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Sentencia AC-190-20 — Registro 12693

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que sobreseyó la acción de amparo en la solicitud de costas. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado, en perjuicio de su representado, los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO (7): Que el Ad Quem concluye que las alegaciones del recurrente son de mera legalidad y no alcanzan a configurarse como afectaciones a las garantías del debido proceso y de defensa, siendo manifiesto que la intención del quejoso es la dilación del proceso, ya que la parte ejecutada fue notificada del mandamiento de ejecución tal y como lo dispone el artículo 761 del Código Procesal Civil, habiendo interpuesto los recursos que estimó pertinentes, dándole respuesta a todas sus peticiones el juzgador. Por otro lado, el ejecutado tiene expedita la vía para hacer valer mediante juicio ordinario, cualquier derecho que estime le asiste a causa de la ejecución conforme lo dispone el artículo 798.4 del Código Procesal Civil, por todo ello dicto sobreseimiento con fundamento en el artículo 46 Nos. 1 y 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (8): Que del examen de la resolución conocida en consulta, el Ad quem ha dejado establecido mediante argumentación clara y suficiente en Derecho, que no se configura una quebrantamiento de los derechos invocados por el recurrente quien en todo momento ha hecho uso de los recursos que le confiere la ley y ha obtenido respuesta, a  sus reclamos. Todo ello resulta del estudio de los antecedentes, en los que se refleja que la resolución del A quo es conforme a derecho en consecuencia la resolución venida en consulta, dictada por el Ad quem es conforme a derecho. Corresponde, por lo tanto, se dicte confirmatoria en todas y cada una de sus partes de la sentencia que dicta SOBRESEIMIENTO en las diligencias de amparo de que se han hecho mérito."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de octubre del dos mil veinte. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veinte (2020), que sobreseyó la acción de amparo interpuesta por el abogado DAVID MOLINA PINEDA, en su condición de apoderado legal del señor JOSE SANTOS MALDONADO TORRES, contra la Resolución del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), en la Solicitud de Costas promovida por el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, actuando a favor del señor JOSE SANTOS MALDONADO TORRES, contra el señor ELÌ ALFONSO REINA ACEVEDO.- Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado, en perjuicio de su representado, los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, actuando en su condición de apoderado legal del señor JOSE SANTOS MALDONADO TORRES, interponiendo Solicitud de Costas, en contra del señor ELÌ ALFONSO REINA ACEVEDO, solicitando que se tase las cosas procesales y personales, y se de vista a la parte ejecutante, para que en un plazo de cinco (5) días apruebe o impugne las mismas. (Folios 167–169 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Resolución en fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (SIC) “1) Téngase por hecha la manifestación del abogado GABRIEL RICARDO DIAZ LICONA para que por medio del funcionario respectivo se requiera en legal y debida forma al señor JOSE SANTOS MALDONADO TORRES a través de su apoderado legal el abogado DAVID MOLINA PINEDA por los medios técnicos reconocido por el Código Procesal Civil, debiendo dejar constancia del tal actuación, para que en el ACTO de éste requerimiento, pague al abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA la suma de UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESICIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L. 1,634,690.70) en concepto de honorarios profesionales y la cantidad de CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETNENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L. 408,672.70) en concepto de aprobación de tasación de costas por la Corte de Apelación Civil de San Pedro sula y haciendo un total por la cantidad de DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L. 2043363.40) en concepto de costas, debiendo dicho funcionario advertirle que de no pagar en el ACTO la cantidad de dinero reclamada: a. Se le embargaran bienes suficientes para responder por la cantidad reclamada; b. Deberá además advertírsele que tiene el termino de tres (3) días hábiles a partir del día siguiente del requerimiento para presentar oposición aportando todas las justificaciones documentales que tuviera si lo creyere necesario; c. Debiendo además advertírsele al demandado, que la presente ejecución, supone la prohibición de no poder disponer, limitar o gravar sus bienes o derechos sin autorización judicial. 3. Se ordena a los demandados antes mencionados, que presenten en el plazo de CINCO (5) días contados a partir de la notificación del presente mandamiento, una Declaración Jurada en la cual se relacionen los bienes y derechos de los que son titulares, advirtiéndole que el incumplimiento de este deber llevara aparejada la oportuna sanción así como las respectivas multas que pudieren resultar de dicha desobediencia.-” (Folio 207 de la Primera Pieza de los antecedentes) 3) Que el abogado DAVID MOLINA PINEDA, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor del señor JOSE SANTOS MALDONADO TORRES, contra la Resolución de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folio 1–8 de la Segunda Pieza de los antecedentes) 4) Que seguido el trámite de ley, que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó Sentencia en fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veinte (2020), mediante la cual Falló: (SIC) “SOBRESEER el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DAVID MOLINA PINEDA, contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, de fecha 27 de noviembre de 2019, que obre en el Expediente Judicial con registro número 0501-2017-00348 LCE, contentivo de la solicitud de ejecución judicial presentada por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, como apoderado judicial del señor ELI ALFONSO REINA ACEVEDO, en contra del señor JOSE SANTOS MALDONADO TORRES, en la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida por el Abogado MARIO HUMBERTO CANALES TEJEDA en su condición de endosatario en procuración del señor JOSE SANTOS MALDONADO TORRES, en contra del señor ELI ALFONSO REINA ACEVEDO.” (Folios 32–34 de la Segunda Pieza de los antecedentes) 5) Que en fecha seis (6) de marzo de dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que manda la Constitución de la República que la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, departamento de CORTES, de fecha veinticuatro (24) de febrero del año 2020, que Sobresee la acción de Amparo presentada por el Abogado DAVID MOLINA PINEDA a favor del señor JOSE SANTOS MALDONADO TORRES, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL de la misma sección judicial, en relación a la solicitud de ejecución de garantía hipotecaria promovida por el señor ELY ALFONSO REINA ACEVEDO, contra el señor JOSE SANTOS MALDONADO TORRES. CONSIDERANDO (3): Que el Ad quem en su resolución expone que el impetrante interpone la acción de amparo “alegando que la resolución de fecha 27 de noviembre del 2019, en la cual se ordena sea requerido en legal y debida forma el señor JOSE SANTOS MALDONADO TORRES, a través de su apoderado legal el Abogado DAVID MOLINA PINEDA, para que en el acto de ese requerimiento, pague al abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA la suma de DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS, en concepto de probación de las costas tasadas en primera y segunda instancia dictadas por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, se le vulnera el derecho a la defensa y debido proceso, consignados en los artículos 83, 90, 321,322,323,324,325, 326 y 327 de la Constitución de la República, al infringir la normativa procesal vigente, específicamente los artículos 748.1 y 761, que establece quienes son las partes en una ejecución forzosa,(ejecutante y ejecutado). El auto recurrido ordena el requerimiento a través del suscrito, quien no tiene la calidad de ejecutado sino únicamente la calidad de defensor y representante procesal de éste. CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem señala que el juicio a que hace referencia el recurrente trata de una solicitud de Ejecución Judicial presentada por el Abogado SAUL MUÑEZ ORELLANA, en contra del señor JOSE SANTOS MALDONADO TORRES, señala que “el Juzgado de primera instancia le dio el trámite de ley ordenando se requiriera al ejecutado JOSE SANTOS MALDONADO TORRES, para el pago de la suma reclamada, debiendo el funcionario que haga el requerimiento hacerle las advertencias de ley”. Expone que consta a folios 201 y 202 de la primera pieza de autos que el Receptor de la Central de Citaciones y Notificaciones del Poder Judicial, se constituyó en dos ocasiones a la dirección que figura en el proceso y que dio el señor José Santos Maldonado en su escrito de demanda inicial, a efecto de requerir al ejecutado, lo cual no se pudo llevar a cabo por no encontrarse en la dirección proporcionada y manifestar los residentes de esa zona que no conocían al señor Maldonado Torres. Posteriormente la parte interesada solicitó se le comunicara el requerimiento de pago al profesional del derecho que representa al señor José Santos Maldonado Torres, por así permitirlo el artículo 138 del Código Procesal Civil, utilizando para ello el medio electrónico que él mismo designó para recibir comunicaciones de toda naturaleza, resolviendo el Juzgado de Primera Instancia, resolviendo el Juzgado de primera instancia el 27 de noviembre del 20119, lo solicitado, ordenado se hiciere la comunicación al Abogado David Molina, vía electrónica, quien por o estar de acuerdo con la misma, interpuso recurso de reposición, el que le fue inadmitido. CONSIDERANDO (5): Que el Ad Quem invoca el artículo 135 del código Procesal Civil que reglamenta los actos de comunicación, es decir la forma en que el Tribunal ha de comunicarse con las partes, con los terceros y con las autoridades, Esto es para garantizar el derecho de defensa, ya que al comunicarse una demanda, una resolución a las partes, permite a las partes que estas intervengan en el proceso y defiendan sus derechos e intereses legítimos. En cuanto a la comunicación del profesional de derecho de la parte, el artículo 138 del código Procesal Civil dispone: “La comunicación con la partes personadas en juicio se hará a través de su representante procesal, quien firmara las notificaciones, emplazamientos, citaciones, y requerimientos de toda clase que deban hacerse a su poderdante en el curso de pleito, incluso las de sentencias y las que tengan por objeto alguna actuación que deba realizar personalmente el poderdante. CONSIDERANDO (6): Que el Ad quem expone que es preciso diferenciar entre Títulos judiciales y no judiciales. Para los títulos judiciales el Código Procesal Civil dispone que el despacho de Ejecución sea inmediato ya que ni tan siquiera precisa de requerimiento de pago; mientras que para los títulos no judiciales se precisa del oportuno requerimiento de pago. Señala que en el presente caso, se trata de Título Judicial, expone que “se observa que el Juzgado de primera Instancia veló por l correcta ejecución de los actos de comunicación, asegurándose de garantizar el derecho de defensa de la parte demandada, agotó previamente la remisión pese, a que por tratarse de una ejecución de un título judicial no era necesario un requerimiento de pago, bastaba con notificar la profesional del derecho que representa al ejecutado, y al comunicación la realizó la funcionaria judicial al domicilio profesional designado por la misma parte, por lo que se estima que no se le ha violentado derecho alguno al recurrente. CONSIDERANDO (7): Que el Ad Quem concluye que las alegaciones del recurrente son de mera legalidad y no alcanzan a configurarse como afectaciones a las garantías del debido proceso y de defensa, siendo manifiesto que la intención del quejoso es la dilación del proceso, ya que la parte ejecutada fue notificada del mandamiento de ejecución tal y como lo dispone el artículo 761 del Código Procesal Civil, habiendo interpuesto los recursos que estimó pertinentes, dándole respuesta a todas sus peticiones el juzgador. Por otro lado, el ejecutado tiene expedita la vía para hacer valer mediante juicio ordinario, cualquier derecho que estime le asiste a causa de la ejecución conforme lo dispone el artículo 798.4 del Código Procesal Civil, por todo ello dicto sobreseimiento con fundamento en el artículo 46 Nos. 1 y 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (8): Que del examen de la resolución conocida en consulta, el Ad quem ha dejado establecido mediante argumentación clara y suficiente en Derecho, que no se configura una quebrantamiento de los derechos invocados por el recurrente quien en todo momento ha hecho uso de los recursos que le confiere la ley y ha obtenido respuesta, a sus reclamos. Todo ello resulta del estudio de los antecedentes, en los que se refleja que la resolución del A quo es conforme a derecho en consecuencia la resolución venida en consulta, dictada por el Ad quem es conforme a derecho. Corresponde, por lo tanto, se dicte confirmatoria en todas y cada una de sus partes de la sentencia que dicta SOBRESEIMIENTO en las diligencias de amparo de que se han hecho mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 NO. 3 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO en todas y cada una de sus partes, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil veinte que SOBRESEE el recurso de amparo presentado por el Abogado DAVID MOLINA PINEDA, a favor del señor JOSE SANTOS MALDNADO TORRES. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. -NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0190=2020.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

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