Sentencia AC-143-20 — Registro 11817
Resumen
Sentencia en consulta otorgó recurso de mérito en relación a solicitud de declaratoria de herencia y posesión efectiva de herencia promovida por recurrente como representante legal de su hija menor de edad respecto a bienes dejados por el causante padre de dicha menor de edad; el juzgado de primera instancia inadmitió recurso de apelación contra su fallo por considerar que el mismo se presentó en forma extemporánea; el Tribunal de Alzada no compate dicha resolución en virtud que los medios de impugnación en jurisdicción voluntaria se rigen conforme al código procesal civil y no a la normativa jurídica de 1906, por lo que el recurso de apelación fue presentado dentro del término del artículo 709 del código procesal civil
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la Alzada fue del parecer porque se declarase ha lugar la acción de amparo intentada, advirtiendo que efectivamente, el artículo 924 del CPC reformó el 972 del Código de Procedimientos de 1906 en lo relativo a que los medios de impugnación opuestos en la jurisdicción voluntaria se regirán conforme con las disposiciones del CPC, de ahí entonces que el recurso de apelación interpuesto por el impetrante fue presentado dentro del término establecido por el artículo 709 del CPC..."..."esta Sala asiente con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, en tanto que, efectivamente, el artículo 972 del Código de Procedimientos de 1906, que establecía la posibilidad de recurrir en apelación según las reglas generales, fue reformado por el artículo 924 del Código Procesal Civil, remitiendo la regulación del recurso de apelación a las reglas estipuladas en el CPC, de ahí entonces que el término para la interposición del recurso de apelación es el dispuesto por el artículo 709 del CPC, es decir, dentro del plazo de diez (10) días contados desde el día siguiente de la notificación de la resolución impugnada, y en el caso que nos ocupa, la Alzada ha advertido que dicho recurso fue interpuesto dentro de este plazo, lo cual fue inobservado por el juez de instancia al declarar indebidamente la extemporaneidad del recurso. En tal virtud, siendo que la garantía constitucional al debido proceso comporta inter alia el deber de los jueces de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello conlleva a que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo, como así ha sido declarado por la Alzada en la sentencia que se revisa, siendo que con la resolución impugnada se ha privado indebidamente al impetrante del derecho a recurrir..."..."esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe declararse..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 709 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 924 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 972 (Jerarquía Ordinaria)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de octubre de dos mil veinte VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha diez (10) de febrero de dos mil veinte (2020), que otorgó el recurso presentado contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en relación a la solicitud de declaratoria de herencia y posesión efectiva de herencia promovida por la señora D. J. Á. J. en su condición de representante legal de su menor hija D. S. P. Á. de los bienes que dejara el causante señor JULIO CESAR PEÑA RIVERA. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representada contemplados en los artículos 61, 64, 80, 82, 90, 94, 111 y 119 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dos (02) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado SAMUEL JACOBO CASTELLANOS ZELAYA en su condición de Apoderado Judicial de la señora D, J. Á. J. quien actúa en su condición de madre y representante Legal de su menor hija D. S. P. Á., contra la resolución de fecha veinticuatro (24) de octubre del dos mil diecinueve (2019), consistente y repudiable, según el recurrente, del derecho de defensa y el derecho al debido proceso, resolución emitida por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en las diligencias de la solicitud de Declaratoria de Heredera y Posesión Efectiva de Herencia, para que previos los trámites legales correspondientes se le declarara a dicha menor heredera Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y acciones que a su fallecimiento dejara su difunto padre, el causante señor JULIO CESAR PEÑA RIVERA, y que se le concediera la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. (Folios 1–21 de la Pieza del Ad-Quem). 2) Que en fecha diez (10) de febrero de dos mil veinte (2020), la citada Corte Falló: (SIC) “OTORGAR el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SAMUEL JACOBO CASTELLANOS ZELAYA, a favor de la señora D, J. Á. J.Z, en su condición de madre y representante legal de su menor hija D.S. P. Á., contra las actuaciones del Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, dictada el 24 de octubre de 2019.” (Folio 51-53 de la Pieza del Ad-Quem). 3) Que en fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que El Estado reconoce la garantía de amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que según consta de los antecedentes, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, emitió resolución de fecha 24 de octubre de 2019, mediante la cual decidió inadmitir un recurso de apelación presentado por el recurrente contra la sentencia de fecha 19 de septiembre de 2019, que fue dictada en el trámite de solicitud de declaración de herencia ab intestato, presentada por el mismo impetrante y de la cual se ha hecho mérito. En su decisión, el juez de letras estableció que la no admisión del recurso de apelación obedecía al hecho que éste fue interpuesto en forma extemporánea, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 978 del Código de Procedimientos de 1906, cuyas disposiciones concernientes a la jurisdicción voluntaria continúan en vigor. CONSIDERANDO (6): Que el referido auto fue recurrido vía amparo ante la Corte Primera de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, aduciéndose que se violentó el derecho de defensa al no admitirse a trámite el precitado recurso de apelación, puesto que el mismo fue interpuesto de conformidad con el artículo 709 del Código Procesal Civil, aplicable al caso a razón de que el artículo 924 del CPC deroga el 972 del Código de Procedimientos de 1906. CONSIDERANDO (7): Que en la sentencia que resolvió el recurso de amparo referido, la Alzada fue del parecer porque se declarase ha lugar la acción de amparo intentada, advirtiendo que efectivamente, el artículo 924 del CPC reformó el 972 del Código de Procedimientos de 1906 en lo relativo a que los medios de impugnación opuestos en la jurisdicción voluntaria se regirán conforme con las disposiciones del CPC, de ahí entonces que el recurso de apelación interpuesto por el impetrante fue presentado dentro del término establecido por el artículo 709 del CPC. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala asiente con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, en tanto que, efectivamente, el artículo 972 del Código de Procedimientos de 1906, que establecía la posibilidad de recurrir en apelación según las reglas generales, fue reformado por el artículo 924 del Código Procesal Civil, remitiendo la regulación del recurso de apelación a las reglas estipuladas en el CPC, de ahí entonces que el término para la interposición del recurso de apelación es el dispuesto por el artículo 709 del CPC, es decir, dentro del plazo de diez (10) días contados desde el día siguiente de la notificación de la resolución impugnada, y en el caso que nos ocupa, la Alzada ha advertido que dicho recurso fue interpuesto dentro de este plazo, lo cual fue inobservado por el juez de instancia al declarar indebidamente la extemporaneidad del recurso. En tal virtud, siendo que la garantía constitucional al debido proceso comporta inter alia el deber de los jueces de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello conlleva a que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo, como así ha sido declarado por la Alzada en la sentencia que se revisa, siendo que con la resolución impugnada se ha privado indebidamente al impetrante del derecho a recurrir. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala asiente con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto que el derecho a recurrir es “una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica”, que “procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho”. Dicho esto, y como sabemos, es perfectamente válida la regulación de los recursos, así como establecer límites legales para determinados procedimientos, sin embargo, esta Sala considera que cuando el órgano judicial niega o impide la posibilidad real de impugnación por razones no fundadas en derecho, deviene una eminente infracción a este derecho. CONSIDERANDO (10): Que en virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe declararse. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 972 y 709 del Código Procesal Civil; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha diez (10) de febrero de dos mil veinte (2020), de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de diciembre de dos mil vente. Visto el escrito que antecede presentado por el abogado SAMUEL JACOBO CASTELLANOS ZELAYA, asimismo, revisada que ha sido la sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, recaída en el recurso de mérito y siendo que en la misma, por un error material no se consignó en la parte resolutiva, de forma equivoca la fecha de la sentencia venida en consulta, como: “diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho”, por consiguiente, esta Sala en aplicación de los principios de oficiosidad y formalismo moderado, que impera en la substanciación de las acciones constitucionales, contenidos en los artículos 4 numeral 5; y, 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se dispone: Reponer de oficio la sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, en el único sentido de enmendar el error material antes relacionado, en consecuencia, léase en su lugar “diez de febrero de dos mil veinte”, continúese con el procedimiento de ley en el recurso de mérito.- Artículos 183 de la Constitución de la República; Artículos 4, 5, 7, 45, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 12 inciso c) del Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional.- CUMPLASE. Firma y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Firma y sello. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cinco días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia y la resolución de fechas catorce de octubre y siete de diciembre de dos mil veinte, recaídas en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0143-2020.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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