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Sentencia AC-239-19 — Registro 11402

Resumen

Resolución que declaró con lugar recurso de apelación y revoco sentencia incidental que declaro con lugar oposición con relación a Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial, promovida contra recurrente, solicitando que: se decrete un mandamiento ejecutivo contra éste por medio de exhorto, para que ordene el pago de la cantidad adeudada interpuesta contra impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en su sentencia de fecha dieciséis (16) de enero de dos mil diecinueve (2019), concluye que el ejecutante está ejerciendo su derecho de acción conforme los parámetros que le faculta la sentencia judicial de fecha dieciocho de junio de dos mil diez, por lo que no se está ejecutando a la Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras, a más de lo que realmente debe, razón por la cual debe revocarse el auto impugnado y declararse sin lugar la oposición.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada, Departamento de Copán; con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial, promovida por el Abogado JORGE LUIS DUBÓN PORTILLO, a favor del señor JUAN LEONARDO MADRID MEJÍA, en contra la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS (CCCH); además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia.- Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de febrero de dos mil veinte- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SAMUEL ANTONIO INESTROZA MURILLO, a favor de la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS (CCCH), contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil diecinueve (2019), que declaró CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA ENTRADA, DEPARTAMENTO DE COPÁN; con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial, promovida por el Abogado JORGE LUIS DUBÓN PORTILLO, a favor del señor JUAN LEONARDO MADRID MEJÍA, en contra la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS (CCCH). Estima el recurrente que, con el acto reclamado, se ha violado en perjuicio de su representado, el derecho contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha once (11) de abril de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada, Departamento de Copán, el Abogado JORGE LUIS DUBÓN PORTILLO, actuando en su condición de apoderado legal del señor JUAN LEONARDO MADRID MEJÍA, interponiendo Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial, en contra de la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS (CCCH), solicitando que: se decrete un mandamiento ejecutivo contra la parte demandada por medio de exhorto, para que ordenen el pago de la cantidad adeudada a su representada, los intereses que se devenguen durante la duración del proceso y las costas; decretar las medidas de localización de los elementos patrimoniales del deudor, o exigir a la parte deudora a presentar declaración jurada de bienes, para hacer frente a la presente ejecución, y; ordenar al deudor de no disponer, limitar o gravar sus bienes o derechos, sin autorización judicial. (Folios 1–14 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 2) Que, seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó su Resolución en fecha trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “1.- Declarar con lugar la oposición a la solicitud de ejecución de titulo judicial presentada por el abogado SAMUEL ANTONIO INESTROZA MURILLO en su condición de representante legal de La CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS. 3.- El presente auto es recurrible en apelación 4.- Notifíquese a las partes”. (Folios 59 y 60 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado JORGE LUIS DUBÓN PORTILLO, en su condición de representante procesal del señor JUAN LEONARDO MADRID MEJÍA, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, dictó Sentencia en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JORGE LUIS DUBON PORTILLO, como Representante Procesal del señor JUAN LEONARDO MADRID; SEGUNDO: SE REVOCA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE OPOSICIÓN de fecha Trece de Septiembre del año Dos Mil Dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la Entrada, Copán; TERCERO: SE DECLARA SIN LUGAR LA OPOSICIÓN, y se ordena que se continúe con la ejecución y las demás actuaciones ejecutivas en contra de LA CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS; CUARTO: SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA, al haberse declarado con lugar el recurso de Apelación.” (Folios 4–11 de la Segunda Pieza de los antecedentes)- 4) Que el Abogado SAMUEL ANTONIO INESTROZA MURILLO, compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS (CCCH), contra la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria del derecho contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). (Folios 1–6 y 21 del presente Recurso)- 5) Que en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por no vislumbrarse violación alguna a los derechos constitucionales invocados por el amparista.” (Folios 24–30 del presente Recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil diecinueve (2019), que declaró CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada, Departamento de Copán; con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial, promovida por el Abogado JORGE LUIS DUBÓN PORTILLO, a favor del señor JUAN LEONARDO MADRID MEJÍA, en contra la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS (CCCH).- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se han violentado en perjuicio de su representada el Artículo 90 de la Constitución de la República; al considerar que la ejecución de Titulo Judicial, no cumplió con los requisitos legalmente establecidos en el Código Procesal Civil, por lo tanto no es posible ejecutar una sentencia de la cual no se ha acreditado su firmeza, violentando preceptos fundamentales en el presente juicio, lo cual a su criterio, constituye una aberración jurídica, que viola lo establecido en el Artículo 90 Constitucional.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por no vislumbrarse violación alguna a los derechos constitucionales invocados por el amparista.”, cuando la ejeciíon nace de un titulo judicial de condena, la cual fue dictada por el mismo órgano jurisdiccional, ante el cual, se esta instando la ejecución.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en su sentencia de fecha dieciséis (16) de enero de dos mil diecinueve (2019), concluye que el ejecutante está ejerciendo su derecho de acción conforme los parámetros que le faculta la sentencia judicial de fecha dieciocho de junio de dos mil diez, por lo que no se está ejecutando a la Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras, a más de lo que realmente debe, razón por la cual debe revocarse el auto impugnado y declararse sin lugar la oposición.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada, Departamento de Copán; con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial, promovida por el Abogado JORGE LUIS DUBÓN PORTILLO, a favor del señor JUAN LEONARDO MADRID MEJÍA, en contra la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS (CCCH); además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0239-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: Corte Suprema De Justicia.- Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de febrero de dos mil veinte- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SAMUEL ANTONIO INESTROZA MURILLO, a favor de la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS (CCCH), contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil diecinueve (2019), que declaró CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA ENTRADA, DEPARTAMENTO DE COPÁN; con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial, promovida por el Abogado JORGE LUIS DUBÓN PORTILLO, a favor del señor JUAN LEONARDO MADRID MEJÍA, en contra la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS (CCCH). Estima el recurrente que, con el acto reclamado, se ha violado en perjuicio de su representado, el derecho contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha once (11) de abril de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada, Departamento de Copán, el Abogado JORGE LUIS DUBÓN PORTILLO, actuando en su condición de apoderado legal del señor JUAN LEONARDO MADRID MEJÍA, interponiendo Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial, en contra de la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS (CCCH), solicitando que: se decrete un mandamiento ejecutivo contra la parte demandada por medio de exhorto, para que ordenen el pago de la cantidad adeudada a su representada, los intereses que se devenguen durante la duración del proceso y las costas; decretar las medidas de localización de los elementos patrimoniales del deudor, o exigir a la parte deudora a presentar declaración jurada de bienes, para hacer frente a la presente ejecución, y; ordenar al deudor de no disponer, limitar o gravar sus bienes o derechos, sin autorización judicial. (Folios 1–14 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 2) Que, seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó su Resolución en fecha trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “1.- Declarar con lugar la oposición a la solicitud de ejecución de titulo judicial presentada por el abogado SAMUEL ANTONIO INESTROZA MURILLO en su condición de representante legal de La CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS. 3.- El presente auto es recurrible en apelación 4.- Notifíquese a las partes”. (Folios 59 y 60 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado JORGE LUIS DUBÓN PORTILLO, en su condición de representante procesal del señor JUAN LEONARDO MADRID MEJÍA, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, dictó Sentencia en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JORGE LUIS DUBON PORTILLO, como Representante Procesal del señor JUAN LEONARDO MADRID; SEGUNDO: SE REVOCA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE OPOSICIÓN de fecha Trece de Septiembre del año Dos Mil Dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la Entrada, Copán; TERCERO: SE DECLARA SIN LUGAR LA OPOSICIÓN, y se ordena que se continúe con la ejecución y las demás actuaciones ejecutivas en contra de LA CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS; CUARTO: SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA, al haberse declarado con lugar el recurso de Apelación.” (Folios 4–11 de la Segunda Pieza de los antecedentes)- 4) Que el Abogado SAMUEL ANTONIO INESTROZA MURILLO, compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS (CCCH), contra la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria del derecho contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). (Folios 1–6 y 21 del presente Recurso)- 5) Que en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por no vislumbrarse violación alguna a los derechos constitucionales invocados por el amparista.” (Folios 24–30 del presente Recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil diecinueve (2019), que declaró CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada, Departamento de Copán; con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial, promovida por el Abogado JORGE LUIS DUBÓN PORTILLO, a favor del señor JUAN LEONARDO MADRID MEJÍA, en contra la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS (CCCH).- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se han violentado en perjuicio de su representada el Artículo 90 de la Constitución de la República; al considerar que la ejecución de Titulo Judicial, no cumplió con los requisitos legalmente establecidos en el Código Procesal Civil, por lo tanto no es posible ejecutar una sentencia de la cual no se ha acreditado su firmeza, violentando preceptos fundamentales en el presente juicio, lo cual a su criterio, constituye una aberración jurídica, que viola lo establecido en el Artículo 90 Constitucional.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por no vislumbrarse violación alguna a los derechos constitucionales invocados por el amparista.”, cuando la ejeciíon nace de un titulo judicial de condena, la cual fue dictada por el mismo órgano jurisdiccional, ante el cual, se esta instando la ejecución.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en su sentencia de fecha dieciséis (16) de enero de dos mil diecinueve (2019), concluye que el ejecutante está ejerciendo su derecho de acción conforme los parámetros que le faculta la sentencia judicial de fecha dieciocho de junio de dos mil diez, por lo que no se está ejecutando a la Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras, a más de lo que realmente debe, razón por la cual debe revocarse el auto impugnado y declararse sin lugar la oposición.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada, Departamento de Copán; con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial, promovida por el Abogado JORGE LUIS DUBÓN PORTILLO, a favor del señor JUAN LEONARDO MADRID MEJÍA, en contra la CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS (CCCH); además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0239-2019.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional