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Sentencia AC-341-19 — Registro 11541

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución dictada por la Corte Apelaciones de lo Civil contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras con relación a la demanda ordinaria de reivindicación de dominio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de violación a la Constitución de la República como lo señala el recurrente. Este alto tribunal al examinar las presentes diligencias estima que no procede conceder la garantía de amparo en virtud de los siguientes elementos: 1.-Esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. 2.- La Sala ya ha establecido su parecer en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, es decir, no es el derecho a obtener una sentencia favorable y tampoco puede ésta contener en su seno el conjunto del ordenamiento jurídico, lo cual sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. 3.- Del examen de los antecedentes no se advierte vulneración a la garantía del debido proceso, por cuanto la instrucción del juicio se ha realizado por el Órgano Jurisdiccional del Estado competente por cuestión de materia y territorio, con las formalidades y solemnidades establecidas previamente en la Ley; enmarcándose la decisión del Tribunal A-quem dentro del ordenamiento jurídico, con lo cual, a contrariu sensu de lo afirmado por el recurrente, se han respetado y se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley exige y dentro del marco legal aplicable.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de marzo de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR, a favor de las señoras RITA CONCEPCION OCHOA BARRIENTOS Y KARLA PATRICIA PADILLA SIERRA, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de enero de dos mil diecinueve, que declaró la nulidad absoluta en el recurso de apelación, interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de abril del año dos mil dieciocho, con relación a la demanda ordinaria de reivindicación de dominio, promovida por el señor EDWYN CARLOS CARVAJAL VARELA contra las señoras RITA CONCEPCION OCHOA BARRIENTOS Y KARLA PATRICIA PADILLA SIERRA. Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentadas están contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis, compareció ante Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado EDWIN CARLOS CARBAJAL VARELA, actuando en su condición personal, promoviendo demanda ordinaria de reivindicación de dominio de un lote de terreno, contra las señoras RITA CONCEPCION OCHOA BARRIENTOS Y KARLA PATRICIA PADILLA SIERRA. (Folios 01 al 05 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha nueve de abril del año dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual resolvió: FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la Acción de Dominio o Reivindicación por la Vía del procesamiento Ordinario impetrada por el ABOGADO OSCAR EDGARDO CERRATO ANDINO en su condición de Representante Procesal del Señor EDWYN CARLOS CARBAJAL VARELA.- SEGUNDO CONDENAR A LAS SEÑORAS RITA CONCEPCION OCHOA BARRIENTOS Y KARLA PATRICIA PADILLA SIERRA a restituir el bien inmueble en litigio a favor del demandante, SEÑOR EDWYN CARLOS CARVAJAL VARELA.- TERCERO: CON COSTAS en esta instancia a las partes demandadas.- CUARTO: Contra esta resolución cabe RECURSO DE APELACION en la forma y términos previstos por la Ley. (Folios 092 al 101 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de enero de dos mil diecinueve, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD absoluta de actuaciones a partir e inclusive de la audiencia preliminar celebrada el trece (13) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), celebrada en el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Retrotráigase las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó. TERCERO: Sin Costas. (Folios 30 al 40 de la segunda pieza de antecedentes). 4) Que el recurrente Abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR, compareció ante este Tribunal, en fecha diez de abril del año dos mil diecinueve, reclamando amparo a favor de las señoras RITA CONCEPCION OCHOA BARRIENTOS Y KARLA PATRICIA PADILLA SIERRA, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de enero de dos mil diecinueve, de que se ha hecho referencia en el considerando que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve. 5) Que en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil diecinueve, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE, el amparo solicitado. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. El censor, abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR, al formalizar la garantía constitucional de amparo estima que la resolución impugnada, vulnera derechos constitucionales, argumentando lo que a continuación se expone. El recurrente señala que resulta evidente, que la resolución recurrida, es lesiva a los derechos y garantías del debido proceso, ya que el amparista expresa en la formalización de la presente acción de amparo, la violación de las garantías constitucionales consagradas en los artículos: 82 y 90 de la Constitución de la Republica. Se observa que el amparista centra su alegato para la interposición de la presente acción de amparo en lo siguiente: “Que el ad-Quem, le ha impedido total u absolutamente a las ciudadanas afectadas defenderse mediante los recursos pertinentes, y que, al no resolver sobre el fondo del asunto, el proceso vuelve como al inicio. - Y que al declarar sin lugar la reposición contra la sentencia anulatoria lo desestimó de plano sin considerar que su fallo, en efecto debió ser definitivo no lo fue, sino que más bien está reviviendo todo el proceso desde sus inicios, lo que vuelve la justicia más tardía y onerosa” CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por mayoría de votos, dispuso en su sentencia de fecha catorce de enero de dos mil diecinueve, declarar la nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive de la audiencia preliminar celebrada en fecha 13 de octubre de 2016, por el Juzgado, mandando a retrotraer las actuaciones al estado inmediatamente anterior, al defecto que la origino. En su resolución, el ad quem explica: “DECIMO TERCERO: Que, revisado el proceso en el expediente de mérito, el A-Quo declaró rebelde a la señora Rita Concepción Ochoa Barrientos mediante auto de fecha diez de diciembre del año dos mil quince (folio 20 expediente primera instancia). Que para tener por constituida la rebeldía de la parte demandada que ha sido desplazada personal o subsidiariamente es necesario notificarle dicha rebeldía al demandado, de conformidad al artículo 441.1 del Código Procesal Civil; actuación que el A-Quo no realizó. El Rebelde puede incorporarse al proceso en cualquier momento, sujetándose al estado en que el proceso se encuentre, sin que se puedan retroceder en las actuaciones; para el caso de autos, el rebelde se incorporó al proceso mediante el escrito de contestación de demanda. Que, si bien es cierto, de forma correcta el juzgado no dio trámite a la contestación por estar extemporánea, este acto constituyó la incorporación al proceso del demandado rebelde, teniéndole por conferido el poder al profesional del derecho que le otorgó en dicho escrito (providencia de fecha 18 de enero de 2016, folio 27, expediente de primera instancia). De lo anterior se desprende que el A-Quo de forma incorrecta, no permitió la participación de la señora Ochoa Barrientos en la audiencia preliminar, causándole indefensión y acceso a la justicia. DECIMO CUARTO: Revisada el acta de audiencia preliminar el A-Quo no fijó la oposición, actuación que debe realizar luego de fijada la pretensión. Esta oposición se fijará en la contestación a la demanda. Igualmente, el A-Quo no fijó los términos del debate, los cuales se fijan de acuerdo a la pretensión y oposición fijada anteriormente y, la cual es indispensable para delimitar la prueba, teniendo claro sobre que deberán recaer. Esto en concordancia con el principio dispositivo, relativo a las pretensiones y objeto del debate. Artículos 10.1 y 447 del Código Procesal Civil. DECIMO QUINTO: Revisada la sentencia definitiva dicta por el A-Quo, expone en los hechos probados actuaciones no propias de estos tales como los numerales 1,2,3,4,5 y 8, pues lo descrito en ellos no son hechos probados. En los hechos probados, no se establecen documentos, así como no se deben resolver tachas en ellos. Las tachas se motivan en los fundamentos de derecho y se resuelven en el fallo. Los hechos probados, son los actos o hechos que el juez considera de la prueba evacuada, practicada y a su sano juicio que son ciertos. En esta misma sentencia el A-Quo se contradice en lo expuesto en el fundamento de derecho “DECIMO”, relacionando que las pretensiones del demandante serán desestimadas, impone costas a las demandadas, siendo contradictorio al principio de vencimiento.” CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del garantista. El agente de tribunales, abogada Yulibeth Garay Hernandez, al emitir su dictamen fue de la opinión porque se deniegue la garantía de amparo de mérito. Para la fiscal, al contrastar los alegatos expuestos por el recurrente con la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de enero de 2019, observa que el Ad-Quem lo realiza en el uso de la facultad revisora que le otorga el artículo 705 del Código Procesal Civil, el cual se extiende a la revisión de los hechos dados, como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba, relacionado lo anterior al Principio Dispositivo, que refiere a que la resolución que le ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas.- Sin embargo dentro del contexto de la normativa citada, el Tribunal de Alzada, está facultado para apreciar de oficio defectos procesales, aunque no hayan sido denunciados por las partes, en virtud que como director del proceso tienen la potestad de declarar nulos ciertos actos procesales, que ha su criterio son vulneratorios o garantías procesales y constitucionales. Es así, que el Ad-quem de la lectura de la audiencia preliminar celebrada en fecha 13 de octubre del 2016, observa que dicha audiencia se celebró sin la presencia de la señora: Rita Concepción Ochoa Barrientos, en virtud de que ha criterio del A-quo, no podía intervenir en la misma por haber sido declarada en rebeldía, mediante auto de fecha 10 de diciembre del 2015, en el cual se aprecia en su parte dispositiva que el Juzgado de primera instancia ordenó notificar la declaración de rebeldía a la parte demandada, lo cual no se observa en autos de primera instancia haberse efectuado, siendo requisito necesario para que la misma surta efectos legales, a tenor de lo establecido en el artículo 441 del Código Procesal Civil, por lo que se procedió a decretar la Nulidad Absoluta de Actuaciones a partir e inclusive de la audiencia preliminar celebrada en fecha 13 de octubre de 2016, porque considera que la sentencia definitiva dictada por el A-quo, en fecha 19 de abril del 2018, no cumplió con los requisitos legales establecidos en la ley.

CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de violación a la Constitución de la República como lo señala el recurrente. Este alto tribunal al examinar las presentes diligencias estima que no procede conceder la garantía de amparo en virtud de los siguientes elementos: 1.-Esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. 2.- La Sala ya ha establecido su parecer en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[4], que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, es decir, no es el derecho a obtener una sentencia favorable y tampoco puede ésta contener en su seno el conjunto del ordenamiento jurídico, lo cual sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[5] 3.- Del examen de los antecedentes no se advierte vulneración a la garantía del debido proceso, por cuanto la instrucción del juicio se ha realizado por el Órgano Jurisdiccional del Estado competente por cuestión de materia y territorio, con las formalidades y solemnidades establecidas previamente en la Ley; enmarcándose la decisión del Tribunal A-quem dentro del ordenamiento jurídico, con lo cual, a contrariu sensu de lo afirmado por el recurrente, se han respetado y se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley exige y dentro del marco legal aplicable. 4.- Que analizados los autos, en especial lo que se refiere a la sentencia recurrida, no se percibe tampoco la violación al derecho de defensa, pues el recurrente desde su personamiento en las diligencias y durante la substanciación del proceso, ha comparecido y tenido libre acceso a los Tribunales, constando del trámite que sus peticiones han sido resueltas de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley, por lo que este Tribunal estima que no existe fundamento para alegar la violación al principio establecido en el artículo 82 de nuestra carta magna. Asimismo, la motivación lógica utilizada en el fallo recurrido, responde a las características de la coherencia, ello porque la motivación se ha constituido bajo un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, pues es congruente porque sus afirmaciones, deducciones y conclusiones guardan relación y concordancia. Por otra parte, el planteamiento de asuntos puramente judiciales o de instancia, que han sido debidamente resueltos no corresponde ser conocidos por la justicia constitucional, estando su conocimiento y resolución destinados a la justicia ordinaria. Como ya lo ha sostenido en forma reiterada esta Sala, la intervención de los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuna cuando en el procedimiento para su decisión se hayan conculcado los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales. Revelando de la lectura de la resolución recurrida, dictada en fecha 14 de enero del 2019 por la Corte de Apelaciones, que en la misma se señala en el apartado de la motivación las razones factico jurídicas, por los cuales procede a declarar la nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive de la audiencia preliminar, al haberse prescindido de lo actuado por el A-Quo, de normas esenciales de procedimiento que vulneran garantías procesales y constitucionales, acción que el Ad-Quem realiza en el uso de la facultad revisora que le otorga el artículo 705 del Código Procesal Civil, el cual se extiende a la revisión de los hechos dados, como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba, relacionado lo anterior al Principio Dispositivo, que refiere a que la resolución que le ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas.- 5.- La Sala de lo Constitucional al analizar los argumentos del garantista arriba a la decisión de denegar la garantía constitucional de amparo de la que se hace mérito, en virtud de que luego de efectuar un examen in extenso de los antecedentes de mérito, no advierte que con el fallo recurrido se hayan quebrantado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República; a contrario sensu, en su sentencia, la autoridad recurrida ha tutelado en forma efectiva, tanto la garantía genérica del debido proceso, como la vigencia de los principios que rigen el proceso civil, enmarcado a las exigencias y formalidades que la ley prescribe. Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- F A L L A: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por el Abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR, a favor de las señoras RITA CONCEPCION OCHOA BARRIENTOS Y KARLA PATRICIA PADILLA SIERRA, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de enero de dos mil diecinueve, que declaró la nulidad absoluta en el recurso de apelación, interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de abril del año dos mil dieciocho, con relación a la demanda ordinaria de reivindicación de dominio, promovida por el señor EDWYN CARLOS CARVAJAL VARELA contra las señoras RITA CONCEPCION OCHOA BARRIENTOS Y KARLA PATRICIA PADILLA SIERRA. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes diciembre del año dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0341-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11

[5] Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA