Sentencia AC-153-20 — Registro 17502
Resumen
En consulta obligatoria las diligencias que contienen la sentencia que denegó la garantía constitucional de amparo con relación a la demanda para solicitar judicialmente la convocatoria para la asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad mercantil denominada Granja Avícola Aviasa. Estima el impetrante que con el acto reclamado se le han violado a su representada, los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Comayagua, mediante la cual deniega la presente garantía constitucional de amparo. La decisión jurisdiccional y unánime de denegar la presente garantía constitucional de amparo se sustenta en las consideraciones que a continuación se resumen. Dicho tribunal de alzada señala que, del análisis de los antecedentes y de las alegaciones procede denegar la garantía de amparo por las razones siguientes: “a) Las excepciones procesales y materiales en el juicio civil, sea ordinario o abreviado, y según el artículo 592 del Código Procesal Civil, el actor tiene la opción de protestar contra la resolución para poder ejercer recurso contra la sentencia y por ese motivo; entonces, se puede decir con certeza que, el accionante de la garantía tenía expeditos recursos que le otorga la jurisdicción ordinaria, según el procedimiento que ha seguido el juez; b) Que en relación al tema de la inadecuación del procedimiento, de igual manera como lo advierte el artículo 456 del Código Procesal Civil, al alegarlo la parte, el a quo debió generarle el trámite incidental de la nulidad del proceso, fue fallado por el juez, declarándole sin lugar por realizar el alegato fuera del momento procesal, declarándole precluida la actuación; en este tema bajo las normas de la nulidad procedimental cabía plantear el incidente de nulidad conforme a lo que indica el artículo 115.1 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 212 del mismo código, alegato que pudiera inclusive llevarlo hasta el recurso que pudiera plantear contra la sentencia; c) respecto a la nulidad del negocio jurídico resulta ser una cuestión de fondo según lo advierte el artículo 349 del Código Procesal Civil, en cuya consecuencia al actor le quedan expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, como lo establece el artículo 46.7 de la Ley sobre Justicia Constitucional.” Al final la corte concluyó que no fueron violentados los derechos constitucionales citados por el impetrante por lo que procedió a denegar la garantía constitucional de amparo."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 456 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 592 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 7 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO SEIS (6): Examen en consulta obligatoria de la sentencia que otorga el amparo solicitado. Este alto tribunal de justicia, al contrastar lo demandado por el amparista en el escrito de formalización de la garantía constitucional de amparo, con la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Comayagua, estima que esta última se encuentra arreglada conforme a la Constitución de la República y la ley, por ende, corresponde su confirmatoria de acuerdo con las apreciaciones que a continuación se exponen. La Sala de lo Constitucional, observa que entre los puntos puestos a su conocimiento, existe el asunto de fondo o instancia, el cual consiste en determinar la procedencia misma de la demanda que deduce la parte demandante, a la sazón, que el juzgado convoque a una asamblea general ordinaria de accionistas, por la supuesta negativa del administrador único de la sociedad mercantil Granja Avícola AVIASA; y, la consecuente oposición que hace la parte demandada alegando inter alia, que dicha asamblea, año dos mil diecinueve, ya se realizó. Sobre este punto en particular, la Sala de lo Constitucional no tiene facultades para pronunciarse porque es un asunto reservado para los órganos jurisdiccionales de instancia, en el ejercicio legítimo y propio de su competencia. Por otro lado, la Sala de lo Constitucional observa que existen otros cuestionamientos impetrados por la parte demandada actuando como amparista, a la sazón dos: a) La validez de la legitimación activa, referida a verificar si la parte demandante ostenta la calidad de socio; y b) la inadecuación del procedimiento escogido por la parte demandante. El amparista cuestiona la legitimación activa indicando la necesidad insoslayable de exhibir las acciones para poder demandar la pretensión deducida, de conformidad a lo que manda el Código de Comercio. Al respecto es necesario aclarar que, la legitimación activa desde el punto de vista constitucional (específicamente el ámbito de decisión del amparo), se garantiza cuando los jueces ejercitan el control examinando de entrada, o sea desde el primer escrito, si la parte actora tiene acción para demandar. También se garantiza cuando el juez ejercita dicho control cuando, como en el caso de marras, la parte contraria cuestiona expresamente dicho presupuesto procesal. Ahora bien, dilucidar si la parte actora tiene legitimación o no ya es un asunto de instancia, y en el caso de mérito fue resuelto por la juez a quo dentro de la audiencia del abreviado. Con relación al momento procesal oportuno, la Sala de lo Constitucional rechaza la tesis del amparista, quien opina que este extremo debió ser resuelto en sentencia definitiva. La Sala es del parecer que la falta de exhibición de las acciones no es en sí un asunto de fondo, sino un elemento relativo al presupuesto procesal de legitimación activa, por lo que la juez actuó de manera correcta al resolver este asunto en la audiencia del abreviado, puesto que este es el momento procesal oportuno. Sobre este punto se aclara, que este alto tribunal de justicia no se está pronunciando si la decisión de la juez a quo es correcta o incorrecta, sólo se está refiriendo al momento procesal oportuno. Por último, con referencia a la inadecuación del proceso, la Sala de lo Constitucional es del parecer que no procede el amparo, en virtud de que no estima de recibo lo alegado sobre la violación a los derechos de debido proceso por la vía de la tutela judicial efectiva, de petición y defensa, al constar en autos que la juez continuó con la audiencia, dando muestras inequívocas de la procedencia de encausar el presente juicio por la vía del proceso abreviado, luego del cuestionamiento que hizo la parte demandada. Sobre lo referido a las alegaciones finales, la Sala de lo Constitucional estima correcta la apreciación que hizo al respecto la honorable Corte de Apelaciones seccional del departamento de Comayagua; debiéndose en consecuencia confirmar lo dispuesto por dicho tribunal en todos sus aspectos.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintisiete de agosto de dos mil veinte. VISTA: En consulta obligatoria las diligencias que contienen la sentencia de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictada por la honorable Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, mediante la cual denegó la garantía constitucional de amparo presentada por el abogado Rodolfo Elías Sorto Bueso, a favor de la sociedad mercantil Granja Avícola Aviasa, S.A. de C.V., contra la resolución de fecha nueve de enero de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras de la sección judicial de La Paz, con relación a la demanda para solicitar judicialmente la convocatoria para la asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad mercantil denominada Granja Avícola Aviasa, S.A. de C.V., promovida por el abogado José Antonio Zúniga Castillo en su condición de representante procesal de la señora Lourdes Patricia Suazo Estrada, contra la sociedad mercantil Granja Avícola Aviasa, S.A. de C.V. Estima el impetrante que con el acto reclamado se le han violado a su representada, los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la sección judicial de La Paz, el abogado José Antonio Zuniga Castillo, en su condición de representante procesal de la señora Lourdes Patricia Suazo Estrada, promoviendo solicitud para “hacer la convocatoria para asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad mercantil denominada GRANJA AVÍCOLA AVIASA, S.A. de C.V. cuyo punto único de agenda es la elección del consejo de administración que rija a dicha sociedad…”, contra la sociedad mercantil Granja Avícola Aviasa, S.A. de C.V. (Folios 1-4 del expediente del a quo). 2. En fecha nueve de enero de dos mil veinte, el Juzgado de Letras de la sección judicial de La Paz, decidiendo sobre el incidente promovido por la parte demandada, para que se declare la nulidad del negocio jurídico y de la causa de pedir con fundamento en los artículos 1586 numeral 1 y 1589 del Código Civil, en la celebración de la audiencia de juicio dictó: “En cuanto a la convocatoria a asamblea y con las actas presentadas del respectivo libro para elegir el consejo de administración de la sociedad mercantil Aviasa, no se acredita en ninguna de esas actas, su convocatoria ya que el acta mencionada del 9 de agosto del 2019, la misma no es para elegir el consejo directivo de administración de dicha sociedad, por lo que se rechaza el incidente de nulidad planteado y que se continúe con la contestación de la demanda por el demandado todo con fundamento en los artículos 175, 176 del Código de Comercio y 592 del Código Procesal Civil. Asimismo, el a quo declaró: sin lugar la nueva excepción de inadecuación del procedimiento interpuesto por el demandado por considerar que al darle la palabra primeramente era para que contestara todas las excepciones procesales y materiales y poner de manifiesto los defectos procesales, sin embargo sólo hizo uso de la nulidad del negocio jurídico y estando resuelto este incidente ya no se aceptan más excepciones al precluirle el término dejado de utilizar en base al artículo 592 del Código Procesal Civil.” (Folios 95-103 vuelto de la pieza del a quo). 3. En fecha catorce de enero de dos mil veinte, compareció ante la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, el abogado Rodolfo Elías Sorto Bueso, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor de la sociedad mercantil Granja Avícola Aviasa, S.A. de C.V., contra la resolución referida en el numeral que antecede. El garantista estima que dicha resolución vulnera a su representada, los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-12 vuelto del expediente del ad quem). 4. Seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, dictó sentencia en fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, mediante la cual dispuso: “DENEGAR LA ACCIÓN DE AMPARO, presentada por el abogado RODOLFO ELÍAS SORTO BUESO, representante procesal de la sociedad mercantil GRANJA AVÍCOLA AVIASA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE AVIASA S.A. de C.V, a través de su presidente del consejo de administración, el señor ABRAHAM SUAZO ESTRADA, contra el Juzgado de Letras de la sección judicial de La Paz, departamento de La Paz, sobre las actuaciones de fecha nueve de enero del presente año, contentivas de la resolución de incidente de nulidad de negocio jurídico, resolución que no se otorgó el derecho a la parte de plantear defectos procesales, y la resolución en la cual no se concedió traslado a la parte procesal para formular conclusiones, llevadas a cabo en audiencia de procedimiento abreviado, generando inadecuación de procedimiento; llevadas a cabo en la demanda con nomenclatura número 015-3-2019 de pretensión de acciones societarias.” (Folios 45-59 del expediente del iudex ad quem). 5. En fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, este alto tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene la garantía constitucional de amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá examinar el presente asunto en consulta obligatoria por remisión de la honorable Corte de Apelaciones seccional del departamento de Comayagua. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los alegatos expuestos por el impetrante en la garantía constitucional de amparo bajo estudio. El censor en su escrito de formalización señala que el amparo se dirige en contra de distintas resoluciones proferidas por la juez a quo, en la audiencia del juicio abreviado de fecha nueve de enero de dos mil veinte. Señala que dicha audiencia se celebró sin las formalidades propias de este tipo de audiencias y sin respetar los momentos procesales que deben seguirse, violentando así el derecho de acceder a los órganos jurisdiccionales, el derecho de debido proceso el derecho de defensa y de petición. Explica que en apego a los artículos 439 y 591.1 del Código Procesal Civil interpuso incidente de nulidad del negocio jurídico que funda la demanda, previo a contestar ésta, porque a su juicio no es procedente la tramitación del proceso, en virtud de carecer de objeto la acción, ya que la pretensión de la parte actora es que el tribunal convoque a una asamblea general ordinaria de accionistas, pero tal como se demostró con el libro de actas de la sociedad Granja Avícola Aviasa, S.A. de C.V., en fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la asamblea general ordinaria de accionistas correspondiente al año dos mil diecinueve. La juez desoyendo lo anterior, dice el amparista, “le dio el tratamiento de un incidente puro, violentando lo establecido en el artículo 439 que claramente manda que el asunto de fondo sea resuelto en sentencia definitiva.” Señala también que, se puso en conocimiento de la juez que la causa era ilícita, dado que el demandante no acreditó su condición de socio, debido a que no exhibió sus acciones, tal como lo dispone el artículo 128 del Código de Comercio. Pero la juez, aun cuando el demandante no dio cumplimiento a dicha norma, o sea sin acreditar el derecho que tiene a solicitar convocatoria de asamblea, ordenó el traslado a la parte contraria para que contestara el incidente y resolviéndolo en la misma audiencia, violentó el debido proceso, puesto que debió hacerlo en sentencia definitiva. El censor incluye en su escrito de formalización algunas alegaciones que hizo en primera instancia sobre la improcedencia de la demanda por carencia de objeto y causa. En virtud de ellos señala que la juez, “a pesar de haberle acreditado todos los presupuestos para que operara la nulidad del negocio jurídico, resolvió en el acto de la audiencia…” El impetrante de amparo reclama que no bastaba, tal como fue señalado por el juez a quo, que se acreditara la calidad de socio con la presentación de la escritura de constitución de la sociedad, sino que era indispensable la exhibición de las acciones, y que al no hacerlo así, fue violentado el debido proceso conforme a lo que disponen los artículos 121, 126 y 128 del Código de Comercio. Reclama también que, la juez cometió prejuzgamiento al pronunciarse sobre el fondo de la acción al afirmar que no consta en el acta de la asamblea general ordinaria de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, el que se haya convocado para la elección de un nuevo consejo de administración, lo cual correspondía juzgarlo no en el incidente sino al momento de dictar sentencia definitiva. El impetrante señala también que, se ha violentado el derecho al debido proceso porque de conformidad a lo que establece en forma imperativa el artículo 403 del Código de Comercio, todo juzgador está obligado a verificar de oficio sobre la clase de proceso que debe seguirse de acuerdo con la materia a que se refiere la demanda. En este caso al tratarse sobre una sociedad mercantil procede que se tramite el proceso por la vía declarativa ordinaria, según lo establecido en el artículo 399.1b del Código Procesal Civil, por ser el único que se refiere a sociedades. Por ende, no procede que el presente asunto se siga por el juicio abreviado. Reclama el censor, que intentó oponer excepciones pero que la juez se lo impidió argumentando que ya no era oportuno, debido a que debieron oponerse junto con el incidente de nulidad. Estima que por esa razón se le han violentado a su poderdante los derechos de petición, defensa y de acceder a los tribunales, dado que la ley otorga la oportunidad para denunciar los defectos procesales y materiales, siendo este uno de los momentos que permite la audiencia del proceso abreviado. También menciona que, en el acta de la audiencia no se consignó todo lo ocurrido durante esta, señalando que no se encuentra registrado el momento en que él solicitó que se dejara constancia de que la juez no permitió hacer uso de la denuncia de defectos procesales, y que eso violentaba el desarrollo de todas las etapas de la audiencia del abreviado. El censor finaliza señalando que su formalización se funda en las alegaciones siguientes: 1. Inadecuación del procedimiento, bajo el reclamo de que este caso debe tramitarse por el proceso ordinario y no el abreviado. 2. Defectos materiales extintivos de la causa de pedir siguientes: a) Falta de legitimación activa; b) ausencia de causa de pedir; y, c) se le impidió exponer sus alegaciones finales. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre el acto impugnado en amparo. La resolución que se impugnó por la vía de la garantía constitucional de amparo es la de fecha nueve de enero de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras del departamento de la sección judicial de La Paz. En dicha audiencia la juez a quo resolvió varias situaciones, primero un incidente de nulidad por carencia de causa de pedir y por no haber acreditado el demandante su calidad de socio; segundo una excepción por inadecuación del procedimiento; y, tercero la oportunidad de hacer alegaciones finales. Con relación al incidente de nulidad de negocio jurídico y de la causa de pedir, interpuesto por la parte demandada, la juez a quo decidió: “EL JUZGADO RESUELVE: En virtud del incidente planteado por la parte demanda en cuanto a la nulidad por no acreditar los demandantes ser accionistas del 25 por ciento del capital social, se ha acreditado en este incidente con prueba documental que los demandantes Lourdes Patricia Suazo Estrada y Ricardo Antonio Suazo Estrada tienen calidad de socios de la sociedad mercantil Granja Avícola Aviasa, sociedad anónima de capital variable al estar acreditado en la escritura de la constitución de la misma sociedad y con las diferentes actas presentadas que aparecen firmadas por ellos y con la demanda presentada por la parte demandada en su página número 8 por lo que se acreditó su calidad de socios, en cuanto a que la convocatoria debe ser solicitada al comisario se ha acreditado con el instrumento 119 del 22 de agosto de 2017 que se nombró como comisario al señor Ranulfo Suazo Alemán, sin embargo hay una constancia del presidente del consejo de administración, señor Abraham Suazo Estrada donde hace constar que María M. Ordóñez es comisaria de dicha sociedad, pero no se acreditó como fue nombrada esta comisaria, ya que la escritura de constitución establece que para el cargo, el comisario hay requisitos y no se han establecido claramente quien es el actual comisario, si Ranulfo Suazo Alemán o la señora María Ordóñez Alvarado. En cuanto a la convocatoria a asamblea y con las actas presentadas del respectivo libro para elegir el consejo de administración de la sociedad mercantil Aviasa no se acredita en ninguna de esas actas su convocatoria ya que el acta mencionada del 9 de agosto de 2019 la misma no es para elegir el consejo directivo de administración de dicha sociedad por lo que se rechaza el incidente de nulidad planteada y que se continúe con la contestación de la demanda por el demandado, todo con fundamento en los artículos 175, 176 del Código de Comercio y 592 del Código Procesal Civil. Seguidamente se le cede la palabra al abogado Caronte Rojas Zavala dice: Que solicito el derecho de reposición de la resolución. La juez manifiesta que en base al artículo 592 del Código Procesal Civil sólo tiene derecho a la protesta en caso de una apelación. Con relación a la excepción opuesta por inadecuación del procedimiento, la juez a quo resolvió: “EL JUZGADO RESUELVE: Sin lugar la nueva excepción por inadecuación del procedimiento interpuesto por el demandado, por considerar que al darle la palabra primeramente era para que contestara todas las excepciones procesales, sin embargo, sólo hizo uso de la nulidad del negocio jurídico y estando resuelto este incidente ya no se aceptan más excepciones al precluirle el término dejado de utilizar con base al artículo 592 del Código Procesal Civil. Seguidamente se le cede nuevamente la palabra al apoderado de la parte demandada, abogado Caronte Rojas Zavala para que conteste la demanda quien dice: Procedemos a contestar la demanda de la siguiente manera …” Con relación a las alegaciones finales que solicitó hacer el apoderado procesal de la parte demandada, la juez dictó la resolución siguiente: “EL JUZGADO RESUELVE: Seguidamente el abogado Caronte Rojas manifiesta que va a hacer sus alegatos, la señora juez le contestó la demandada hizo su petición en base a lo expuesto por su demanda por lo que eso se considera sus conclusiones, el abogado Caronte expresó que conste en acta que no le permitieron hacer alegatos.” CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de la opinión del agente de tribunales del Ministerio Público. En fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, la abogada Milady Jannete Pavón Ramírez, en su condición de fiscal fue de la opinión porque se deniegue la presente garantía de amparo. La fiscal expresa que coincide y da la razón a lo actuado por la juez de primera instancia, quien denegó la petición del apoderado procesal de la parte demandada, consistente en oponer la excepción de error en el proceso seguido, debido a que dicho juicio debe ser por la vía ordinaria y no del abreviado. La denegatoria de la juez se basó en que ya le había precluido a la parte actora el momento procesal para oponer excepciones. La fiscal también se pronuncia sobre lo ocurrido con las alegaciones finales de la parte demandada. Para ello relata que cuando el apoderado procesal de la parte demandada se disponía a hacer sus alegatos finales, la juez no se lo permitió bajo el argumento de que ya los había hecho al momento de contestar la demanda, ya que considera que la petición con base en lo expuesto por la demanda opera como conclusiones. Sobre este punto la fiscal hace la observación de que la parte demandada debió agotar el recurso de reposición de acuerdo con lo que dispone el artículo 694.1 del Código Procesal Civil. Dicha norma señala que procede el recurso de reposición contra las providencias y los autos no definitivos a fin de que el mismo tribunal que los dictó pueda reconsiderarlos. La fiscal finaliza señalando que en su opinión las alegaciones del amparista son de mera legalidad y porque además el acto impugnado fue consentido por no haber agotado los recursos de reposición y apelación, por lo que estima la aplicación del artículo 46, numerales 1, 3 y 7 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Comayagua, mediante la cual deniega la presente garantía constitucional de amparo. La decisión jurisdiccional y unánime de denegar la presente garantía constitucional de amparo se sustenta en las consideraciones que a continuación se resumen. Dicho tribunal de alzada señala que, del análisis de los antecedentes y de las alegaciones procede denegar la garantía de amparo por las razones siguientes: “a) Las excepciones procesales y materiales en el juicio civil, sea ordinario o abreviado, y según el artículo 592 del Código Procesal Civil, el actor tiene la opción de protestar contra la resolución para poder ejercer recurso contra la sentencia y por ese motivo; entonces, se puede decir con certeza que, el accionante de la garantía tenía expeditos recursos que le otorga la jurisdicción ordinaria, según el procedimiento que ha seguido el juez; b) Que en relación al tema de la inadecuación del procedimiento, de igual manera como lo advierte el artículo 456 del Código Procesal Civil, al alegarlo la parte, el a quo debió generarle el trámite incidental de la nulidad del proceso, fue fallado por el juez, declarándole sin lugar por realizar el alegato fuera del momento procesal, declarándole precluida la actuación; en este tema bajo las normas de la nulidad procedimental cabía plantear el incidente de nulidad conforme a lo que indica el artículo 115.1 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 212 del mismo código, alegato que pudiera inclusive llevarlo hasta el recurso que pudiera plantear contra la sentencia; c) respecto a la nulidad del negocio jurídico resulta ser una cuestión de fondo según lo advierte el artículo 349 del Código Procesal Civil, en cuya consecuencia al actor le quedan expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, como lo establece el artículo 46.7 de la Ley sobre Justicia Constitucional.” Al final la corte concluyó que no fueron violentados los derechos constitucionales citados por el impetrante por lo que procedió a denegar la garantía constitucional de amparo. CONSIDERANDO SEIS (6): Examen en consulta obligatoria de la sentencia que otorga el amparo solicitado. Este alto tribunal de justicia, al contrastar lo demandado por el amparista en el escrito de formalización de la garantía constitucional de amparo, con la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Comayagua, estima que esta última se encuentra arreglada conforme a la Constitución de la República y la ley, por ende, corresponde su confirmatoria de acuerdo con las apreciaciones que a continuación se exponen. La Sala de lo Constitucional, observa que entre los puntos puestos a su conocimiento, existe el asunto de fondo o instancia, el cual consiste en determinar la procedencia misma de la demanda que deduce la parte demandante, a la sazón, que el juzgado convoque a una asamblea general ordinaria de accionistas, por la supuesta negativa del administrador único de la sociedad mercantil Granja Avícola AVIASA; y, la consecuente oposición que hace la parte demandada alegando inter alia, que dicha asamblea, año dos mil diecinueve, ya se realizó. Sobre este punto en particular, la Sala de lo Constitucional no tiene facultades para pronunciarse porque es un asunto reservado para los órganos jurisdiccionales de instancia, en el ejercicio legítimo y propio de su competencia. Por otro lado, la Sala de lo Constitucional observa que existen otros cuestionamientos impetrados por la parte demandada actuando como amparista, a la sazón dos: a) La validez de la legitimación activa, referida a verificar si la parte demandante ostenta la calidad de socio; y b) la inadecuación del procedimiento escogido por la parte demandante. El amparista cuestiona la legitimación activa indicando la necesidad insoslayable de exhibir las acciones para poder demandar la pretensión deducida, de conformidad a lo que manda el Código de Comercio. Al respecto es necesario aclarar que, la legitimación activa desde el punto de vista constitucional (específicamente el ámbito de decisión del amparo), se garantiza cuando los jueces ejercitan el control examinando de entrada, o sea desde el primer escrito, si la parte actora tiene acción para demandar. También se garantiza cuando el juez ejercita dicho control cuando, como en el caso de marras, la parte contraria cuestiona expresamente dicho presupuesto procesal. Ahora bien, dilucidar si la parte actora tiene legitimación o no ya es un asunto de instancia, y en el caso de mérito fue resuelto por la juez a quo dentro de la audiencia del abreviado. Con relación al momento procesal oportuno, la Sala de lo Constitucional rechaza la tesis del amparista, quien opina que este extremo debió ser resuelto en sentencia definitiva. La Sala es del parecer que la falta de exhibición de las acciones no es en sí un asunto de fondo, sino un elemento relativo al presupuesto procesal de legitimación activa, por lo que la juez actuó de manera correcta al resolver este asunto en la audiencia del abreviado, puesto que este es el momento procesal oportuno. Sobre este punto se aclara, que este alto tribunal de justicia no se está pronunciando si la decisión de la juez a quo es correcta o incorrecta, sólo se está refiriendo al momento procesal oportuno. Por último, con referencia a la inadecuación del proceso, la Sala de lo Constitucional es del parecer que no procede el amparo, en virtud de que no estima de recibo lo alegado sobre la violación a los derechos de debido proceso por la vía de la tutela judicial efectiva, de petición y defensa, al constar en autos que la juez continuó con la audiencia, dando muestras inequívocas de la procedencia de encausar el presente juicio por la vía del proceso abreviado, luego del cuestionamiento que hizo la parte demandada. Sobre lo referido a las alegaciones finales, la Sala de lo Constitucional estima correcta la apreciación que hizo al respecto la honorable Corte de Apelaciones seccional del departamento de Comayagua; debiéndose en consecuencia confirmar lo dispuesto por dicho tribunal en todos sus aspectos. PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta obligatoria, proferida en fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte por la honorable Corte de Apelaciones seccional del departamento de Comayagua, mediante la cual denegó la garantía constitucional de amparo interpuesta y formalizada por el abogado Rodolfo Elías Sorto Bueso, a favor de la sociedad mercantil Granja Avícola Aviasa, S.A. de C.V., contra la resolución de fecha nueve de enero de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras de la sección judicial de La Paz. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-153-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL