Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-161-20 — Registro 11551

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que otorgó el recurso de amparo presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda vía proceso declarativo ordinario de indemnización por daños y perjuicios contra las sociedades mercantiles Carmax S. de R.L. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

CONSIDERANDO (10): Que no obstante, se estima necesario apuntar la procedencia de reformar la sentencia venida en consulta, en tanto en cuanto la alzada misma vulnera el debido proceso del recurrente al faltar a lo dispuesto en el numeral tres del artículo 206 de la ley adjetiva civil, que ordena que “cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el Tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Al respecto, existe una omisión sobre el planteamiento toral, claro y preciso, consistente en la petición del demandado, que se declare sin lugar el litisconsorcio, petición que es congruente y apegada a derecho, al observarse por parte del Juez, una aplicación indebida del artículo 68 del Código Civil que estipula: “Litisconsorcio activo o pasivo.- Hay litisconsorcio cuando dos (2) o más personas litigan en forma conjunta, como demandantes o demandados, porque formulan pretensiones basadas en un mismo título o causa de pedir, porque sus pretensiones sean conexas, o porque la sentencia a dictarse, respecto de uno pudiera afectar a otro.” Lo que no ocurre en caso de autos, ya que ni ANGEL JONATHAN TORRES MORAZÁN en su condición de motorista de la empresa ELECTROCAR, ni HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO, motorista del cabezal que impactó con el vehiculo en cuestión conducido por el empleado de ELECTROCAR, tienen ningún tipo de responsabilidad en el objeto del proceso declarativo ordinario y por razón de su cuantía se demanda la indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad culposa directa y solidaria entre los demandados, pues la única participación de ellos a título personal, es a efectos de que se definan las responsabilidades en el accidente de tránsito; responsabilidades que son independientes al pleito principal; así las cosas, es procedente en este caso la aplicación de los artículos 368 del Código de Comercio el cual establece que "los actos de los dependientes obligan a sus principales en todas las operaciones que éstos les tuvieren encomendadas expresamente"; y el 366 del mismo cuerpo legal, que define como dependiente a las personas a quienes el titular de una empresa encarga de la ejecución constante de determinadas operaciones concernientes a la misma. La omisión de referiré a este punto litigioso, vulnera al recurrente, en su derecho de defensa y a un debido proceso; por lo que se concluye en la improcedencia de llamar a ANGEL JONATHAN TORRES MORAZÁN en su condición de motorista de la empresa ELECTROCAR, ni HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO, motorista del cabezal que impactó con el vehiculo, como participantes del proceso, de lo cual deviene el decretar la inexistencia de litisconsorcio supra.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO (10): Que no obstante, se estima necesario apuntar la procedencia de reformar la sentencia venida en consulta, en tanto en cuanto la alzada misma vulnera el debido proceso del recurrente al faltar a lo dispuesto en el numeral tres del artículo 206 de la ley adjetiva civil, que ordena que “cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el Tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Al respecto, existe una omisión sobre el planteamiento toral, claro y preciso, consistente en la petición del demandado, que se declare sin lugar el litisconsorcio, petición que es congruente y apegada a derecho, al observarse por parte del Juez, una aplicación indebida del artículo 68 del Código Civil que estipula: “Litisconsorcio activo o pasivo.- Hay litisconsorcio cuando dos (2) o más personas litigan en forma conjunta, como demandantes o demandados, porque formulan pretensiones basadas en un mismo título o causa de pedir, porque sus pretensiones sean conexas, o porque la sentencia a dictarse, respecto de uno pudiera afectar a otro.” Lo que no ocurre en caso de autos, ya que ni ANGEL JONATHAN TORRES MORAZÁN en su condición de motorista de la empresa ELECTROCAR, ni HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO, motorista del cabezal que impactó con el vehiculo en cuestión conducido por el empleado de ELECTROCAR, tienen ningún tipo de responsabilidad en el objeto del proceso declarativo ordinario y por razón de su cuantía se demanda la indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad culposa directa y solidaria entre los demandados, pues la única participación de ellos a título personal, es a efectos de que se definan las responsabilidades en el accidente de tránsito; responsabilidades que son independientes al pleito principal; así las cosas, es procedente en este caso la aplicación de los artículos 368 del Código de Comercio el cual establece que "los actos de los dependientes obligan a sus principales en todas las operaciones que éstos les tuvieren encomendadas expresamente"; y el 366 del mismo cuerpo legal, que define como dependiente a las personas a quienes el titular de una empresa encarga de la ejecución constante de determinadas operaciones concernientes a la misma. La omisión de referiré a este punto litigioso, vulnera al recurrente, en su derecho de defensa y a un debido proceso; por lo que se concluye en la improcedencia de llamar a ANGEL JONATHAN TORRES MORAZÁN en su condición de motorista de la empresa ELECTROCAR, ni HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO, motorista del cabezal que impactó con el vehiculo, como participantes del proceso, de lo cual deviene el decretar la inexistencia de litisconsorcio supra."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de octubre de dos mil veinte. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha trece de febrero de dos mil veinte, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que otorgó el recurso de amparo presentado por el Abogado Melvin Evenor López Herrera, a favor del señor Héctor David Canales Cruz, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, con relación a la demanda vía proceso declarativo ordinario de indemnización por daños y perjuicios promovida por el señor Héctor David Canales Cruz, contra las sociedades mercantiles Carmax S. de R.L., a través de su Representante Legal, el señor Héctor Alfredo Abudoj Zamora, en su condición de Gerente General; y contra Electrocar S. de R.L., a través de su Representante Legal, el señor Edgar Leopoldo Padilla Ortega, en su condición de Gerente General. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el señor Héctor David Canales Cruz, promoviendo “POR EL PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO Y POR RAZÓN DE SU CUANTÍA SE DEMANDA LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CULPOSA DIRECTA Y SOLIDARIA ENTRE LOS DEMANDADOS…”, contra las sociedades mercantiles Carmax S. de R.L., a través de su Representante Legal, el señor Héctor Alfredo Abudoj Zamora, en su condición de Gerente General; y contra Electrocar S. de R.L., a través de su Representante Legal, el señor Edgar Leopoldo Padilla Ortega, en su condición de Gerente General. (Folios 1-8 del expediente del A-quo) 2) En fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve, el Abogado Iván Alfredo Vigil Molina, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, presentando escrito en donde “SE CONTESTA DEMANDA MEDIANTE EL PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. -LITIS CONSORCIO NECESARIO. -DEFECTO PROCESAL DE INADECUACIÓN DE PROCEDIMIENTO POR NATURALEZA DE PRETENSIÓN…” (Folios 69-76 del expediente del A-quo) 3)En fecha seis de junio de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, resolvió: PRIMERO: Admítase el escrito que antecede, presentado por el Abogado IVÁN ALFREDO VIGIL MOLINA, en su condición de representante procesal de la empresa mercantil ELECTROCAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, conocida también como ELECTROCAR S. DE R.L.-SEGUNDO: Téngase por contestada en tiempo y forma la presente por parte del compareciente y por promovido el DEFECTO PROCESAL DE INADECUACIÓN DE PROCEDIMIENTO y la FALTA DE LEGITIMACIÓN AD CAUSAN para la parte demandada.-TERCERO: Previo a señalar la fecha y hora para la audiencia preliminar en la presente demanda; y en virtud de existir litisconsorcio pasivo necesario, emplácese al señor ÁNGEL JONATHAN TORRES MORAZÁN, para que conteste la demanda dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al emplazamiento, entregándosele copia de ella y de sus anexos, haciéndole la advertencia que si transcurrido el plazo antes señalado sin haberse personado en el procedimiento, se les declarará en rebeldía; así como que deberá nombrar un profesional del derecho para que lo represente en juicio. CUARTO: … (Folios 87-88 del expediente del A-quo) 4) En fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado Melvin Evenor López Herrera, en su condición de representante procesal del señor Héctor David Canales Cruz, presentado escrito en donde “SE ACLARA PETICIÓN EN ESCRITO DE OPOSICIÓN A LITIS CONSORCIO PASIVO NECESARIO”. (Folio 131 vuelto del expediente del A-quo) 5) En fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, emitió auto mediante el cual dispuso: “Admítase el escrito que antecede y mándese a agregar a sus antecedentes.-NO HA LUGAR lo solicitado por el Abogado MELVIN EVENOR LOPEZ HERRERA, actuando en representación del demandante, señor HECTOR DAVID CANALES CRUZ, en su escrito presentado en fecha treinta de julio del año dos mil diecinueve y aclaración de petición de fecha diez de septiembre del año dos mil diecinueve, en virtud de que conforme al artículo 430.1 del Código Procesal Civil no se permitirá la acumulación de pretensiones después de contestada la demanda en consecuencia que el Abogado MELVIN EVENOR LÓPEZ HERRERA se esté a lo ordenado en auto de fecha seis de junio del año dos mil diecinueve…” (Folio 133 del expediente del A-quo) 6) En fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado Melvin Evenor López Herrera, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Héctor David Canales Cruz, contra el auto referido en el numeral que antecede. Considerando el recurrente que dicho auto le vulnera a su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-9 del expediente del Ad-quem) 7) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, por unanimidad de votos dictó sentencia en fecha trece de febrero de dos mil veinte, mediante la cual falló: PRIMERO: Otorgar la acción de amparo interpuesta por el abogado MELVIN EVENOR LÓPEZ HERRERA, a favor del señor HÉCTOR DAVID CANALES CRUZ.-SEGUNDO: Que el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, una vez que reciba los antecedentes, proceda a ordenar la notificación del auto de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).-TERCERO: Que se envíe en trámite de consulta obligatoria la presente sentencia ante la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional. (Folios 65-73 del expediente del Ad-quem) 8) Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo resueltos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que esta Sala de lo Constitucional, ha analizado los antecedentes en el presente caso y se transcriben a continuación: ANTECEDENTES.- “… 1) Tras la negociaciones debidas con CARMAX el señor HECTOR DAVID CANALES CRUZ, compro a dicha empresa un vehículo automotriz Nissan de doble cabina, no. 300, color gris del año 2016, y con placa originalmente numeradaPDL715, por la suma de 436,367.60 equivalente al valor negociado de U.S. $18,000.00 lo que fueron pagados por el comprador al vendedor habiéndose efectuado esta operación el 8 de agosto de 2018 siendo la suma definitiva por el monto de Lps. 436,367.60; 2) por contar el vehículo con sólo una de las dos placas, en el procedimiento del traspaso, CARMAX quedó en gestionar el cambio de placas, siendo la definitiva la registrada bajo el número PEY2806; 3) con el mismo vendedor CARMAX se convino que al vehículo en referencia se le instalarían unos accesorios, servicio que sería brindado por el Vendedor CARMAX y para lo cual ésta contrataría los servicios que tradicionalmente le ha estado brindando ELECTROCAR; 4) el 9 de agosto de 2018, y de acuerdo con lo convenido con CARMAX el demandante se presentó a su llamado para que CARMAX entregara el vehículo a ELECTROCAR en manos de su técnico HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO, para que éste lo condujera a las instalaciones físicas de ELECTROCAR a efectuar los accesorios solicitados a CARMAX, siendo esta Última quien contrató los servicios de ELECTROCAR. La ubicación física de las instalaciones de ELECTROCAR es el bulevar Suyapa, en las instalaciones de la agencia Davivienda, frente al Hospital Materno Infantil, en Tegucigalpa. Es allí donde se efectuarían las instalaciones de los accesorios del vehículo. 1-03.- Sucedió que estando el vehículo en referencia conducido por HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO, empleado de ELECTROCAR para los trabajos de instalación solicitados y destinado en su conducción al centro de trabajo de ELECTROCAR en el Boulevard Suyapa anteriormente señalado, el señor HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO lo desvió por la Colonia 21 de Febrero en la calzada del Boulevard de la Fuerzas Armadas En el momento de la conducción por ese sitio el vehículo comprado por HECTOR DAVID CANALES CRUZ a CARMAX y facilitado en custodia por ésta a ELECTROCAR para la instalación de los accesorios convenidos entre ambas empresas, dicho vehiculo fue impactado tras un accidente ocurrido en la mencionada Colonia 21 de Febrero, quedando totalmente destruido. Es obvio que al momento del daño del vehículo comprado por HECTOR DAVID CANALES CRUZ éste estaba en manos del señor HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO en su condición de técnico responsable de ELECTROCAR y bajo la responsabilidad de ésta; responsabilidad asumida ante CARMAX que fue quien la contrató para el servicio en referencia y una responsabilidad final de CARMAX ante HECTOR DAVID CANALES CRUZ por haber sido entre estos dos Últimos la contratación de la instalación de los accesorios del vehiculo referido. 1.04. En virtud de todo lo anterior, el señor HECTOR DAVID CANALES CRUZ, promovió en fecha 7 de marzo de 2019 la demanda de mérito contra CARMAX y ELECTROCAR reclamando indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad culposa directa y solidaria entre los demandados (CARMAX y ELECTROCAR); y por una cuantía de Lps. 436,367.60 más el valor de los perjuicios ocasionados al demandante, gastos de movilización y costas del presente juicio (ver "cuantía de la demanda”).- 1.05. Como el origen de la presente demanda descansa en la responsabilidad culposa y directa de los demandados (CARMAX y ELECTROCAR) ya que el accidente sufrido en el vehiculo del demandante nace de la negligencia en el tratamiento que debió tener el vehículo referido al no haber sido conducido directamente a las instalaciones fisicas de ELECTROCAR (Boulevard Suyapa, cerca del Materno Infantil), sino que fue desviado por el señor HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO (empleado de ELECTROCAR quien estaba en ese momento al volante del vehiculo) llevándolo hacia la Colonia 21 de Febrero en la calzada del Boulevard de las Fuerzas Armadas; y completamente distante de las instalaciones fisicas de ELECTROCAR donde se le iban a instalar los accesorios ya comentados.- 1.06. Efectivamente en los documentos acompa6ados a la demanda como medios de prueba está la Certificación de la Dirección Nacional de Transito donde se acredita la afectación del vehículo del demandante. Pero tal certificación no es para sustentar un accidente de tránsito que correspondería a un proceso abreviado, sino única y exclusivamente para acreditar fehacientemente la magnitud de los daños sufridos por el vehículo del demandante a efecto de justificar su pérdida total y los efectos económicos en la demanda. En el HECHO UNDECIMO de la demanda se razona la responsabilidad culposa de los demandados por ser ellos responsables de los daños ocasionados en el vehiculo, los que no habrían surgido si éste para el trabajo puntual requerido hubiera sido conducido directamente a las instalaciones fisicas de ELECTROCAR, en el Boulevard Suyapa en las cercanías del Hospital Materno infantil y nunca como sucedió, Llevándolo a un destino diferente, como efectivamente sucedió. 1.07.- Al momento de contestar la demanda, el demandado ELECTROCAR pretende introducir al proceso un litis consorcio pasivo necesario, aduciendo que la demanda tiene su origen en un accidente de tránsito, y confundiendo la Juez diciendo que en la demanda se reclama una pretensión derivada de un accidente de tránsito, y con ello promoviendo que al proceso sea incorporado en forma pasiva el señor ANGEL JONATHAN TORRES MORAZAN quien conducía el cabezal que fue a impactar con el vehiculo del demandante. En ningún momento la propuesta de la demanda aduce que la responsabilidad deriva de un accidente de tránsito, como lo pretende el demandado ELECTROCAR.- El HECHO UNDÉCIMO de la demanda es más que claro. Y el traer al proceso la correspondiente certificación tránsito es exclusivamente para acreditar los daños ocasionados al vehículo del demandante, pues de otra manera no podría haberse probado y valorado la pretensión en el proceso. Al momento de ser admitida la contestación de la demanda, en fecha 6 de junio de 2019, la Juez da por contestada la demanda por parte de ELECTROCAR y en su parte dispositiva declara el Litis Consorcio Pasivo Necesario, y dispone la incorporación al proceso y su emplazamiento al señor ANGEL JONATHAN TORRES MORAZÁN, quien conducía el cabezal con que fue a impactar al vehículo del demandante. Tal auto de admisión me fue notificado, como representante procesal del demandante, en fecha 25 de julio de 2019. 1.08.- Haciendo uso de lo que dispone el artículo 453.2 del Código Procesal Civil, en fecha 30 de julio de 2019 presenté OPOSICION al Litis Consorcio Pasivo Necesario, dispuesto por la Juez y a petición del demandado ELECTROCAR. En el escrito de Oposición hice una minuciosa exposición a efecto sostener la misma. En ese caso oponiendo a lo que el demandado ELECTROCAR sostiene que la responsabilidad culposa planteada en la pretensión de la demanda, se deriva según el demandado de un accidente de tránsito, aclaro (tal como se razonó en el HECHO UNDECIMO de la demanda) que en la responsabilidad culposa que se imputa a los demandados todo deriva de una negligencia de los demandados. En virtud de que el señor HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO (empleado de ELECTROCAR) fue quien conducía el vehículo del demandante, en su condición de empleado y para ser llevado al centro de trabajo de ELECTROCAR en el Boulevard Suyapa y en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil; y que en lugar de ello lo desvió hacia la Colonia 21 de Febrero en la calzada del Boulevard de las Fuerzas Armadas; agregado el hecho de que CARMAX habiendo solicitado los servicios de ELECTROCAR no tomó las precauciones para asegurarse que el vehículo fuera directamente a las instalaciones físicas de ELECTROCAR. (Una al HECHO UNDÉCIMO desarrollado en el planteamiento de la demanda confirmará la ausencia de seriedad en el tratamiento, cuidado del vehículo del demandante por parte de los demandados, al momento de la prestación del servicio de instalación de los accesorios solicitados)

. 1.09.- Sobre el escrito de Oposición, en auto del 2 de agosto de 2019 el Juzgado emite un previo pidiendo aclaración de lo que se pide pues el tribunal no comprende si lo solicitado es que se integre al señor HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO en el Litis consorcio pasivo Y en lugar de ANGEL JONATHAN TORRES MORAZÁN. No alcanzamos a comprender la confusión en la Juez, cuya aclaración solicita, pues la Oposición introducida es más que clara que va dirigida contra la declaratoria del "Litis consorcio pasivo necesario" por lo que se rechaza con la Oposición a la incorporación de cualquier demandado incorporado al proceso, distinto de los dos originalmente señalados en la demanda. Ese PREVIO fue aclarado en escrito del 10 de septiembre en el sentido que ni ANGEL JONATHAN TORRES MORAZÁN ni HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO deben ser llamados a integrar el Litis consorcio pasivo necesario. El primero porque la demanda no deriva de un accidente de tránsito, y el segundo porque él no conducía el vehículo del demandado a título personal sino como empleado de ELECTROCAR. La Oposición al Litis Consorcio Pasivo Necesario dictado, es de conformidad con los artículos 2236 y 2237 del Código Civil y los artículos 366 y 368 del Código de Comercio, donde ELECTROCAR debe asumir la responsabilidad de su dependiente HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO. 1.10.- El escrito de oposición presentado fue resuelto en fecha 16 de septiembre de 2019 bajo la fórmula "CÚMPLASE" y declarándolo NO HA LUGAR aduciendo la Juez que "en virtud de que conforme al artículo 430.1 del Código Procela Civil, no se permitirá la acumulación de pretensiones después de contestar la demanda" mandándose a estar a lo ordenando en auto de fecha 6 de junio de 2019 en donde se dispone el "Litis consorcio pasivo necesario".- En ese auto del 16 de septiembre de 2019 la Juez en ningún momento hace motivación alguna para señalar dónde está la supuesta acumulación de pretensiones cuya inexistencia es indiscutible; olvidándose del procedimiento debido que impone en este caso el artículo 199.1 del Código Procesal Civil. En la demanda se pide indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad culposa directa y solidaria entre los demandados. Esa es la pretensión sostenida. Cuando el demandado ELECTROCAR quiere atribuir la responsabilidad culposa a un accidente de tránsito se le aclara -por oposición- que se atribuye a la negligencia de los demandados en el tratamiento que tuvo el vehículo del demandante desde que les fue entregado para los trabajos convenidos en el mismo. Esta aclaración, que no es más que eso, en ninguna forma puede ser interpretada por el Juez como una acumulación de pretensiones por la parte actora. Es más... aunque no se trata de una audiencia preliminar, debe tenerse presente que en éstas es permitido aclaraciones y concreciones que se estimen oportunas en la pretensión deducida en la demanda, siempre que no alteren o modifiquen sustancialmente las mismas (art. 458.1 el C.P.C,); por lo que en ningún momento la Juez, al valorar la aclaración a la Oposición al Litis consorcio pasivo necesario, debe considerar que se ha acumulado pretensiones a la originalmente sostenida en la demanda. II.- ALGUNAS CONSIDERACIONES A LA NATURALEZA DE LA DEMANDA 2.01.- La relación que vincula al demandante y los dos demandados (CARMAX y ELECTROCAR) es estrictamente de naturaleza mercantil, al tenor del artículo 5 del Código de Comercio que establece que "los actos que solo fueren mercantiles, para una de las partes, se regirán por las disposiciones de este Código". La compraventa del vehículo referido en la presente acción constitucional de Amparo, vincula directamente entre sí a HECTOR DAVID CANALES CRUZ (el comprador) con CARMAX S. de R.L. (el vendedor). La instalación de accesorios al vehículo en mención vincula a HECTOR DAVID CANALEZ CRUZ (el solicitante de la instalación) y a CARMAX S. de R.L. (el facilitador de dicha instalación). Y el requerimiento del servicio de instalación de los accesorios con el suplidor final del servicio vincula a CARMAX S. de R.L. con ELECTROCAR S. de R.L. 2.02.- Siendo esta relación eminentemente mercantil el tratamiento y la consecuencia de los daños ocasionados al vehículo del demandante están regulados en el Código Civil en su artículo 2236 que obliga a reparar todo daño causado por acción u omisión, cuando intervienen culpa o negligencia. En este caso particular tanto ELECTROCAR como CARMAX son responsables. La primera (ELECTROCAR) por tener bajo su custodia, responsabilidad o cuidado el vehículo conducido por su empleado HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO quien lo conducía al momento en que fue colisionado y en un lugar distinto de aquel donde se realizaría la instalaciones de los accesorios (instalaciones físicas de ELECTROCAR en Boulevard Suyapa en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil)... y la segunda (CARMAX) porque no tomó ninguna providencia o precaución para asegurarse que el vehículo que le había entregado a ELECTROCAR llegaría a su único destino operacional (las instalaciones físicas de ELECTROCAR). 2.03.- Siendo que el señor HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO, empleado de ELECTROCAR era quien conducía el vehículo del demandante, y en su condición de empleado, las responsabilidades a asumir sobre los daños causados, se le imputan a ELECTROCAR en virtud de lo que impone por un lado el artículo 2237 del Código Civil, al disponer que las responsabilidades derivadas del artículo 2236 no solo se derivan de los actos propios sino de aquellas personas de quienes debe responder; en este caso como patrono de HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO 2.04.- Adicionalmente, con relación a ELECTROCAR, el artículo 368 del Código de comercio establece que "los actos de los dependientes obligan a sus principales en todas las operaciones que éstos les tuvieren encomendadas expresamente"; y el 366 define como dependiente a las personas a quienes el titular de una empresa encarga de la ejecución constante de determinadas operaciones concernientes a la misma. En este caso el señor HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO es, definitiva e inconfundiblemente, un dependiente de ELECTROCAR, y el técnico que fue a recibir de CARMAX el vehículo del demandante y para conducirlo a las instalaciones físicas de ELECTROCAR que en ningún momento corresponden a la Colonia 21 de Febrero en la calzada del Boulevard de la Fuerzas Armadas

2.05.- Si bien es cierto que uno de los documentos probatorios aportados por el demandante es la Certificación de la Dirección Nacional de Transito relacionada con el accidente donde se acredita el dañado causado al vehículo del demandante....tal Certificación no fue aportada al proceso en función de un "accidente de tránsito" que no sería un proceso ordinario, sino que única y exclusivamente para acreditar fehacientemente los daños ocasionados en el vehículo del demandante, y así justificar la indemnización pretendida en el proceso 2.06.- Es de suyo muy notorio que en el momento procesal oportuno la Juez resolvió admitiendo la demanda y jamás se pronunció diciendo que la demanda se derivaba de un accidente de tránsito (que no fue sustentado por el demandante) y que por tanto correspondía derivarla al proceso abreviado. 2.07.- Es precisamente a petición del demandado ELECTROCAR y al momento de admitir la contestación de la demanda que la Juez dispone el "litis consorcio pasivo necesario" dictado en el auto de admisión de dicha contestación, pretendiendo incorporar al señor ANGEL JONATHAN TORRES CRUZ. No puede inferirse por ningún momento que la decisión a tomarse en la sentencia fuera a recaer en la persona de ANGEL JONATHAN TORRES MORAZÁN, conductor del cabezal que fue a impactar en el vehículo del demandante; y eso es así porque la demanda no es derivada del accidente de tránsito en sí, sino de la responsabilidad culposa a deducirle a los demandados CARMAX Y ELECTROR exclusivamente. No era el demandante quien conducía su vehículo al momento de ser colisionado, y el Señor caso el señor HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO, sino que lo conducía como empleado de ELECTROCAR, no lo conducía a título personal ni por encargo del demandante, sino que lo conducía como empleado de ELECTROCAR y en misión del servicio que se iba a prestar con la instalación de los accesorios por parte de ELECTROCAR al vehículo del demandante. 2.08.- Contrario a lo que menciona la Juez en la resolución impugnada, en el planteamiento de la oposición y su aclaración en ningún momento de ha pretendido acumulación de pretensiones…”. CONSIDERANDO (4): Que en fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, emitió auto mediante el cual RESUELVE: “Admítase el escrito que antecede y mándese a agregar a sus antecedentes.-NO HA LUGAR lo solicitado por el Abogado MELVIN EVENOR LOPEZ HERRERA, actuando en representación del demandante, señor HECTOR DAVID CANALES CRUZ, en su escrito presentado en fecha treinta de julio del año dos mil diecinueve y aclaración de petición de fecha diez de septiembre del año dos mil diecinueve, en virtud de que conforme al artículo 430.1 del Código Procesal Civil no se permitirá la acumulación de pretensiones después de contestada la demanda en consecuencia que el Abogado MELVIN EVENOR LÓPEZ HERRERA se esté a lo ordenado en auto de fecha seis de junio del año dos mil diecinueve… CUMPLASE….”- (Folio 133 del expediente del A-quo). No estando conforme la parte demandante, interpuso recurso de amparo ante la Corte de apelaciones respectiva. CONSIDERANDO (5): Que el acto contra el cual se reclama es la sentencia dictada en fecha trece de febrero de dos mil veinte, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Fráncico Morazán, la cual en el parágrafo “FUNDAMENTO DE DERECHO”, se lee: PRIMERO: Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internac1onales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. Artículos 183 de la Constitución de la República y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. SEGUNDO: Alega el recurrente que se le han violentado a su representado los derechos de Defensa y Derecho al Debido Proceso, al resolver la Aquo, declarar sin lugar la oposición presentada ordenando la formula CUMPLASE en lugar de NOTIFIQUESE, impidiéndole la posibilidad de utilización del recurso posterior de reposición para propiciar la rectificación del juzgado. TERCERO: Que los actos de comunicación constituyen los medios idóneos para garantizar una defensa (de aquellos a quienes se dirigen y, por tanto, su falta o realización defectuosa pueden provocar la indefensión del destinatario. Y en ese sentido el artículo 136 del Código Procesal Civil, establece que las resoluciones judiciales se notificaren a todos los que sean parte en el proceso, e inclusive a aquellas personas que, tengan el mismo expediente, puedan verse afectadas por la decisión que en su momento se dictare. Por lo que la falta o defectuosa notificación de las resoluciones judiciales constituye una situación de “indefensión” por estimarse que limita la participación de las partes en la defensa efectiva y oportuna de sus derechos. CUARTO: Indefensión que es palpable en el presente asunto en vista que la parte recurrente ha Visto disminuida su garantía a ejercitar los recursos ordinarios que la ley establece, al no poder interponer el recurso de reposición en contra de la decisión de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que a criterio del recurrente no ha sido resuelta conforme a lo que él solicitó (oposición a litis consorcio pasivo necesario), ya que para su interposición, al igual que todo recurso, es imperativo existe un común denominador, como ser los plazos dentro de los cuales se debe ejercitar el recurso correspondiente, cuyo punto de partida para el cómputo del tiempo transcurrido es la Notificación de la resolución sobre la que recaeré la acción del recurso a interponer. QUINTO: Por lo anterior, a criterio de este Tribunal la resolución objeto del presente recurso de amparo, en cuanto a que, en lugar de ordenar su NOTIFICACIÓN contiene la formula CUMPLASE, violenta tanto el Derecho al Debido proceso, como el derecho de defensa de la parte recurrente. CONSIDERANDO(6): Que el recurrente manifiesta que se ha quebrantado el derecho al Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional que preceptúa “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, por las siguientes razones: “…DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN VIOLADOS Los derechos fundamentales y humanos violados, constitucionalmente reconocidos, son: 1) Derecho a la defensa, 2) Derecho al debido proceso. Estos derechos estén contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, respectivamente. 3.1. DERECHO A LA DEFENSA l artículo 82 de la Constitución de la República establece categóricamente que “el derecho a la defensa es inviolable”. Sin embargo el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán al declarar NO HA LUGAR la Oposición presentada y ordenando la fórmula “CUMPLASE” en lugar de “Notifíquese” como debió ser, ha atentado contra el derecho de defensa de la parte actora-opositora, pues con ello ha tratado de impedirle la utilización del recurso posterior de “Reposición” para propiciar la rectificación del juzgador, y con ello el acceso a la justicia con las herramientas que la Constitución y las Leyes conceden dentro del proceso judicial en este caso .2.DERECHO AL DEBIDO PROCESO El artículo 90 de la Constitución de la República establece que “nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades derechos y garantías que la ley establece”. El Juzgado con el rechazo de la Oposición presentada por la parte actora se alejó se de las formalidades que el mismo Código Procesal Civil establece. Obsérvese que no obstante lo dispuesto en el artículo 430.1 del Código, que no es el caso de la Oposición presentada, el artículo 458.1 del mismo Código permite aclaraciones y concreciones a las pretensiones, para ser planteadas en la audiencia preliminar. Ante el PREVIO ordenado por el Juzgado oponiéndonos a la indebida sustentación del demandado ELECTROCAR que la responsabilidad culposa se deriva de un accidente de tránsito; en la aclaración de ese previo se indicó que la responsabilidad culposa deriva de la negligencia observada por el demandado ELECTROCAR al no asegurarse de la debida conducción del vehiculo del demandante directamente a las instalaciones fisicas del demandado ELECTROCAR. Acá el Juez se alejó de estas formalidades que prevé el Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (7): Que el legislador brinda la libertad a los Jueces y Magistrados para que, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho, distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan ido acertadamente citadas o alegada por lo litigante, resolución que deberá ser clara, precia y exhaustiva. CONSIDERANDO (8): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional coincide con la decisión de la Corte recurrida, en cuanto a que ha sido patente la vulneración al derecho de defensa, primera manifestación del derecho fundamental a un debido proceso por parte del Aquo, al impedir interponer el recuro que manda la ley al terminar una decisión con la fórmula “CUMPLASE” en lugar de “NOTIFIQUESE”. Esta decisión del A-quo vulnera el numeral uno y do del artículo 207 del Código Procesal Civil, que estipula: “1. Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídico que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación el derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y dela razón. CONSIDERANDO (10): Que no obstante, se estima necesario apuntar la procedencia de reformar la sentencia venida en consulta, en tanto en cuanto la alzada misma vulnera el debido proceso del recurrente al faltar a lo dispuesto en el numeral tres del artículo 206 de la ley adjetiva civil, que ordena que “cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el Tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Al respecto, existe una omisión sobre el planteamiento toral, claro y preciso, consistente en la petición del demandado, que se declare sin lugar el litisconsorcio, petición que es congruente y apegada a derecho, al observarse por parte del Juez, una aplicación indebida del artículo 68 del Código Civil que estipula: “Litisconsorcio activo o pasivo.- Hay litisconsorcio cuando dos (2) o más personas litigan en forma conjunta, como demandantes o demandados, porque formulan pretensiones basadas en un mismo título o causa de pedir, porque sus pretensiones sean conexas, o porque la sentencia a dictarse, respecto de uno pudiera afectar a otro.” Lo que no ocurre en caso de autos, ya que ni ANGEL JONATHAN TORRES MORAZÁN en su condición de motorista de la empresa ELECTROCAR, ni HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO, motorista del cabezal que impactó con el vehiculo en cuestión conducido por el empleado de ELECTROCAR, tienen ningún tipo de responsabilidad en el objeto del proceso declarativo ordinario y por razón de su cuantía se demanda la indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad culposa directa y solidaria entre los demandados, pues la única participación de ellos a título personal, es a efectos de que se definan las responsabilidades en el accidente de tránsito; responsabilidades que son independientes al pleito principal; así las cosas, es procedente en este caso la aplicación de los artículos 368 del Código de Comercio el cual establece que "los actos de los dependientes obligan a sus principales en todas las operaciones que éstos les tuvieren encomendadas expresamente"; y el 366 del mismo cuerpo legal, que define como dependiente a las personas a quienes el titular de una empresa encarga de la ejecución constante de determinadas operaciones concernientes a la misma. La omisión de referiré a este punto litigioso, vulnera al recurrente, en su derecho de defensa y a un debido proceso; por lo que se concluye en la improcedencia de llamar a ANGEL JONATHAN TORRES MORAZÁN en su condición de motorista de la empresa ELECTROCAR, ni HAMILTON EDUARDO BARDALES CABALLERO, motorista del cabezal que impactó con el vehiculo, como participantes del proceso, de lo cual deviene el decretar la inexistencia de litisconsorcio supra. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 47, 101, 263, 264, 285 No. 2, 292, del Código Procesal Penal; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, 366 y 368 del Código de Comercio, FALLA: REFORMANDO el Recurso de amparo venido en consulta, interpuesto por el Abogado Melvin Evenor López Herrera, a favor del señor Héctor David Canales Cruz, de la manera siguiente: 1.- CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN CONSULTA, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que otorgó el recurso de amparo presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, con relación a la demanda vía proceso declarativo ordinario de indemnización por daños y perjuicios promovida por el señor Héctor David Canales Cruz, contra las sociedades mercantiles Carmax S. de R.L., a través de su Representante Legal, el señor Héctor Alfredo Abudoj Zamora, en su condición de Gerente General; y contra Electrocar S. de R.L., a través de su Representante Legal, el señor Edgar Leopoldo Padilla Ortega, en su condición de Gerente General, ordenándose cambiar la formula cúmplase por notifíquese y 2.- Se otorga el amparo por aplicación indebida del artículo 68 del Código Procesal Civil, que se declare la inexistencia de Litisconsorcio en el caso de autos. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de enero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0161-2020.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

1