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Sentencia AC-423-19 — Registro 12680

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró sin lugar el recurso de apelación con relación a la demanda por la vía del proceso declarativo abreviado, sobre la acción de una pretensión posesoria de restitución de un bien inmueble. Estima el recurrente, que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representada, los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la constitución de la república.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición de la parte recurrente, se aprecia que funda su recurso de reposición manifestando que se han infringido por la Jurisdicción las garantías y derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, contentivos del derecho a defenderse y al debido proceso; con relación a las normas contentivas en los artículo 3, 200 numeral 1) y 207 del Código Procesal Civil; solicitando de la Sala de lo Constitucional la reconsideración del presente fallo en salvaguarda los derechos constitucionales de su representada. Es notorio, sin embargo, que tal pretensión no expresa agravios contra las consideraciones jurídicas que fundan el fallo constitucional, más que limitarse a reargüir las ya invocadas durante el trámite de la presente acción constitucional. CONSIDERANDO (3): Que el planteamiento del Abogado recurrente contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, en el presente recurso de reposición, no es de recibo, pues tal sentencia define las razones que impiden legalmente a la jurisdicción constitucional acceder al conocimiento del recurso de amparo impetrado, como son la incursión en alegaciones de mera legalidad y tratarse de asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren de intervenir en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio; las cuales son transcritas, inclusive, en el líbelo interpuesto, en tiempo y forma, por el Letrado garantista; subsumiéndose de pleno derecho en el artículo 46, numerales 1) y 7) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (4): Que en tal orden de ideas se estima que la resolución recurrida se encuentra apegada a derecho, en virtud no asistir razón suficiente para enmendar la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, según la pretensión recursiva promovida por el abogado garantista. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según correspondiere en derecho.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de febrero del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, a favor de la señora IRIS ESTHER LOPEZ ROMERO, contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil dieciocho (2018); con relación a la Demanda por la vía del Proceso Declarativo Abreviado, sobre la Acción de una Pretensión Posesoria de Restitución de un Bien Inmueble, promovida por el abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, actuando en su condición de representante procesal de la señora IRIS ESTHER LOPEZ ROMERO, en contra del señor FRANCISCO HERNANDEZ VALLEJO. Estima el recurrente, que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representada, los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, actuando en su condición de representante procesal de la señora IRIS ESTHER LOPEZ ROMERO, interponiendo, tras su subsanación, Demanda por la vía del Proceso Declarativo Abreviado, sobre la Acción de una Pretensión Posesoria de Restitución de un Bien Inmueble, en contra el señor FRANCISCO HERNANDEZ VALLEJO, solicitando que se dicte sentencia, mediante la cual se declare con lugar la presente demanda, y se condene a la parte demandada a restituir la posesión del inmueble, y al pago de las costas. (Folios 1–74 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó sentencia en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: “PRIMERO DECLARAR SIN LUGAR la Demanda por la vía del proceso declarativo abreviado sobre la acción de una pretensión posesoria de restitución de un bien inmueble ubicado en el lugar llamado el GUAYABO GALAN de la aldea de Tamara del municipio del Distrito Central promovida por el Abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, quien actúa como representante procesal de la señora IRIS ESTHER LOPEZ ROMERO, contra el señor FRANCISCO HERNANDEZ VALLEJO en su condición de demandado ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: CON COSTAS en apego al principio del vencimiento. TERCERO: Que la Secretaria del Despacho proceda a dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 202 del Código Procesal Civil, referente a la notificación, publicación, archivo y registro y una vez firme la misma expídase certificación integra a las partes en juicio. CUARTO: Contra el presente fallo cabe recurso de apelación que deberá promoverse conforme a lo ordenado en el Código Procesal Civil artículo 709.-” (Folios 133–140 de la Primera Pieza de los antecedentes) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, en su condición de representante procesal de la señora IRIS ESTHER LOPEZ ROMERO, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION de que se ha hecho merito, SEGUNDO: CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); en LA DEMANDA POSESORIA QUERELLA DE RESTITUCION VIA PROCESO DECLARATIVO ABREVIADO” Promovida por el Abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, Apoderado Legal de la Señora IRIS ESTHER LOPEZ ROMERO.- Contra el Señor FRANCISCO HERNANDEZ VALLEJO.- TERCERO: CON COSTAS.-”; lo cual tuvo como fundamento legal en la no adecuación de la demanda a los requisitos que enmarcan los artículos 717 y 895 del Código Civil, en lo referente a certeza que requiere precisar el terreno cuya posesión se pretende restituir y en cuanto al objeto de las acciones posesorias, el cual no es otro que conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos; extremos que no fueron acreditados por la demanda, inclusive de forma expresa por su representación procesal, al consignar que el justo título en que apoya su pretensión no está singularizado, lo cual obsta a la restitución de la posesión de cosa o derecho que ha planteado y no demostrado. (Folios 7–24 de la Segunda Pieza de los antecedentes) 4) Que el abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, compareció ante este Tribunal en fecha ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la señora IRIS ESTHER LOPEZ ROMERO, contra la sentencia de fecha once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). (Folios 1–11 y 37 del presente Recurso) 5) Que en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, en virtud que la resolución recurrida no vulnera el derecho constitucional invocado por el recurrente”; lo cual tuvo como fundamento jurídico que el recurrente ha invocado como inobservados los artículos 200 y 207 del Código Procesal Civil. Sin embargo, la sentencia venida en amparo indica con precisión que el objeto del proceso es determinar la posesión ejercida sobre el bien inmueble que se encuentra en litigio, no el derecho de dominio; lo cual no se probó en instancia al no individualizarse de manera plena la propiedad, y que tampoco se logró probar lo concerniente a que se le hubiere despojado de su posesión. Concluye el dictamen, conceptualizando el debido proceso como una garantía constitucional genérica, que el recurrente ha relacionado con el derecho a la tutela judicial efectiva, particularmente con el deber de los jueces de motivar sus resoluciones; no apreciándose la vulneración a los derechos constitucionales invocados por el recurrente, pues se ha cumplimentado un proceso con todas las garantías, obteniéndose una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, dentro del marco legal aplicable. (Folios 40–45 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación descrito y circunstanciado; cuyas bases de sustentación obran sucintamente motivadas en el antecedente con el numeral 3) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente ha aducido que tal resolución del Ad Quem vulnera los derechos constitucionales contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Carta Magna, particularmente el debido proceso; al confirmar la desestimación de una DEMANDA POSESORIA QUERELLA DE RESTITUCIÓN incoada por el dicente; con relación a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece en los artículos 3, 200 numeral 1) y 207 del Código Procesal Civil, relativos al derecho que tienen las partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo, justa y motivada; al contenido formal de las sentencias; las cuales se motivaran expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas; así como a la aplicación e interpretación del derecho, el cual deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. CONSIDERANDO (5): Que sigue aduciendo el recurrente, que, aunque en el juicio posesorio no se debate el dominio, se hicieron valer en primera instancia de los antecedentes de dominio de la propiedad; habiéndose acreditado la posesión mediante justo título sobre un terreno ubicado en el lugar conocido como “El Guayabo Galán”, sito en la Aldea de Támara, Municipio del Distrito Central. Asimismo, el ánimo de dueño se irradió ante terceros, pues el inmueble se sometió al tráfico jurídico a través de operaciones financieras con la banca; allegándose prueba documental y testifical, para acreditar la tenencia de la cosa por el demandado y ubicación del inmueble, cuyo despojo no pasa de un año, las fotos y los testigos así lo prueban. Que el Juzgado A Quo declaró sin lugar la demanda, pues no entendió que el enfoque del juicio no era de carácter dominical, sino que posesorio; fallo contra el cual se interpuso recurso de apelación, con igual carencia en la revisión fáctica, pues se dejó de identificar como normas aplicables para el caso concreto, lo estipulado en los artículos 895 y 902 del Código Civil, referentes al despojo de posesión sin que medie violencia (lo que da lugar al juicio posesorio); y en los artículos 717, 718 y 719 del Código Civil, referentes al concepto y clase de posesión, norma que regula se puede tener la posesión a varios títulos; estableciendo claramente el legislador cuál es el debate en este tipo de acciones interdictales que debaten las “pretensiones posesorias”, lo cual no fue de recibo para la jurisdicción ordinaria. CONSIDERANDO (6): Que, concluye argumentando el recurrente, que la Corte Ad Quem se limitó a confirmar la sentencia, sin examinar cada prueba y explicar a las partes porque concluye no se acreditó la posesión y el despojo del inmueble en litigio, al concluir que el título de dominio no se encontraba singularizado, pues ese aspecto no es un hecho controvertido en los juicios posesorios; siendo que, en el proceso de primera instancia, se comprobó el sustento del demandante para efectuar el reclamo de restitución de la posesión de un inmueble, no siendo consciente la Corte de Alzada que para recuperar la posesión de una cosa o derecho es necesario identificar plenamente dicha cosa o derecho y demostrar la posesión que positivamente se tenía al momento en que fue objeto del despojo que se alega. Fundamentándose en lo preceptuado en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, con relación a las disposiciones de Ley Secundaria que ha señalado, solicita el recurrente el otorgamiento del presente recurso de amparo. CONSIDERANDO (7): Que vistos los antecedentes del presente recurso de amparo, desde una consideración imparcial, fundada en derecho y respetuosa de las garantías y derechos constitucionales, se infiere claramente que éste se subsume en la causal de sobreseimiento que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC) en el numeral 1) del artículo 46; en virtud de consistir en argumentaciones que no logran trascender de la esfera de mera legalidad, ni arribar a las nociones jurídicas que se consideran esenciales para acreditar la infracción actual o inminente al debido proceso; las cuales sí legitimarían, en su caso, proceder al otorgamiento de la garantía de amparo. CONSIDERANDO (8): Que, para la Sala de lo Constitucional, la argumentación desarrollada en el presente recurso de amparo no sobrepasa la consideración de alegaciones de mera legalidad, pues atañen básicamente a la consideración discrepante que le merecen al amparista los criterios desestimatorios a su pretensión en la sentencia impugnada; los cuales no encuentra dotados de motivación congrua, ni acordados al contenido formal de las sentencias. Sin embargo, debe señalarse que tales alegatos de la parte recurrente no vinculan a la protección que confiere la garantía de amparo al núcleo esencial de los derechos fundamentales; a la luz de la sana crítica racional y del derecho de fondo y congruente que juzgó aplicable la Corte de Apelaciones concernida en el contenido de su motivación; lo cual es más bien trasunto de la argumentación jurídica que ha debido promoverse ante la jurisdicción ordinaria, a través de las acciones y recursos que franquea la Ley; mas no en lo que compete a esta Sala de lo Constitucional, a través de la protección y tutela constitucional que provee la garantía de amparo. CONSIDERANDO (9): Que, además de lo anteriormente expresado, se considera que también incurre la acción de amparo en otra causal de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento; esta vez por razón de materia, en vista concernir su alegato a: “… asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio (…)”, como prescribe el numeral 7) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC); con lo cual se establece la concurrencia de ambas causales de sobreseimiento, según plasmadas en la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC); debiendo, en consecuencia, procederse al dictado de sobreseimiento a la presente garantía de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 60, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numerales 1) y 7), y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de febrero del dos mil veintiuno. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, a favor de la señora IRIS ESTHER LOPEZ ROMERO contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha cinco (05) de febrero de dos mil veinte (2020), la cual falla SOBRESEYENDO la garantía constitucional de amparo promovida por el recurrente, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil dieciocho (2018); con relación a la Demanda por la vía del PROCESO DECLARATIVO ABREVIADO, sobre la Acción de una Pretensión Posesoria de Restitución de un Bien Inmueble, promovida por la el abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, en su condición de representante procesal de la señora IRIS ESTHER LOPEZ ROMERO, contra el señor FRANCISCO HERNANDEZ VALLEJO CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho; lo cual es cumplido en tanto requisito de procedibilidad en el trámite del presente caso, según resulta de la notificación efectuada por la tabla de avisos en fecha once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020) y consiguiente interposición del recurso de reposición en la subsiguiente fecha hábil, según consta de la pieza principal de amparo. CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición de la parte recurrente, se aprecia que funda su recurso de reposición manifestando que se han infringido por la Jurisdicción las garantías y derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, contentivos del derecho a defenderse y al debido proceso; con relación a las normas contentivas en los artículo 3, 200 numeral 1) y 207 del Código Procesal Civil; solicitando de la Sala de lo Constitucional la reconsideración del presente fallo en salvaguarda los derechos constitucionales de su representada. Es notorio, sin embargo, que tal pretensión no expresa agravios contra las consideraciones jurídicas que fundan el fallo constitucional, más que limitarse a reargüir las ya invocadas durante el trámite de la presente acción constitucional. CONSIDERANDO (3): Que el planteamiento del Abogado recurrente contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, en el presente recurso de reposición, no es de recibo, pues tal sentencia define las razones que impiden legalmente a la jurisdicción constitucional acceder al conocimiento del recurso de amparo impetrado, como son la incursión en alegaciones de mera legalidad y tratarse de asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren de intervenir en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio; las cuales son transcritas, inclusive, en el líbelo interpuesto, en tiempo y forma, por el Letrado garantista; subsumiéndose de pleno derecho en el artículo 46, numerales 1) y 7) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (4): Que en tal orden de ideas se estima que la resolución recurrida se encuentra apegada a derecho, en virtud no asistir razón suficiente para enmendar la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, según la pretensión recursiva promovida por el abogado garantista. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según correspondiere en derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 Nº 7 y Nº 8, 41, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por interpuesto por el Abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, a favor de la señora IRIS ESTHER LOPEZ ROMERO contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha cinco (05) de febrero de dos mil veinte (2020). Y MANDA: Que la Secretaría notifique al garantista la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción constitucional y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes marzo del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del año dos mil veinte y resolución de fecha quince de febrero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0423-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL