Sentencia AC-329-19 — Registro 11403
Resumen
Resolución que anuló de oficio sentencia en Demanda por la vía del proceso ordinario para el pago de una indemnización en concepto de pago de daño y perjuicios causados, promovida contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), concluye que contrariadas las posiciones de una y otra de las partes intervinientes, y que por las razones expuestas; y, apreciada la existencia de infracción procesal; y, a analizar la sentencia impugnada advierten la existencias de defectos en la misma, es decir, presenta incoherencias, ya que hay un desajuste tanto en su fundamentación jurídica, entre esta y el fallo; por lo que consideró procedente declarar su nulidad. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es Anular la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la demanda ordinaria promovida por la señora DIXIANA SIERRA RAMIREZ, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO ATLÁNTIDA S.A.; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, NUMERAL 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de marzo de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS MARIO HERNANDEZ MARTINEZ, a favor de la Sociedad Mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), que Anuló la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la demanda ordinaria promovida por la señora DIXIANA SIERRA RAMIREZ, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO ATLÁNTIDA S.A.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado lo establecido en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil doce (2012), compareció ante Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE LUIS SALGADO VELASQUEZ, actuando en su condición de Representante Legal de la señora DIXIANA SIERRA RAMIREZ, interponiendo Demanda por la vía del proceso ordinario para el pago de una indemnización en concepto de pago de daño y perjuicios causados, contra la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA S.A. (Folios uno (01) al quince (15) de la pieza de Juzgado). 2) Que en fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual “FALLÓ: DECLARANDO EN PRIMER LUGAR, CON LUGAR LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION OPUESTA POR LA PARTE DEMANDADA BANCO ATLANTIDA S.A a través de su apoderado legal LUIS MARIO HERNANDEZ, en virtud de que la parte demandante DIXIANA SIERRA RAMIREZ, interpuso la presente demanda ordinaria para el pago DE UNA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS de manera extemporánea… 2) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS interpuesta por el ABOGADO JOSE LUIS SALGADO VELASQUEZ, como apoderado legal de la señora DIXIANA SIETRRA RAMIREZ, como parte demandante, contra el señor GILBERTO GOLDSTEIN RUBINSTEIN en su condición de presidente de la Junta Directiva y representante legal de BANCO ATLANTIDA S.A lo anterior en virtud de que en primer término opera la prescripción en el presente juicio, pues la demanda fue interpuesta fuera del plazo establecido por la Ley por parte del demandante… 3) DECLARANDO SIN LUGAR EL PAGO DE LA CANTIDAD DE (LPS 6,166,732.61) solicitado por la parte demandante en virtud de que al operar la PRESCRIPCION y ser declarada con lugar dicha Excepción… 4) ABSUELVE A LA PARTE DEMANDADA DE LA ACCCION DEDUCIDA EN SU CONTRA; 5) CON COSTAS…” Folios 222 AL 229 de la pieza del Juzgado). 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado ANTONIO ISAAC MARTINEZ DUBON, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: Anulando la Sentencia dictada el cinco de junio de dos mil dieciocho. - SEGUNDO Sin costas en segunda instancia. -(Folios 29 al 39 de la pieza de Corte de Apelaciones). 4) Que el recurrente Abogado LUIS MARIO HERNANDEZ MARTINEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho (8) de abril del año dos mil diecinueve (2019), reclamando amparo a favor de la Sociedad Mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dos (2) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). 5) Que en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el Artículo 90 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), que Anuló la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la demanda ordinaria promovida por la señora DIXIANA SIERRA RAMIREZ, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO ATLÁNTIDA S.A.. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se han violentado en perjuicio de su representada los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; al considerar que el Ad-Quem en su objetada sentencia, ha actuado extra petita, al anular la sentencia de fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, ya, que le corresponde a las partes en el proceso, expresar los hechos que les afecten o infrinjan e ordenamiento jurídico, no pueden los órganos jurisdiccionales ejercer actos de procuración o litigar a favor o en contra de las partes, pues de hacerlo se están violentado los principios de objetividad e imparcialidad. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el Artículo 90 y 321 de la Constitución de la República; siendo que dentro del contexto de la normativa procesal, el Tribunal de Alzada, está facultado para apreciar de oficio defectos procesales, aunque no hayan sido denunciados por las partes, en virtud que como director del proceso tiene la potestad de declarar nulos ciertos actos procesales, que ha su criterio no se hayan efectuado conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Civil, Ley Orgánica de Tribunales y de la Constitución de la República; y al revisar los autos se desprende que el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, si versa sobre aspectos objeto del debate en el proceso, se aprecia que señala en el apartado de la motivación las razones fáctico jurídicas, por las cuales procede anular la sentencia de fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, al haberse dictado prescindiendo de lo previsto en los Artículos 200 y 208 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), concluye que contrariadas las posiciones de una y otra de las partes intervinientes, y que por las razones expuestas; y, apreciada la existencia de infracción procesal; y, a analizar la sentencia impugnada advierten la existencias de defectos en la misma, es decir, presenta incoherencias, ya que hay un desajuste tanto en su fundamentación jurídica, entre esta y el fallo; por lo que consideró procedente declarar su nulidad. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es Anular la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la demanda ordinaria promovida por la señora DIXIANA SIERRA RAMIREZ, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO ATLÁNTIDA S.A.; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes diciembre del año dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0329-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL