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Sentencia AC-242-19 — Registro 11919

Resumen

Resolución que denegó acción de amparo interpuesto contra resolución administrativa dictada por Gobernación Departamental, en relación a denegatoria de solicitud de dominio pleno, promovida ante municipalidad por impetrante, considerando ésta ser incompetente para otorgar dicha solicitud y que el órgano competente para conocer es el Instituto de la Propiedad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha seis de marzo del año dos mil diecinueve, dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES de la Sección Judicial de la ceiba, departamento de Atlántida, que NO OTORGA el recurso de amparo presentado contra la resolución administrativa dictada por la GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA, en fecha treinta de octubre del año dos mil dieciocho, en relación a una solicitud de dominio pleno, promovida ante la municipalidad de santos Guardiola, departamento de Islas de la Bahía. CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem expone en los fundamentos de derechos de la resolución venida en consulta la motivación para concluir su resolución con la negativa a la acción de amparo intentada. Expone de manera clara y precisa porque considera, que el derecho contenido en el artículo 62 constitucional, que dispone que el derecho de cada persona, está limitado por el derecho de los demás, no se encuentra de los argumentos del recurrente y de las resoluciones relacionadas, que se hayan trasgredido los límites de las empresas relacionadas, señalando que la gobernación departamental hizo un análisis de toda la documentación aportada por la parte recurrente y del informe rendido, para decidir sobre aspectos de forma, como es la incompetencia de un órgano administrativo y en este caso la municipalidad de José santos Guardiola, para dar una respuesta positiva a la solicitud de dominio Pleno. Además expone que en cuanto al derecho de petición, estima que no ha habido violación al mismo, porque las personas jurídicas relacionadas presentaron en el ejercicio de tener un interés particular, una solicitud de dominio pleno al ente administrativo que estimo competente para decidir, y el mismo ente le dio el procedimiento administrativo y la respuesta que estimó era la pertinente. En cuando a la garantía del debido proceso y de legalidad, el Ad quem considera que la petición de los recurrentes se planteó ante la autoridad administrativa que se consideró tenía la competencia objetiva para decidir, la Municipalidad José Santos Guardiola , cumpliendo con las formalidades que la ley de Municipalidades le establece a dichas Instituciones, señalando: “en tal sentido la resolución recurrida en amparo, estima que por la naturaleza del predio, que no es ejidal, es urbano, además se observa que hay un conflicto en cuanto a la posesión, que no es pacifica, por la oposición planteada, declarándose la Municipalidad relacionada incompetente. Así mismo el Ad quem no apreció que la resolución recurrida haya quebrantado el derecho a la propiedad, pues, según su propia solicitud, aún no es propietaria del predio que solicita, se tiene una expectativa como posible dueño y precisamente para garantizarle esa expectativa es que se le indica que su solicitud no es ante esta dependencia administrativa que se debe hacer. No hay procedimiento de confiscación o expropiación por parte del estado que lesione el derecho de propiedad. En consecuencia, el Ad quem falló denegando la acción de amparo intentada. CONSIDERANDO (5): Que, del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala aprecia que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. CONSIDERANDO (6): Que el pronunciamiento proferido por la Corte Segunda de Apelaciones de La ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales a las Empresas mercantiles que representada el recurrente"

Legislación citada

  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 6 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 13, numeral b (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de enero del dos mil veinte. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha seis de marzo del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, que no otorgó el recurso de amparo presentado por el Abogado José Maria Castillo Hidalgo a favor de las sociedades mercantiles denominadas Compañía Inmobiliaria CALICO S.A. y Wilkes Point Development S.A., contra las resoluciones administrativas emitidas por la Gobernación Departamental de Islas de la Bahía, de fechas catorce de agosto y diez de septiembre de dos mil dieciocho, con relación a la solicitud de dominio pleno promovida por las sociedades mercantiles denominadas Compañía Inmobiliaria CALICO S.A. y Wilkes Point Development S.A. ante la Municipalidad Santos Guardiola del departamento de Islas de la Bahía. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado a sus representadas, los derechos consagrados en los artículos 62, 64, 80, 90 y 103 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba departamento de Atlántida, el Abogado José María Castillo Hidalgo interponiendo recurso de amparo a favor de las sociedades mercantiles denominadas Compañía Inmobiliaria CALICO S.A. y Wilkes Point Development S.A., contra la resolución administrativa No.00001-2018 GDIB emitida por la Gobernación Departamental de Islas de la Bahía, en fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, que en su parte resolutiva dispuso: (Sic) “PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE MARIA CASTILLO DANILOV, en su condición de apoderado legal de la empresa WILKES POINT DEVELOPMENT S.A y Compañía Inmobiliaria CALICO S.A, en contra de la resolución emitida por la Corporación Municipal de Santos Guardiola, Departamento de Islas de la Bahía, contenida en el Punto Final del Acta No.04-2016 de Sesión Ordinaria de Corporación Municipal, celebrada en fecha 29 de febrero de 2016, en el sentido que se proceda a revocar la misma. SEGUNDO: En cuanto a lo solicitado respecto al otorgamiento del Dominio Pleno, sobre el inmueble consistente en un lote de terreno ubicado en la Municipalidad de José Santos Guardiola, en el área de Camp Bay, Isla de Roatán, Departamento de Islas de La Bahía, con un área de Veintiocho Mil Ochocientos Sesenta Punto Treinta y Cuatro Metros Cuadrados (28,869.34) equivalente a SIETE PUNTO CIENTO TREINTA Y DOS ACRES (7.132 Ac), cuyas colindancias se encuentran relacionadas en autos, declárese SIN LUGAR por improcedente, conforme a los motivos y razones antes expuestos. TERCERO: Declarar la incompetencia por parte de la Corporación Municipal de José Santos Guardiola, para conocer de la solicitud planteada de Dominio Pleno sobre el lote de terreno ubicado en la Municipalidad de José Santos Guardiola, en el área de Camp Bay, Isla de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, con un área de Veintiocho Mil Ochocientos Sesenta Punto Treinta y Cuatro Metros Cuadrados (28,869.34) equivalente a SIETE PUNTO CIENTO TREINTA Y DOS ACRES (7.132 Ac), por las razones antes expuestas, indicando como Órgano competente al Instituto de la Propiedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto No.82-2004 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 29 de junio del 2004. CUARTO:… QUINTO:….” Y contra la resolución administrativa No.00002-2018 GDIB de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, que en su parte resolutiva dispuso: (Sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR, el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSÉ MARIA CASTILLO DANILOV, en su condición de apoderado legal de la empresa WILKES POINT DEVELOPMENT S.A. y Compañía Inmobiliaria CALICO S.A., en contra de la resolución emitida por la Gobernación Departamental de Islas de la Bahía, en fecha 14 de agosto de 2018, por las razones antes expuestas. SEGUNDO:… TERCERO:….” Argumentos éstos que considera el recurrente, vulneran a sus representadas las garantías constitucionales contenidas en los artículos 62, 64, 80, 90 y 103 de la Constitución de la República. (Folios 22-27/73 vuelto del antecedente) 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia en fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, mediante la cual falló: “Primero: No Otorgar el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado José María Castillo Hidalgo en su condición ya indicada y a favor de las Compañías Inmobiliarias Calicó S.A., y Wilkes Point Development S.A., contra las decisiones de fechas catorce de agosto (14) y diez (10) de septiembre del año 2018, dictadas por el señor Dino Silvestri como Gobernador Departamental de Islas de la Bahía, en el expediente administrativo relacionado, en base a las consideraciones expuestas. Segundo: Remítase en Consulta Obligada a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia…” (Folios 106-108 vuelto del antecedente) 3) Que en fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha seis de marzo del año dos mil diecinueve, dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES de la Sección Judicial de la ceiba, departamento de Atlántida, que NO OTORGA el recurso de amparo presentado contra la resolución administrativa dictada por la GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA, en fecha treinta de octubre del año dos mil dieciocho, en relación a una solicitud de dominio pleno, promovida ante la municipalidad de santos Guardiola, departamento de Islas de la Bahía. CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem expone en los fundamentos de derechos de la resolución venida en consulta la motivación para concluir su resolución con la negativa a la acción de amparo intentada. Expone de manera clara y precisa porque considera, que el derecho contenido en el artículo 62 constitucional, que dispone que el derecho de cada persona, está limitado por el derecho de los demás, no se encuentra de los argumentos del recurrente y de las resoluciones relacionadas, que se hayan trasgredido los límites de las empresas relacionadas, señalando que la gobernación departamental hizo un análisis de toda la documentación aportada por la parte recurrente y del informe rendido, para decidir sobre aspectos de forma, como es la incompetencia de un órgano administrativo y en este caso la municipalidad de José santos Guardiola, para dar una respuesta positiva a la solicitud de dominio Pleno. Además expone que en cuanto al derecho de petición, estima que no ha habido violación al mismo, porque las personas jurídicas relacionadas presentaron en el ejercicio de tener un interés particular, una solicitud de dominio pleno al ente administrativo que estimo competente para decidir, y el mismo ente le dio el procedimiento administrativo y la respuesta que estimó era la pertinente. En cuando a la garantía del debido proceso y de legalidad, el Ad quem considera que la petición de los recurrentes se planteó ante la autoridad administrativa que se consideró tenía la competencia objetiva para decidir, la Municipalidad José Santos Guardiola , cumpliendo con las formalidades que la ley de Municipalidades le establece a dichas Instituciones, señalando: “en tal sentido la resolución recurrida en amparo, estima que por la naturaleza del predio, que no es ejidal, es urbano, además se observa que hay un conflicto en cuanto a la posesión, que no es pacifica, por la oposición planteada, declarándose la Municipalidad relacionada incompetente. Así mismo el Ad quem no apreció que la resolución recurrida haya quebrantado el derecho a la propiedad, pues, según su propia solicitud, aún no es propietaria del predio que solicita, se tiene una expectativa como posible dueño y precisamente para garantizarle esa expectativa es que se le indica que su solicitud no es ante esta dependencia administrativa que se debe hacer. No hay procedimiento de confiscación o expropiación por parte del estado que lesione el derecho de propiedad. En consecuencia, el Ad quem falló denegando la acción de amparo intentada. CONSIDERANDO (5): Que, del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala aprecia que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. CONSIDERANDO (6): Que el pronunciamiento proferido por la Corte Segunda de Apelaciones de La ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales a las Empresas mercantiles que representada el recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha seis de marzo del año dos mil diecinueve, dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES de la Sección Judicial de la ceiba, departamento de Atlántida, en el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE MARIA CASTILLO HIDALGO, a favor de las Sociedades Mercantiles COMPAÑÍA INMOBILIARIA CALICO, S.A., Y WILKES PIONT DEVELOPMENT, S.A. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de agosto de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-242-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL