Sentencia AC-144-20 — Registro 11550
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés que sobreseyó la acción de amparo contra las Resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, con relación a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial. Manifestando el recurrente que el acto reclamado ha violentado, en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 64, 80, 82, 90, 94, 95 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 8, 23, 24, 25 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 2 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 7, 8, 10, 12 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y; XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (9): Que la sentencia venida en consulta es irrefutable, que la Corte de Apelaciones Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés ha estimado la concurrencia de alegaciones violatorias de mera legalidad a estas alturas de proceso que no son consecuentes así como actos consentidos por el parte de los supuestos agraviados, mismos que son inoportunos debido a que en el proceso existe sentencia de remate en la que se subasto y adjudico un bien inmueble al acreedor hipotecario y que actualmente está en posesión judicial del mismo, el no hacer uso de los recursos que le franquea la ley en el momento procesal pertinente, trae como consecuencia, que el Ad-Quem declare la inadmisibilidad del recurso, motivando jurídicamente en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional numerales 1, 3 y 7 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (10): Que la ley precisa que el Recurso de Amparo tiene como finalidad proteger a las personas contra las acciones u omisiones o amenaza de violación de las autoridades públicas y demás entidades señaladas en la ley que lesionen, restrinjan, alteren o tergiversen los derechos reconocidos en la Constitución y demás leyes ordinarias, en atención al caso sub judice y venido en consulta a esta Sala y en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, comparte el fallo emitido por la Corte de Apelaciones Civil Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortes, que en la parte resolutiva de la sentencia sobresee el recurso, observando que no se ha denegado u omitido acto alguno contra el recurrente, el mismo fue resuelto jurídicamente en la aplicación de las causales de inadmisibilidad 1, 3 y 7 contempladas en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuyo efecto jurídico se contrae a sobreseer la acción constitucional de amparo presentada, concluyendo como resulta de lo actuado, que no se han vulnerado garantías fundamentales al recurrente por parte del Tribunal de Alzada."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de agosto de dos mil veinte. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), que sobreseyó la acción de amparo interpuesta por el señor ANDRES NAPOLEON ALEMAN CARCAMO, en su condición de apoderado legal de los señores LEONIDAS ROMERO RODRIGUEZ Y MERCY CLERETH ALEMAN, contra las Resoluciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha diecinueve (19) de marzo, treinta (30) de julio, nueve (9) y veintiuno (21) de agosto, diez (10) y veinticinco (25) de septiembre, y el auto de fecha trece (13) de diciembre, todos del año dos mil diecinueve (2019); todo esto, con relación a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida por la sociedad mercantil BANCO DE AMERICA CENTRAL, HONDURAS S.A. (BAC HONDURAS S.A.), contra los señores LEONIDAS ROMERO RODRIGUEZ Y MERCY CLERETH ALEMAN.- Manifestando el recurrente que el acto reclamado ha violentado, en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 64, 80, 82, 90, 94, 95 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 8, 23, 24, 25 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 2 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 7, 8, 10, 12 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y; XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. ANTECEDENTES 1) Que el señor ANDRES NAPOLEON ALEMAN CARCAMO, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de los señores LEONIDAS ROMERO RODRIGUEZ Y MERCY CLERETH ALEMAN, contra las Resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha diecinueve (19) de marzo, treinta (30) de julio, nueve (9) y veintiuno (21) de agosto, diez (10) y veinticinco (25) de septiembre, y el auto de fecha trece (13) de diciembre, todos del año dos mil diecinueve (2019); por considerar que las mismas son violatorias de los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 64, 80, 82, 90, 94, 95 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 8, 23, 24, 25 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 2 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 7, 8, 10, 12 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y; XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. (Folios 1–12 del antecedente) 2) Que seguido el trámite de ley, que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó Sentencia en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), mediante la cual Falló: (SIC) “SOBRESEER el presente recurso de Amparo interpuesto por el señor ANDRES NAPOLEON ALEMAN CARCAMO, postulado por los señores: LEONIDAS ROMERO RODRIGUEZ Y MERCY CLERETH ALEMAN, contra las resoluciones dictadas de fechas; 19 de marzo, 30 de julio, 09 y 21 de agosto, 10 y 25 de septiembre y el auto de fecha 03 de diciembre, todos del año dos mil diecinueve 2019, por el Juzgado De Letras Civil De San Pedro Sula, Cortes, presentado en fecha 13 de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).” (Folios 38–40 del antecedente) 3) Que en fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional, asimismo que la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada en fecha diez (10) de febrero del dos mil veinte (2020) por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que SOBRESEE el Recurso de Amparo contra las resoluciones emitidas por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortes de fechas 19 de marzo, 30 de julio, 09 y 21 de agosto, 10 y 25 de septiembre y el auto de fecha 03 de diciembre, todos del año dos mil diecinueve (2019) , promovido por el señor Andrés Napoleón Alemán Cárcamo postulando por los señores Leónidas Romero Rodríguez y Mercy Clereth Alemán presentado en fecha 13 de diciembre del año 2019, en relación a la Demanda de Ejecución de Titulo Hipotecario en la que actúa como ejecutante el Banco de América Central de Honduras, S.A. (BAC-Honduras) contra los señores Leónidas Romero Rodríguez y Mercy Clereth Alemán en su condición de ejecutados. CONSIDERANDO (3): Se deduce de la amplia motivación, que el impetrante considera vulnerados los autos de fecha 19 de marzo, 30 de julio, 9 y 21 de agosto, 10 y 25 de septiembre y el auto de fecha 3 de diciembre todos del año 2019, emitidos por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, con los cuales se violaron los derechos de defensa, legalidad, debido proceso y presunción de inocencia, igualdad y derecho humanitario establecido en el artículo 59 reformado 82 y 90 de la Constitución de la República, por cuanto fueron desestimadas peticiones de la parte ejecutante, igualmente no fueron notificados autos y providencias por los medios que ordena el Código Procesal Civil, vulnerando el debido proceso, se desestimaron recurso de reposición así como de apelación y otras circunstancias que violan el debido proceso y legítima defensa. CONSIDERANDO (4) :Que el Tribunal de Alzada argumenta en la decisión adoptada en el fallo venido en consulta, que el informe rendido por el A-quo y la fotocopia de los autos que corren agregados a la pieza principal de amparo, ahora censurados de fecha 19 de marzo, 30 de julio, 09 y 21 de agosto, 10 y 25 de septiembre y el auto de fecha 03 de diciembre todos del año 2019, se observa que han sido resueltos de conformidad a derecho, en virtud a lo que ha solicitado el apoderado judicial de la parte ejecutada. Es evidente que en el trámite del juicio no todo se resolvió favorable al peticionante ya que hay peticiones que no están apegadas a derecho, es por eso que el señor juez las ha desestimado, por no ser propias del procedimiento legalmente establecido para esta clase de juicios. Que en lo referente a la violación al debido proceso y derecho de defensa que alega el recurrente por no habérsele notificado los autos que ahora cuestiona, al hacer una revisión de los autos en mención todos fueron notificados en legal y debida forma, el apoderado judicial en unos autos se notificó personalmente y en otros en forma tácita, al presentar escrito de reposición, solicitar libramiento de oficios por los que resulta infundado que estas resoluciones no se hayan notificado. Que de todo lo antes expuesto se colige que los autos cuestionados están dictados conforme a derecho y que en los mismos no se han transgredido las garantías constitucionales de derecho y defensa y del debido proceso, petición, presunción de inocencia, legalidad, igualdad y derecho humanitario mencionados por el amparista, establecidos en los artículos 59, 80, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANO (5 ) : Que efectivamente la Alzada en su fallo expresa que el derecho de defensa forma parte del debido proceso, garantía constitucional que al estar conformada por un número indefinido de derechos, garantías o formalidades establecidas en la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado es necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos y en el caso sub judice, el recurrente lo ha relacionado con violación al debido proceso y el derecho de defensa y legalidad, manifestación especifica del derecho de defensa, establecido dentro de nuestro marco constitucional. Que para que pueda ampararse una situación de indefensión debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesa; 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total, y absoluta, es decir, que suponga una reducción de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Debe ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o intereses legítimos. 5) Debe ser imputables exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo. Requisitos estos que no se cumplen en las violaciones manifestadas por el amparista. Considera la Corte de Apelaciones que los autos censurados no son violatorios de las garantías constitucionales invocadas por el amparista observándose que lo expuesto son alegaciones de mera legalidad y tener recursos pendientes. CONSIDERANDO (6): Que de la revisión de los antecedentes surge que en efecto, todos los actos y resoluciones recurridos por el quejoso fueron resueltas por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes en respeto al debido proceso, que tanto el ejecutante como el ejecutado han concurrido al órgano jurisdiccional en procura de justicia, que si bien la parte ejecutada se siente afectada en sus intereses, es innegable como se revela de autos, que todas las peticiones a la parte ejecutada y que ha recurrido en amparo le fueron resueltas en legal y debida forma, aun y cuando lo solicitado no estaba apegado a derecho y sin ser propias del procedimiento, se colige de autos, que el juicio relativo a la demanda de ejecución hipotecaria había finalizado con la audiencia de remate en fecha 18 de mayo del 2016, y que únicamente procedía poner en posesión del inmueble al adquirente, en este caso al Banco Acreedor, que seguido el procedimiento de ley, mediante resolución de fecha 10 de octubre del 2019 el órgano jurisdiccional ordena el archivo de las diligencias de ejecución, tomando en cuenta que en fecha 27 de septiembre del año 2019 se había dado el desalojo con el propósito de dar posesión judicial al adquirente del bien inmueble al Banco de América Central de Honduras S.A. (BAC-Honduras). Dispone el artículo 863 del Código Procesal Civil, “el adquirente podrá entrar en posesión del inmueble que no se hallare ocupado, y del que se hubiera declarado que los ocupantes no tenían derecho a proseguir en la ocupación tras la adjudicación. En este caso se procederá al lanzamiento sin perjuicio de las acciones que los ocupantes quieran ejercitar en vía ordinaria”, como se deduce de autos la parte ejecutada no hizo valer este derecho y que está relacionado con el artículo 901 del mismo cuerpo legal relativo a la oposición diferida par el proceso ordinario. Por otro lado, la actuación judicial de fecha 3 de diciembre del 2019 que alega el impetrante como violatoria de garantías reconocidas por la Constitución, y mediante la cual se desestima un recurso de apelación contra la resolución de fecha 21 de octubre del 2019, la que también desestimó el recurso de reposición, siendo las mismas irrecurribles, por no cumplirse los requisitos de los artículos 694 y 695 del Código Procesal Civil, se observa que el quejoso, previo a promover la Acción de Amparo que se conoce en consulta ha dejado acciones pendientes como las ya señaladas. CONSIDERANDO (7) :Que la Corte de Apelaciones Civil Seccional Judicial de San Pedro Sula, Cortes dicta sentencia en fecha 10 de febrero del 2020 una vez conocido el Recurso de Amparo y estudiados los antecedentes del caso como ha quedado expresado en los considerados que anteceden, resuelve sobreseer el Recurso, según lo que dispone el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que Regula la Inadmisibilidad de la Acción y entre otros manda: “1)Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad”. Al intentar la acción contra actos eminentemente procesales, sin que se le haya privado a la parte recurrente (ejecutada) su derecho de defensa en relación directa con la ejecución hipotecaria aludida, como se desprende de autos hizo uso de todos los medios a su alcance sin limitación alguna. 3)Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes”; de autos se deriva que al estar concluido el proceso en donde se aprecia que ya hubo subasta del bien hipotecado así como su adjudicación y su inscripción en el Registro de la Propiedad, es decir, es firme la venta en pública subasta, al recurrente al considerar que con dichas actuaciones se ha perjudicado a sus representados, debió ejercita r las acciones que en derecho conciernen al tenor de lo dispuesto en el artículo 863 en relación al 901 numeral 1 del Código Procesal Civil; sin perjuicio que la petición rechazada se haga valer como motivo en el recurso contra la resolución que ponga fin al proceso de manera definitiva; igualmente fundados en el mismo artículo, la causal de inadmisibilidad contenida en el literal “7) En los Asuntos Judiciales Puramente Civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal. Por lo que, al tener expeditos recursos por la vía ordinaria, y no cumplir el amparista con los requisitos previamente establecidos en la Ley Sobre Justicia Constitucional en lo que corresponde a lo que dispone el artículo, 46 párrafo final de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Ad-Quem sobresee el amparo objeto del presente estudio, en razón de las causales de inadmisibilidad supra indicadas. CONSIDERANDO (8): Que la Sala observa, que la resolución venida en consulta, no concierne al ámbito de la Justicia Constitucional, como se deduce de la revisión de las resoluciones y autos recurridos, por no haberse agotado previamente la vía recursiva o ejercitar acciones propias del proceso, lejos de ello el agraviado ha consentido actos durante la secuela del procedimiento, dejando de utilizar los medios de impugnación reconocidos por la ley, que permiten a las partes procesales instar ante el Juzgador o delegado de justicia que conoce del asunto, dirimir la situación con la respectiva enmienda o modificación de la resolución judicial que se considera lesiona o perjudica los intereses de sus representados, observando los términos para impugnar, caso contrario, el acto impugnado se vuelva firme y consentido, por tanto, intentar el recurso de amparo sin haber agotado los recursos o acciones a su favor, implica que el intento de ser amparado decante en causales de inadmisibilidad como ha sucedido en el presente caso, encontrando esta Sala que la resolución venida en consulta y dictada por el Ad Quem ha sido motivada y razonada en total respeto al debido proceso y el derecho de defensa que tienen la partes, como ha quedado explicado; consecuentemente, una vez cumplida por el juez constitucional la obligación fundamental de acceso a la justicia así como de vigilar que no se vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos, se concluye, que el Ad-Quem ha tutelado de manera efectiva con el fallo proferido en favor de las partes procesales, tanto para el ejecutante como para el ejecutado; concretamente deja establecido en la sentencia venida en consulta, que debe sobreseerse la pretendida acción de amparo en observancia a lo dispuesto en el artículo 46 literales 1, 3 y 7 que en párrafo último de la Ley Sobre Justicia Constitucional literalmente dispone: “El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos las causales de inadmisibilidad”, como ha sucedido en la acción de amparo postulada por el señor Andrés Napoleón Alemán Cárcamo en favor de los señores Leónidas Romero Rodríguez y Mercy Clereth Alemán. CONSIDERANDO (9): Que la sentencia venida en consulta es irrefutable, que la Corte de Apelaciones Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés ha estimado la concurrencia de alegaciones violatorias de mera legalidad a estas alturas de proceso que no son consecuentes así como actos consentidos por el parte de los supuestos agraviados, mismos que son inoportunos debido a que en el proceso existe sentencia de remate en la que se subasto y adjudico un bien inmueble al acreedor hipotecario y que actualmente está en posesión judicial del mismo, el no hacer uso de los recursos que le franquea la ley en el momento procesal pertinente, trae como consecuencia, que el Ad-Quem declare la inadmisibilidad del recurso, motivando jurídicamente en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional numerales 1, 3 y 7 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (10): Que la ley precisa que el Recurso de Amparo tiene como finalidad proteger a las personas contra las acciones u omisiones o amenaza de violación de las autoridades públicas y demás entidades señaladas en la ley que lesionen, restrinjan, alteren o tergiversen los derechos reconocidos en la Constitución y demás leyes ordinarias, en atención al caso sub judice y venido en consulta a esta Sala y en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, comparte el fallo emitido por la Corte de Apelaciones Civil Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortes, que en la parte resolutiva de la sentencia sobresee el recurso, observando que no se ha denegado u omitido acto alguno contra el recurrente, el mismo fue resuelto jurídicamente en la aplicación de las causales de inadmisibilidad 1, 3 y 7 contempladas en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuyo efecto jurídico se contrae a sobreseer la acción constitucional de amparo presentada, concluyendo como resulta de lo actuado, que no se han vulnerado garantías fundamentales al recurrente por parte del Tribunal de Alzada. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; ; 1, 2, 3 No.2; 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 46 Numerales 1, 3 y 7, párrafo último, 61, 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, en el Recurso de Amparo interpuesto por el señor Andrés Napoleón Alemán Cárcamo postulando en favor de los señores Leónidas Romero Rodríguez y Mercy Clereth Alemán en el fallo de fecha 10 de febrero del 2020, dictado por la Corte de Apelaciones de lo Civil Seccional de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes. -Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal con el número SCO-0144-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
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