Sentencia AC-145-20 — Registro 12690
Resumen
En Consulta la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que sobreseyó la acción de amparo en relación a la demanda de daños y perjuicios. Manifestando el recurrente, que el acto reclamado ha violentado, en perjuicio de su representada, los derechos constitucionales contenidos en los artículos 80, 90, 94 y 321 de la Constitución de la República
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO:(6) Que esta Sala de acuerdo a lo expuesto, encuentra que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, ya que del estudio realizado es patente la causal contenida en el artículo 46 numeral tres (3) de La Ley Sobre Justicia Constitucional, referido a las cuestiones de mera legalidad, porque las causas de inadmisibilidad conducen a dictar un sobreseimiento, ya que no permiten conocer el fondo de la acción, por no satisfacer los requisitos de admisibilidad, por lo que el Juez constitucional no puede pronunciarse al respecto. En el caso que nos ocupa, el Ad-quem ha realizado una revisión minuciosa de los hechos y resoluciones emitidos por el A quo, estudiando muy bien los antecedentes, observando que el ahora recurrente tiene expedito el recurso de apelación diferida, para lo cual realizó la protesta requerida y el respectivo recurso de reposición. Ante este panorama jurídico, el Ad-quem, despojado de su papel de Juez de instancia, y elevado a su atribución de aplicador de justicia constitucional, ha estimado que el A-quo, ha emitido resoluciones jurídicas en observancia al principio de legalidad y debido proceso al considerar que existe una causa de inadmisibilidad, y consecuentemente dictar un sobreseimiento como lo ordena el artículo 46 numeral 3 y último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional. En ese orden de ideas ésta Sala después del estudio de los antecedentes, aprecia que la existencia de las causas de inadmisibilidad, considerando que de acuerdo al estudio realizado Se Debe CONFIRMAR la acción de amparo venida en consulta.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de septiembre de dos mil veinte. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), que sobreseyó la acción de amparo interpuesta por el Abogado ITALO GODOY MENDIETA, a favor de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, contra la Resolución del JUZGADO DE LETRAS CIVL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha seis (6) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); con relación a la Demanda de Daños y Perjuicios, promovida por la sociedad mercantil IKA PUBLICITARIA S.A. DE C.V., contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS.- Manifestando el recurrente, que el acto reclamado ha violentado, en perjuicio de su representada, los derechos constitucionales contenidos en los artículos 80, 90, 94 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que el Abogado ITALO GODOY MENDIETA, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha siete (7) de enero de dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, contra la Resolución de fecha seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019); por considerar que la misma es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 80, 90, 94 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–6v del antecedente) 2) Que seguido el trámite de ley, que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó Sentencia en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), mediante la cual Falló: (SIC) “SOBRESEER el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ITALO GODOY MENDIETA interpuso recurso de amparo a favor de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contra el auto de fecha seis de diciembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en el expediente identificado bajo el numero 0501-176-2019 CV.-” (Folios 33–34v del antecedente) 3) Que en fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso) CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que la Ley Sobre Justicia Constitucional señala en el artículo 68 referente a la consulta obligatoria, que la sentencia de amparo dictada por los Jueces de Letras Departamentales o Seccionales irá en trámite de consulta obligatoria para ante la Corte de Apelaciones que corresponda. Sobre la sentencia que se pronuncie en este procedimiento, a solicitud de parte la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión. La sentencia de amparo dictada por las Cortes de Apelaciones en virtud del artículo 10 de la presente Ley, irá en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional. En los supuestos de los párrafos primero y segundo de este artículo, las sentencias que emitan en su orden la Corte de Apelaciones o la Sala de lo Constitucional, no serán objeto de recurso alguno. Asimismo, manda en el artículo 69 que la sentencia que recaiga en la consulta podrá ser reformada, confirmada o revocada, y se comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO: (4) Que en la formalización del recurso de amparo venido en consulta, el recurrente arguye, que la sentencia le ha vulnerado a su representado, el debido proceso dispuesto en el artículo 90 Constitucional que preceptúa que “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades derechos y garantías que establece la Ley”, y su derecho al principio de legalidad, cuando el A-quo en la audiencia preliminar de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, ordenó la subsanación de un certificado de autenticidad, que a su juicio, no cumple los requisitos exigidos para su validez, ya que conforme lo estipula el artículo 4 inciso C y 22 del Reglamento para el Diseño, Elaboración, Medidas de Seguridad, Vigencia, Utilización, Reposición, Venta y Distribución del Certificado de Autenticidad, de Matrimonio, Timbres y cualquier otro que se cree conforme a la Ley, la vigencia del certificado inicia a partir de la fecha de su venta hasta tres meses posteriores, y la parte demandante presentó prueba documental autenticada con un certificado de autenticidad con fecha de venta 29/11/2018 y fecha de caducidad 27/2/2019 y con fecha de emisión del certificado por parte del Notario Mario Gerardo Ramírez Flores, en fecha uno de agosto de dos mil dieciocho, incumpliendo los requisitos requeridos para la auténtica de copias por lo cual estos medios de prueba debieron ser inadmitidos. Asimismo alega que no debió admitir el medio de prueba denominado reconocimiento judicial que no fue enunciado al momento de presentación de la demanda y pretendiendo además que se haga una inspección a un expediente (archivo Público), violentando así el artículo 276, 344, 424 del Código Procesal Civil, ya que dicha prueba no fue propuesta en el momento procesal oportuno, desnaturaliza el fin de la misma, pues pretende que mediante una prueba de reconocimiento judicial se evacue una prueba documental y además violenta el derecho de defensa de su representada al admitir medio de prueba denominado medios técnicos de reproducción del sonido y la imagen sin haber sido esta, propuesta en el escrito de demanda sino al momento procesal de la continuación de la audiencia preliminar, violentando el debido proceso y el derecho de defensa de la Municipalidad de San Pedro Sula, al incumplir lo dispuesto en normas constitucionales y procesales. CONSIDERANDO: (5) Que la Corte de Apelaciones recurrida señala en la sentencia venida en consulta que del escrito de Amparo y del Informe rendido por el Juez de Primera Instancia, así como de toda la documentación acompañada y que consta en este juicio, aprecia lo siguiente: a) El expediente identificado bajo el número 0501-176-2019 CV, es contentivo de una de una Demanda Ordinaria de indemnización de Daños y Perjuicios, promovida por la sociedad mercantil IKA PUBLICITARIA SA. De C.V., en contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA; b) En fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, en la audiencia preliminar en el momento de la proposición de pruebas, la parte demandante propuso reconocimiento judicial y medios técnicos de reproducción del sonido y de la imagen, las que fueron admitidas por el Juzgado de Primera Instancia. Asimismo en la citada audiencia el A quo, tomando en consideración el haber manifestado el demandante en la audiencia su voluntad de subsanar el defecto procesal del certificado de autenticidad número 2580095 y considerar que la normativa procesal civil en su artículo 214.2 le da facultad para ello, ordeno la subsanación peticionada y le dio un plazo a la parte demandante para hacerlo; c) La parte demandada interpuso recurso de reposición por la resolución emitida por el Juzgador e hizo las protestas respectivas, cumpliendo así lo dispuesto en el artículo 700.1 y 708 del Código Procesal Civil para hacer valer en un recurso de apelación cualquier violación de sus derechos que estima, pudieron ser infringidos en primera instancia. ….manifiesta que considera que las alegaciones del recurrente son de mera legalidad y no alcanzan a configurarse como afectaciones a las garantías del debido proceso, de legalidad y de defensa, por cuanto el juicio esté en trámite, todavía no se ha dictado sentencia en el mismo, existiendo recursos que pueden ser utilizados por ambas partes en caso que así lo estimaren. El artículo 46 de la citada Ley, establece las causas por las cuales se declara inadmisible un recurso de esta naturaleza, entre ellas, cuando se aleguen cuestiones de mera legalidad y cuando se trate de asuntos meramente civiles (numerales 1 y 7). Constando de la lectura y estudio de las presentes diligencias las causales de inadmisibilidad señaladas, cabe sobreseer las mismas, como en efecto sobresee. CONSIDERANDO: (5) Que el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece que la finalidad de la acción de amparo, es mantener o restituir el goce de los derechos y garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros Instrumentos establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO:(6) Que esta Sala de acuerdo a lo expuesto, encuentra que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, ya que del estudio realizado es patente la causal contenida en el artículo 46 numeral tres (3) de La Ley Sobre Justicia Constitucional, referido a las cuestiones de mera legalidad, porque las causas de inadmisibilidad conducen a dictar un sobreseimiento, ya que no permiten conocer el fondo de la acción, por no satisfacer los requisitos de admisibilidad, por lo que el Juez constitucional no puede pronunciarse al respecto. En el caso que nos ocupa, el Ad-quem ha realizado una revisión minuciosa de los hechos y resoluciones emitidos por el A quo, estudiando muy bien los antecedentes, observando que el ahora recurrente tiene expedito el recurso de apelación diferida, para lo cual realizó la protesta requerida y el respectivo recurso de reposición. Ante este panorama jurídico, el Ad-quem, despojado de su papel de Juez de instancia, y elevado a su atribución de aplicador de justicia constitucional, ha estimado que el A-quo, ha emitido resoluciones jurídicas en observancia al principio de legalidad y debido proceso al considerar que existe una causa de inadmisibilidad, y consecuentemente dictar un sobreseimiento como lo ordena el artículo 46 numeral 3 y último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional. En ese orden de ideas ésta Sala después del estudio de los antecedentes, aprecia que la existencia de las causas de inadmisibilidad, considerando que de acuerdo al estudio realizado Se Debe CONFIRMAR la acción de amparo venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 95, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; ; 1, 2, 3 No.2; 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 196, 210 del Código Procesal Civil; FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), que sobreseyó la acción de amparo interpuesta por el Abogado ITALO GODOY MENDIETA, a favor de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, contra la Resolución del JUZGADO DE LETRAS CIVL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha seis (6) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); con relación a la Demanda de Daños y Perjuicios, promovida por la sociedad mercantil IKA PUBLICITARIA S.A. DE C.V., contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha tres de septiembre de dos mil veinte, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0145-2020.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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