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Sentencia AC-164-19 — Registro 11481

Resumen

Sentencia en consulta denegó recurso de amparo en relación a tasación de costas personales y procesales en demanda de pago de deuda por ejecución directa y exclusiva contra bien hipotecado promovida contra recurrente; el Tribunal de Alzada fundamentó su resolución en virtud de no haberse presentado en su momento documentos como prueba de pagos hechos por recurrente para que fueran tomados en cuenta por el juzgado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala teniendo como quehacer fundamental el velar por el reconocimiento, respeto, garantía y ejercicio de los derechos individuales, tal como lo manda la Constitución de la República y los Derechos Humanos contenidos en las normas internacionales sobre Derechos Humanos, procede a un análisis del procedimiento seguido en el proceso de ejecución de una sentencia y los principios sobre los que descansa la Constitución de la República, el Código Procesal Civil y las normas de Derechos Humanos, decidiendo si debe prevalecer en el caso concreto, la justicia o la norma aplicada. El Juez Constitucional con base en los principios de ponderación y proporcionalidad, deberá proteger y asegurar el ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos al ciudadano de tal manera que estos prevalezcan, sin embargo no es menos cierto que cuando un Juez no cumple a cabalidad las exigencias de la ley, contrae la vulneración de los derechos del ciudadano, porque la inobservancia de la ley de acuerdo a la resolución del Ad quo causa perjuicios no solo a la persona del recurrente sino que va más allá trastocando la administración de justicia por disposición suya no de la ley, el permitirlo sería como dar licencia para que los órganos jurisdiccionales apliquen procedimientos inadecuados y arbitrarios, así como, que por ineficiente representación procesal de un ciudadano se comprometa gravemente tanto sus derechos como su propiedad, contrario a los principios constitucionales que invocan la justicia en el proceso civil, entre ellos el debido proceso, derecho de defensa, acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva..."..."En consecuencia, el Órgano Jurisdiccional velará por el cumplimiento de este Artículo removiendo impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos.."..."Sin perjuicio de lo ya dicho respecto de la tutela judicial efectiva, derecho de acceso a la justicia, principio “pro actione” y prohibición de indefensión, es preciso que el proceso civil se desarrolle por los trámites previstos legalmente, que se respeten todas las garantías constitucionales y ordinarias que les asisten, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, y debe insistirse una vez más en la necesaria mentalización del juez y en la obtención de una formación adecuada que le permita desarrollar las habilidades suficientes para, con pleno respecto del principio de legalidad y, especialmente de la Constitución y de los Tratados Internacionales, sea capaz de cumplir con este mandato, ponderando los distintos intereses en juego y haciendo el oportuno juicio de razonabilidad, para con ello lograr que se dicte una resolución de fondo justa y motivada por órgano jurisdiccional independiente e imparcial[1]..."…"la justicia dejaría de serlo cuando no se observa el procedimiento establecido en cada caso concreto, tal como sucede en el caso sub judice, no tendría sentido hablar de justicia cuando se han vulnerado gravemente los derechos del recurrente, cuando el A quo le impide el acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, el derecho de Defensa, debido proceso, por todo ello esta Sala no encuentra como se podrá hacer justicia si se desconoce el derecho, y siendo que en el caso concreto el derecho confronta la Justicia es quehacer de esta Sala de lo Constitucional, hacer que la justicia prevalezca, por lo que debe otorgarse el amparo a fin de que las actuaciones en la ejecución de la sentencia se ajusten a lo establecido el Código Procesal Civil..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de febrero de dos mil veinte.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, que denegó el recurso presentado por el Abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO, a favor del señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ MATAMOROS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en relación a la tasación de costas personales y procesales, presentada por el Abogado RONALD JAVIER AGUILERA AVERRUZ, en la Demanda de Pago de Deuda por Ejecución Directa y Exclusiva contra un Bien Hipotecado promovida por la señora MARIA DEYCI BONILLA BORJAS contra el señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ MATAMOROS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 64, 80, 82, 92, 96 Y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha veintiséis de febrero de dos mil catorce, el Abogado HUGO ERNESTO MALDONADO PAVON, actuando en su condición de apoderado legal de la señora MARIA DEYCI BONILLA BORJAS, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo Demanda de Ejecución Directa y Exclusiva contra Bien Inmueble Hipotecado contra el señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ, para que previo los trámites legales correspondientes fuera obligado a pagar la cantidad de SETECIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.700,000.00) más los intereses pautados del 4% mensual, así como los que se dejan de percibir y las costas del juicio.- 2)Que en fecha nueve de abril de dos mil catorce, el Abogado LENIN ERNESTO MARTINEZ CASTAÑEDA, actuando en su condición de apoderado legal del señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, presentando oposición a la demanda de que se hace referencia en el numeral anterior, la cual fue Inadmitida por el citado juzgado en fecha diez de abril del año dos mil catorce, por no constar en el expediente que se hubiese realizado el requerimiento de pago. Posteriormente, el Abogado LENIN ERNESTO MARTINEZ, presentó la subsanación de la oposición a la ejecución de la demanda, por lo que el juzgado en fecha trece de junio del año dos mil catorce, resolvió: Inadmitir a trámite la oposición a la ejecución presentada, en virtud de no mencionar los motivos de la oposición. (Folios 39, 43, 50-53 667 la primera pieza de antecedentes).- 3)Que en fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, ordenó librar mandamiento al Instituto de la Propiedad del departamento de Francisco Morazán, a fin de que inscribiera el requerimiento de pago al señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ. (Folio 59 de la primera pieza de antecedentes).- 4)Que en fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, el Abogado RONAL JAVIER AGUILERA AVERRUZ, actuando en su condición de representante procesal de la señora MARIA DEYCI BONILLA BORJAS, compareció ante el Juzgado de Letras civil del Departamento de Francisco Morazán, presentando Tasación de Costas Personales y Procesales, la cual asciende a un total de UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (L.1,681,145.65).(Folio 80 de la primera pieza de antecedentes).- 5) Que en fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, el Abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO, en su condición de apoderado legal del señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ MATAMOROS, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, presentando impugnación a la tasación de costas y oposición a la ejecución hipotecaria. (Folios al 94 al 98 de la primera pieza de antecedentes).- 6)Que seguido el trámite correspondiente, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete en la cual resolvió: “…SEGUNDO: Téngase por bien hecha la tasación de costas de cuantía determinada ordenada por la COMISION DEL ARANCEL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, la que se detalla de la siguiente manera: COSTAS PERSONALES: L130,062.00, CAPITAL: L 700,00.00, INTERESES: L 840,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE L 1,680,062.00.” (Folios 141 de la primera pieza de antecedentes).- 7)Que en fecha dieciséis de octubre del año dos mil diecisiete, el Abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo recurso de amparo a favor del señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ MATAMOROS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete; manifestando el recurrente que se le han violentado garantías constitucionales.- 8) Que, seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual denegó la acción de amparo interpuesta por el Abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO. (Folios 108 al 113 de la segunda pieza de antecedentes)- 9) Que en fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto Abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO, a favor del señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ MATAMOROS, en base al en artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional- CONSIDERANDO: (1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO: (2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en consulta la sentencia de fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que deniega el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO, a favor del señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ MATAMOROS, contra resoluciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL de la misma Sección Judicial, en relación a la Demanda de Pago de Deuda por Ejecución Directa y Exclusiva contra un Bien Hipotecado promovida por la señora MARIA DEYCI BONILLA BORJAS contra el señor RODRIGUEZ MATAMOROS.- CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente expone en el escrito de acción de Amparo que impugna la resolución que resuelve: “Que se condene al pago de las Costas por cuantía determinada, ordenada por la Comisión de Arancel del Colegio de Abogados de Honduras la que detalló: Costas Personales L. 124.500.00; Costas Procesales 130.062.00; Capital L.700.000.00; Intereses L. 840.000.00; haciendo un total de L.1,680,062.00 (Un millón seiscientos ochenta mil sesenta y dos)”.Manifiesta que contra dicha resolución presentó recurso de reposición. En fecha 16 de marzo del año 2017 el Juzgado de Letras resolvió enviar pieza separada al Colegio de Abogados, para que la Comisión de Arancel del Honorable Colegio de Abogados, emitiera Dictamen Certificado en relación a la cuantía de las costas. Con dicha información la Comisión de Arancel del Colegio de Abogados emitió su informe; determinando dos opiniones profesionales de acuerdo a la experticia de la comisión, considerando una cuantía determinada, en base a los argumentos presentados por la parte ejecutante y una Cuantía indeterminada de acuerdo a lo sostenido por el abogado de la parte defensora, indeterminada porque no contó o no recibió en la pieza separada, la información pertinente de más de cuarenta y nueve recibos, que el ejecutado pagó y no se consideró como prueba documental, documentación depositada en la Sección de Custodia del Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa. Señala que dichos recibos suman la cantidad de más de un millón de Lempiras y resolvió dar lugar a la obligación de pago de las Costas basada en la cuantía determinada, conforme la certificación enviada por la Comisión del Arancel del Colegio de Abogados de Honduras, (cantidades expresadas en el primer párrafo de éste considerando). En la formalización del recurso el recurrente reiterando el contenido de la acción presentada, manifiesta que las cantidades remitidas al Colegio de Abogado de Honduras debió ser contentiva de los recibos en mención; señalando que la Certificación de dicho informe por la Comisión del Arancel contenida en el Expediente, expresa que no se pudo determinar la cuantía que reclamaba el abogado de la defensa por no tener los recibos correspondientes, es decir que la Comisión no contaba con ellos, limitándose por tanto a determinar únicamente un informe conforme a la documentación recibida, dejando a su representado en franca violación del derecho de defensa. Expone que las formalidades del proceso se han quebrantado y la garantía de los derechos individuales a que tiene derecho su representado. Señalo la vulneración del derecho al Debido Proceso y el Derecho de Defensa, contenidos en los artículos 82 y 90 Constitucional.- CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente además interpuso nulidad de actuaciones invocando los siguientes artículos del Código Procesal Civil: 20 que expresa lo relativo a la subsanación de los defectos que contengan los actos procesales; 426 numerales 2 y 3 del mismo cuerpo legal relativo a la inadmisibilidad y corrección respectivamente para la contestación de la demanda y el 433 que establece los requisitos de la contestación de la demanda, exponiendo que se redactará en la forma y con los requisitos previstos en la demanda; Dice el recurrente que al momento de contestar la demanda se mandó a subsanar por no contar en antecedentes haber sido notificado de requerimiento de pago el demandado, y posteriormente habiendo presentado la subsanación exigida por este juzgado se volvió a inadmitir por el hecho de no haber presentado en la subsanación los motivos de oposición de la ejecución hipotecaria como se describen y son contentivos en el artículo No. 899 del Código Procesal Civil, éste juzgado en la presentación inicial de la contestación de la demanda tenía la obligación de expresarle la totalidad de los defectos u omisiones de la contestación de la demanda y no únicamente la subsanación por no haber sido notificado del requerimiento, había que solicitarle de igual manera la subsanación por no presentar el motivo de oposición a la ejecución de la hipoteca, cumpliendo con el requisito de economía procesal como lo describe el artículo 8 del mismo Código Procesal Civil, señala que el numeral 3 del artículo 426 del referido código dice: El comunicará al demandante por una sola vez los defectos u omisiones de la demanda, señalando el recurrente que se refiere al plural de defectos u omisiones, por lo que el juzgado pasó inadvertido el segundo defecto de hacer mención del motivo de oposición de la Ejecución Hipotecaria, señalando que al ser Inadmitida por segunda vez la presentación de la contestación de la demanda, quedaron en estado de indefensión, sin principio dispositivo y sin dar lugar al debate violentando los artículos 3, 4, 5, 8 y 10 de mismo código Procesal Civil referidos sobre los principios del debido proceso, contradicción igual de partes y legalidad procesal y el principio dispositivo para poder establecer el debate y dar lugar a la continuidad del proceso, amparándose además en el artículo 212 No. 4 relativo a la nulidad de los actos procesales.- CONSIDERANDO: (6) Que el Ad quem en su resolución expone en lo conducente del párrafo quinto, que lo señalado por el impetrante no es conducente con el momento procesal actual, sino que los documentos a que se refiere debieron ser presentados como prueba en la oposición a la ejecución y/o en la impugnación de las costas, como prueba de pagos hechas por su representado para que fueran tomadas en cuenta por el Juzgado que conoció la demanda, constando en autos que no lo hizo en su momento. Concluyendo en que no considera que se hayan vulnerado los derechos del recurrente en consecuencia Denegó la acción de amparo intentada.- CONSIDERANDO: (7) Que el Código Procesal Civil tiene como base y fundamento los principios de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva en el ejercicio de los derechos de las partes, en ese orden de ideas no se podrá producir indefensión para las partes en el proceso. Así mismo los Principios Procesales Comunes, sirven a las partes, que haya igualdad de armas en el proceso; de tal manera que cuando el Juez dicte una resolución sea en cumplimiento de estos principios, sujetándose a las disposiciones del Código Procesal Civil, es así que cuando dicta resolución lo hace en base a lo pedido por el demandante y lo opuesto por el demandado teniendo en cuenta las pruebas ofrecidas por las partes, considerando que la aportación de pruebas son las fijan los hechos controvertidos y deben ser aportados por ambas partes. Es por ello que el legislador ha previsto el saneamiento de la demanda en su artículo 426 de la Inadmisión de la Demanda numeral 2 que dice: “El Juez declarará inadmisible la demanda cuando carezca de los requisitos legales, no se acompañen a ella los documentos o medios probatorios (las negritas son nuestras)que la ley expresamente exija para su admisión, por lo que partiendo del principio de igualdad de partes los mismos requisitos deberá llenar la contestación de la demanda, de igual manera le será aplicable el artículo 426 No. 2 del C.P.C: el legislador ha previsto tales situaciones por lo que el juzgador conocedor de la demanda deberá comunicar por una sola vez los defectos u omisiones de la demanda (o su contestación, puesto que deben llenar los mismos requisitos, principio de igualdad de partes), y si estos defectos u omisiones son subsanables de proceder a corregirlos, en el caso que nos ocupa el Juzgado no se pronunció sobre todos los aspectos a subsanar o corregir, siendo uno de ellos determinante para el fondo del asunto, so pena de que el recurrente quede en indefensión.- CONSIDERANDO: (8) que esta Sala teniendo como quehacer fundamental el velar por el reconocimiento, respeto, garantía y ejercicio de los derechos individuales, tal como lo manda la Constitución de la República y los Derechos Humanos contenidos en las normas internacionales sobre Derechos Humanos, procede a un análisis del procedimiento seguido en el proceso de ejecución de una sentencia y los principios sobre los que descansa la Constitución de la República, el Código Procesal Civil y las normas de Derechos Humanos, decidiendo si debe prevalecer en el caso concreto, la justicia o la norma aplicada. El Juez Constitucional con base en los principios de ponderación y proporcionalidad, deberá proteger y asegurar el ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos al ciudadano de tal manera que estos prevalezcan, sin embargo no es menos cierto que cuando un Juez no cumple a cabalidad las exigencias de la ley, contrae la vulneración de los derechos del ciudadano, porque la inobservancia de la ley de acuerdo a la resolución del Ad quo causa perjuicios no solo a la persona del recurrente sino que va más allá trastocando la administración de justicia por disposición suya no de la ley, el permitirlo sería como dar licencia para que los órganos jurisdiccionales apliquen procedimientos inadecuados y arbitrarios, así como, que por ineficiente representación procesal de un ciudadano se comprometa gravemente tanto sus derechos como su propiedad, contrario a los principios constitucionales que invocan la justicia en el proceso civil, entre ellos el debido proceso, derecho de defensa, acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. La Constitución de la República en el artículo 82 establece que: “El Derecho de Defensa es inviolable y que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma en que señalan las leyes”. En cumplimiento a esta norma constitucional el “artículo 1 del Código Procesal Civil, del Derecho de Acceso a los Juzgados y Tribunales dispone: 1. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. 2.En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso a quienes se les garantiza, en los términos previstos por este Código, la asistencia del profesional del derecho que le defienda y represente, de su libre elección o designado por el Estado. 3. Se prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualesquiera persona a la justicia”. En consecuencia, el Órgano Jurisdiccional velará por el cumplimiento de este Artículo removiendo impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos. “el derecho corresponde a toda persona para peticionar ante los Tribunales Civiles la tutela efectiva en el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses legítimos”. El párrafo final de este artículo expresamente ordena al órgano jurisdiccional velar por su cumplimiento removiendo los impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos. Sin perjuicio de lo ya dicho respecto de la tutela judicial efectiva, derecho de acceso a la justicia, principio “pro actione” y prohibición de indefensión, es preciso que el proceso civil se desarrolle por los trámites previstos legalmente, que se respeten todas las garantías constitucionales y ordinarias que les asisten, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, y debe insistirse una vez más en la necesaria mentalización del juez y en la obtención de una formación adecuada que le permita desarrollar las habilidades suficientes para, con pleno respecto del principio de legalidad y, especialmente de la Constitución y de los Tratados Internacionales, sea capaz de cumplir con este mandato, ponderando los distintos intereses en juego y haciendo el oportuno juicio de razonabilidad, para con ello lograr que se dicte una resolución de fondo justa y motivada por órgano jurisdiccional independiente e imparcial[1].- CONSIDERANDO: (9) Que la justicia dejaría de serlo cuando no se observa el procedimiento establecido en cada caso concreto, tal como sucede en el caso sub judice, no tendría sentido hablar de justicia cuando se han vulnerado gravemente los derechos del recurrente, cuando el A quo le impide el acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, el derecho de Defensa, debido proceso, por todo ello esta Sala no encuentra como se podrá hacer justicia si se desconoce el derecho, y siendo que en el caso concreto el derecho confronta la Justicia es quehacer de esta Sala de lo Constitucional, hacer que la justicia prevalezca, por lo que debe otorgarse el amparo a fin de que las actuaciones en la ejecución de la sentencia se ajusten a lo establecido el Código Procesal Civil.- CONSIDERANDO: (10) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41,63 68 párrafo 2do,69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1.- REVOCA la Sentencia dictada en fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. 2.- OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO a favor del señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ MATAMOROS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0164-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de febrero de dos mil veinte.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, que denegó el recurso presentado por el Abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO, a favor del señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ MATAMOROS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en relación a la tasación de costas personales y procesales, presentada por el Abogado RONALD JAVIER AGUILERA AVERRUZ, en la Demanda de Pago de Deuda por Ejecución Directa y Exclusiva contra un Bien Hipotecado promovida por la señora MARIA DEYCI BONILLA BORJAS contra el señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ MATAMOROS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 64, 80, 82, 92, 96 Y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha veintiséis de febrero de dos mil catorce, el Abogado HUGO ERNESTO MALDONADO PAVON, actuando en su condición de apoderado legal de la señora MARIA DEYCI BONILLA BORJAS, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo Demanda de Ejecución Directa y Exclusiva contra Bien Inmueble Hipotecado contra el señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ, para que previo los trámites legales correspondientes fuera obligado a pagar la cantidad de SETECIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.700,000.00) más los intereses pautados del 4% mensual, así como los que se dejan de percibir y las costas del juicio.- 2)Que en fecha nueve de abril de dos mil catorce, el Abogado LENIN ERNESTO MARTINEZ CASTAÑEDA, actuando en su condición de apoderado legal del señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, presentando oposición a la demanda de que se hace referencia en el numeral anterior, la cual fue Inadmitida por el citado juzgado en fecha diez de abril del año dos mil catorce, por no constar en el expediente que se hubiese realizado el requerimiento de pago. Posteriormente, el Abogado LENIN ERNESTO MARTINEZ, presentó la subsanación de la oposición a la ejecución de la demanda, por lo que el juzgado en fecha trece de junio del año dos mil catorce, resolvió: Inadmitir a trámite la oposición a la ejecución presentada, en virtud de no mencionar los motivos de la oposición. (Folios 39, 43, 50-53 667 la primera pieza de antecedentes).- 3)Que en fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, ordenó librar mandamiento al Instituto de la Propiedad del departamento de Francisco Morazán, a fin de que inscribiera el requerimiento de pago al señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ. (Folio 59 de la primera pieza de antecedentes).- 4)Que en fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, el Abogado RONAL JAVIER AGUILERA AVERRUZ, actuando en su condición de representante procesal de la señora MARIA DEYCI BONILLA BORJAS, compareció ante el Juzgado de Letras civil del Departamento de Francisco Morazán, presentando Tasación de Costas Personales y Procesales, la cual asciende a un total de UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (L.1,681,145.65).(Folio 80 de la primera pieza de antecedentes).- 5) Que en fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, el Abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO, en su condición de apoderado legal del señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ MATAMOROS, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, presentando impugnación a la tasación de costas y oposición a la ejecución hipotecaria. (Folios al 94 al 98 de la primera pieza de antecedentes).- 6)Que seguido el trámite correspondiente, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete en la cual resolvió: “…SEGUNDO: Téngase por bien hecha la tasación de costas de cuantía determinada ordenada por la COMISION DEL ARANCEL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, la que se detalla de la siguiente manera: COSTAS PERSONALES: L130,062.00, CAPITAL: L 700,00.00, INTERESES: L 840,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE L 1,680,062.00.” (Folios 141 de la primera pieza de antecedentes).- 7)Que en fecha dieciséis de octubre del año dos mil diecisiete, el Abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo recurso de amparo a favor del señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ MATAMOROS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete; manifestando el recurrente que se le han violentado garantías constitucionales.- 8) Que, seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual denegó la acción de amparo interpuesta por el Abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO. (Folios 108 al 113 de la segunda pieza de antecedentes)- 9) Que en fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto Abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO, a favor del señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ MATAMOROS, en base al en artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional- CONSIDERANDO: (1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO: (2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en consulta la sentencia de fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que deniega el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO, a favor del señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ MATAMOROS, contra resoluciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL de la misma Sección Judicial, en relación a la Demanda de Pago de Deuda por Ejecución Directa y Exclusiva contra un Bien Hipotecado promovida por la señora MARIA DEYCI BONILLA BORJAS contra el señor RODRIGUEZ MATAMOROS.- CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente expone en el escrito de acción de Amparo que impugna la resolución que resuelve: “Que se condene al pago de las Costas por cuantía determinada, ordenada por la Comisión de Arancel del Colegio de Abogados de Honduras la que detalló: Costas Personales L. 124.500.00; Costas Procesales 130.062.00; Capital L.700.000.00; Intereses L. 840.000.00; haciendo un total de L.1,680,062.00 (Un millón seiscientos ochenta mil sesenta y dos)”.Manifiesta que contra dicha resolución presentó recurso de reposición. En fecha 16 de marzo del año 2017 el Juzgado de Letras resolvió enviar pieza separada al Colegio de Abogados, para que la Comisión de Arancel del Honorable Colegio de Abogados, emitiera Dictamen Certificado en relación a la cuantía de las costas. Con dicha información la Comisión de Arancel del Colegio de Abogados emitió su informe; determinando dos opiniones profesionales de acuerdo a la experticia de la comisión, considerando una cuantía determinada, en base a los argumentos presentados por la parte ejecutante y una Cuantía indeterminada de acuerdo a lo sostenido por el abogado de la parte defensora, indeterminada porque no contó o no recibió en la pieza separada, la información pertinente de más de cuarenta y nueve recibos, que el ejecutado pagó y no se consideró como prueba documental, documentación depositada en la Sección de Custodia del Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa. Señala que dichos recibos suman la cantidad de más de un millón de Lempiras y resolvió dar lugar a la obligación de pago de las Costas basada en la cuantía determinada, conforme la certificación enviada por la Comisión del Arancel del Colegio de Abogados de Honduras, (cantidades expresadas en el primer párrafo de éste considerando). En la formalización del recurso el recurrente reiterando el contenido de la acción presentada, manifiesta que las cantidades remitidas al Colegio de Abogado de Honduras debió ser contentiva de los recibos en mención; señalando que la Certificación de dicho informe por la Comisión del Arancel contenida en el Expediente, expresa que no se pudo determinar la cuantía que reclamaba el abogado de la defensa por no tener los recibos correspondientes, es decir que la Comisión no contaba con ellos, limitándose por tanto a determinar únicamente un informe conforme a la documentación recibida, dejando a su representado en franca violación del derecho de defensa. Expone que las formalidades del proceso se han quebrantado y la garantía de los derechos individuales a que tiene derecho su representado. Señalo la vulneración del derecho al Debido Proceso y el Derecho de Defensa, contenidos en los artículos 82 y 90 Constitucional.- CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente además interpuso nulidad de actuaciones invocando los siguientes artículos del Código Procesal Civil: 20 que expresa lo relativo a la subsanación de los defectos que contengan los actos procesales; 426 numerales 2 y 3 del mismo cuerpo legal relativo a la inadmisibilidad y corrección respectivamente para la contestación de la demanda y el 433 que establece los requisitos de la contestación de la demanda, exponiendo que se redactará en la forma y con los requisitos previstos en la demanda; Dice el recurrente que al momento de contestar la demanda se mandó a subsanar por no contar en antecedentes haber sido notificado de requerimiento de pago el demandado, y posteriormente habiendo presentado la subsanación exigida por este juzgado se volvió a inadmitir por el hecho de no haber presentado en la subsanación los motivos de oposición de la ejecución hipotecaria como se describen y son contentivos en el artículo No. 899 del Código Procesal Civil, éste juzgado en la presentación inicial de la contestación de la demanda tenía la obligación de expresarle la totalidad de los defectos u omisiones de la contestación de la demanda y no únicamente la subsanación por no haber sido notificado del requerimiento, había que solicitarle de igual manera la subsanación por no presentar el motivo de oposición a la ejecución de la hipoteca, cumpliendo con el requisito de economía procesal como lo describe el artículo 8 del mismo Código Procesal Civil, señala que el numeral 3 del artículo 426 del referido código dice: El comunicará al demandante por una sola vez los defectos u omisiones de la demanda, señalando el recurrente que se refiere al plural de defectos u omisiones, por lo que el juzgado pasó inadvertido el segundo defecto de hacer mención del motivo de oposición de la Ejecución Hipotecaria, señalando que al ser Inadmitida por segunda vez la presentación de la contestación de la demanda, quedaron en estado de indefensión, sin principio dispositivo y sin dar lugar al debate violentando los artículos 3, 4, 5, 8 y 10 de mismo código Procesal Civil referidos sobre los principios del debido proceso, contradicción igual de partes y legalidad procesal y el principio dispositivo para poder establecer el debate y dar lugar a la continuidad del proceso, amparándose además en el artículo 212 No. 4 relativo a la nulidad de los actos procesales.- CONSIDERANDO: (6) Que el Ad quem en su resolución expone en lo conducente del párrafo quinto, que lo señalado por el impetrante no es conducente con el momento procesal actual, sino que los documentos a que se refiere debieron ser presentados como prueba en la oposición a la ejecución y/o en la impugnación de las costas, como prueba de pagos hechas por su representado para que fueran tomadas en cuenta por el Juzgado que conoció la demanda, constando en autos que no lo hizo en su momento. Concluyendo en que no considera que se hayan vulnerado los derechos del recurrente en consecuencia Denegó la acción de amparo intentada.- CONSIDERANDO: (7) Que el Código Procesal Civil tiene como base y fundamento los principios de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva en el ejercicio de los derechos de las partes, en ese orden de ideas no se podrá producir indefensión para las partes en el proceso. Así mismo los Principios Procesales Comunes, sirven a las partes, que haya igualdad de armas en el proceso; de tal manera que cuando el Juez dicte una resolución sea en cumplimiento de estos principios, sujetándose a las disposiciones del Código Procesal Civil, es así que cuando dicta resolución lo hace en base a lo pedido por el demandante y lo opuesto por el demandado teniendo en cuenta las pruebas ofrecidas por las partes, considerando que la aportación de pruebas son las fijan los hechos controvertidos y deben ser aportados por ambas partes. Es por ello que el legislador ha previsto el saneamiento de la demanda en su artículo 426 de la Inadmisión de la Demanda numeral 2 que dice: “El Juez declarará inadmisible la demanda cuando carezca de los requisitos legales, no se acompañen a ella los documentos o medios probatorios (las negritas son nuestras)que la ley expresamente exija para su admisión, por lo que partiendo del principio de igualdad de partes los mismos requisitos deberá llenar la contestación de la demanda, de igual manera le será aplicable el artículo 426 No. 2 del C.P.C: el legislador ha previsto tales situaciones por lo que el juzgador conocedor de la demanda deberá comunicar por una sola vez los defectos u omisiones de la demanda (o su contestación, puesto que deben llenar los mismos requisitos, principio de igualdad de partes), y si estos defectos u omisiones son subsanables de proceder a corregirlos, en el caso que nos ocupa el Juzgado no se pronunció sobre todos los aspectos a subsanar o corregir, siendo uno de ellos determinante para el fondo del asunto, so pena de que el recurrente quede en indefensión.- CONSIDERANDO: (8) que esta Sala teniendo como quehacer fundamental el velar por el reconocimiento, respeto, garantía y ejercicio de los derechos individuales, tal como lo manda la Constitución de la República y los Derechos Humanos contenidos en las normas internacionales sobre Derechos Humanos, procede a un análisis del procedimiento seguido en el proceso de ejecución de una sentencia y los principios sobre los que descansa la Constitución de la República, el Código Procesal Civil y las normas de Derechos Humanos, decidiendo si debe prevalecer en el caso concreto, la justicia o la norma aplicada. El Juez Constitucional con base en los principios de ponderación y proporcionalidad, deberá proteger y asegurar el ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos al ciudadano de tal manera que estos prevalezcan, sin embargo no es menos cierto que cuando un Juez no cumple a cabalidad las exigencias de la ley, contrae la vulneración de los derechos del ciudadano, porque la inobservancia de la ley de acuerdo a la resolución del Ad quo causa perjuicios no solo a la persona del recurrente sino que va más allá trastocando la administración de justicia por disposición suya no de la ley, el permitirlo sería como dar licencia para que los órganos jurisdiccionales apliquen procedimientos inadecuados y arbitrarios, así como, que por ineficiente representación procesal de un ciudadano se comprometa gravemente tanto sus derechos como su propiedad, contrario a los principios constitucionales que invocan la justicia en el proceso civil, entre ellos el debido proceso, derecho de defensa, acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. La Constitución de la República en el artículo 82 establece que: “El Derecho de Defensa es inviolable y que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma en que señalan las leyes”. En cumplimiento a esta norma constitucional el “artículo 1 del Código Procesal Civil, del Derecho de Acceso a los Juzgados y Tribunales dispone: 1. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. 2.En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso a quienes se les garantiza, en los términos previstos por este Código, la asistencia del profesional del derecho que le defienda y represente, de su libre elección o designado por el Estado. 3. Se prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualesquiera persona a la justicia”. En consecuencia, el Órgano Jurisdiccional velará por el cumplimiento de este Artículo removiendo impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos. “el derecho corresponde a toda persona para peticionar ante los Tribunales Civiles la tutela efectiva en el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses legítimos”. El párrafo final de este artículo expresamente ordena al órgano jurisdiccional velar por su cumplimiento removiendo los impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos. Sin perjuicio de lo ya dicho respecto de la tutela judicial efectiva, derecho de acceso a la justicia, principio “pro actione” y prohibición de indefensión, es preciso que el proceso civil se desarrolle por los trámites previstos legalmente, que se respeten todas las garantías constitucionales y ordinarias que les asisten, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, y debe insistirse una vez más en la necesaria mentalización del juez y en la obtención de una formación adecuada que le permita desarrollar las habilidades suficientes para, con pleno respecto del principio de legalidad y, especialmente de la Constitución y de los Tratados Internacionales, sea capaz de cumplir con este mandato, ponderando los distintos intereses en juego y haciendo el oportuno juicio de razonabilidad, para con ello lograr que se dicte una resolución de fondo justa y motivada por órgano jurisdiccional independiente e imparcial[2].- CONSIDERANDO: (9) Que la justicia dejaría de serlo cuando no se observa el procedimiento establecido en cada caso concreto, tal como sucede en el caso sub judice, no tendría sentido hablar de justicia cuando se han vulnerado gravemente los derechos del recurrente, cuando el A quo le impide el acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, el derecho de Defensa, debido proceso, por todo ello esta Sala no encuentra como se podrá hacer justicia si se desconoce el derecho, y siendo que en el caso concreto el derecho confronta la Justicia es quehacer de esta Sala de lo Constitucional, hacer que la justicia prevalezca, por lo que debe otorgarse el amparo a fin de que las actuaciones en la ejecución de la sentencia se ajusten a lo establecido el Código Procesal Civil.- CONSIDERANDO: (10) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41,63 68 párrafo 2do,69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1.- REVOCA la Sentencia dictada en fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. 2.- OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO a favor del señor TRINIDAD ANTONIO RODRIGUEZ MATAMOROS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0164-2019.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Código de Procesal Civil comentado, artículo 1, páginas 8 y 9.

[2] Código de Procesal Civil comentado, artículo 1, páginas 8 y 9.