Sentencia AC-17-20 — Registro 12685
Resumen
En consulta obligatoria la sentencia que otorgó la garantía constitucional de amparo contra la resolución con relación a la tasación de costas presentada en la demanda ordinaria para que en sentencia se declare que la demandada incurrió en culpa o negligencia, consecuentemente, se condene al pago de daños y perjuicios.(daño emergente, lucro cesante y daño moral). Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a sus representados, los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO SEIS (6): Examen en consulta obligatoria de la sentencia que otorga el amparo solicitado. Al examinar las diligencias que se relacionan con el amparo de mérito, este alto tribunal de justicia estima procedente reformar la sentencia que se conoce en consulta obligatoria, porque, aunque considera correcta la fundamentación y fallo de dicha decisión judicial, juzga procedente agregar algunos puntos que le merecen ser de suma importancia en función de la jurisprudencia constitucional. En principio, este alto tribunal observa que el motivo alegado por el actor se dirige a denunciar que el juez a quo al momento de resolver la impugnación que interpuso a la tasación de costas, no se pronunció sobre los argumentos que él como impugnante sustentaba en contra de la forma en que fueron tasadas las costas del proceso. Efectivamente, en el escrito de formalización del amparo el censor dio a conocer los argumentos que en su momento hizo valer en el escrito de impugnación de costas; pero a diferencia del voto en disenso, este alto tribunal de justicia es del parecer que el propósito del impetrante no es que la corte de apelaciones resuelva el amparo como si fuese un asunto de instancia, pidiéndole que dicho tribunal establezca si el monto base de la tasación es de cuantía determinada o indeterminada. Para la Sala entonces, el propósito del amparista es que se le tomen en cuenta sus alegaciones de instancia por parte del juzgador que resuelva la tasación de costas. En el escrito de formalización del amparo se aprecia que el censor no le pide al juez constitucional que le resuelva la tasación, tal como lo entendió el honorable magistrado que ha disentido del voto mayoritario. En virtud de lo cual se procede a examinar si el motivo del amparo es de recibo. Para ello esta Sala comienza revisando las diligencias que sirven de antecedentes. Con el examen la Sala constata que el ahora amparista en su escrito de impugnación de tasación de costas, efectivamente alegó lo que después dejó relacionado en el escrito de formalización del amparo; asimismo, este alto tribunal de justicia confirma que, tal como denuncia el impetrante de amparo, el juez a quo al momento de resolver la impugnación de costas ignoró los argumentos del ahora amparista. De hecho, se verifica por parte de este alto tribunal que el juez de primera instancia al momento de resolver la impugnación de costas mediante el auto de fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, ignora las alegaciones de ambas partes involucradas; y, sin ninguna argumentación se limita a señalar de manera somera el procedimiento seguido, tal como se puede apreciar, así: “PRIMERO: Practicada por el secretario la tasación de costas se dará vista de ella a las partes por plazo común de cinco días. Una vez evacuada la vista no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, reservando al interesado su derecho para reclamarla de quién y cómo corresponda. Artículo 224 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios de los profesionales del derecho, se oirá en el plazo de cinco días a éste, y, si no aceptara la reducción de honorarios que se le reclame, se parará testimonio de los expedientes o de la parte de ellos que resulte necesaria al Colegio de Abogados para que emita dentro del plazo de diez días. Artículo 226.1 del Código Procesal Civil.” De esta forma, es evidente que la resolución que se impugna en amparo es carente en lo absoluto de motivación, por lo que efectivamente se tienen por violentados los derechos constitucionales invocados por el amparista, salvo el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, en virtud de que no hubo alegato alguno por parte del censor que apoyara su cita; asimismo, por no existir a juicio de esta Sala evidencia que demuestre la infracción de este derecho. En virtud de lo cual, la Sala estima que se han violentado los derechos siguientes: 1. El derecho de defensa contenido en el artículo 82 constitucional, porque la falta de motivación no permite establecer las razones que tuvo el juzgador para tomar su resolución, impidiendo que el afectado refutara dicha decisión en forma argumentada. En el caso de autos, precisamente la falta de argumentos del juzgador produjo que la argumentación de la presente garantía fueran las mismas razones de instancia alegadas por el censor ante el iudex a quo; pero, sólo para establecer que dichas alegaciones no fueron tomadas en cuenta al momento de resolver la impugnación de costas. 2. El derecho de petición contenido en el artículo 90 constitucional, en su vertiente de tutela judicial efectiva en virtud de que con dicha decisión el juzgador no satisfizo el derecho que tienen las partes, en especial el perjudicado de obtener de parte de la jurisdicción, una decisión argumentada y fundada en derecho; negándole su derecho a ser oído real y efectivamente por juez natural, y que éste se pronuncie y decida sobre lo debatido.
En conclusión, la resolución del a quo es un acto de decisión judicial en la que hubo omisión de razones para explicar el resultado con base a lo debatido, por tanto, es un acto arbitrario, un ejercicio de poder y no de la razón, debiéndose en consecuencia amparar a quien se ha considerado afectado con su producción. Para la Sala de lo Constitucional, resulta especialmente importante que el censor haya mencionado en su escrito de amparo, los elementos de su argumentación que fueron omitidos por el juez de instancia para efectos de determinar en forma expresa, el alcance del amparo y de la restitución de los derechos conculcados. En virtud de lo cual, procede la reforma a la sentencia que se conoce en consulta obligatoria, adicionado algunos elementos a la motivación de la corte de apelaciones que se estima correcta y válida; asimismo, modificando el fallo, el cual se dispone de la siguiente manera.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 224 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 226, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintiuno de octubre de dos mil veinte. VISTA: En consulta obligatoria la sentencia de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por la honorable Corte de Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que otorgó la garantía constitucional de amparo presentada por el abogado Saúl Armando Reyes Saa, a favor de los señores Rafael Alonso Valle Ramírez y otros, contra la resolución dictada el dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la tasación de costas presentada en la DEMANDA ORDINARIA PARA QUE EN SENTENCIA SE DECLARE QUE LA DEMANDADA INCURRIÓ EN CULPA O NEGLIGENCIA, CONSECUENTEMENTE, SE CONDENE AL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.(DAÑO EMERGENTE, LUCRO CESANTE Y DAÑO MORAL). Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a sus representados, los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha once de marzo de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado Marco Tulio Castro Canales, en su condición de apoderado legal de los señores Vicente Hernández Silva, Rafael Alonso Valle Ramírez, Reina Elizabeth Valeriano Cerrato, Gladys Jackelin Ángeles Discua, Selvin Carranza Discua, Andrés Maximino Menocal Medina, Omar Javier Paredes Zaldívar, Ela Yolanda Rodríguez, José Antonio Medina Díaz, Ana Lizethe Campos Sierra, Sandra Liseth Azucena Ávila, Elizabeth Santos Flores, Jaime Rolando Morales Franco, Diana Leticia Cáceres Cruz, Carlos Alberto Hernández Velásquez, Viena Tatiana Baca Escober, Rey David Solórzano Herrera, José Rodolfo Valladares Romero, María Erlinda Flores, Luis Alonso Martínez, Santos Olegario Reyes Molina, Martha Leticia Ramos Ramírez, Breisy Michell Banegas Fúnez, José Francisco Aguilar Riveiro, Suyapa Elizabeth Vásquez Paz, Jorge Cástulo Cruz, Glenda Rosario Mejía Rodríguez, Juan Bautista Mejía Ordoñez, María Betulia Flores, Francisco Martínez Juárez, María de Jesús Contreras Umaña, Carlos Roberto Romero Andino, Manuel Jacobo Mejía y Esly Zulema Enamorado Escalante, interponiendo demanda ordinaria para que se declare culpa o negligencia, y consecuentemente se condene al pago de daños y perjuicios, (daño emergente, lucro cesante y daño moral), contra la sociedad mercantil denominada Bienes y Raíces Arias, S.A. de C.V., a través de su representante, el señor Enrique Eduardo Toriello Barberena, para que en sentencia se declare con lugar la demanda por la cantidad de OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (L.80,348,598.65), más una suma equivalente al 50% del daño emergente y lucro cesante en concepto de daño moral, intereses y costas. (Folios 1-28 del tomo I pieza primera del expediente del a quo). 2. En fecha quince de julio de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado Marco Tulio Castro Canales, en su condición descrita en el numeral que precede, presentando escrito de: “Ampliación de demanda. Que se declare responsabilidad civil de la alcaldía municipal del Distrito Central, y del Estado de Honduras en los despachos de recursos naturales y ambiente como nuevos demandados…” (Folios 451-455 del tomo I pieza segunda del expediente del a quo). 3. En fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado Luis Enrique Galeano Milla, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada Bienes y Raíces Arias S.A. de C.V., presentando escrito de incidente de nulidad. (Folios 474-476 del tomo I segunda pieza del expediente del a quo). 4. En fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, tuvo por precluido e irremediablemente perdido el término de diez días concedido al abogado Marco Tulio Castro Canales, para que procediera a subsanar la demanda de aplicación, para que acreditara la certificación del agotamiento de la vía administrativa, en consecuencia, inadmitió a trámite la solicitud de ampliación de demanda. (Folio 473 vuelto del tomo I segunda pieza del expediente del a quo). 5. En fecha diez de noviembre de dos mil catorce, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, declaró sin lugar el incidente de nulidad interpuesto por el abogado Luis Enrique Galeano Milla, en su condición de apoderado legal de la sociedad Bienes y Raíces Arias, S.A. de C.V.-Con Costas. (Folios 523-527 del tomo I segunda pieza del expediente del a quo). 6. La Corte de Primera Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, conociendo de la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado Alberto García Fortín, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil Bienes y Raíces Arias S.A. de C.V., contra la resolución referida en el numeral que antecede, en fecha veintisiete de enero de dos mil quince, por mayoría de votos dictó sentencia: “ÚNICO: Declarando sin lugar, el recurso de amparo, interpuesto por el abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN, a favor de BIENES Y RAÍCES ARIAS S.A. de C.V.” (Folios 532-538 vuelto del tomo I segunda pieza del expediente del a quo). 7. La Sala de lo Constitucional, conociendo de la sentencia venida en consulta, referida en el numeral que antecede, dictó sentencia por unanimidad de votos en fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, mediante la cual falló: “CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta y que fuera dictada en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil quince (2015), por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en el recurso de amparo interpuesto por el abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN, a favor de la sociedad mercantil denominada BIENES Y RAÍCES ARIAS S.A. de C.V.” (Folios 539-543 del tomo I segunda pieza del expediente del a quo). 8. En fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, resolvió: “ÚNICO: En virtud del informe rendido por la secretaría de este tribunal, téngase por precluido e irremediablemente perdido el término de treinta (30) días concedido al señor ENRIQUE EDUARDO TORIELLO BARBERENA en su condición de representante legal de la sociedad denominada BIENES Y RAICES ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE a fin de que procediera a contestar la presente demanda, en consecuencia téngase por no contestada la demanda…” (Folio 546 vuelto del tomo I segunda pieza del expediente del a quo). 9. En fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en la celebración de la audiencia preliminar, dispuso, en virtud de no comparecer el representante legal de la parte demandada a dicha audiencia se tuvo por no comparecido al mismo y en cuanto al poder referido consta que obra en el expediente. Se aclara que consta el desistimiento de la demanda por parte del señor Vicente Hernández Silva. Cedida que le fue la palabra al Apoderado Legal de la parte demandante, ratificó la demanda en todos los hechos planteados en la misma. Asimismo, se fijó el objeto del proceso para determinar si la demandada incurrió en culpa o negligencia en el desarrollo del proyecto habitacional ciudad del Ángel y así poder determinar si es procedente o no condenar a la parte demandada al pago solicitado. De igual forma la parte demandante propuso los medios de prueba (documental público-privado, peritaje oficial, medios técnicos de reproducción). (Folios 675-679 vuelto tomo II pieza tercera del expediente del a quo). 10. En fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado Alberto García Fortín, presentando solicitud para que se declarara el abandono del proceso. (Folio 832 del tomo II pieza tercera del expediente del a quo). 11. En fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, resolvió: “ÚNICO: En virtud del informe rendido por la Secretaría de este Tribunal declárese abandonado el proceso interpuesto por el Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, en su condición de Apoderado Legal de los señores VICENTE HERNÁNDEZ SILVA, RAFAEL ALONSO VALLE RAMÍREZ, REINA ELIZABETH VALERIANO CERRATO…contra BIENES RAÍCES ARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE representada por el señor ENRIQUE EDUARDO TORIELLO BARBERENA, en consecuencia, procédase al archivo de las presentes diligencias.” (Folio 833 vuelto al 834 del tomo II pieza tercera del expediente del a quo). 12. En fecha ocho de mayo de dos mi diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado Alberto García Fortín, presentando escrito de tasación de costas personales, por la cantidad de TRES MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L.3,017,197.45). (Folio 1 de la pieza separada de tasación de costas). 13. En fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, resolvió: “ÚNICO: ADMÍTASE A TRÁMITE el escrito que antecede, junto con la copia simple del mismo, los cuales se mandan a agregar a sus antecedentes; en consecuencia, que la secretaria del despacho proceda a enviar fotocopia coteja del expediente o de la parte del mismo que resulte necesaria junto con la pieza separada de la tasación de costas, al Colegio de Abogados de Honduras para que emita informe dentro del plazo de diez (10) días.” (Folio 16 vuelto de la pieza separa de tasación de costas). 14. En fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, resolvió:
“ÚNICO: En virtud del informe emitido por la secretaria adjunta Emy Yuliza Osorto Lobo en fecha once de septiembre de dos mil diecinueve TÉNGASE POR BIEN HECHA la tasación de costas realizada el veinte de mayo del año dos mil diecinueve y por firmes las mismas.” (Folio 37 de la pieza separada de tasación de costas). 15. En fecha ocho de octubre de dos mil diecinueve, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado Saúl Armando Reyes Saa, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores Rafael Alonso Valle Ramírez y otros, contra la resolución referida en el numeral que antecede. Considerando el recurrente que dicha resolución le vulnera a sus representados, los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-11 del expediente del ad quem). 16. Seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley sobre Justicia Constitucional, la Corte de Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en donde por mayoría de votos falló: “PRIMERO: Otorgar la garantía de amparo, interpuesto por el abogado Saúl Armando Reyes Saa, en su condición de apoderado legal de Rafael Alonso Valle Ramírez y otros. SEGUNDO: Anular el auto de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019, dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en pieza separada de tasación de costas del expediente 0801-2014-02322-CPCO que obra a folio treinta y siete (37), para que éste vuelva a resolver cumpliendo todas las solemnidades y el debido proceso correspondiente. (Folios 112-113 del expediente del ad quem). 17. En fecha nueve de enero de dos mil veinte, este alto tribunal recibió para su consulta obligatoria, el expediente que contiene la garantía constitucional de amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá examinar el presente asunto en consulta obligatoria por remisión de la honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los alegatos expuestos por el impetrante en la garantía constitucional de amparo bajo estudio. La formalización del amparo recae sobre la resolución de fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve dictada en primera instancia, la cual tiene por bien tasadas las costas efectuadas por la secretaría del despacho. Se estima que dicha resolución violenta los derechos contenidos en los artículos 80[1], 82[2] y 90[3] de la Constitución de la República en relación con los artículos 3[4] y 200[5] del Código Procesal Civil; asimismo el artículo 26 del Arancel del profesional del Derecho[6]. El impetrante reclama que él impugnó por excesiva la tasación de costas; refiriéndose, tanto a la minuta presentada por el reclamante, como la presentada por la secretaría del despacho. En primer lugar, refiere el censor, la normativa aplicable es la del decreto 82-96 y no la eludida por el peticionario. En segundo lugar, el solicitante de amparo rechaza el cálculo que se hizo del monto de las costas con base en un juicio con cuantía de 80 millones 348 mil 548 lempiras con 75 centavos; del cual, el solicitante de costas obtuvo primero la cantidad de 12 millones 68 mil 789 lempiras con 81 centavos, luego de esta cantidad le divide un cuarto para así obtener la cantidad de 3 millones 17 mil 197 lempiras con 45 centavos, aplicando el artículo 39 del Arancel del profesional del Derecho. Para el censor esta última cantidad le parece excesiva en virtud de que en el momento en que se presenta la tasación de costas, la cuantía de la demanda era indeterminada. Al respecto aclara que según el artículo 26 del arancel, la cuantía queda determinada en sentencia definitiva por el juez, al señalar:
“… pero deberá entenderse como cuantía determinada para fines de costas o de juicios terminados por sentencia la fijada por el órgano jurisdiccional respectivo en el fallo, …” En virtud de lo anterior, al no haber en el presente asunto sentencia definitiva, la cuantía es indeterminada; y por tanto, es imposible fijar cuantía. Es por ello, señala el censor que la norma aplicable en el presente caso es el numeral segundo del artículo 26, en virtud de lo cual la cuantía que le corresponde al reclamante en concepto de honorarios profesionales es de tres mil lempiras exactos. Resalta el censor, presentándolo como de importancia, el hecho de que el solicitante no planteó en ningún momento, incidente alguno; había solicitado caducidad, pero el juez a éste no le dio trámite incidental conforme a los artículos 416-423 del Código Procesal Civil, sino que en un auto decretó el abandono. Es decir, el juez declaró el abandono sin darle tratamiento de incidente. En virtud de lo cual, señala el censor, en el proceso de mérito no hubo vencedor ni vencido, pues no hay sentencia, y por tanto tampoco cuantía; por tanto, no se puede aplicar ninguna tarifa. De igual modo ni hubo incidente condenatorio, por lo que no puede aplicarse tarifa para incidentes. Por otra parte, en referencia a la minuta presentada por la secretaría del despacho, el censor plantea que en dicha minuta se le atribuye al juicio la cuantía de 80 millones 348 mil 548 lempiras con 75 centavos, haciendo lo mismo que el reclamante de la secretaría llega a la cantidad de 12 millones 68 mil 789 lempiras con 81 centavos, pero aplicando el artículo 27 del arancel, obtiene al final la cantidad de 3 millones 17 mil 197 lempiras con 45 centavos. Esta cuantía, expresa el censor, es excesiva, repitiendo el mismo argumento fundado en la necesidad de pronunciamiento del juez mediante sentencia definitiva. En virtud de lo cual, estima que lo que le corresponde como pago de honorarios es tres mil lempiras exactos. Agrega el censor que la secretaría comete el error de asignar un valor por contestar la demanda, pero no existió tal actuación. Pues bien, en fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve el juez a quo dictó resolución mediante la cual decidió que el informe rendido por la secretaría del despacho estaba bien hecho. Para el impetrante la decisión del juzgador se pronunció sin observar una valoración precisa y razonada de los medios de prueba, tampoco atendió las reglas de la sana crítica y del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico; y no expuso en su resolución los razonamientos que le condujeron a la apreciación y valoración de la prueba que sirvieron para fundar su convencimiento; además de señalar la norma que le obliga y que le prohíbe la arbitrariedad. El impetrante señala también que el a quo no se pronunció sobre la tesis que él aquí sustenta; y que, demuestra en su opinión el cálculo excesivo. Ni se refirió a la inexistencia reclamada de la contestación de la demanda. Luego, en relación con el informe rendido por el honorable Colegio de Abogados, denuncia que el juez lo tomó como imperativo cuando no es más que una ilustración, incumpliendo así, su función de juzgador. En función de la motivación del fallo, artículo 207 del Código Procesal Civil, el amparista reclama que, el juzgador incumplió con lo que manda el artículo 200.2.c del Código Procesal Civil, que literalmente dice: “En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.” En virtud de lo anterior, alega también que el juzgador le ha negado su derecho de impugnación, por su falta de pronunciamiento sobre los elementos que expuso en su escrito de impugnación de costas excesivas. Señala que esto le deja en indefensión, porque la resolución carece de contenido formal y una debida motivación; no logra el propósito de toda resolución que es convencer a las partes sobre lo justa y correcta que es la decisión o sea no ser arbitraria; su falta de pronunciamiento le ha dejado sin la posibilidad efectiva de haber accedido a un recurso. En ese último sentido, el censor reclama que el órgano que conoce en jurisdicción constitucional, ampare a su poderdante porque tiene derecho a que se le diga: a) Cuál es su razonamiento fáctico para determinar la cuantía de la demanda, cuando existe norma que ordena que, para efecto de costas la cuantía de la demanda es la que señala el juez en sentencia; y, en el juicio no hubo sentencia; b) una explicación clara del porqué asigna pago de costas por una contestación de la demanda, cuando este acto judicial es inexistente; c) explique porque el reclamante tasa sus costas como si hubiese existido un incidente, cuando en el juicio no hubo ninguno. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen del dictamen emitido por el Ministerio Público. La fiscal Sandra Lorena Zúniga fue de la opinión porque se otorgue el presente amparo a favor de los señores Rafael Alonso Valle Ramírez y otros. La agente de tribunales estima que, el juez de instancia omitió motivar su decisión en contravención a lo dispuesto por el artículo 3 y el numeral 1 del artículo 199, ambos del Código Procesal Civil, estimando en consecuencia que el fallo es arbitrario, y que constituye por ende una violación al derecho a una tutela judicial efectiva. Además, al no exteriorizar las razones que tuvo para dictar su fallo, el juez a quo ha incurrido en una violación a su deber de resolver de conformidad a los trámites previstos en los artículos citados, negándole a las partes el derecho que tienen a que el juicio se desarrolle conforme a dichos trámites previstos en la ley; y, el derecho a que se les dicte una resolución de fondo, justa y motivada. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. El tribunal de alzada decidió por mayoría de votos[7] otorgar el amparo de mérito y anular el auto de fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. La corte señala que el auto impugnado en amparo, carece de motivación porque se limita a la transcripción de los artículos 224 y 226.1 del Código Procesal Civil; en ese sentido agrega que, el juzgador al momento de resolver la controversia con relación a la tasación de costas debe dictar un auto motivado y exhaustivo, dejando claramente establecido los elementos que le llevaron a fijar el monto por dicho concepto. En relación con el deber de motivación, la corte señala que implica plasmar su propio razonamiento y expresar en forma detallada las consideraciones y criterios que le condujeron al convencimiento de su decisión. Luego, hace relación con el principio de congruencia que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, señalando que debe existir una conexión lógica entre, lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite; debiéndose, por tanto, dictar para cada petición aportada y controvertida por las partes, un pronunciamiento. De igual forma, la corte expone que resulta de imprescindible trascendencia, tomar en cuenta el principio de exhaustividad o sea al deber de concluir el proceso con el análisis profundo, tangible y detallado de los argumentos de cada parte, haciendo también una valoración completa de toda la prueba aportada y la incorporación de la normativa vigente que le sirve de fundamento; así, de esta forma posibilitar la recurribilidad de la resolución que haya que dictar. CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen del voto particular dictado en disidencia. Se establece que concurre la causa de inadmisibilidad que se encuentra contenida en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley sobre justicia constitucional en virtud de que las alegaciones del amparo de mérito, a juicio del que suscribe el voto, son de mera legalidad. Básicamente el criterio que sustenta el presente voto es que el alegato principal del motivo de amparo se fundamenta en que, el cálculo de las costas es excesivo y que dicho argumento es un asunto de mera legalidad, porque lo pretendido por el censor es que el tribunal que conoce en amparo dilucide si la cuantía de la demanda es determinada o indeterminada y si la resolución del juez a quo reúne los requisitos que deben cumplir las resoluciones judiciales de conformidad con la ley procesal, Expresado de otra forma, lo que se argumenta con el voto particular es que las alegaciones del amparista se reducen al planteamiento de asuntos puramente judiciales, consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de la decisión emitida, por lo que es una mera alegación sin ninguna justificación de trascendencia constitucional. En virtud de esto último, en el voto se le recuerda al amparista la carga procesal de argumentar y desarrollar las razones que le sirven de fundamento para pedir amparo. Pero si como es el caso, en que su actuación se reduce a plantear aspectos puramente judiciales sin explicar cómo se le han violentado sus derechos fundamentales, lo que procede es el sobreseimiento. En su voto, el magistrado en disenso, descarta que el motivo de amparo que alega el impetrante sea por falta de motivación suficiente; porque, si de todas maneras se amparase por dicho motivo, el impetrante nada ganaría con ello, debido a que el juez a quo al corregir su falta de motivación dejaría al condenado en costas sin posibilidad futura de acudir en reposición y apelación por ser dicho auto de naturaleza irrecurrible, quedándole únicamente la garantía de amparo pero sin posibilidad de alegar nuevamente la violación al debido proceso en virtud de que es un motivo que ya fue alegado en esta oportunidad y reconocido por voto mayoritario. Debido a eso, concluye el magistrado en disenso, que ya sólo le quedaría al censor por interponer amparo por violación del derecho de defensa, en cuyo caso al igual que ahora, se repetiría el alegato de cálculo excesivo de las costas, el cual es un alegato de mera legalidad. CONSIDERANDO SEIS (6): Examen en consulta obligatoria de la sentencia que otorga el amparo solicitado. Al examinar las diligencias que se relacionan con el amparo de mérito, este alto tribunal de justicia estima procedente reformar la sentencia que se conoce en consulta obligatoria, porque, aunque considera correcta la fundamentación y fallo de dicha decisión judicial, juzga procedente agregar algunos puntos que le merecen ser de suma importancia en función de la jurisprudencia constitucional. En principio, este alto tribunal observa que el motivo alegado por el actor se dirige a denunciar que el juez a quo al momento de resolver la impugnación que interpuso a la tasación de costas, no se pronunció sobre los argumentos que él como impugnante sustentaba en contra de la forma en que fueron tasadas las costas del proceso. Efectivamente, en el escrito de formalización del amparo el censor dio a conocer los argumentos que en su momento hizo valer en el escrito de impugnación de costas; pero a diferencia del voto en disenso, este alto tribunal de justicia es del parecer que el propósito del impetrante no es que la corte de apelaciones resuelva el amparo como si fuese un asunto de instancia, pidiéndole que dicho tribunal establezca si el monto base de la tasación es de cuantía determinada o indeterminada. Para la Sala entonces, el propósito del amparista es que se le tomen en cuenta sus alegaciones de instancia por parte del juzgador que resuelva la tasación de costas. En el escrito de formalización del amparo se aprecia que el censor no le pide al juez constitucional que le resuelva la tasación, tal como lo entendió el honorable magistrado que ha disentido del voto mayoritario. En virtud de lo cual se procede a examinar si el motivo del amparo es de recibo. Para ello esta Sala comienza revisando las diligencias que sirven de antecedentes. Con el examen la Sala constata que el ahora amparista en su escrito de impugnación de tasación de costas, efectivamente alegó lo que después dejó relacionado en el escrito de formalización del amparo; asimismo, este alto tribunal de justicia confirma que, tal como denuncia el impetrante de amparo, el juez a quo al momento de resolver la impugnación de costas ignoró los argumentos del ahora amparista. De hecho, se verifica por parte de este alto tribunal que el juez de primera instancia al momento de resolver la impugnación de costas mediante el auto de fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, ignora las alegaciones de ambas partes involucradas; y, sin ninguna argumentación se limita a señalar de manera somera el procedimiento seguido, tal como se puede apreciar, así: “PRIMERO: Practicada por el secretario la tasación de costas se dará vista de ella a las partes por plazo común de cinco días. Una vez evacuada la vista no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, reservando al interesado su derecho para reclamarla de quién y cómo corresponda. Artículo 224 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios de los profesionales del derecho, se oirá en el plazo de cinco días a éste, y, si no aceptara la reducción de honorarios que se le reclame, se parará testimonio de los expedientes o de la parte de ellos que resulte necesaria al Colegio de Abogados para que emita dentro del plazo de diez días. Artículo 226.1 del Código Procesal Civil.” De esta forma, es evidente que la resolución que se impugna en amparo es carente en lo absoluto de motivación, por lo que efectivamente se tienen por violentados los derechos constitucionales invocados por el amparista, salvo el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, en virtud de que no hubo alegato alguno por parte del censor que apoyara su cita; asimismo, por no existir a juicio de esta Sala evidencia que demuestre la infracción de este derecho. En virtud de lo cual, la Sala estima que se han violentado los derechos siguientes: 1. El derecho de defensa contenido en el artículo 82 constitucional, porque la falta de motivación no permite establecer las razones que tuvo el juzgador para tomar su resolución, impidiendo que el afectado refutara dicha decisión en forma argumentada. En el caso de autos, precisamente la falta de argumentos del juzgador produjo que la argumentación de la presente garantía fueran las mismas razones de instancia alegadas por el censor ante el iudex a quo; pero, sólo para establecer que dichas alegaciones no fueron tomadas en cuenta al momento de resolver la impugnación de costas. 2. El derecho de petición contenido en el artículo 90 constitucional, en su vertiente de tutela judicial efectiva en virtud de que con dicha decisión el juzgador no satisfizo el derecho que tienen las partes, en especial el perjudicado de obtener de parte de la jurisdicción, una decisión argumentada y fundada en derecho; negándole su derecho a ser oído real y efectivamente por juez natural, y que éste se pronuncie y decida sobre lo debatido.
En conclusión, la resolución del a quo es un acto de decisión judicial en la que hubo omisión de razones para explicar el resultado con base a lo debatido, por tanto, es un acto arbitrario, un ejercicio de poder y no de la razón, debiéndose en consecuencia amparar a quien se ha considerado afectado con su producción. Para la Sala de lo Constitucional, resulta especialmente importante que el censor haya mencionado en su escrito de amparo, los elementos de su argumentación que fueron omitidos por el juez de instancia para efectos de determinar en forma expresa, el alcance del amparo y de la restitución de los derechos conculcados. En virtud de lo cual, procede la reforma a la sentencia que se conoce en consulta obligatoria, adicionado algunos elementos a la motivación de la corte de apelaciones que se estima correcta y válida; asimismo, modificando el fallo, el cual se dispone de la siguiente manera. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303 reformado, 304 reformado, 313 No. 5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 54, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: REFORMANDO la sentencia venida en consulta obligatoria, proferida en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, por la honorable CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual se otorgó la presente acción de amparo. En consecuencia, este alto tribunal de justicia ordena: 1. Otorgar la garantía constitucional de amparo presentada por el abogado Saúl Armando Reyes Saa a favor de los señores Rafael Alonso Valle Ramírez y otros, contra la resolución del dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. 2. Para la restitución de los derechos constitucionales de defensa y debido proceso en su vertiente de tutela judicial efectiva, que se retrotraigan las actuaciones para que el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, proceda a dictar el auto que resuelva la impugnación de la tasación de costas, pero esta vez observando una motivación congruente y exhaustiva, debiendo referirse a todos los puntos debatidos por las partes, especialmente lo referido a lo solicitado por el amparista en cuanto a los siguientes extremos: a) Las alegaciones en relación con el artículo 26 del decreto legislativo 82-96 que contiene el Arancel del profesional del Derecho; b) base para asignar pago de costas por contestación de la demanda cuya existencia es discutida; c) Pronunciarse sobre el cuestionamiento que se hace a la razón que tuvo el reclamante para tasar sus costas como si hubiese existido un incidente. d) cualquier otro elemento que haya sido debatido por las partes. 3. Se advierte que este fallo no contiene disposición que ordene o sugiera al juez a quo, cómo debe resolver el fondo del asunto sometido a su conocimiento. 4. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-0017-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Vid. “Artículo 80. Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”
[2] Vid. “Artículo 82. El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”
[3] Vid. “Artículo 3. DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.”
[4] Vid. “Artículo 90. Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.”
[5] Vid. “Artículo 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a) En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los profesionales del derecho que las hayan defendido y representado y el objeto del proceso. b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación. 3. En los procesos civiles las sentencias podrán dictarse excepcionalmente en forma oral al finalizar la audiencia probatoria del proceso ordinario o la audiencia del proceso abreviado, debiendo motivarse por escrito en el plazo de cinco días.”
[6] Vid. “ARTÍCULO 26. TARIFA CORRIENTE EN PROCESOS ORDINARIOS: En procesos ordinarios civiles y mercantiles, se fijarán los siguientes honorarios: TARIFA CORRIENTE: 1. Si se tratare de asuntos de cuantía determinada, se calcularán los honorarios sobre el importe total de la demanda, sin perjuicio del importe final de la condenatoria o de producirse una absolución; pero deberá entenderse como cuantía determinada para fines de costas o de juicios terminados por sentencia la fijada por el órgano jurisdiccional respectivo en el fallo, conforme a la tarifa siguiente:…”
[7] Coinciden en su voto los honorables magistrados Zoe Celeste María Vásquez Ordóñez y Carlos Alberto Izaguirre Bustillo, y disiente el honorable magistrado Danery Antonio Medal Raudales, quien emitió de manera escrita y aparte su voto particular.