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Sentencia AC-232-19 — Registro 12333

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirma resolución dictada por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar oposiciones de recurrente en demanda de ejecución de título ejecutivo extrajudicial consistente en certificación extendida por Tribunal Superior de Cuentas promovida contra recurrente; El Tribunal de Alzada considera que la inadmisión del medio de prueba "constancia" fué excluido del proceso acertadamente pues tuvo que haberla acompañado al escrito de oposición

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional, establece que el fondo del asunto en el caso de mérito lo constituye la inadmisibilidad de una constancia, con la cual el amparista pretende hacer valer una inmunidad diplomática al ejecutado…"…."Que aunque el acto administrativo emitido por el Tribunal Superior de Cuenta se imputa eficaz y válido, por lo que de forma general debería poder autotutelarse, el legislador lo ha establecido fuera de la norma general, el caso de los pliegos de condiciones emitidos por el órgano de fiscalización constitucional, los cuales no pueden ejecutarse directamente en sede administrativa, sino que pasan a control judicial, a través del proceso de ejecución forzosa, esto puesto que la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuenta en sus artículos 94 y 95 dispone que se entiende firme o ejecutoriada la resolución cuando los afectos se conformaren o no interpongan un recurso de reposición ante el pleno de magistrados del Tribunal de Cuentas ni promuevan demanda ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dentro del plazo legal; por lo que siendo firma la resolución obtiene el carácter de título ejecutivo, por lo que la Procuraduría General de la República puede iniciar las acciones civiles procedentes. Se estima que, siendo la resolución de los Pliegos de Condiciones firme, la representación legal del Estado puede presentar el proceso de ejecución de título extrajudicial..."..."el Decreto 20-2001 citado por el amparista, establece en su artículo 9: Inmunidad de los Funcionarios. El Gobierno concede a los funcionaros internacionales de COCESNA, las inmunidades, exenciones y prerrogativas que en adelante se establece: para tal efecto el Gerente General de COCESNA hará del conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, periódicamente, por lo menos cada seis meses los nombres de las personas que presten sus servicios en dicha institución que tengan categoría de funcionarios internacionales para su aprobación. De lo anterior se puede establecer que el ejecutado al haber sido subsecretario de Estado cumplía lo establecido en los artículos 238, 249 y 250 de la Constitución de la República, teniendo como un ciudadano hondureño, su gestión en COCESNA no se podría considerar protegida por la inmunidad a los funcionarios internacionales de COCESNA, tal como lo define el artículo 9 del Decreto referido, precepto que define la aplicación del artículo 11 que utiliza como fundamento el amparista, por lo que no es de recibo su agravio, además de tener que acreditar la oportuna notificación por parte COCESNA a la Cancillería hondureña de que se pretendió realizar lo señalado en el artículo en este considerando..."..."partiendo de lo resuelto por la Corte de Apelaciones, se debe establecer que se está en un proceso de ejecución forzosa, que posee sus propias reglas de sustanciación, distintas en su tramitación a los procedimientos declarativos en derecho privado, el Código Procesal Civil expresa en su artículo 790 que se acompañará al plantear una oposición a la ejecución de un título extrajudicial, señalando el primer numeral, que en ese acto se aportaran todas las justificaciones documentales, confirmándose por parte de esta Sala de lo Constitucional los motivos expuestos por la autoridad recurrida, en cuanto a que no se presentó el medio de prueba en el momento procesal oportuno..."..."esta Sala de lo Constitución arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto de la garantía en estudio, se ajusta a las disposiciones constitucionales, convencionales y legales aplicables; no existiendo las violaciones a los derechos al Debido Proceso, ni a la de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que aquí se han expuesto..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 94 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de febrero de dos mil veinte.-Visto: Para dictar sentencia en la garantía de amparo interpuesta por el abogado Darwin Lindolfo García, a favor de Bayardo Pagoada Figueroa, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de febrero del año dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Darwin Lindolfo García, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de junio del año dos mil dieciocho, con relación a la oposición alegada en la demanda de ejecución de título ejecutivo extrajudicial, consistente en la certificación extendida por el Tribunal Superior de Cuentas del Pliego de Responsabilidad Civil N° C-01-026-2011 DPC-DCSD. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado lo establecido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-Antecedentes.-1) Que en fecha siete de agosto del año dos mil diecisiete, compareció ante Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado Abraham Alvarenga Urbina, actuando en su condición de Procurador General de la República de Honduras, y por ende representante legal del Estado de Honduras; promoviendo demanda de ejecución de título ejecutivo extrajudicial consistente en la certificación extendida por el Tribunal Superior de Cuentas del Pliego de Responsabilidad Civil N° C-01-026-2011 DPC-DCSD. (Folios núm. 1 al 3 de la primera pieza de Juzgado).-2) Que en fecha cuatro de junio del año dos mil dieciocho el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual fallo: i) declarar sin lugar la oposición por falta de competencia del tribunal; ii) declarar sin lugar la oposición por falta de representación o legitimación del demandante; iii) con costas iv) Que una vez firme la presente la presente sentencia, se continúe adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes del señor Bayardo Pagoada Figueroa, hasta obtener la cantidad de quince millones treinta y cuatro mil seiscientos siete Lempiras con veintiséis centavos (L l15,034,607.26); v) contra la presente sentencia procede el recurso de apelación el que debe interponerse ante este tribunal dentro del término de diez días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo. (Folios núm. 658 al 668 de la pieza del Juzgado).-3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el abogado Darwin Lindolfo García, contra la sentencia relacionada en el numeral anterior, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de febrero del año dos mil diecinueve (2019), dictó sentencia mediante la cual fallo: i) declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Darwin Lindolfo García, en su condición de representante procesal del señor Bayardo Pagoada Figueroa; ii) confirmar la sentencia de oposición dictada el cuatro de junio del año dos mil dieciocho por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; iii) con costas en segunda instancia, a la parte ejecutada apelante. (Folios núm. 43 al 54 de la pieza de Corte de Apelaciones).-4) Que el recurrente abogado Darwin Lindolfo García, compareció ante este Tribunal, en fecha quince de marzo del año dos mil diecinueve, reclamando amparo a favor de Bayardo Pagoada Figueroa, contra sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de febrero del año dos mil diecinueve, que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma la garantía constitucional en fecha diez de junio del año dos mil diecinueve.-5) Que en fecha veintisiete de junio del año dos mil diecinueve, la abogada Yulibeth Garay Hernández, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que se deniegue la acción de amparo promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 1, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Página 65 a la 69 de la pieza de amparo).-Fundamentos Jurídicos.-Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo 244-2003.-Considerando (2): Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-Considerando (3): Que se conoce en esta vía constitucional la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, de cuatro de febrero del año dos mil diecinueve, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de resolución a la oposición de ejecución de un título extrajudicial, dictada el cuatro de junio del año dos mil dieciocho, en la demanda de ejecución forzosa promovida por el entonces Procurador General de la República contra el señor Bayardo Pagoada Figueroa.-Considerando (4): Que el abogado recurrente en la interposición de la acción, manifiesta que el Tribunal Ad-Quem, resuelve en perjuicio de su representado, violentado el contenido de los artículos 1, 82 y 90 de la Constitución de la República; para ello explica que la resolución que hoy se impugna en esta vía constitucional, al declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto. La vulneración que aduce en su escrito de interposición, versa en cuanto al derecho de defensa que este debe realizar acorde a lo señalado en el Código Procesal Civil, menciona que la decisión en revisión se resuelve a través de una valoración subjetiva, basada en fundamentaciones del ejecutante, carentes de legitimación en este caso y no valoradas las pruebas acompañadas de acuerdo a la sana crítica; se indica la no admisión de una prueba documental en la audiencia de oposición, de una constancia extendida por el secretario del Consejo Directivo de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), acreditando que el demandado fue miembro propietario del Consejo Directivo entre los años 2006 a 2009, argumenta que dicho medio se sostiene en el alegato en que la Procuraduría General de la República realiza argumentos mal interpretados sobre el hecho de que el señor Pagoada Figueroa fungió como subsecretario de Estado en la extinta Secretaría de Estado en los despachos de Obras Pública, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en el mismo periodo en el que se desempeñó como miembro de COCESNA, medio de prueba que a criterio del togado sustenta la procedencia de ambas causales de oposición, la admisión de ese medio de prueba vulnera a su criterio el principio de legalidad y lo dispuesto en el artículo 239 numeral 5 del Código Procesal Civil, que establece que el juez o tribunal procurara que un simple defecto de forma en la proposición de un medio de probatorio no deje sin efecto la petición, si se deduce claramente su propósito.-Considerando (5): Que también señala como sustento de su denuncia de disminución de sus derechos fundamentales, que partiendo del Decreto Legislativo 20-2011, publicado en Diario Oficial La Gaceta, referente al Convenio sede de entre el Gobierno de Honduras y COCESNA, mencionando que por ese acto internacional que forma parte del derecho interno del país, se han establecido un régimen de privilegios e inmunidades de los funcionarios de COCESNA, indicando que el artículo 11 de ese Decreto dice: Inmunidad de jurisdicción. Los funcionarios de COCESCA, cualquiera que fuera su categoría, gozaran de inmunidad respecto a procesos judiciales y administrativos relativos a actos relacionados por ellos, en su carácter oficial, salvo que COCESNA renuncie a tal inmunidad respecto a la persona que se pretende enjuiciar en cada caso. Así mismo gozaran de inmunidad de arresto personal o detención. Debe entenderse que la inmunidad de los funcionarios por procesos de cualquier naturaleza por los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones. Deberá prevalecer aun después de haber cesado su vinculación con COCESNA, salvo que COCESNA hubiese renunciado a tal inmunidad.-Considerando (6): Que, a criterio del abogado impetrante, el criterio de la Corte de Apelaciones consiste en indicar que, en caso de existir una inmunidad, la misma debió ser alegada y resuelva en la sede administrativa del Tribunal Superior de Cuentas, pero que la sede judicial no es oportuna para indicar la inmunidad de la gestión como directivo de COCESNA, cuando al mismo momento fungió como sub-secretario de Obras Públicas, Transporte y Viviendas. También señala una contradicción en la resolución en amparo, en cuanto al tratamiento dado a los medios de pruebas ofertados sobre los beneficios que le otorga el Decreto 20-2001, aludiendo que ese acto es de carácter internacional, debiéndose aplicar con base a lo señalado en el artículo 16 de la Constitución de la República, siendo por lo tanto una norma de derecho interno auto-ejecutable.-Considerando (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-Considerando (8): Que la Corte de Apelaciones, basa su sentencia señalando que la inadmisión del medio de prueba “constancia” emitida en fecha 21 de marzo de 2018, fue excluida del proceso de forma acertada, pues dicho documento tuvo que haberlo acompañado el ejecutado a su escrito de oposición, como dispone el artículo 790 numeral primero del Código Procesal Civil; considera la Ad quem que el argumento del opositor a la ejecución no es justificante, pues este medio probatorio no deriva de las actuaciones descritas en la contestación a la oposición vertidas por la parte ejecutante, sino del escrito de oposición, donde el ejecutante manifiesta la inaplicabilidad del Decreto 20-2001, expresando que él se encuentra incluido en la inmunidad dada en esa normativa. Por lo anterior y otras razones se declaró sin lugar la apelación.-Considerando (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los jueces o a la Administración Pública, una justa y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-Considerando (10): Que el debido proceso exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-Considerando (11): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Fundamental y el resto del ordenamiento jurídico. Que después de una minuciosa revisión de los antecedentes, la Sala de lo Constitucional, establece que el fondo del asunto en el caso de mérito lo constituye la inadmisibilidad de una constancia, con la cual el amparista pretende hacer valer una inmunidad diplomática al ejecutado.-Considerando (12): Que la Ley de Procedimiento Administrativo establece en su artículo 30 que se presume la legitimidad de los actos administrativos, teniendo la Administración la potestad de ejecutarlos a través de sus órganos competentes, previo apercibimiento; también señala que salvo disposición legal en contrario, la ejecución y los efectos de un acto administrativo, solo podrá suspenderse cuando la Administración de oficio o a petición de parte lo determine para evitar perjuicios graves al interesado, de difícil o imposible reparación o cuando se alegue fundadamente una nulidad absoluta. Entiende este Tribunal de justicia, que los actos administrativos se toman como válidos y que pueden producir sus plenos efectos (autotutela administrativa), a menos que sea determinada su suspensión por la misma autoridad administrativa o por mandado judicial, por lo que es clara la determinación del legislador de otorgar eficacia de ese tipo de actos, la Administración tiene la potestad de tutelar por sí misma sus derechos e intereses, se debe señalar que está eximida de someter sus pretensiones a proceso declarativo y a ejecutivo por la obligatoriedad de los actos administrativos, pero la Ley puede imponer límites a esa autotutela, como se da en el presente caso.-Considerando (13): Que se toma como regla general lo expuesto en el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo señalado en el posterior precepto en vigente, el artículo 120 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; la excepcionalidad a esto, es lo establecido en el artículo 31, al señalar que los actos particulares adquieren eficacia al ser firmes, esto es cuando los mismo requieran la aprobación del gobernando o la Ley establezca expresamente que se ejecutan al ser firmes, como lo son los actos realizados por el Tribunal Superior de Cuentas.-Considerando (14): Que aunque el acto administrativo emitido por el Tribunal Superior de Cuenta se imputa eficaz y válido, por lo que de forma general debería poder autotutelarse, el legislador lo ha establecido fuera de la norma general, el caso de los pliegos de condiciones emitidos por el órgano de fiscalización constitucional, los cuales no pueden ejecutarse directamente en sede administrativa, sino que pasan a control judicial, a través del proceso de ejecución forzosa, esto puesto que la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuenta en sus artículos 94 y 95 dispone que se entiende firme o ejecutoriada la resolución cuando los afectos se conformaren o no interpongan un recurso de reposición ante el pleno de magistrados del Tribunal de Cuentas ni promuevan demanda ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dentro del plazo legal; por lo que siendo firma la resolución obtiene el carácter de título ejecutivo, por lo que la Procuraduría General de la República puede iniciar las acciones civiles procedentes. Se estima que, siendo la resolución de los Pliegos de Condiciones firme, la representación legal del Estado puede presentar el proceso de ejecución de título extrajudicial.-Considerando (15): Que el Decreto 20-2001 citado por el amparista, establece en su artículo 9: Inmunidad de los Funcionarios. El Gobierno concede a los funcionaros internacionales de COCESNA, las inmunidades, exenciones y prerrogativas que en adelante se establece: para tal efecto el Gerente General de COCESNA hará del conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, periódicamente, por lo menos cada seis meses los nombres de las personas que presten sus servicios en dicha institución que tengan categoría de funcionarios internacionales para su aprobación. De lo anterior se puede establecer que el ejecutado al haber sido subsecretario de Estado cumplía lo establecido en los artículos 238, 249 y 250 de la Constitución de la República, teniendo como un ciudadano hondureño, su gestión en COCESNA no se podría considerar protegida por la inmunidad a los funcionarios internacionales de COCESNA, tal como lo define el artículo 9 del Decreto referido, precepto que define la aplicación del artículo 11 que utiliza como fundamento el amparista, por lo que no es de recibo su agravio, además de tener que acreditar la oportuna notificación por parte COCESNA a la Cancillería hondureña de que se pretendió realizar lo señalado en el artículo en este considerando.-Considerando (16): Que, partiendo de lo resuelto por la Corte de Apelaciones, se debe establecer que se está en un proceso de ejecución forzosa, que posee sus propias reglas de sustanciación, distintas en su tramitación a los procedimientos declarativos en derecho privado, el Código Procesal Civil expresa en su artículo 790 que se acompañará al plantear una oposición a la ejecución de un título extrajudicial, señalando el primer numeral, que en ese acto se aportaran todas las justificaciones documentales, confirmándose por parte de esta Sala de lo Constitucional los motivos expuestos por la autoridad recurrida, en cuanto a que no se presentó el medio de prueba en el momento procesal oportuno.-CONSIDERANDO (17): Que esta Sala de lo Constitución arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto de la garantía en estudio, se ajusta a las disposiciones constitucionales, convencionales y legales aplicables; no existiendo las violaciones a los derechos al Debido Proceso, ni a la de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que aquí se han expuesto.-Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por unanimidad de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 63, 64, 82, 90, 183, 303, 304, 313, 316, 320 y 321 de la Constitución de la República; artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 9, 41, 42, 45 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 94 y 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas; artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo; y, artículo 120 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Falla: Denegando la garantía de amparo interpuestas por el abogado Darwin Lindolfo García, a favor de Bayardo Pagoada Figueroa, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de febrero del año dos mil diecinueve. Y manda: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Notifíquese.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de febrero del dos mil veintiuno.-Visto: el recurso de reposición interpuesto por el abogado Darwin Lindolfo García, a favor de Bayardo Pagoada Figueroa Luis Alonzo Castellanos Sánchez; contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha 25 de febrero de 2020, que falla denegando la acción de amparo interpuesto por el mismo abogado, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha 4 de febrero del año 2019, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Darwin Lindolfo García, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 4 de junio del año 2018, con relación a la oposición alegada en la demanda de ejecución de título ejecutivo extrajudicial, consistente en la certificación extendida por el Tribunal Superior de Cuentas del Pliego de Responsabilidad Civil N° C-01-026-2011 DPC-DCSD.-Fundamentos Jurídicos.-Considerando (1): Que consta de los antecedentes de la revisión de la presente garantía, que se conoció en esta vía de justicia constitucional la resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha 4 de febrero del año 2019, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el actual recurrente contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 4 de junio del año 2018, con relación a la oposición alegada en la demanda de ejecución de título ejecutivo extrajudicial.-Considerando (2): Que el recurrente, el abogado García, pone en conocimiento de esta Sala de lo Constitucional el amparo contra la resolución por la Corte de Apelaciones referida; considerando el recurrente que la resolución dictada por el Ad-Quem vulnera las garantías y derechos constitucionales contenidas en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República, reconociendose en la sentencia de amparo impugnada, como conflicto jurídico lo señalado en los Considerandos 4 y 5 de la sentencia impugnada, donde se mencionó: Que el abogado manifiesta que el Tribunal Ad-Quem, resuelve en perjuicio de su representado, el contenido de la Constitución; la vulneración que aduce en su escrito de interposición, versa en cuanto al derecho de defensa que este debe realizar acorde a lo señalado en el Código Procesal Civil, menciona que la decisión en revisión se resuelve a través de una valoración subjetiva, basada en fundamentaciones del ejecutante, carentes de legitimación en este caso y no valoradas las pruebas acompañadas de acuerdo a la sana crítica; se indica la no admisión de una prueba documental en la audiencia de oposición, de una constancia extendida por el secretario del Consejo Directivo de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), acreditando que el demandado fue miembro propietario del Consejo Directivo entre los años 2006 a 2009, argumenta que dicho medio se sostiene en el alegato en que la Procuraduría General de la República realiza argumentos mal interpretados sobre el hecho de que el señor Pagoada Figueroa fungió como subsecretario de Estado en la extinta Secretaría de Estado en los despachos de Obras Pública, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en el mismo periodo en el que se desempeñó como miembro de COCESNA, medio de prueba que a criterio del togado sustenta la procedencia de ambas causales de oposición, la admisión de ese medio de prueba vulnera a su criterio el principio de legalidad y lo dispuesto en el artículo 239 numeral 5 del Código Procesal Civil, que establece que el juez o tribunal procurara que un simple defecto de forma en la proposición de un medio de probatorio no deje sin efecto la petición, si se deduce claramente su propósito.-Considerando (3): Que tambien señaló en su interposición de amparo que: partiendo del Decreto Legislativo 20-2011, referente al Convenio sede de entre el Gobierno de Honduras y COCESNA, mencionando que por ese acto internacional que forma parte del derecho interno del país, se establecó un régimen de privilegios e inmunidades de los funcionarios de COCESNA, indicando que el artículo 11 de ese Decreto dice que los funcionarios de COCESCA, cualquiera que fuera su categoría, gozaran de inmunidad respecto a procesos judiciales y administrativos relativos a actos relacionados por ellos, en su carácter oficial, salvo que COCESNA renuncie a tal inmunidad respecto a la persona que se pretende enjuiciar en cada caso. Por lo que el criterio de la Corte de Apelaciones fue, que en caso de existir una inmunidad, la misma debió ser alegada y resuelva en la sede administrativa del Tribunal Superior de Cuentas, pero que la sede judicial no es oportuna para indicar la inmunidad de la gestión como directivo de COCESNA, cuando al mismo momento fungió como sub-secretario de SOPTRAVI.-Considerando (4): Que el recurso de reposición señala que lo dicho en los considerandos 15 y 16 de la sentencia de amparo vulnera las garantías constitucionales de su representado, exponiendo elementos que construyen o definen el entendimiento del derecho de defensa y el debido proceso en el marco de un sistema constitucional; continua exponiendo lo dicho en el voto particular de la Corte de Apelaciones, sobre carencia de requisitos procesales sobre estructura y donde de la decisión de primera instancia, puesto que a su criterio es indebida la negativa de tramita el medio de prueba de una constancia de COCESNA, haciendo mención del carácter internacional de ese organismo y las prerrogativas que establece el Convenció del mismo, debiendo considerarse la inmunidad de su representado. El amparista hace mención de criterios jurisprudenciales de este Tribunal sobre contraversias de COCESNA, desarrolladas en las sentencias de amparo con registros SCO-0160-2012 y SCO-0142-2015, donde se indican condiciones de la inmunidad de COCESNA cuando ha sido demandada en los Tribunales de Justicia hondureños.-Considerando (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. El reconocimiento del derecho de interponer reposición contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional y los que en su caso dicte el pleno de la Corte Suprema de Justicia, solo se podrá intentar el recurso de reposición.-Considerando (6): Que esta Sala de lo Constitucional estableció en su sentencia de amparo lo siguiente: Considerando (15): Que el Decreto 20-2001 citado por el amparista, establece en su artículo 9: Inmunidad de los Funcionarios. El Gobierno concede a los funcionaros internacionales de COCESNA, las inmunidades, exenciones y prerrogativas que en adelante se establece: para tal efecto el Gerente General de COCESNA hará del conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, periódicamente, por lo menos cada seis meses los nombres de las personas que presten sus servicios en dicha institución que tengan categoría de funcionarios internacionales para su aprobación. De lo anterior se puede establecer que el ejecutado al haber sido subsecretario de Estado cumplía lo establecido en los artículos 238, 249 y 250 de la Constitución de la República, teniendo como un ciudadano hondureño, su gestión en COCESNA no se podría considerar protegida por la inmunidad a los funcionarios internacionales de COCESNA, tal como lo define el artículo 9 del Decreto referido, precepto que define la aplicación del artículo 11 que utiliza como fundamento el amparista, por lo que no es de recibo su agravio, además de tener que acreditar la oportuna notificación por parte COCESNA a la Cancillería hondureña de que se pretendió realizar lo señalado en el artículo en este considerando.-Considerando (7): Que esta Sala de lo Constitucional estableció en su sentencia de amparo lo siguiente: Considerando (16): Que, partiendo de lo resuelto por la Corte de Apelaciones, se debe establecer que se está en un proceso de ejecución forzosa, que posee sus propias reglas de sustanciación, distintas en su tramitación a los procedimientos declarativos en derecho privado, el Código Procesal Civil expresa en su artículo 790 que se acompañará al plantear una oposición a la ejecución de un título extrajudicial, señalando el primer numeral, que en ese acto se aportaran todas las justificaciones documentales, confirmándose por parte de esta Sala de lo Constitucional los motivos expuestos por la autoridad recurrida, en cuanto a que no se presentó el medio de prueba en el momento procesal oportuno.-Considerando (8): Que escuchados los planteamientos vertidos en la reposición, se observa que se mantienen los mismo argumentos de agravios expuestos en el amparo, que ya fue resuelto por esta Sala de lo Constitución; mantiene la argumentación de la aplicabilidad de la Inmunidad derivada por el Convenio de COCESNA y que existe una vulneración al derecho de defensa por no dar el valor jurídico solicitado a la constancia de COCESNA sobre el status que mantuvo el beneficiario de la garantía de amparo interpuesta. Este Órgano resuelve en la sentencia expresando los ejemplos aplicables de la firmeza y la autotutela administrativa del documento del que se pretende la ejecución a través de un proceso de ejecución forzosa, con base a las reglas definidas en el Código Procesal Civil, normativa que establece de forma taxativa los motivos de oposición a ese típo de títulos, las formas de presentación y como resolver los mismo, observandose que lo pretendido por la defensa no tiene un fundamento normativo.-Considerando (9): Que en vista de que el amparista no aporta argumentos distintos a los ya planteados en su escrito de amparo, que fueron resueltos en la sentencia hoy en resposición, esta órgano no observa motivos para otorgar su impugnación, dado que mantiene los criterios que ha determinado sobre la sustanciación, el momento y forma en que se debe interponer pruebas y objeciones en los procesos de ejecución forzada como esta; adicional del valor jurídico que posee el documento administrativo que ha sido presentando ante la instancia judicial en derecho privado, por tal razón de declara sin lugar la reposición.-Por tanto: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 82, 90, 183, 303, 304, 313, 316, 320 y 321 de la Constitución de la República; artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 78, 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 742, 743, 744, 746, 751, 763, 764, 765, 766 y 871 del Código Procesal Civil; artículos 1, 2, 9, 41, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Resuelve:

  1. declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesta por el abogado Darwin Lindolfo García, a favor de Bayardo Pagoada Figueroa Luis Alonzo Castellanos Sánchez; contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha 25 de febrero de 2020. Y manda: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. Notifíquese.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veinte (2020) y Resolución de fecha quince (15) de febrero del año 2021, recaídas en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0232-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL