Sentencia AC-218-19 — Registro 11204
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación contra auto dictado por juzgado de primera instancia que tuvo por ampliada la demanda contra varios demandados sin haberse cumplido presupuestos procesales en relación a demanda ordinaria de pago e indemnizaciones de daños y perjuicios, reparación de perjuicio morales promovida por recurrente contra demandados; en apelación se declaró nulidad absoluta de actuaciones y ordenó retrotraer las mismas al estado inmediatamente anterior al defecto que la origino
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."se aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, concluye que contrariadas las posiciones de una y otra de las partes intervinientes, y que por las razones expuestas; y, apreciada la existencia de infracción procesal, consideró procedente declarar la nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive de la resolución de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil quince, garantizando así una resolución motivada por el A-Quo..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional mas consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una ultima instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, REPARACIÓN DE PERJUICIOS MORALES, promovida por el Abogado OSCAR SIRI ZÚÑIGA, en causa propia y en representación de las sociedades mercantiles denominada INMOBILIARIA SAN GABRIEL ARCÁNGEL S. DE R.L. e INMOBILIARIA REAL DE MINAS S. DE R.L., contra la señora ROSA HERMELINA OCHOA ALVARADO; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado..."
Legislación citada
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de febrero de dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR SIRI ZÚÑIGA, a favor Sí Mismo, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, REPARACIÓN DE PERJUICIOS MORALES, promovida por el Abogado OSCAR SIRI ZÚÑIGA, en causa propia y en representación de las sociedades mercantiles denominada INMOBILIARIA SAN GABRIEL ARCÁNGEL S. DE R.L. e INMOBILIARIA REAL DE MINAS S. DE R.L., contra la señora ROSA HERMELINA OCHOA ALVARADO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado, los derechos consagrados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez de diciembre de dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado OSCAR SIRI ZÚÑIGA, interponiendo DEMANDA ORDINARIA DE PAGO E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, REPARACIÓN DE PERJUICIOS MORALES, en causa propia y como Representante Procesal de las sociedades mercantiles denominadas INMOBILIARIA SAN GABRIEL ARCÁNGEL S. DE R.L. e INMOBILIARIA REAL DE MINAS S. DE R.L., contra la señora ROSA HERMELINA OCHOA ALVARADO. (Folio 1-18 del tomo I de la pieza del A-quo)
En fecha veintiséis de enero de dos mil nueve, el Juzgado antes mencionado, declaró sin lugar la admisión de la demanda ordinaria que se ha dejado relacionada en el numeral que antecede, en virtud de que se dirigió la acción a pedir una indemnización de daños y perjuicios por el goce y disfrute obtenido por la demanda al: “haberse apoderado de áreas de terreno nuestro, para el giro de sus propios intereses, traspasándolos a terceros”; tal planteamiento es propia de una acción reivindicatoria o querella posesoria, distinta a la acción que se pretende, ya que solo las primeras pueden dar origen al derecho que se reclama y no al contrario, o sea, que el actor debe judicialmente ejercitar las acciones de dominio para obtener si fuere el caso, la declaratoria de su derecho, y con ello procede a reclamar las indemnizaciones que corresponden. (Folio 79 del tomo I de la pieza del A-quo)
En fecha doce de enero de dos mil diez, la entonces Corte Segunda de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Oscar Siri Zuñiga, en contra del auto que se ha dejado relacionado en el numeral que antecede, dictó sentencia en donde falló: 1) Declarar CON LUGAR el recurso. 2) REVOCA el auto recurrido. (Folio 84 del tomo I de la pieza del A-quo) 4) En fecha quince de abril de dos mil diez, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, compareció el Abogado Oscar Siri Zúñiga, presentando escrito donde “SE INSTA CURSO DE DILIGENCIAS. -QUE SE DICTE AUTO DE ADMISIÓN. -SE CITE Y EMPLACE A LA DEMANDA. –TRÁMITE.”. (Folios 86-106 del tomo I de la pieza del A-quo) 5)El Juzgado de Letras Civil ante mencionado, en fecha veintiséis de abril de dos mil diez, admitió el escrito del que se ha referido en el numeral anterior, como lo solicitó el peticionario, dándosele curso normal a la demanda instada, decretándose la admisión de la misma, junto con los documentos con que la acompañó. (Folio 107 del tomo I de la pieza del A-quo) 6)En fecha veinte de julio de dos mil diez, ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, compareció el Abogado Oscar Siri Zúñiga, presentando escrito “NO HABIENDO SIDO CONTESTADA LA DEMANDA, COMO HECHO NUEVO ACUMULO ACCIÓN PAULINA. -ANOTACIÓN PREVENTIVA” (Folios 109-138 del tomo I de la pieza del A-quo) 7)En fecha siete de septiembre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Civil antes citado, el Abogado Oscar Siri Zúñiga, presentando ampliación de demanda ordinaria de nulidad absoluta, reivindicación de dominio. Restitución de frutos civiles y de pago e indemnización por daños y perjuicios, así como de reparación de perjuicios morales, contra los señores Hernán Alexis Ochoa Alvarado, José Ángel Alvarado, María Reina Ochoa Alvarado y Alicia Ramírez. (Folios 167-171 del tomo I de la pieza del A-quo) 8)En fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, falló: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA PRESENTE DEMANDA VÍA PROCESO ORDINARIO DE NULIDAD ABSOLUTA DE INSTRUMENTO PÚBLICO EN CONTRA DE LOS SEÑORES ROSA HERMELINDA OCHOA ALVARADO, HERNAN ALEXIS OCHOA ALVARADO, JOSÉ ÁNGEL ALVARADO, MARÍA REINA OCHOA ALVARADO Y ALICIA RAMÍREZ, DE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS PÚBLICOS: INSTRUMENTO PÚBLICO N° 305 de fecha 12 de marzo del año dos mil siete, inscrito bajo asiento N° 59 del tomo 4900 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán; INSTRUMENTO PÚBLICO No.1677 del 21 de septiembre de 2007, otorgada ante el Notario Juan Ángel Benavides Paz, inscrito bajo el asiento N° 79 del tomo 4945 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán, en donde comparecen los señores (Sic) ROSA HERMELINA OCHOA ALVARADO Y HERNAN ALEXIS OCHOA ALVARADO, vendiendo la primera el lote numero 207; INSTRUMENTO PÚBLICO No.1251 del 30 de junio del 2008, otorgada ante el Notario Juan Ángel Benavides Paz, inscrito bajo el asiento N° 64 del tomo 5083 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán, en donde comparecen los señores ROSA HERMELINA OCHOA ALVARADO Y JOSE ANGEL ALVARADO, vendiendo la primera, el lote numero 208; INSTRUMENTO PÚBLICO No.1253 del 30 de junio del año 2008, otorgada ante el Notario Juan Ángel Benavides Paz, inscrito bajo el asiento N° 65 del tomo 5083 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán, en donde comparecen los señores ROSA HERMELINA OCHOA ALVARADO Y MARIA REINA OCHOA ALVARADO, vendiendo la primera, el lote numero 209; INSTRUMENTO PÚBLICO No.277 del 7 de febrero de 2008, otorgada ante el Notario JOSE REYNANDO ANDINO MARTINEZ, inscrito bajo el asiento No.90 del tomo 5027 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán, en donde comparecen las señoras ROSA HERMELINA OCHOA ALVARADO Y ALICIA RAMÍREZ, vendiendo la primera, el lote numero 210; INSTRUMENTO PÚBLICO No.1250 del 30 de junio de 2008, otorgada ante el Notario Juan Ángel Benavides Paz, inscrito bajo el asiento N° 66 del tomo 5083 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán, en donde comparecen los señores ROSA HERMELINA OCHOA ALVARADO Y HERNAN ALEXIS OCHOA ALVARADO, vendiendo la primera, el lote número 211. SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR LA ACCIÓN PAULINA O REVOCATORIA. TERCERO: DECLARAR SIN LUGAR la acción reivindicatoria de dominio interpuesta. CUARTO: DECLARAR SIN LUGAR la restitución de frutos civiles. QUINTO: DECLARAR SIN LUGAR. Indemnización de daños y perjuicios, así como de reparación de perjuicios morales. SEXTO: Que una vez que esté firme la presente sentencia, se libre atento oficio a la Contraloría del Notariado para el solo efecto de ponerles en conocimiento que se ha decretado nulidad de los instrumentos antes relacionados, especificándose de manera clara los números, los datos de las partes y el notario autorizante.” (Folios 627-641 vuelto del tomo II de la pieza del A-quo) 9) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Oscar Siri Zúñiga, contra la sentencia relacionado en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos falló: “PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD absoluta de actuaciones a partir e inclusive de la resolución de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.-SEGUNDO: Retrotráigase las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó. TERCERO: Sin Costas. (Folios 67-85 vuelto de la pieza del Ad-quem) 10) En fecha once de marzo de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal, el Abogado Oscar Siri Zúñiga, interponiendo acción de amparo a favor de Sí Mismo, contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Asimismo, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma al recurrente en el amparo de mérito, en fecha quince de agosto de dos mil diecinueve; y en cuanto a la solicitud de apertura a pruebas, el peticionario no ofreció las pruebas que se van a aportar, sin vincular las mismas con el acto reclamado en amparo, para efectos de demostrar la violación alegada, en tal sentido, se declaró sin lugar por falta de claridad en su petición y ordenó a la Secretaría de este Tribunal dar vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas, para la emisión del dictamen correspondiente. (Folio 87 de la pieza de amparo) 11) Que en fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sussy G. Coello García, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: …Que del examen de los antecedentes y del análisis de la sentencia venida en amparo, el Ministerio Público encuentra que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, al declarar la nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive de la resolución de fecha dieciséis (16) de septiembre del año 2015, dictado por el A-quo, cumplió con la función revisora que le manda la norma procesal civil, en cuanto dispone que el recurso de apelación tiene por objeto realizar una revisión fáctica y jurídica de la sentencia de primera instancia, que le permita lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate, como el cumplimiento de las garantías del proceso. Es por ello, que en materia recursiva rige el principio “iura novit curia”, el cual permite que el Tribunal pueda corregir los defectos procesales apreciables de oficio y que detecte en la tramitación de la instancia anterior, mucho más aun, cuando se han inobservado normas esenciales del procedimiento, que han producido indefensión de las partes demandadas, esto así, ya que como bien lo advierte el Ad-quem, se aprecia que el auto del dieciséis (16) de septiembre del año 2015, mediante el cual se tiene por ampliada la demanda contra los señores Hernán Alexis Ochoa Alvarado, José Ángel Alvarado, María Reina Ochoa Alvarado y Alicia Ramírez, no se ordenó que por medio del Receptor del Despacho se les citara y emplazara personalmente en legal y debida forma para que dentro del término de ley procedieran a contestar la demanda incoada en su contra, lo cual no consta en autos, como también es evidente que la única publicación realizada en el Diario La Gaceta, en fecha 02 de febrero del 2016, de Aviso de Solicitud de Curador Ad-Litem, únicamente se refiere a la señora Rosa Hermelina Ochoa y no así contra el resto de los demandados, lo que claramente les causó la indefensión señalada por el Tribunal de Alzada, ya que se le vedó el derecho a la parte deudora a comparecer en la presente demanda, a efecto de realizar los planteamientos que en defensa de sus propios derechos e intereses estimaren conveniente. De aquí que se estime que la resolución emitida por el Ad-quem, procura salvaguardar el derecho de defensa que le asiste a la parte demandada, para que pueda hacer valer sus alegatos en contra de los señalamientos que la parte actora le dirige, al no haberse garantizado tutela judicial efectiva en el expediente de mérito, por haberse prescindido de normas esenciales de procedimiento que produjo su indefensión, quien al no haber sido citados y emplazados no tuvieron conocimiento de la demanda incoada en su contra. IV.CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público, es del parecer porque NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, en virtud que la resolución impugnada no provocó la vulneración de los derechos constitucionales alegados por el impetrante. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, REPARACIÓN DE PERJUICIOS MORALES, promovida por el Abogado OSCAR SIRI ZÚÑIGA, en causa propia y en representación de las sociedades mercantiles denominada INMOBILIARIA SAN GABRIEL ARCÁNGEL S. DE R.L. e INMOBILIARIA REAL DE MINAS S. DE R.L., contra la señora ROSA HERMELINA OCHOA ALVARADO. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se han violentado en perjuicio de sus representadas los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; al considerar que el Ad-Quem incurre en transgresión de los derechos fundamentales, cuando no se ha obtenido una sentencia de fondo motivada y fundada, haciendo imposible su defensa. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público, es del parecer porque NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, en virtud que la resolución impugnada no provocó la vulneración de los derechos constitucionales alegados por el impetrante” CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, concluye que contrariadas las posiciones de una y otra de las partes intervinientes, y que por las razones expuestas; y, apreciada la existencia de infracción procesal, consideró procedente declarar la nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive de la resolución de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil quince, garantizando así una resolución motivada por el A-Quo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional mas consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una ultima instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, REPARACIÓN DE PERJUICIOS MORALES, promovida por el Abogado OSCAR SIRI ZÚÑIGA, en causa propia y en representación de las sociedades mercantiles denominada INMOBILIARIA SAN GABRIEL ARCÁNGEL S. DE R.L. e INMOBILIARIA REAL DE MINAS S. DE R.L., contra la señora ROSA HERMELINA OCHOA ALVARADO; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha catorce de febrero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-218-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL