso a la justicia, vedando la posibilidad de corregir el vicio contenido en la sentencia respecto a la condena en costad que constituyó el único motivo de la apelación.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público (MP) a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina Que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.”; Cuando es evidente que la consignación de pago prometida, se realizó posteriormente a la denegatoria del recurso de apelación.-ONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019), concluye que la consignación se realizó cuatro días después, de haberse vencido el plazo para la interposición del Recurso de Apelación correspondiente, por lo cual el recurrente no ha podido acreditar de forma fehaciente el haber presentado el último recibo de pago o la solvencia con el comprobante de la consignación de la rentas, y, dado que existe línea jurisprudencial, en el sentido de que quien no acredite ambos extremos, le está vedado entre otros la no presentación de recursos de cualquier naturaleza.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”-CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es INFUNDADO un recurso de queja interpuesto contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil diecinueve (2019); con relación a la Demanda vía Proceso Declarativo Abreviado de Expiración de Arrendamiento, promovida por los Abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, actuando en su condición de representantes procesales de la sociedad mercantil BOLIVAR BIENES RAICES S.A., en contra de la sociedad mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintinueve (29) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0427-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de septiembre de dos mil veinte. -VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, a favor de la sociedad mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V., contra la Resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019), que declaró INFUNDADO un recurso de queja interpuesto contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil diecinueve (2019); con relación a la Demanda vía Proceso Declarativo Abreviado de Expiración de Arrendamiento, promovida por los Abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, actuando en su condición de representantes procesales de la sociedad mercantil BOLIVAR BIENES RAICES S.A., en contra de la sociedad mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. Estima el recurrente, que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representada, los derechos contenidos en los Artículos 15, 18, 82 y 90 de la Constitución de la República, y; 8.2 literal h), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-ANTECEDENTES .-1) Que en fecha dos (2) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), comparecieron ante el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, los Abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, actuando en su condición de apoderados legales de la sociedad mercantil BOLIVAR BIENES RAICES S.A., interponiendo, tras su subsanación, Demanda vía Proceso Declarativo Abreviado de Expiración de Arrendamiento, en contra de la sociedad mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V., solicitando que: se declare con lugar la demanda; se declare la terminación del contrato de arrendamiento de mérito y el desahucio del inmueble arrendado; se condene al pago de las rentas adeudadas hasta la fecha en que se realice la completa desocupación del inmueble; se condene al pago de uno punto cinco por ciento (1.5%) mensuales, por las rentas que se causen durante la secuela del juicio; el pago de los cobros extrajudiciales, y; se condene al pago de las costas del juicio. (Folios 1–173 del Tomo I de la Primera Pieza de los antecedentes).-2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: CON LUGAR PARCIALMENTE la demanda vía proceso declarativo abreviado, ejercitando pretensión de expiración de arrendamiento por finalización del plazo de contrato e impago de rentas y de penalidades, pago de rentas causadas durante la secuela del juicio y costas. SEGUNDO: ABSUELVE A LA SOCIEDAD POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. a través de su administrador único el Señor Eduardo Emilio Kafati Nosthas., al pago de la cantidad de ciento cinco mil cuatrocientos cincuenta Dólares ($ 105,450.00) en concepto de cobro extrajudicial, por no haber sido probado en juicio haberse realizado dichos cobros. TERCERO: DECLARA la Terminación del contrato de arrendamiento, suscrito por las partes en el presente caso. CUARTO: CONDENA A LA SOCIEDAD POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V a través de su administrador único el Señor Eduardo Emilio Kafati Nosthas, al pago de la cantidad de CIENTO VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y TRES DOLARES ($ US. 122,053.75) que se detalla continuación: RENTA EN MORA, la cantidad de ciento veinte mil doscientos cincuenta Dólares ($US. 120,250.00) de los meses de agosto del 2013 a agosto del 2016 (37 meses), a razón de tres mil doscientos cincuenta Dólares mensuales ($US. 3,250.00) y PENALIDAD DEL 1.5% MENSUAL pactada en el contrato de arrendamiento por la cantidad de un mil ochocientos tres Dólares con setenta y cinco Centavos ($US 1,803.75) que resulta de multiplicar 1.5% mensual ($US. 48.75) por los treinta y siete (37) meses en mora reclamados. Debiendo pagar las rentas y penalidades por mora del 1.5% hasta la total desocupación del inmueble arrendado. QUINTO: ORDENA A LA SOCIEDAD POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V a través de su administrador único el Señor Eduardo Emilio Kafati Nosthas, que desaloje el inmueble arrendado en el plazo de un mes a partir del requerimiento respectivo. SEXTO: Contra esta resolución cabe recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante el juzgado que haya dictado la resolución que se impugne, dentro del plazo de diez (10) días contado desde el día siguiente a la notificación de aquella.” (Folios 389–401 del Tomo II de la Primera Pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo de un recurso de apelación, interpuesto por el Abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V., el mencionado Juzgado, dictó su Resolución en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO (1): Tener por presentado el escrito que antecede, por el representante procesal de la parte demandada, Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, junto con la copia simple del mismo el cual se manda agregar a sus autos. SEGUNDO (2): DENIEGUESE el recurso de apelación, interpuesto por el representante procesal de la parte demandada Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, contra la sentencia definitiva de fecha veinte (20) de noviembre del año dieciocho (2018), en virtud que se condenó mediante sentencia definitiva de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), que corre a folios 378 al 390 del presente proceso de desahucio a la parte demandada Sociedad Mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. de C.V”., por mora en las rentas, y no presento tampoco el último recibo para acreditar que se encuentran solventes con dichos pagos, porque no basta con el anuncio de una supuesta consignación que se realizaría en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil dieciocho (2018), fecha que ha transcurrido sin aun haberlo hecho y esto relacionado con el articulo 69 de la Ley de Inquilinato, que literalmente dice: El inquilino que no presentare el ultimo recibo que debió pagar o no acredite su solvencia con el comprobante de la consignación hecha, no podrá proponer artículos de previo y especial pronunciamiento, excepciones de genero alguno, ni recurso de cualquier naturaleza. TERCERO (3): Contra esta resolución cabe interponer el recurso de queja, ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro del plazo de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la notificación de este auto.-” (Folios 424–428 del Tomo II de la Primera Pieza de los antecedentes).-4) Que conociendo de un recurso de queja, interpuesto por el Abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V., la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó su Resolución en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (SIC) “UNICO: Declarar INFUNDADA la queja en los términos indicados en la motivación de este auto, en virtud de no reunir los requisitos legales correspondientes, que se notifique este fallo a las partes y al Juzgado A-Quo para los efectos pertinentes.-” (Folios 87–89 de la Segunda Pieza de los antecedentes).-5) Que el Abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, compareció ante este Tribunal en fecha ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V., contra la Resolución de fecha veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los Artículos 15, 18, 82 y 90 de la Constitución de la República, y; 8.2 literal h), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019). (Folios 1–7 y 30 de la presente Recurso).-6) Que en fecha dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público (MP) a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina Que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 33–43 del presente Recurso).-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019), que declaró INFUNDADO un recurso de queja interpuesto contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil diecinueve (2019); con relación a la Demanda vía Proceso Declarativo Abreviado de Expiración de Arrendamiento, promovida por los Abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, actuando en su condición de representantes procesales de la sociedad mercantil BOLIVAR BIENES RAICES S.A., en contra de la sociedad mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se han violentado en perjuicio de su representada los Artículos 15, 18, 82 y 90 de la Constitución de la República, y; 8.2 literal h), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; al considerar que se configura infracción al debido proceso, toda vez que, no obstante haber anunciado e pago, y posteriormente haber realizado el mismo, en ambas instancias se desatienden estos hechos y circunstancias, denegando la interposición del recurso de apelación planteado. Resulta pues evidente la falta de ponderación entre requisitos formales y el debido proceso, estableciendo una traba insuperable para el acceso a la justicia, vedando la posibilidad de corregir el vicio contenido en la sentencia respecto a la condena en costad que constituyó el único motivo de la apelación.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público (MP) a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina Que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.”; Cuando es evidente que la consignación de pago prometida, se realizó posteriormente a la denegatoria del recurso de apelación.-ONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019), concluye que la consignación se realizó cuatro días después, de haberse vencido el plazo para la interposición del Recurso de Apelación correspondiente, por lo cual el recurrente no ha podido acreditar de forma fehaciente el haber presentado el último recibo de pago o la solvencia con el comprobante de la consignación de la rentas, y, dado que existe línea jurisprudencial, en el sentido de que quien no acredite ambos extremos, le está vedado entre otros la no presentación de recursos de cualquier naturaleza.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”-CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es INFUNDADO un recurso de queja interpuesto contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil diecinueve (2019); con relación a la Demanda vía Proceso Declarativo Abreviado de Expiración de Arrendamiento, promovida por los Abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, actuando en su condición de representantes procesales de la sociedad mercantil BOLIVAR BIENES RAICES S.A., en contra de la sociedad mercantil POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintinueve (29) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0427-2019.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL