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Sentencia AC-419-17 — Registro 12698

Resumen

En Consulta las diligencias que sobresee el recurso de apelación con relación a una solicitud para que se decretara embargo sobre los dividendos que a la sociedad mercantil le correspondían. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los Artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la carga procesal de interponer los recursos que el ordenamiento jurídico concede, recae sobre el afectado por la resolución objeto de impugnación.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que hasta el momento procesal no se constata que la Sociedad Mercantil denominada PRESTADITO DE COSTA RICA, S.A., haya hecho uso oportuno de los procesos ordinarios y recursos que le franquea la ley, por lo que de igual modo, tampoco se aprecia que se haya menoscabado su derecho fundamental a la defensa, consagrado en el Artículo 82 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) …; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8)…; 9)…- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”-CONSIDERANDO DIEZ (13): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en fecha quince de mayo de dos mil dieciséis.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de septiembre de dos mil veinte.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha quince de mayo de dos mil dieciséis, que sobresee el recurso presentado por el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, a favor de la Sociedad Mercantil denominada PRESTADITO DE COSTA RICA, S.A., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, con relación a una solicitud para que se decretara embargo sobre los dividendos que a la sociedad mercantil BICON S.A. le correspondían de la Sociedad Mercantil CEMENTOS DEL NORTE S.A de C.V. (CENOSA), los que habían sido vendidos a la Sociedad PRESTADITO DE COSTA RICA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los Artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil PRESTADITO DE COSTA RICA, S.A., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula Departamento de Cortés, en fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, relacionada la demanda promovida por la Sociedad Mercantil CEMENTOS DEL NORTE S.A de C.V. (CENOSA).-2) Que seguido el tramite correspondiente a la acción de

amparo, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha quince de mayo de dos mil dieciséis, mediante la cual falló sobreseyendo el recurso de amparo interpuesto por el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, a favor de la Sociedad Mercantil PRESTADITO DE COSTA RICA, S.A., y ordenó remitir en consulta las diligencias a la Corte Suprema de Justicia. (Folios 48 al 49 de la segunda pieza de antecedentes).-3) Que en fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, a favor de la Sociedad Mercantil PRESTADITO DE COSTA RICA, S.A., en base a lo estipulado en el Artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, de fecha quince de mayo de dos mil dieciséis, que sobresee el recurso presentado por el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, a favor de la Sociedad Mercantil denominada PRESTADITO DE COSTA RICA, S.A., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, con relación a una solicitud para que se decretara embargo sobre los dividendos que a la sociedad mercantil BICON S.A. le correspondían de la Sociedad Mercantil CEMENTOS DEL NORTE S.A de C.V. (CENOSA), los que habían sido vendidos a la Sociedad PRESTADITO DE COSTA RICA.-CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, manifestando básicamente que dicha resolución es violatoria de los derechos estipulados en los Artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República, puesto que su representada no puede ilícitamente ser afectada por procesos judiciales en lo que no sea parte; y, en los que no cuente con oportunidad procesal para defenderse, como ha ocurrido en el presente caso, donde se decretó medida ejecutiva sobre créditos de su propiedad sin ser parte en el juicio en el cual se ordena, vulnerando el derecho de audiencia, es decir, la garantía constitucional de no ser afectado sin haber sido oído y vencido en juicio.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su sentencia, cuando señala que aun y cuando la Ley Procesal Civil, dispone y permite la intervención de terceros en un proceso, el que podrá ser admitido como demandante o demandado quien acredite tener interés directo y legitimo en la decisión de fondo que se pueda optar. Sin embargo ante la no intervención en el proceso aun y cuando se encuentra facultada para ello, hace que su queja se subsuma en la causa de inadmisibilidad señalada en el numeral 7) del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir

justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la carga procesal de interponer los recursos que el ordenamiento jurídico concede, recae sobre el afectado por la resolución objeto de impugnación.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que hasta el momento procesal no se constata que la Sociedad Mercantil denominada PRESTADITO DE COSTA RICA, S.A., haya hecho uso oportuno de los procesos ordinarios y recursos que le franquea la ley, por lo que de igual modo, tampoco se aprecia que se haya menoscabado su derecho fundamental a la defensa, consagrado en el Artículo 82 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) …; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8)…; 9)…- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”-CONSIDERANDO DIEZ (13): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en fecha quince de mayo de dos mil dieciséis.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en fecha quince de mayo de dos mil dieciséis; y, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTTUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA Firma y sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario de la Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la sentencia de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0419-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL