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Sentencia AC-1497-21 — Registro 17935

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la del a-quo, con relación a la demanda ejecución de título extrajudicial interpuesta por la sociedad mercantil denominada Banco de América Central Honduras, S.A. (BAC CREDOMATIC). en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que siguiendo con el hilo conductor de la sentencia, se debe manifestar que la parte opositora no hizo referencia al monto que alega ahora en la formalización del recurso de amparo, no realizó las operaciones matemáticas a través de las cuales se evidenciaría la pluspetición, se limitó a manifestar el reconocimiento de la deuda por parte de su representado así como su voluntad de pagar, y era ese momento procesal preciso para hacerlo, momento en que cada parte debe solicitar la celebración de la prueba propuesta “del modo que mejor entienda convenir a sus intereses” nos dice el numeral 4 del artículo 467 del Código procesal Civil; es decir que lo que debió hacerse e aquella audiencia, se hizo en la formalización del recurso de amparo, lo que obliga a la Sala de lo Constitucional a alejarse del análisis sustantivo y volcarse a un análisis meramente procesal pues se ha detectado un planteamiento exclusivo de instancia a través de nueve razones constitutivas de agravios, alegando exclusivamente la errónea valoración del medio de prueba “reconocimiento judicial”, olvidando además referirse a la prescripción y centrándose únicamente en la oposición de pluspetición, cuya pretensión sería que la Sala indique como valorar correctamente la prueba supra, concluyendo que en estos casos es procedente aplicar el contenido del numeral 1. del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es decir sobreseer el caso por basar sus planteamientos hechos tanto en la interposición como en la formalización de la demanda en alegatos de instancia..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de abril de dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Gladys Amalia Valle Escobar, a favor del señor Dino Jericó Salomón Rubí, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, en la demanda ejecución de título extrajudicial interpuesta por la sociedad mercantil denominada Banco de América Central Honduras, S.A. (BAC CREDOMATIC), en fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, contra el señor Dino Jericó Salomón Rubí. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Heberth Isaac Aguilar Cruz, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada Banco de América Central Honduras, S.A. (BAC CREDOMATIC), presentando “DEMANDA EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL…”, en contra del señor Dino Jericó Salomón Rubí, conocido también como Dino Jericó Salomón R. (Folios 1-3 del expediente del A-quo) 2) El Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Que se debe declarar y en efecto se declara parcialmente con LUGAR el motivo de oposición por PLUSPETICIÓN, correspondiendo pagar a la parte ejecutada la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L.641,803.14). SEGUNDO: Que es procedente declarar y en efecto se declara NO HA LUGAR el motivo de oposición por prescripción alegado por la parte ejecutada TERCERO: Se ordena que se sigan adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la parte ejecutante el pago de la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L.641,803.14) actuaciones de apremio que deberán seguirse de acuerdo a las normas que rigen la ejecución de sentencias CUARTO: Sin costas. QUINTO: Que la Secretaría del Juzgado proceda a dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 202 del Código Procesal Civil, haciendo la notificación, archivo y publicidad en la forma permitida u ordenada por la Constitución y las leyes. NOTIFIQUESE. Se resuelve a la fecha en vista del estudio del caso y la carga de trabajo de este Despacho, que está implicando el conocimiento de casos de otros despachos cuyos jueces están de permiso e incapacitados…” (Folios 313-317 del expediente del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Gladys Amalia Valle Escobar, en su condición de apoderada legal del señor Dino Jericó Salomón Rubí, en contra de la sentencia referida en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, emitió resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: Declarar sin lugar el recurso de apelación. SEGUNDO: Se confirma la sentencia recurrida. TERCERO: Con costas al recurrente, en segunda instancia. Y MANDA: Que una vez firme la presente sentencia, con la certificación de estilo se devuelva al juzgado de su procedencia. NOTIFÍQUESE.” (Folios 34-52 del expediente del A-quo). 4) En fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno, comparecieron ante este Tribunal, la Abogada Gladys Amalia Valle Escobar, interponiendo acción de amparo a favor del señor Dino Jericó Salomón Rubí, contra la sentencia relacionada en el numeral antecede, por considerar que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. 5) En fecha ocho de junio de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por la Abogada Gladys Amalia Valle Escobar, se ordenó dar la vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para la emisión del dictamen correspondiente. (Folio 32 de la pieza de amparo) 6) Que en fecha treinta y uno de dos mil veintidós, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, quien opina que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que el Abogado Heberth Isaac Aguilar Cruz, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada Banco de América Central Honduras, S.A. (BAC CREDOMATIC), en fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, presentando demanda ejecución de título extrajudicial; contra el señor Dino Jericó Salomón Rubí, conocido también como Dino Jericó Salomón R., en virtud de dos contratos de tarjeta de crédito, préstamo otorgado por la institución bancaría, señalando como suma a ejecutar la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS DE LEMPIRAS, (L650,702.05). CONSIDERANDO (4): Que el demandado/ejecutado, presentó escrito de oposición a la demanda de ejecución de título extrajudicial, interponiendo como motivos de oposición la pluspetición y la prescripción, contenidos en los numerales 6 y 7 del artículo 792 del Código Procesal Civil respectivamente. En cuanto al desarrollo del motivo de oposición de pluspetición, argumenta que la cantidad demandada a ejecutar, que asciende a SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS DE LEMPIRAS, (L650,702.05); es excesiva, ya que es producto de la capitalización de los intereses y la sumatoria de intereses sobre intereses, (ver folio 310 y 310v. y 311 y 311v.), manifestando que la cantidad adeudada era solamente de SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (L600.233.78) (ver folio ---- de la primera pieza). Arguye en el escrito de oposición que siempre ha existido su intención de pagar, que no ha negado la deuda, que aportará como medios de prueba sus ofrecimientos de pago y concluye que el demandante dejó crecer la deuda deliberadamente con el fin de afectarlo, asimismo señala que el demandante deberá probar en el transcurso del procedimiento lo expuesto en la demanda. Con relación al motivo de oposición de prescripción, sostiene el ejecutado que la fecha de prescripción de la demanda debe contarse desde la fecha en que se suscribieron los contratos, es decir 26 y 05 de marzo de 2015 respectivamente, concluyendo que, desde las fechas apuntadas, a la fecha de interposición de la demanda que es 26 de septiembre de 2019 han pasado cuatro años, señalando que ya está prescrita la posibilidad de ejecución de los títulos extrajudiciales, exponiendo como fundamento legal el contenido del artículo 1684, 1688 y 1707 del Código de Comercio. CONSIDERANDO (5): La parte demandante sostiene en la contestación del escrito de oposición que, con relación al motivo de pluspetición, que la carga de la prueba recae sobre quien la alega y señala que el ejecutado debió aportar los medios de prueba pertinentes y útiles para acreditar la cantidad excedida en el cobro y ya pagada, fundamentando su alegato jurídico en el artículo 790 numeral uno del Código Procesal Civil, que dice “…El ejecutado podrá plantear en un solo escrito oposición a la ejecución en el plazo de tres (3) días desde la notificación del mandamiento de ejecución, aportando todas las justificaciones documentales que tuviera.”. Estas justificaciones o pruebas documentales no fueron aportadas ni como documentos adjuntos al escrito de oposición, ni en el momento procesal indicado como es la audiencia de oposición, es decir que el ejecutado no probó en juicio la existencia de la oposición por él interpuesta. Con relación al motivo de oposición de prescripción, contesta el ejecutante que es erróneo y por tanto no acepta que la fecha a partir de la cual se comience a contar el término de prescripción, sea la fecha de suscripción de contrato, como lo asegura el ejecutado, en vista de que en los contratos firmados entre ambas partes, existe una cláusula denominada VIGENCIA Y PLAZO, en la cual se lee: “Este contrato es válido por un año, a partir de su firma y será renovable automáticamente por períodos iguales, salvo que una de las partes dé aviso por escrito a la otra parte su intención de no renovar el contrato.” Por lo que sostiene el ejecutante, que la fecha a partir de la cual se contará el término, es la fecha en que se constituyó la mora es decir el 16 de abril de dos mil diecinueve, por consignarlo así el artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que dice: “ARTÍCULO 166.- TÍTULOS EJECUTIVOS. El estado de cuenta certificado por el contador de una institución del sistema financiero hará fe en juicio, salvo prueba en contrario, para la determinación del saldo a cargo de los clientes deudores. Los documentos de crédito, junto con el estado de cuenta certificado, serán títulos ejecutivos. No se extinguirá la obligación de pago de los deudores de una institución del sistema financiero, cuando sus créditos vencidos hayan sido castigados contra las reservas de valuación. La Certificación extendida por el contador de la institución del sistema financiero en que conste la determinación de los saldos de estos créditos, tendrá la misma condición y validez a la señalada en el párrafo primero de este artículo.” .CONSIDERANDO (6): El Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia de oposición a la ejecución de título extrajudicial en fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, mediante la cual declaró con lugar parcialmente el motivo de oposición de pluspetición, determinando que no se pagará la cantidad demandada de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS DE LEMPIRAS, (L650,702.05), sino que solamente la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L.641,803.14), producto esta última de los cálculos matemáticos realizados por el Juez de instrucción en base a los documentos revisados en la evacuación del medio de prueba “reconocimiento judicial” practicado en las oficinas de BAC CREDOCATIC, ubicadas en El Molinon, anillo Periférico, Tegucigalpa, F.M.- Asimismo, declaró sin lugar el motivo de oposición por prescripción, argumentando que la demanda fue interpuesta en tiempo y en forma lo que hace inoperante la prescripción. Siendo confirmada esta respuesta jurisdiccional por la Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en sentencia de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO (7): Que, no conforme con la respuesta jurisdiccional de segunda instancia, la demandada/ejecutada interpuso recurso de amparo exponiendo en la formalización del mismo que el haber declarado parcialmente con lugar el motivo de pluspetición y haber declarado sin lugar el motivo de prescripción de la demanda de ejecución de título ejecutivo, vulnera a su defendido su derecho a la defensa y el derecho a un debido proceso, no obstante, la recurrente, en lugar de desarrollar los conceptos de la violación a los derechos fundamentales señalados, expone nueve agravios, manifestando lo siguiente: En el primer agravio señala únicamente que el Ad quem no debió confirmar la sentencia recaída en la demanda en la cual BAC CREDOMATIC peticionaba la ejecución de dos títulos extrajudiciales por la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS DE LEMPIRAS, sino que debió concluir que la cantidad debida es de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS (L268,835.19). En el segundo agravio realiza una explicación fáctica del medio de prueba reconocimiento judicial, en el cual plantea a esta Sala de lo Constitucional, después de una serie de operaciones matemáticas, que, si se aplica el contenido del artículo 37 de la Ley de Tarjetas de Crédito, el monto de la deuda sería DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS, (L268,835.19). El artículo 37 de la Ley de Tarjetas de Crédito que establece que: “Los intereses moratorios no son capitalizables; por consiguiente, no se podrán cobrar intereses sobre intereses. Las sociedades autorizadas para emitir tarjetas de crédito podrán cobrar hasta un máximo de dos por ciento (2%) anual de recargo sobre el saldo en mora. El monto de los intereses moratorios no podrá exceder en ningún caso del saldo del principal adeudado.” Concluyendo el recurrente que esta Sala de lo Constitucional debe dar el valor probatorio favorable a su representado a los documentos exhibidos en el medio de prueba de reconocimiento judicial que el Tribunal A quem no concedió. Con relación al tercer agravio expuesto, señala que en ambos contratos de tarjetas de crédito suscritos en fechas 5 y 24 de marzo de 2015, se estipula la actividad ejecutiva de los mismos, y que por el hecho de tratarse de contratos de tarjeta de crédito, no se debió contabilizar los intereses producidos por la mora, ello por mandato del artículo 37 de la Ley de Tarjetas de Crédito, exponiendo que la vulneración al debido proceso consiste precisamente en el hecho de haberse capitalizado los intereses y posteriormente calcularlos de nuevo al haber caído en mora y además cobrar intereses sobre aquella cantidad. En el cuarto agravio expone que se debió aplicar aquella máxima que señala: “a confesión de parte relevo de prueba”, haciendo referencia a lo manifestado por un ejecutivo de la institución bancaria en el desarrollo del medio de prueba reconocimiento judicial, ante una interrogante de la Juez quien preguntó si capitalizaron los intereses en la deuda de las dos tarjetas de crédito aprobadas al ejecutado, contestando que sí, y que siempre se hace por financiamientos no pagados y que se suma al capital global. Explica que esta sumatoria hace que se eleve la deuda, por lo que dicha confesión es suficiente para acreditar la pluspetición. Con relación al quinto agravio, manifiesta que el A quo y el Ad quem, no valoraron adecuadamente los medios de prueba, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 10 numeral dos del Código Procesal Civil el que dispone que la resolución que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, tomando en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas. En el sexto agravio señala que dicho fallo altera el principio procesal de imparcialidad por estar inclinado a una sola de las partes en la valoración, practica y admisión de los medios de prueba propuestos, emitiendo un fallo arbitrario y parcializado, ya que como se explicó aduce que no se valoró la prueba, no se hizo análisis alguno de los hallazgos y mucho menos se pronunció sobre las infracciones de ley que hizo el demandante interponiendo una demanda en una clara PLUSPETICION. Como séptimo agravio expone que dicho fallo altera el principio procesal de imparcialidad de las partes procesales; en virtud que debe ser precedida de una actividad adecuada a la consecución del fin que se persigue, saneando los vicios existentes y valorando las pruebas en todo su alcance debiéndose encauzar la pureza del procedimiento y su desenvolvimiento por las causales legales adecuadas procurando que prevalezca el derecho a una tutela judicial efectiva. Como octavo agravio señala la carencia de una adecuada motivación jurídica taxativa de leyes y derecho positivo, carencia de motivación judicial que obliga a los jueces a dar las razones de sus conclusiones demostrando el nexo racional y además real entre las afirmaciones o negaciones a que lleguen y los elementos de prueba utilizados para alcanzarlos, y como último y noveno agravio, expone que al efectuarse la última revisión financiera y jurídica al monto adeudado durante toda secuela del Juicio, se demuestra de manera financiera y contable y en base a la ley de tarjetas de crédito y la ley del sistema financiero en concordancia a lo que estipula la legislación nacional y las normas internacionales NIF y NIC sobre los estados financieros que efectivamente existe una PLUSPETICION claramente demostrada siendo el sueldo real y legal a cobrar por ambas tarjetas la cantidad de Doscientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y cinco Lempiras con diecinueve centavos (LP. 268,835,19) en virtud que el demandante además de calcular intereses sobre intereses fuera del marco de la ley de tarjeta de crédito también efectuó cargos, gastos y cobros administrativos adicionales por treinta y tres (33) meses mismos que no proceden porque los servicios se encontraban suspendidos por bloqueo del uso de tarjeta, por lo que es procedente rebajar dichos cobros los cuales se detallan a continuación: Cobros de seguros de saldo mensual LP, 102.16 por cada tarjeta, haciendo un total de Lp. 204.00 x 33 meses= Lps. 6,742.56 Cobros de seguros HRE mensual LP. 88.27 por cada tarjeta, haciendo un total de LP. 176.54 x 88 meses = LP. 5,825.82 Cobro administrativo por sobregiro LP. 34.01 por cada tarjeta, haciendo un total de Lp. 68.02 x 33 meses = LP. 2,244.66 Cobros por membresía anual por ambas tarjetas 140 Dólares x 3 años = LP. 10,500.00, Cobros por tasa de seguridad LP. 1,600.00 x 3 años= LP. 4,800.00 Gastos por cobros administrativos Lp. 6,000.00., haciendo un total de LP. 36,113.04, dejando un saldo real de Doscientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y cinco Lempiras con diecinueve centavos (LP. 268,835.19), probando así la pluspetición. CONSIDERANDO (8): Que al respecto la Sala de lo Constitucional manifiesta que, en la audiencia de oposición a la ejecución de título extrajudicial, se fijó como objeto de la demanda, dilucidar dos motivos de oposición, la pluspetición y la prescripción contenidos en los numerales 6 y 7 del artículo 792 del Código Procesal Civil. Así las cosas, como regla de interpretación aplicable a todo el ordenamiento jurídico, el artículo 17 del Título Preliminar del Código Civil establece que “…no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”. En este sentido y producto de una revisión exhaustiva de los antecedentes, se debe manifestar que el último momento procesal para fijar con precisión la pretensión y la oposición a la demanda, así como para proponer y admitir la prueba, es en la audiencia señalada en el artículo 795 numeral 3. del Código Procesal Civil, cuya tramitación se desarrollará conforme a lo previsto en la audiencia de procedimiento abreviado, el que se relaciona con el artículo 593 de la norma adjetiva que manda que la proposición, admisión y practica de la prueba se haga conforme lo establece la audiencia preliminar del proceso ordinario es decir conforme a lo establecido en los artículos 466 al 480 del Código Procesal Civil, tal y como ha ocurrido en el presente caso, observándose que la parte opositora/ejecutada no propuso en dicha audiencia los medios de prueba para acreditar su pretensión, que no es otra que se declare con lugar la oposición de pluspetición y prescripción de la demanda. CONSIDERANDO (9): Que siguiendo con el hilo conductor de la sentencia, se debe manifestar que la parte opositora no hizo referencia al monto que alega ahora en la formalización del recurso de amparo, no realizó las operaciones matemáticas a través de las cuales se evidenciaría la pluspetición, se limitó a manifestar el reconocimiento de la deuda por parte de su representado así como su voluntad de pagar, y era ese momento procesal preciso para hacerlo, momento en que cada parte debe solicitar la celebración de la prueba propuesta “del modo que mejor entienda convenir a sus intereses” nos dice el numeral 4 del artículo 467 del Código procesal Civil; es decir que lo que debió hacerse e aquella audiencia, se hizo en la formalización del recurso de amparo, lo que obliga a la Sala de lo Constitucional a alejarse del análisis sustantivo y volcarse a un análisis meramente procesal pues se ha detectado un planteamiento exclusivo de instancia a través de nueve razones constitutivas de agravios, alegando exclusivamente la errónea valoración del medio de prueba “reconocimiento judicial”, olvidando además referirse a la prescripción y centrándose únicamente en la oposición de pluspetición, cuya pretensión sería que la Sala indique como valorar correctamente la prueba supra, concluyendo que en estos casos es procedente aplicar el contenido del numeral 1. del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es decir sobreseer el caso por basar sus planteamientos hechos tanto en la interposición como en la formalización de la demanda en alegatos de instancia. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del señor Fiscal, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; No.1 y párrafo último del artículo 46 No.1 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, 466, 467, numerales 6 y 7 del artículo 792, numeral 3 del artículo 795, 17 del Código Civil; FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de AMPARO interpuesto por la Abogada Gladys Amalia Valle Escobar, a favor del señor Dino Jericó Salomón Rubí, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de mayo de dos mil veintiuno.; Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó Wagner Vallecillo.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de junio de dos mil veintitrés. VISTO: el Recurso de Reposición interpuesto por la Abogada GLADYS AMALIA VALLE ESCOBAR, actuando en su condición de apoderado judicial del señor DINO JERICO SALOMON RUBI; contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha veinte de abril del año dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEEN LAS DILIGENCIAS el recurso de AMPARO interpuesto por la Abogada Gladys Amalia Valle Escobar, a favor del señor Dino Jericó Salomón Rubí, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de mayo de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: Que la recurrente estima que la sentencia recaída en amparo y recurrida en reposición contiene un error en la fecha de la misma, exponiendo que se lee veinte de abril del año dos mil veinte, en lugar de veinte de abril del año dos mil veintitrés, por lo que solicita se reponga la misma, exclusivamente en lo que a la fecha refiere. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional ha constatado lo expuesto por la suplicante, es decir, la existencia del error material o mero error detectado en la fecha de la sentencia. CONSIDERANDO: Que el derecho al recurso es un derecho de configuración legal y no un derecho de libertad; es decir que se deben seguir los cauces mancados por el legislador o los procedimientos legalmente preestablecidos. En el caso de autos, la recurrente ha seguido lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que ordena la procedencia del recurso de reposición en casos resueltos por unanimidad por la sala de lo Constitucional, como ocurre en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, en ese sentido, la Sala de lo Constitucional ha revisado la sentencia recurrida, detectando en efecto el error material señalado por la recurrente, consistente en que en la fecha de la sentencia dice veinte de abril del año dos mil veinte, siendo lo correcto veinte de abril del año dos mil veintitrés. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y 46 Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 7 de la Ley de INJUPEMP RESUELVE: DECLARAR CON LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada GLADYS AMALIA VALLE ESCOBAR, actuando en su condición de apoderado judicial del señor DINO JERICO SALOMON RUBI; a efecto de que se corrija la fecha, específicamente el año de la sentencia dictada por esta Sala en el recurso de AMPARO interpuesto por la Abogada Gladys Amalia Valle Escobar, a favor del señor Dino Jericó Salomón Rubí, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, debiendo entenderse que la sentencia en cuestión fue dictada en fecha veinte de abril del año dos mil veintitrés y no en el año dos mil veinte como dice, Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril y reposición de fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-1497-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL