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Sentencia AC-283-19 — Registro 11906

Resumen

caso en estudio surge de un contrato de promesa de compra venta, siendo una obligación recíproca, bilateral, donde autoridad recurrida manda a ejecutar una obligación, que la misma conlleva contraprestaciones de ambas partes habiendo formalizo recurrente recurso de reposición en relación a improcedencia de acción de amparo contra resolución que denegó recurso de apelación que resolvió desestimando oposición a la ejecución de un título consistente en un Laudo Arbitral, donde se dispuso cumplimiento forzoso de un contrato de promesa de venta promovido contra impetrante argumentando recurrente que parte ejecutante no ha acreditado el cumplimiento de su obligación de pago del precio convenido en el contrato de compra venta, lo cual hace a criterio de ellos que, carezca de un requisito de validez, ajustado en lo prescripto en los artículos 1356 y 1386 en relación de los artículos 1605 y 1659, todos del Código Civil

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."9): Que en vista lo planteado por el amparista en su recurso de reposición a la sentencia de amparo, la Sala de lo Constitucional, que debe establecer sobre la ejecución del laudo arbitral origen de la ejecución que, en la resolución de primera instancia, el juez de Letras resolvió una oposición a la ejecución, basada en la falta requisitos legales en el título y la oposición a concretas actuaciones ejecutivas, además alegando motivos por los cuales no se puede proseguir con la ejecución. Sobre la supuesta falta de requisitos se indicó que el título no los reúne, puesto que el fin del laudo arbitral, es la aplicación del contrato de compra venta, que se rige en un bien en propiedad en condominio, por lo que debe darse necesariamente la contraprestación del pago del valor del bien, por lo que no es procedente la ejecución por no haber recibido Altia Business Park S.A. de C.V. el pago del precio acordado y que la resolución del arbitraje sostiene como obligatoria. Considerando (10): Que la Corte de Apelaciones Civil del departamento de Cortes, resolvió en la impugnación a la negativa de la primera instancia en otorgar la oposición a la ejecución de un título judicial, confirma tal extremo, por las razones expresadas en la sentencia de amparo emitida por esta Sala de lo Constitucional y aquí mismo señaladas. Contra esta decisión se viene en amparo, que en sentencia de 23 de octubre de 2019 se falló denegando el amparo, interpuesto por el abogado Luis Alonso Castellanos Sánchez, a favor de la sociedad mercantil Altia Business Park S.A. de C.V., contra la sentencia de 12 febrero de 2018, dictada por la Corte de Apelaciones precitada. Considerando (11): Que frente a los argumentos vertidos en reposición, se indica que el Código Procesal Civil en su artículo 742 da las disposiciones generales del derecho a la ejecución forzosa, siendo que tiene como finalidad de hacer cumplir el contenido de un título y dotar de efectividad a la tutela judicial otorgada; asimismo el artículo 743 del mismo cuerpo normativo indica el principio de completa satisfacción del ejecutante, por lo que ese proceso se llevará a efecto en los propios términos que figure en la ejecución; y, el artículo 744 establece los límites de la actividad de la ejecución, que son determinados por el contenido del título, siendo nulos los actos que contradigan su contenido. Considerando (12): Que con base al artículo 763 se presentó por parte de los ejecutados, una oposición contenida en el numeral 3 de ese precepto, sobre una supuesta falta de requisitos legales en el título. Siendo ese requisito para el amparista la interpretación de lo resuelto en la parte resolutiva del Laudo Arbitral, donde se señala que: 3) Ordénese el cumplimiento del Contrato de Promesa de Compra Venta de fecha 11 de julio del año 2015 del cual se derivó la presente reclamación. Considerando (13): Que, con respecto a la determinación de las costas procesales, el Código Procesal Civil en su artículo 746 indica sobre las costas y los gastos originados por la ejecución deberán ser pagados por la parte ejecutada. En el este caso es procedente lo señalado en la solicitud de ejecución presentada por el abogado Nery Eduardo Perez Barrieri de costas, en el auto de admisión de la petición se dispuso declarar no ha lugar la tasación de costas, a criterio del juez, por ser procedente realizar ese incidente ante la Corte de Apelaciones competente. Considerando (14): Que en el mandamiento de ejecución establece que el amparista es requerido para que en el plazo de 10 días proceda a cumplir lo resuelto en el Laudo Arbitral, siendo el criterio del Juez, que debe dar Escritura Pública traslaticia del dominio de un área para cafetería a favor de la ejecutante, advirtiéndole que de no cumplir lo ordenado, se adoptarán los oportunos apremios y multas, pudiendo también otorgar por mandato de ley la correspondiente Escritura a favor de los actores de la solicitud. Considerando (15): Que, partiendo de las disposiciones generales de la ejecución forzosa, el Laudo se debe cumplir de acuerdo a mismo criterios establecidos en él, estando indicado el cumplimiento del contrato de promesa de compra venta, que implica una serie de obligaciones sinalagmática para ambas partes, por parte del ejecutante, permitir que se le de las primas y pagos en los plazos convenidos, así como de satisfacer en los términos expresados en el contrato con la entrega de la propiedad en condominio. Si bien el ejecutado aduce un riesgo sobre el pago de la obligación de la parte ejecutante, es infundada en cuanto a que no se observa en el título que se haya anulado la obligación que tiene para ellos, el ejecutante de realizar el pago de lo convenido en el Contrato de Promesa de Compra Venta. Por lo que no es admisible la discusión de la calidad del título, que es cosa juzgada que, por mandato de Ley, se observa en su aplicación como un título judicial. Considerando (16): Que el ejecutante y el ejecutado se ven obligados a realizar lo convenido en el contrato, como señala el artículo 1348 del Código Civil, las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos. También se debe señalar un precepto citado por los amparista del mismo cuerpo normativo, el artículo 1356 que dice: En las obligaciones reciprocas ninguno de los obligados está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Razones por las cuales, este órgano jurisdiccional determina que sobre el argumento de que el proceso de ejecución forzosa conlleve una desnaturalización de la obligación pactada a favor de ellos de dar la cosa establecida en la promesa de compra venta, ni tampoco puede llevarse a cabo la ejecución dando la inscripción del bien inmueble en régimen de propiedad en condominio sin haberse cumplido las condiciones pactadas entre ambas partes y validadas por el Laudo Arbitral. Considerando (17): Que en el presente caso se observa que lo tramitado no consiste en una ejecución de título judicial por cantidad de dinero ni en una obligación de dar cosas, consistente en la entrada de un bien inmueble; sino que deberá sustanciarse en lo consistente a lo referido a las obligaciones de hacer infugible o personalísimo en la norma procesal de derecho privado. Considerando (18): Que los cuestionamientos de la presencia de los elementos del título para ser ejecutado no son procedentes, por ser este ya cosa juzgada que, por mandato de ley, fungible se dé el carácter de una sentencia judicial, razón por la cual la oposición al mandato de ejecución no es procedente, por las razones referidas por el hoy amparista. La denuncia de que lo ordenado por el juez de primera instancia sobre lo dispuesto en el mandamiento de ejecución es vulneratorio del derecho de defensa y el debido proceso, no puede resolverse en esta acción de amparo, puesto que no ha sido tramitado los recursos ordinarios efectivos para que sea resuelto por esta Sala de lo Constitucional, siento que el agravio a ello es distinto al procedimiento de oposición a la ejecución de títulos judiciales del artículo 763 del Código Procesal Civil. Considerando (19): Que en el amparista también presentó en el mismo escrito de oposición a la ejecución de títulos judiciales, una oposición a concretas actuaciones ejecutivas, señalado en el artículo 766 del Código Procesal Civil, por excederse lo ordenado en el mandamiento de ejecución del título. Que en ese aspecto la Sala de lo Constitucional si observa un exceso en cuanto a lo ordenado en la ejecución, puesto que lo procedente es disponer a que las partes procedan a darle cumplimiento a lo pactado en el Contrato de Promesa de Compraventa, y no disponer a que una de las partes obligadas en el contrato cumpla con su condición, sin que sea acreditada la realización de la obligación bilateral de otra parte, tal actuación vulnera el debido proceso y el derecho de propiedad, ambos contenidos en la Constitución de la República, en los artículos 90 y 103 respectivamente. Considerando (20): Que se ha establecido[2] por este órgano que el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Ese derecho comprende: principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, principio de inmediación, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento (non bis ídem), y la motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El Debido Proceso garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico, es por ello que se asegura que el Debido Proceso se encuentra íntimamente ligado con la procura de un orden justo; ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principies y derechos como objeto de la jurisdicción constitucional.[3] Considerando (21): Que el derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 103 de la Constitución de la República, dado que el Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés públicos establezca la Ley. Por su parte la Convención Americana Sobre Derechos Humanos también reconoce el derecho a la propiedad privada en su artículo 21, estableciendo en su primer numeral que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, pudiendo la ley subordinar tal uso y goce al interés social. Considerando (22): Que en el proceso judicial no se sustanciada bajo la revisión de las obligaciones constitucionales, relacionadas en los considerandos anteriores, la oposición a concretas actuaciones ejecutivas, del artículo 766 del Código Procesal Civil, en vista a que el órgano jurisdiccional realizó un exceso en el mandamiento de ejecución del título; dado que la impugnación por no acreditarse el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Promesa de Compraventa, ordenando el Juzgado de Letras en su mandamiento de ejecución una que vulnera el debido proceso y el derecho de propiedad. Considerando (23): Que, con las razones antes expuestas, esta Sala de lo Constitucional determina con lugar parcialmente el recurso de reposición contra la sentencia de la garantía de amparo que resolvió la acción interpuesta por el abogado Luis Alonso Castellanos Sánchez, a favor de la sociedad mercantil denominada Altia Business Park S.A de C.V, contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil del departamento de Cortes, en fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho. Por vislumbrarse vulneración del derecho al debido proceso, propiedad privada y garantías judiciales, por exigir el cumplimiento de una obligación distinta a lo resuelto en el laudo arbitral en ejecución. Por tanto: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 63, 64, 90, 103, 183, 303, 304, 313, 316, 320 y 321 de la Constitución de la República; artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 78, 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 742, 743, 744, 746, 751, 763, 764, 765, 766 y 871 del Código Procesal Civil; artículos 609, 1348, 1356, 1386, 1605 y 1659 del Código Civil; artículos 1, 2, 9, 41, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Resuelve: 1) declarar con lugar parcialmente el recurso de reposición abogado Luis Alonzo Castellanos Sánchez, actuando a favor de la sociedad mercantil Altia Business Park S.A. de C.V.; contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve; 2) otorgar parcialmente el amparo con respecto a la oposición de actuaciones concretas, por lo que no es aplicable la resolución de la Corte de Apelaciones Civil del departamento de Cortes, de fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho, por contravenir los derechos de debido proceso y propiedad de Altia Business Park S.A. de C.V.; 3) la autoridad recurrida debe resolver sobre la procedencia de la oposición a la actuación concreta en los términos del artículo 766 del Código Procesal Civil, dada en el mandamiento de ejecución del juez de primera instancia, aplicando los límites de lo resuelto en el laudo arbitral; y, 4) Se confirma la denegatoria en cuanto a la oposición del título judicial por la supuesta falta de requisitos legales en el título presenta por los amparistas"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución de que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de septiembre del dos mil veinte. Visto: el recurso de reposición interpuesto por el abogado Luis Alonzo Castellanos Sánchez, actuando a favor de la sociedad mercantil Altia Business Park S.A. de C.V.; contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, que falla denegando la acción de amparo interpuesto por el mismo abogado, contra la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil del departamento de Cortes, en fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho. Considerando (1): Que consta de los antecedentes de la revisión de la presente garantía, que se conoció en esta vía de justicia constitucional la resolución proferida por la Corte de Apelaciones Civil del departamento de Cortes, en fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el actual recurrente contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de Cortes, de treinta de octubre de dos mil diecisiete, donde desestimó la oposición a la ejecución de un título consistente en un Laudo Arbitral, donde se dispuso cumplimiento forzoso de un contrato de promesa de venta, por parte de Inversiones Candi S. de R.L. de C.V., contra Altia Business Park S.A. de C.V., esta última hoy amparista. Considerando (2): Que el recurrente, el abogado Castellanos Sánchez, pone en conocimiento de esta Sala de lo Constitucional el amparo contra la resolución por la Corte de Apelaciones referida; considerando el recurrente que la resolución dictada por el Ad-Quem vulnera las garantías y derechos constitucionales siguientes: la igualdad entre las partes, en cuanto a que el caso en estudio surge de un contrato de promesa de compra venta, la cual es una obligación recíproca, bilateral o sinalagmática, siendo que la autoridad recurrida manda a ejecutar una obligación, que la misma conlleva contraprestaciones de ambas partes, con la aplicación de las decisiones judiciales se rompería el principio de igualdad entre las partes. Aduce también que lo reclamado va contra el principio de legalidad, que implica la garantía del sometimiento del juez a la ley para evitar arbitrariedades, porque lo controvertido se vuelve un abuso del derecho, puesto que propicia la exoneración del pago del precio acordado en el contrato de compra venta. Considerando (3): Que sostiene el recurrente que la motivación de la decisión de la justicia ordinaria no contesta sobre la falta de pago de prima, falta de pago restante del valor del bien inmueble objeto de compraventa, falta de entrega de bien a raíz de daños y perjuicio; siendo que el laudo arbitral establece el cumplimiento del Contrato de Promesa de Compraventa de 11 de julo de 2015, todos los elementos del mismo deber ser satisfechos por ambas partes, señalan que la sentencia de la Corte de Apelaciones mantiene la obligación de que la empresa ejecutada transfiera el dominio y entrega del inmueble sin haber satisfecho su obligación de pago, lo cual es condición sine qua non para darle la plena propiedad del inmueble. A criterio de los suplicantes se ha generado una vulneración al debido proceso establecido en el artículo 90 de nuestra Constitución, por no ser la obligación actualmente exigible en los mismos términos fijados en el Laudo Arbitral, que son los fijados en el contrato entre ambas partes. Considerando (4): Que el recurso de reposición señala que en las actuaciones judiciales se ha obviado lo señalado en el artículo 759 del Código Procesal Civil, que ordena al momento de emitir el mandamiento de ejecución, que el juez debe observar la concurrencia de todos los presupuestos procesales, que el título no presente ninguna irregularidad y que las actuaciones que se solicitan son conforme al título; en el caso de examen, la parte ejecutante no ha acreditado el cumplimiento de su obligación de pago del precio convenido en el contrato de compra venta, lo cual hace a criterio de ellos que, carezca de un requisito de validez, ajustado en lo prescripto en los artículos 1356 y 1386 en relación de los artículos 1605 y 1659, todos del Código Civil. Considerando (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. El reconocimiento del derecho de interponer reposición contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional y los que en su caso dicte el pleno de la Corte Suprema de Justicia, solo se podrá intentar el recurso de reposición. Considerando (6): Que esta Sala de lo Constitucional estableció en su sentencia de amparo lo siguiente: Considerando (7): Que el Tribunal de alzada en su fallo expuso las pretensiones de la parte demandada, quien planteó oposición a la ejecución forzosa solicitada por la parte demandante, en la motivación Jurídica el tribunal de alzada en el numeral Tercero; deja establecido que el Juzgado de Primera Instancia le dio el trámite de ley a la oposición planteada respetando en todo momento el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. Desestimó las excepciones opuestas por considerar en cuanto al primer motivo de oposición, que el Laudo arbitral es un título de ejecución y que se llena todos los requisitos exigidos por nuestra legislación procesal civil para los títulos de ejecución, observándose claramente que en el numeral tres de la parte dispositiva, ordena el cumplimiento del contrato de promesa de venta de fecha 11 de julio del año 2015 y que lo expuesto por el demando constituyen alegaciones de primera instancia que debieron ser alegadas en su momento. En cuanto a la oposición de concretas actuaciones ejecutivas del examen del título y del auto de admisión del A quo, no infringe la normativa civil referente a la venta y que si bien es cierto el título no menciona si la parte ejecutada recibió o no el pago por el bien inmueble objeto del contrato de promesa de venta, tal situación debió ser alegada por la parte ejecutada en el momento procesal oportuno, o sea en la primera instancia. En lo que se refiere a los otros motivos expuestos, afirma que el recurso fue interpuesto sin pedir suspensión del acto reclamado y que no consta en autos que se haya admitido dicho recurso, ni se haya recibido comunicación alguna por parte de la Sala de lo Constitucional por ese juzgado y mucho menos que ordene la suspensión o la resolución a la presente ejecución del laudo arbitral en virtud de la admisión del mencionado recurso de amparo. Además, expone la normativa procesal civil sobre la que descansa la ejecución forzosa de títulos judiciales, contemplando entre estos las sentencias arbitrales firmes de condena (art. 751.2 CPC), misma que ha de hacerse en los propios términos de la parte dispositiva de la resolución a ejecutar (artículo, 742 al 744 CPC). Concluye el Tribunal de alzada que no son válidos los agravios expuestos por el recurrente, por la siguientes razones: a) Las partes se sometieron a un juicio arbitral en el cual fue dilucidado las controversias de las partes, haciendo referencia y señalando en la motivación fáctica jurídica todos los puntos o cuestiones sometidas al arbitraje (falta de pago de prima, falta de pago restante del valor del bien inmueble objeto de compra venta, falta de entrega el bien raíz y daños y perjuicios, llegando a la conclusión los árbitros que debía declararse parcialmente con lugar la demanda interpuesta (estima el cumplimiento del contrato y desestima la indemnización de daños y perjuicios, señalando que todo lo cual es del conocimiento del apelante. Además expone que en la parte dispositiva del laudo específicamente en el numeral tres ordena el cumplimiento del contrato de compra venta de fecha 11 de julio del año 2015, en el cual están dispuestas las condiciones de dicho negocio jurídico, es decir se encuentran establecidos todos los elementos del contrato de compraventa y como deben ser satisfechas por ambas partes y deja establecido que el laudo arbitral reúne los requisitos que exige la ley, no tiene contradicciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 746.1 del Código Procesal Civil, las costas deben ser pagadas por el ejecutado y serán adelantadas por el ejecutante sin perjuicio de la liquidación definitiva que se realice al errarse la ejecución, así mismo señala que no consta en autos que el recurso de amparo haya sido admitido con suspensión del acto reclamado, por lo que no es obstáculo para que pueda seguirse con la ejecución, en cuanto a la venta realizada por el ejecutado del inmueble objeto de compra venta y que pusiera en conocimiento el apoderado ejecutado al juzgador y a la parte ejecutante en la oposición a la ejecución, la Ley señala las opciones que tiene el demandante cuando surjan impedimentos física o jurídicamente que hagan imposible o dificulten la misma. Por todo ello declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto. Considerando (7): Que también se dijo en la sentencia impugnada que: Considerando (8): Que el artículo 742 núm. 1 establece: “La ejecución forzosa tendrá la finalidad de hacer cumplir el contenido de un título y dotar de efectividad a la tutela judicial otorgada. De igual manera es doctrina constitucional reiterada que el derecho a la ejecución de la sentencia y demás resoluciones judiciales firmes constituyen una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconozcan o declaren serían meras declaraciones de intenciones. En ese orden de ideas de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la interpretación del sentido y alcance del fallo es una cuestión que corresponde a los jueces y Tribunales, por lo que éste tribunal no puede ejercer más control sobre esta actividad jurisdiccional que el de velar para que tales decisiones se adopten en el seno de un procedimiento de ejecución de un modo razonable, coherente con el contenido de la resolución que haya de ejecutarse. Considerando (8): Que este tribunal de justicia constitucional ha señalado que el carácter vinculante de los argumentos y razones fundamentales (ratio decidendi) dada en los considerandos de sus sentencias,[1] que son relevantes para la adopción de una decisión en concreto, por los cuales no se podría entender por sí misma el fallo o resolutivo, al ser el soporte de la decisión, se vuelven vinculantes y de obligatoria ejecución al igual que la parte dispositiva, porque la función de los tribunales constitucionales es la interpretación de los principios de la Constitución, frente a un conflicto jurídico constitucional concreto, lo que hace que se vuelva fundamental, ya que solo tomando en cuenta toda la construcción jurídica ofrecida, es que se puede dar la claridad y seguridad jurídica requerida, para que las instituciones del Estado y los particulares puedan observar el marco dentro del cual pueden discurrir su conducta futura. Considerando (9): Que en vista lo planteado por el amparista en su recurso de reposición a la sentencia de amparo, la Sala de lo Constitucional, que debe establecer sobre la ejecución del laudo arbitral origen de la ejecución que, en la resolución de primera instancia, el juez de Letras resolvió una oposición a la ejecución, basada en la falta requisitos legales en el título y la oposición a concretas actuaciones ejecutivas, además alegando motivos por los cuales no se puede proseguir con la ejecución. Sobre la supuesta falta de requisitos se indicó que el título no los reúne, puesto que el fin del laudo arbitral, es la aplicación del contrato de compra venta, que se rige en un bien en propiedad en condominio, por lo que debe darse necesariamente la contraprestación del pago del valor del bien, por lo que no es procedente la ejecución por no haber recibido Altia Business Park S.A. de C.V. el pago del precio acordado y que la resolución del arbitraje sostiene como obligatoria. Considerando (10): Que la Corte de Apelaciones Civil del departamento de Cortes, resolvió en la impugnación a la negativa de la primera instancia en otorgar la oposición a la ejecución de un título judicial, confirma tal extremo, por las razones expresadas en la sentencia de amparo emitida por esta Sala de lo Constitucional y aquí mismo señaladas. Contra esta decisión se viene en amparo, que en sentencia de 23 de octubre de 2019 se falló denegando el amparo, interpuesto por el abogado Luis Alonso Castellanos Sánchez, a favor de la sociedad mercantil Altia Business Park S.A. de C.V., contra la sentencia de 12 febrero de 2018, dictada por la Corte de Apelaciones precitada. Considerando (11): Que frente a los argumentos vertidos en reposición, se indica que el Código Procesal Civil en su artículo 742 da las disposiciones generales del derecho a la ejecución forzosa, siendo que tiene como finalidad de hacer cumplir el contenido de un título y dotar de efectividad a la tutela judicial otorgada; asimismo el artículo 743 del mismo cuerpo normativo indica el principio de completa satisfacción del ejecutante, por lo que ese proceso se llevará a efecto en los propios términos que figure en la ejecución; y, el artículo 744 establece los límites de la actividad de la ejecución, que son determinados por el contenido del título, siendo nulos los actos que contradigan su contenido. Considerando (12): Que con base al artículo 763 se presentó por parte de los ejecutados, una oposición contenida en el numeral 3 de ese precepto, sobre una supuesta falta de requisitos legales en el título. Siendo ese requisito para el amparista la interpretación de lo resuelto en la parte resolutiva del Laudo Arbitral, donde se señala que: 3) Ordénese el cumplimiento del Contrato de Promesa de Compra Venta de fecha 11 de julio del año 2015 del cual se derivó la presente reclamación. Considerando (13): Que, con respecto a la determinación de las costas procesales, el Código Procesal Civil en su artículo 746 indica sobre las costas y los gastos originados por la ejecución deberán ser pagados por la parte ejecutada. En el este caso es procedente lo señalado en la solicitud de ejecución presentada por el abogado Nery Eduardo Perez Barrieri de costas, en el auto de admisión de la petición se dispuso declarar no ha lugar la tasación de costas, a criterio del juez, por ser procedente realizar ese incidente ante la Corte de Apelaciones competente. Considerando (14): Que en el mandamiento de ejecución establece que el amparista es requerido para que en el plazo de 10 días proceda a cumplir lo resuelto en el Laudo Arbitral, siendo el criterio del Juez, que debe dar Escritura Pública traslaticia del dominio de un área para cafetería a favor de la ejecutante, advirtiéndole que de no cumplir lo ordenado, se adoptarán los oportunos apremios y multas, pudiendo también otorgar por mandato de ley la correspondiente Escritura a favor de los actores de la solicitud. Considerando (15): Que, partiendo de las disposiciones generales de la ejecución forzosa, el Laudo se debe cumplir de acuerdo a mismo criterios establecidos en él, estando indicado el cumplimiento del contrato de promesa de compra venta, que implica una serie de obligaciones sinalagmática para ambas partes, por parte del ejecutante, permitir que se le de las primas y pagos en los plazos convenidos, así como de satisfacer en los términos expresados en el contrato con la entrega de la propiedad en condominio. Si bien el ejecutado aduce un riesgo sobre el pago de la obligación de la parte ejecutante, es infundada en cuanto a que no se observa en el título que se haya anulado la obligación que tiene para ellos, el ejecutante de realizar el pago de lo convenido en el Contrato de Promesa de Compra Venta. Por lo que no es admisible la discusión de la calidad del título, que es cosa juzgada que, por mandato de Ley, se observa en su aplicación como un título judicial. Considerando (16): Que el ejecutante y el ejecutado se ven obligados a realizar lo convenido en el contrato, como señala el artículo 1348 del Código Civil, las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos. También se debe señalar un precepto citado por los amparista del mismo cuerpo normativo, el artículo 1356 que dice: En las obligaciones reciprocas ninguno de los obligados está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Razones por las cuales, este órgano jurisdiccional determina que sobre el argumento de que el proceso de ejecución forzosa conlleve una desnaturalización de la obligación pactada a favor de ellos de dar la cosa establecida en la promesa de compra venta, ni tampoco puede llevarse a cabo la ejecución dando la inscripción del bien inmueble en régimen de propiedad en condominio sin haberse cumplido las condiciones pactadas entre ambas partes y validadas por el Laudo Arbitral. Considerando (17): Que en el presente caso se observa que lo tramitado no consiste en una ejecución de título judicial por cantidad de dinero ni en una obligación de dar cosas, consistente en la entrada de un bien inmueble; sino que deberá sustanciarse en lo consistente a lo referido a las obligaciones de hacer infugible o personalísimo en la norma procesal de derecho privado. Considerando (18): Que los cuestionamientos de la presencia de los elementos del título para ser ejecutado no son procedentes, por ser este ya cosa juzgada que, por mandato de ley, se dé el carácter de una sentencia judicial, razón por la cual la oposición al mandato de ejecución no es procedente, por las razones referidas por el hoy amparista. La denuncia de que lo ordenado por el juez de primera instancia sobre lo dispuesto en el mandamiento de ejecución es vulneratorio del derecho de defensa y el debido proceso, no puede resolverse en esta acción de amparo, puesto que no ha sido tramitado los recursos ordinarios efectivos para que sea resuelto por esta Sala de lo Constitucional, siento que el agravio a ello es distinto al procedimiento de oposición a la ejecución de títulos judiciales del artículo 763 del Código Procesal Civil. Considerando (19): Que en el amparista también presentó en el mismo escrito de oposición a la ejecución de títulos judiciales, una oposición a concretas actuaciones ejecutivas, señalado en el artículo 766 del Código Procesal Civil, por excederse lo ordenado en el mandamiento de ejecución del título. Que en ese aspecto la Sala de lo Constitucional si observa un exceso en cuanto a lo ordenado en la ejecución, puesto que lo procedente es disponer a que las partes procedan a darle cumplimiento a lo pactado en el Contrato de Promesa de Compraventa, y no disponer a que una de las partes obligadas en el contrato cumpla con su condición, sin que sea acreditada la realización de la obligación bilateral de otra parte, tal actuación vulnera el debido proceso y el derecho de propiedad, ambos contenidos en la Constitución de la República, en los artículos 90 y 103 respectivamente. Considerando (20): Que se ha establecido[2] por este órgano que el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Ese derecho comprende: principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, principio de inmediación, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento (non bis ídem), y la motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El Debido Proceso garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico, es por ello que se asegura que el Debido Proceso se encuentra íntimamente ligado con la procura de un orden justo; ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principies y derechos como objeto de la jurisdicción constitucional.[3] Considerando (21): Que el derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 103 de la Constitución de la República, dado que el Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés públicos establezca la Ley. Por su parte la Convención Americana Sobre Derechos Humanos también reconoce el derecho a la propiedad privada en su artículo 21, estableciendo en su primer numeral que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, pudiendo la ley subordinar tal uso y goce al interés social. Considerando (22): Que en el proceso judicial no se sustanciada bajo la revisión de las obligaciones constitucionales, relacionadas en los considerandos anteriores, la oposición a concretas actuaciones ejecutivas, del artículo 766 del Código Procesal Civil, en vista a que el órgano jurisdiccional realizó un exceso en el mandamiento de ejecución del título; dado que la impugnación por no acreditarse el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Promesa de Compraventa, ordenando el Juzgado de Letras en su mandamiento de ejecución una que vulnera el debido proceso y el derecho de propiedad. Considerando (23): Que, con las razones antes expuestas, esta Sala de lo Constitucional determina con lugar parcialmente el recurso de reposición contra la sentencia de la garantía de amparo que resolvió la acción interpuesta por el abogado Luis Alonso Castellanos Sánchez, a favor de la sociedad mercantil denominada Altia Business Park S.A de C.V, contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil del departamento de Cortes, en fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho. Por vislumbrarse vulneración del derecho al debido proceso, propiedad privada y garantías judiciales, por exigir el cumplimiento de una obligación distinta a lo resuelto en el laudo arbitral en ejecución. Por tanto: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 63, 64, 90, 103, 183, 303, 304, 313, 316, 320 y 321 de la Constitución de la República; artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 78, 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 742, 743, 744, 746, 751, 763, 764, 765, 766 y 871 del Código Procesal Civil; artículos 609, 1348, 1356, 1386, 1605 y 1659 del Código Civil; artículos 1, 2, 9, 41, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Resuelve: 1) declarar con lugar parcialmente el recurso de reposición abogado Luis Alonzo Castellanos Sánchez, actuando a favor de la sociedad mercantil Altia Business Park S.A. de C.V.; contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve; 2) otorgar parcialmente el amparo con respecto a la oposición de actuaciones concretas, por lo que no es aplicable la resolución de la Corte de Apelaciones Civil del departamento de Cortes, de fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho, por contravenir los derechos de debido proceso y propiedad de Altia Business Park S.A. de C.V.; 3) la autoridad recurrida debe resolver sobre la procedencia de la oposición a la actuación concreta en los términos del artículo 766 del Código Procesal Civil, dada en el mandamiento de ejecución del juez de primera instancia, aplicando los límites de lo resuelto en el laudo arbitral; y, 4) Se confirma la denegatoria en cuanto a la oposición del título judicial por la supuesta falta de requisitos legales en el título presenta por los amparistas. Y manda: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. Notifíquese. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de septiembre de dos mil veinte, certificación de la resolución de fecha diez de septiembre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0283-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Cfr. Sentencia SCO-0189-2018, de la Sala de lo Constitucional.

[2] Cfr., sentencia SCO-0477-2017, de la Sala de lo Constitucional.

[3] Cfr., sentencia SCO-0888-2011, de la Sala de lo Constitucional.