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Sentencia AC-409-19 — Registro 11417

Resumen

argumento fundamental del recurso versa básicamente en que autoridad recurrida rechaza de plano solicitud de Tasación de Costas promovida por recurrente, invocando Juzgador dos artículos que no guardan relación con el caso que es una Tasación de Costas derivada de un vencimiento en juicio, como ser la condena en costas, pues el Artículo 2296.1 que invoca Juzgador del Código Civil, corresponde al Cobro de Honorarios Profesionales y no Tasación de Costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."15): Que el Artículo 17 del Código Civil determina que no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. En ese orden de ideas y de la lectura del artículo 218 del CPC, se entrevé que las Costas se deben a la parte que haya salido vencedora en el juicio, ello conforme al principio de vencimiento establecido en el artículo 219 y 221 del CPC. Esto es así porque las Costas es un derecho del vencedor en el juicio y no un derecho de los Abogados, como erróneamente pretende la Alzada en el caso sub júdice. En su nula motivación la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, rechaza de plano la solicitud de Tasación de Costas promovida por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad en proceso de liquidación voluntaria SEGUROS CAPITAL S.A., invocando para ello la prescripción de la acción establecida en el artículo 2296.1 del Código Civil , prescripción que diáfanamente se deduce es para el cobro de honorarios y derechos que corresponden entre ellos a los abogados.-CONSIDERANDO (16): Que, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta Sala es del criterio que no se deben poner obstáculos o trabas a las partes o interesados en determinado asunto, con el fin de hacer valer sus pretensiones en un proceso. De la resolución impugnada, esta sala de lo Constitucional advierte que los preceptos legales invocados por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán a efecto de Rechazar de plano la solicitud de Tasación de Costas promovido por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, se sustenta en razonamientos erróneos y formalismos excesivos, que revelan una clara desproporción entre los fines que se persigue con el acceso a los tribunales de justicia, a quienes a través de magistrados y jueces independientes, la Constitución ha encomendado la inconmensurable labor de impartir justicia gratuitamente en nombre del Estado, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes, sacrificando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva que invoca el recurrente, se le niega a éste, la posibilidad real y efectiva de peticionar sus derechos, ante un órgano jurisdiccional del Estado establecido para ello.-CONSIDERANDO (17): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo, la cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, ello porque se ha emitido una resolución que se sustenta en razonamientos erróneos y formalismos excesivos, pues se invocan preceptos legales sin el análisis de fondo correspondiente con el caso en concreto planteado; ejemplo de ello, cuáles son los derechos de la parte vencedora en juicio y quién es parte en un proceso, negando con ello la posibilidad de acceso a los órganos jurisdiccionales del Estado; derecho garantizado en la Constitución de la República, lo que constituye obstáculos de acceso a la jurisdicción y a las entidades de la administración pública, consecuencia de ello la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, corolario de lo expuesto en el presente libelo, soslayando los demás derechos fundamentales invocados por el recurrente en amparo.-CONSIDERANDO (18): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.-CONSIDERANDO (19): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.-CONSIDERANDO (20): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que se rechaza de plano la solicitud de Tasación de Costas presentada por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, inobservando las disposiciones contenidas en los artículos 218, 219 y 221 del Código Procesal Civil y negando el derecho a las Costas del vencedor en el juicio, condena en Costas que establece la parte resolutiva de la sentencia definitiva de fecha dos (2) de diciembre del año dos mil quince (2015), dictada por la misma Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, vulnerando con ello el principio de vencimiento y el derecho a las Costas procesales en aplicación de argumentos erróneos y escasos; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veinte.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la sociedad mercantil en proceso de liquidación voluntaria SEGUROS CAPITAL S.A, contra la Resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil diecinueve(2019), que rechazó de plano la Solicitud de Tasación de Costas realizada por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en virtud de haberla solicitado de manera extemporánea, en relación a la Demanda Ejecutiva de Pago promovida por el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad denominada BANCO MERCANTIL S.A (BAMER), contra la sociedad mercantil SEGUROS CAPITAL S.A., en proceso de Liquidación Voluntaria o Auto-Liquidación. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado lo establecido en los artículos 80, 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil siete (2007), el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo Demanda Ejecutiva de Pago, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad denominada BANCO MERCANTIL S.A (BAMER), entidad que a su vez actúa administrando créditos cedidos en pago por la liquidación de BANCO CAPITAL S.A., a favor de BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contra la sociedad mercantil SEGUROS CAPITAL S.A. (Folio 01 al 03 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil trece (2013), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarando SIN LUGAR las excepciones de : 1) Falta de legitimación procesal activa 2) Falta de incumplimiento de los pactos que se hubieren celebrado para llenar los títulos en blanco 3) Prescripción 4) Sin Lugar el incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones interpuestas por el Licenciado MAX RICARDO SALGADO LAGOS en su condición de apoderado Legal de la sociedad en liquidación voluntaria SEGUROS CAPITAL,S.A. SEGUNDO: Declarando CON LUGAR la Demanda Ejecutiva de Pago, promovida por el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, mayor de edad, casado, Hondureño y del domicilio de San Pedro Sula y en tránsito por esta ciudad actuando en su condición de apoderado Judicial de la Sociedad denominada BANCO MERCANTIL S.A (BAMER) en contra de la Sociedad Mercantil denominada SEGUROS CAPITAL S.A de este domicilio a través de su representante legal el señor OCTAVIO H. MATAMOROS, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio.- En consecuencia CONDENA a la Sociedad Mercantil denominada SEGUROS CAPITAL S.A de este domicilio a través de su representante legal el señor OCTAVIO H. MATAMOROS a pagar a BANCO CENTRAL DE HONDURAS la cantidad de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 14,657,797.69), más los intereses y las costas del presentes juicio…” (Folios del 124 al 126 de la pieza de antecedentes del A-quo).-3) Que conociendo del recurso de apelación promovido contra la sentencia que se deja relacionada en el acápite que antecede de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil trece, La Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce (2014) mediante la cual falló declarando Sin Lugar dicho recurso y confirmando la Sentencia apelada. (Folios del 149 al 156 de la pieza de antecedentes del A-quo).-4) Que el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad en liquidación voluntaria SEGUROS CAPITAL S.A., presentó ante la Sala de lo Constitucional, recurso de Amparo contra la sentencia dictada por el Ad-quem en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce (2014), fallando la Sala Otorgando el recurso de amparo, mediante sentencia de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil quince (2015). En consecuencia la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán dictó nueva Sentencia en fecha dos (2) de diciembre del año dos mil quince (2015) mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN del que se ha hecho merito; SEGUNDO: REVOCANDO LA SENTENCIA DEFINITIVA de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO promovida por el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ en su condición de Representante Procesal de la Sociedad denominada BANCO MERCANTIL S.A. (BAMER) contra la sociedad mercantil denominada SEGUROS CAPITAL S.A., en virtud de haber prescrito la acción cambiaria del pagare del que se ha hecho mención.-CON COSTAS….” (Folios del 165 al 169 de la pieza de antecedentes del A-quo).-5) Que en fecha cinco (5) de junio del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, actuando en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil SEGUROS CAPITAL S.A, promoviendo Tasación de Costas. (Folios 1 y 2 de la pieza de antecedentes de Costas de primera instancia).-6) Que en fecha cinco (5) de abril del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolvió: (Sic) “PRIMERO: Decrétese de oficio Nulidad Absoluta de Actuaciones a partir del auto de fecha seis de junio de dos mil diecisiete y subsiguientes actuaciones, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de tasación de costas presentada por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS en su condición de apoderado legal de SEGUROS CAPITAL S.A. en proceso de liquidación, debiendo retrotraerse las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó. Todo ello en virtud de que se ha prescindido de normas esenciales del procedimiento, cuya inobservancia acarrea nulidad absoluta de actuaciones SEGUNDO: Que la Secretaria del Juzgado devuelva a los peticionarios los documentos que interesen. Contra este auto resolutivo cabe el recurso de APELACIÓN el que se deberá interponer ante este mismo Órgano Jurisdiccional por escrito en el plazo de DIEZ días hábiles desde el día siguiente de la notificación…” (folio 53 y 54 de la pieza de antecedentes de Costas de primera instancia).-7) Que, conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, contra la resolución que inadmite la solicitud de Tasación de Costas en primera instancia, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual declara Sin Lugar el recurso de Apelación promovido y confirma el auto recurrido de fecha cinco (5) de abril del año dos mil dieciocho (2018). (Folios del 74 al 80 de la pieza de antecedentes de tasación de Costas de primera instancia).-8) Que en fecha quince (15) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, presentando Tasación de Costas; en respuesta a su petición, la referida Corte dictó Auto en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil diecinueve (2019), resolviendo: (Sic) “UNICO: Esta Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, en virtud de la relación de antecedentes y fundamentos de derechos señalados anteriormente resuelve: Tener por RECHAZADA DE PLANO la Solicitud de Tasación de Costas realizada por el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de Apoderado Legal de SEGUROS CAPITAL S.A, en virtud de haberla solicitado de manera extemporánea”. (Folio 133 y 134 de la pieza de antecedentes de segunda instancia).-9) Que el recurrente Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, compareció ante este Tribunal, en fecha tres (3) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil SEGUROS CAPITAL S.A, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil diecinueve (2019), la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 90 y 321 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecinueve (2019). (Folios del 25 al 34 de los autos).-10) Que en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil diecinueve (2019), la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió el dictamen correspondiente, en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE LA ACCION DE AMPARO, por no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista. (Folio del 37 al 40 de los autos).-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que del escrito de interposición de la acción de Amparo, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha quince de octubre del año dos mil dieciocho, fecha en la que compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de Apoderada Legal de SEGUROS CAPITAL S.A., en proceso de liquidación voluntaria, presentando TASACIÓN DE COSTAS, en elación a la Demanda Ejecutiva de Pago promovida por el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad denominada BANCO MERCANTIL S.A (BAMER), contra la sociedad mercantil SEGUROS CAPITAL S.A., en proceso de Liquidación Voluntaria.-CONSIDERANDO (3): Que en fecha tres de mayo del año dos mil diecinueve, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, interponiendo Acción de Amparo a favor de la Sociedad en proceso de liquidación voluntaria SEGUROS CAPITAL S.A., contra la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió rechazar de plano la solicitud de Tasación de Costas realizada por el abogado Max Ricardo Salgado lagos; considera el recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria de los derechos a la Tutela Judicial Efectiva, , Derecho de Petición, Debido Proceso y el derecho a que se respete el principio de legalidad, contenidos en los artículos 80, 90, y 321 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (4): Que, en la exposición de argumentos, en la acción constitucional impetrada, el recurrente comienza realizando una cronología de los antecedentes del hecho, relacionado a los recursos ordinarios y extraordinarios que fueron promovidos en el proceso, culminando con una sentencia a favor de su representada la Sociedad en proceso de liquidación voluntaria SEGUROS CAPITAL S.A., siendo condenado en Costas en segunda instancia la parte que vio vencidas sus pretensiones o sea la sociedad mercantil denominada BANCO MERCANTIL S.A. (BAMER).-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente expresa que la resolución de fecha 29 de enero del año 2019, emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, vulnera los derechos a la Tutela Judicial Efectiva, Derecho de Petición, Debido Proceso y el derecho a que se respete el Principio de Legalidad, ello porque la referida Corte aplica un artículo del Código Civil incorrectamente y procesalmente, porque no es el caso de autos, ya que lo que se está solicitando es una Tasación de Costas y no el cobro de Honorarios Profesionales. La resolución se fundamente en una normativa sustantiva que no tiene relación con el caso que nos ocupa y no seguir las formalidades implica una clara violación a la garantía constitucional del debido proceso; aunado a ello se violenta el principio de legalidad.-CONSIDERANDO (6): Que el impetrante arguye que la tutela judicial efectiva, se concreta en el derecho que tienen todas las personas al acceso a los órganos jurisdiccionales con arreglo a las normas de procedimiento legalmente establecidas y a obtener de ellos una respuesta motivada y de fondo, dotada de invariabilidad y a la ejecución de lo resuelto. Sostiene que lo resuelto es lesivo a los intereses de su mandante, puesto que hay una gran diferencia entre los honorarios causados por la representación legal que hace un profesional del derecho a su parte, tal como lo regula el Artículo 89.1 del Código Procesal Civil[1]. En el presente caso –dice el impetrante- es claro que hay una condena en costas, basados en el Principio de vencimiento en base a los artículos 219 y 222 del CPC, la tasación de costas es consecuencia de un principio de vencimiento y decretado en sentencia, por tanto es un derecho derivado de una consecuencia legal de vencimiento, no porque a quien representamos nos debiera honorarios, que es un derecho puro, pues nace de una relación directa entre parte y abogado; el Articulo 218 del CPC citado por el Tribunal de Alzada solo define las partidas que conforman las costas ya que son personales y procesales.-CONSIDERANDO (7): Que, del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil diecinueve (2019), que en su parte dispositiva falla:“UNICO: Esta Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, en virtud de la relación de antecedentes y fundamentos de derechos señalados anteriormente resuelve: Tener por RECHAZADA DE PLANO la Solicitud de Tasación de Costas realizada por el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de Apoderado Legal de SEGUROS CAPITAL S.A, en virtud de haberla solicitado de manera extemporánea”. (Folio 133 y 134 de la pieza de antecedentes de segunda instancia).- CONSIDERANDO(8): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 80, 90 y 321 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento fundamental del recurso versa básicamente con que la autoridad recurrida rechaza de plano la solicitud de Tasación de Costas promovida, invocando dos artículos que no guardan relación con el caso que nos ocupa como lo es la Tasación de Costas derivada de un vencimiento en juicio, como ser la condena en costas, pues el Artículo 2296.1 que se invoca del Código Civil, corresponde al Cobro de Honorarios Profesionales.-CONSIDERANDO (9): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, en primer lugar es menester determinar si la decisión de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán vulnera en perjuicio del recurrente los derechos contenidos en los artículos de la Constitución de la República que expone el recurrente, entre ellos el Artículo 80[2], 90[3] y lo establecido por el Artículo 321[4]. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales.-CONSIDERANDO (10): Que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo dispuesto en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia, asimismo ha establecido la Corte que el derecho al debido proceso “se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”[5]. La Corte ha afirmado que para no obstaculizar el proceso, los jueces “tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”[6]. Por otra parte, la Corte estableció que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1[7] si se interponen trabas en el acceso a la justicia. En este sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina la Corte afirmó:Que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acuden a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.[8].-Si bien el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, y consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, la Corte Interamericana afirma que las limitaciones deben guardar correspondencia con el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho.-CONSIDERANDO (11): Que, en la misma línea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el jurista L. Alfredo de Diego Diez, sostiene que “En suma la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano capital, en cuanto garantiza la cabal defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas. Es un derecho inherente a la dignidad humana y, en cuanto derecho que los seres humanos tienen por el mero hecho de ser personas, se predica sin distinción ni restricción, incluyendo a todos: nacionales y extranjeros, sean habitantes o no de la República….”[9]; de Diego Diez sostiene que ni los jueces y tribunales pueden restringir este derecho con criterios rigoristas o puramente formalistas y señala como lo explica la STC 144/2004:2.° El derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador en el marco de la Constitución (SSTC 4/1988, de 12 de enero, fj 5; 141/1988, de 29 de junio, jj 7). También puede verse conculcado el derecho de acceso a la tutela por aquellas interpretaciones de las normas que son manifiestamente erróneas, irrazonables o basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los intereses que se sacrifican, de forma que la negación de la concurrencia del presupuesto o requisito en cuestión sea arbitraria o irrazonable (por todas, STC 35/1999, de 22 de marzo, fj 4 y las en él citadas).[10] .-CONSIDERANDO (12): Que la resolución cuestionada por el recurrente, hace alusión a lo dispuesto en el Artículo 218 del CPC, en relación al Artículo 2296.1 del Código Civil; con solo la transcripción de las normas legales relacionadas, la Alzada argumenta: “Por tanto este Ad-quem es del pensar que la presente solicitud de Tasación de Costas, realizada por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS es presentada de manera extemporánea.”, para luego en la parte dispositiva de la resolución que se recurre en Amparo rechazar de plano la solicitud de Tasación de Costas realizada por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos.-CONSIDERANDO (13): Que el artículo 218 del CPC invocado en la resolución recurrida dispone en el numeral 1: “PARTIDAS QUE INTEGRAN LAS COSTAS. 1. Salvo que se goce del beneficio de asistencia jurídica gratuita, cada parte pagará los gastos y costas del proceso causados conforme a este Código y a lo dispuesto en el correspondiente Arancel.”; continuando en el numeral 2 del referido precepto se establece las partidas económicas que se considerarán costas, entre ellas los honorarios de los profesionales del derecho por la defensa y representación técnica realizada cuando su participación sea legalmente obligatoria. Así tenemos que las costas procesales, son los gastos en que debe incurrir cada una de las partes involucradas en un juicio. Dentro de las mismas se incluyen los gastos inherentes al proceso: notificaciones, gastos de testigos, gastos de derechos, honorarios de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso; copias, certificaciones, notas, testimonios etc. El derecho a las costas, deriva del principio de vencimiento en juicio como bien lo expone el recurrente en Amparo. La obligación de las costas no surge durante la Litis, dando lugar a un crédito eventual o condicional; por ello no puede hablarse durante el pleito de un crédito o de un derecho a las costas. Sólo en el momento de fallarse sobre la demanda, esto es, cuando se determina el vencimiento, nace no sólo el derecho del vencedor a las costas, sino el deber del juez de condenar al derrotado en las mismas, y sólo de la condena ya pronunciada nace el derecho y la obligación de las costas.[11] -Lo subrayado es nuestro-CONSIDERANDO (14): Que, reiterando y para mejor comprensión, de lo que son las Costas, estas se definen como los gastos legales que hacen las partes y deben satisfacer en ocasión de un procedimiento judicial. Las costas no sólo comprenden los llamados gastos de justicia, o sea los derechos debidos al Estado, fijados por las leyes, sino además los honorarios de los letrados y los derechos que debe o puede percibir el personal auxiliar, si así estuviera establecido.[12] –Lo subrayado es nuestro-CONSIDERANDO (15): Que el Artículo 17 del Código Civil determina que no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. En ese orden de ideas y de la lectura del artículo 218 del CPC, se entrevé que las Costas se deben a la parte que haya salido vencedora en el juicio, ello conforme al principio de vencimiento establecido en el artículo 219 y 221 del CPC. Esto es así porque las Costas es un derecho del vencedor en el juicio y no un derecho de los Abogados, como erróneamente pretende la Alzada en el caso sub júdice. En su nula motivación la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, rechaza de plano la solicitud de Tasación de Costas promovida por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad en proceso de liquidación voluntaria SEGUROS CAPITAL S.A., invocando para ello la prescripción de la acción establecida en el artículo 2296.1 del Código Civil[13], prescripción que diáfanamente se deduce es para el cobro de honorarios y derechos que corresponden entre ellos a los abogados.-CONSIDERANDO (16): Que, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta Sala es del criterio que no se deben poner obstáculos o trabas a las partes o interesados en determinado asunto, con el fin de hacer valer sus pretensiones en un proceso. De la resolución impugnada, esta sala de lo Constitucional advierte que los preceptos legales invocados por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán a efecto de Rechazar de plano la solicitud de Tasación de Costas promovido por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, se sustenta en razonamientos erróneos y formalismos excesivos, que revelan una clara desproporción entre los fines que se persigue con el acceso a los tribunales de justicia, a quienes a través de magistrados y jueces independientes, la Constitución ha encomendado la inconmensurable labor de impartir justicia gratuitamente en nombre del Estado, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes, sacrificando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva que invoca el recurrente, se le niega a éste, la posibilidad real y efectiva de peticionar sus derechos, ante un órgano jurisdiccional del Estado establecido para ello.-CONSIDERANDO (17): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo, la cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, ello porque se ha emitido una resolución que se sustenta en razonamientos erróneos y formalismos excesivos, pues se invocan preceptos legales sin el análisis de fondo correspondiente con el caso en concreto planteado; ejemplo de ello, cuáles son los derechos de la parte vencedora en juicio y quién es parte en un proceso, negando con ello la posibilidad de acceso a los órganos jurisdiccionales del Estado; derecho garantizado en la Constitución de la República, lo que constituye obstáculos de acceso a la jurisdicción y a las entidades de la administración pública, consecuencia de ello la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, corolario de lo expuesto en el presente libelo, soslayando los demás derechos fundamentales invocados por el recurrente en amparo.-CONSIDERANDO (18): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.-CONSIDERANDO (19): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.-CONSIDERANDO (20): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que se rechaza de plano la solicitud de Tasación de Costas presentada por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, inobservando las disposiciones contenidas en los artículos 218, 219 y 221 del Código Procesal Civil y negando el derecho a las Costas del vencedor en el juicio, condena en Costas que establece la parte resolutiva de la sentencia definitiva de fecha dos (2) de diciembre del año dos mil quince (2015), dictada por la misma Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, vulnerando con ello el principio de vencimiento y el derecho a las Costas procesales en aplicación de argumentos erróneos y escasos; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 7, 24.2.d) y 457 del Condigo Procesal Civil; 26 y 37 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la Sociedad en Proceso de Liquidación Voluntaria SEGUROS CAPITAL S.A., contra la resolución emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil diecinueve (2019). 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, restituyendo al recurrente en Amparo los derechos que le han sido vulnerados, observando las disposiciones contenidas en el Condigo Procesal Civil, evitando argumentos rigurosos, excesivos y erróneos que suponen obstáculos de acceso a la justicia. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de Noviembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0409-2019 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] En adelante CPC.

[2] Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.

[3] Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…

[4] Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.

[5] Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52 & 128; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69 & 112, entre otras.

[6] Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, & 211. Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, & 156.

[7] Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

[8] Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97, & 50. En ese sentido ver también Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, & 82; Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, & 95.

[9] L. Alfredo de Diego Díez. El derecho a la tutela judicial efectiva. Prontuario de Derecho Procesal Número 1. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 32.

[10] L. Alfredo de Diego Díez. El derecho a la tutela judicial efectiva. Prontuario de Derecho Procesal Número 1. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 40 y 41.

[11] Guiseppe Chiovenda. Curso de derecho procesal civil. Oxford University Press México, S.A. de C.V. México, D.F. abril de 2001. Pág. 502.

[12] Guillermo Cabanellas de Torres. Diccionario Jurídico Elemental. Nueva edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial HELIASTA S.R.L. Primera edición. 1979 Undécima edición, 1993.

[13] Articulo 2296.-Por el transcurso de un año prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1ª. – La de pagar a los Jueces, Abogados, Registradores, Notarios, peritos, agentes y curiales, sus honorarios y derechos en el caso de que los tengan, y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos a que las obligaciones se refieran….