Sentencia AC-142-20 — Registro 12689
Resumen
Se interpuso recurso de amparo que sobresee el recurso de apelaciones en relación a la solicitud de régimen de comunicación y visitas. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representada contemplados en los artículos 80, 81, 183 Y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo ante tribunales ordinarios, y que estos recursos puedan tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, como acontece en el caso de autos, ya que la recurrente puede reproducir este alegato en apelación al dictarse la sentencia que le ponga fin al proceso de primera instancia.- CONSIDERANDO (8): Que de conformidad con la ley, el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.- CONSIDERANDO (9): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.- CONSIDERANDO (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha diez de febrero de dos mil veinte dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, que sobreseyó la demanda constitucional de Amparo que se ha hecho mérito, al presentarse causas de inadmisibilidad; al tratarse de situaciones de tener acciones legales o recursos expeditos.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 7 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de octubre de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo dictado por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha diez (10) de febrero de dos mil veinte (2020), que sobresee el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE LA SECION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha siete (07) de octubre de dos mil diecinueve (2019), en relación a la solicitud de régimen de comunicación y visitas promovida por el Señor SERGIO EDGARDO TERUEL BUESO contra la Señora RAQUEL ELIZABETH BARAHONA GRUMBER. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representada contemplados en los artículos 80, 81, 183 Y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Abogada DUBIA KARINA GUTIERREZ MEJIA en su condición de Apoderado Judicial de la Señora RAQUEL ELIZABETH BARAHONA GRUMBER quien actúa en su condición de Madre y Representante Legal del menor SERGIO ANDRE TERUEL BARAHONA, contra el auto de fecha siete (07) de octubre del dos mil diecinueve (2019), solicitando con carácter de forma inmediata dada la urgencia que prevalezca el interés superior del menor para que este régimen se adecuado y sea de forma gradual, para que el futuro él menor pueda ir teniendo contacto con el padre, quien ha estado ausente en la vida del menor. (Folios 1–8 de la Pieza del Ad-Quem).- 2) Que en fecha diez (10) de febrero de dos mil veinte (2020), la citada Corte Falló: (SIC) “SOBRESEER el presente recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DUBIA KARINA GUTIERREZ MEJIA, actuando en su condición de apoderada legal de la señora RAQUEL ELIZABETH BARAHONA GRUMBER, contra la resolución dictada en fecha 07 de octubre del año 2019, por el Juzgado de Letras De Familia, De San Pedro Sula, Cortes, en el expediente número 0501-2019-0115, presentado en fecha veinte de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).” (Folio 50-51 de la Pieza del Ad-Quem).- 3) Que en fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada en fecha diez de febrero de dos mil veinte por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, que sobresee el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE LA SECION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha siete (07) de octubre de dos mil diecinueve (2019), en relación a la solicitud de régimen de comunicación y visitas promovida por el Señor SERGIO EDGARDO TERUEL BUESO contra la Señora RAQUEL ELIZABETH BARAHONA GRUMBER. En el fallo objeto de examen, la Corte de Alzada estimó concurrente la causal de inadmisibilidad estipulada en el inciso 7º del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone que es inadmisible el recurso de amparo en los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal. En sus consideraciones, la Alzada estimó que (sic): “…SEGUNDO: Que de lo alegado por la recurrente, su inconformidad resulta porque la a-quo ha establecido un régimen de comunicación y visitas del Señor SERGIO EDGARDO TERUEL BUESO, contra la señora RAQUEL ELIZABETH BARAHONA GRUMBER, solicitud que hizo el señor TERUEL BUESO, para tener comunicación fluida con su menor hijo SERGIO ANDRE TERUEL BARAHONA. Que consta en los folios 19 al 38, las audiencias y las certificaciones de estas en donde se estableció el régimen de comunicación y visitas entre el Señor SERGIO EDGARDO TERUEL BUESO, padre del menor SERGIO ANDRE TERUEL BARAHONA. La a-quo fundamentó su decisión del régimen de visitas referido en el artículo 195 y 196 del Código de Familia, en donde la faculta para que ella decida sobre el régimen de comunicación en virtud de que los padres no se pusieron de acuerdo para establecer la comunicación del menor con su padre. Así mismo la a-quo fundamentó su resolución haciendo prevalecer el interés superior del menor para que este derecho no sea vulnerado por ninguno de los padres. Es importante mencionar que la resolución dictada por la Señora Juez, en la audiencia, es una resolución provisional. TERCERO: Que de todo lo antes expuesto, se colige que la resolución cuestionada está dictada conforme a derecho, y que la misma no ha transgredido la garantía constitucional del debido proceso establecido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica, mencionado por la amparista. Así mismo lo que se refiere al interés superior del menor establecido en los artículos 119 y 126 de la Constitución de la Republica, articulo 5 del código de la niñez y adolescencia. En consecuencia, esta Corte considera que la recurrente tiene recursos pendientes. CUARTO: Que el debido proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica, garantía constitucional que al estar conformada por un número indefinido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado será necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjudice, la recurrente lo ha relacionado con violación al debido proceso manifestación específica del derecho de defensa, establecida dentro de nuestro marco constitucional. Que para que pueda amparase una situación de violación al debido proceso, debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Debe ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o intereses legítimos. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo. Requisitos estos que no se cumplen en las violaciones manifestadas por el amparista.- Que la finalidad de recuro de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas siempre que sea posible al estado anterior a la violación.- En consecuencia, esta Corte considera que la resolución censurada no es violatoria de las garantías constitucionales invocadas por la amparista, y además tiene recursos pendientes, por lo que el presente recurso de amparo debe sobreseerse.” Con lo cual el Tribunal de Apelación concluyó que la ahora recurrente, tiene expedito recurso en el mismo juicio, estimando entonces la procedencia de la causal referida y determinando el sobreseimiento de las diligencias de mérito.- CONSIDERANDO (6): Que nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento previo de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. En este respecto, esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, sabemos que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo ante tribunales ordinarios, y que estos recursos puedan tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, como acontece en el caso de autos, ya que la recurrente puede reproducir este alegato en apelación al dictarse la sentencia que le ponga fin al proceso de primera instancia.- CONSIDERANDO (8): Que de conformidad con la ley, el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.- CONSIDERANDO (9): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.- CONSIDERANDO (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha diez de febrero de dos mil veinte dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, que sobreseyó la demanda constitucional de Amparo que se ha hecho mérito, al presentarse causas de inadmisibilidad; al tratarse de situaciones de tener acciones legales o recursos expeditos.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 7) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha diez de febrero de dos mil veinte dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.- Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTÉZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0142-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de octubre de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo dictado por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha diez (10) de febrero de dos mil veinte (2020), que sobresee el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE LA SECION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha siete (07) de octubre de dos mil diecinueve (2019), en relación a la solicitud de régimen de comunicación y visitas promovida por el Señor SERGIO EDGARDO TERUEL BUESO contra la Señora RAQUEL ELIZABETH BARAHONA GRUMBER. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representada contemplados en los artículos 80, 81, 183 Y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Abogada DUBIA KARINA GUTIERREZ MEJIA en su condición de Apoderado Judicial de la Señora RAQUEL ELIZABETH BARAHONA GRUMBER quien actúa en su condición de Madre y Representante Legal del menor SERGIO ANDRE TERUEL BARAHONA, contra el auto de fecha siete (07) de octubre del dos mil diecinueve (2019), solicitando con carácter de forma inmediata dada la urgencia que prevalezca el interés superior del menor para que este régimen se adecuado y sea de forma gradual, para que el futuro él menor pueda ir teniendo contacto con el padre, quien ha estado ausente en la vida del menor. (Folios 1–8 de la Pieza del Ad-Quem).- 2) Que en fecha diez (10) de febrero de dos mil veinte (2020), la citada Corte Falló: (SIC) “SOBRESEER el presente recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DUBIA KARINA GUTIERREZ MEJIA, actuando en su condición de apoderada legal de la señora RAQUEL ELIZABETH BARAHONA GRUMBER, contra la resolución dictada en fecha 07 de octubre del año 2019, por el Juzgado de Letras De Familia, De San Pedro Sula, Cortes, en el expediente número 0501-2019-0115, presentado en fecha veinte de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).” (Folio 50-51 de la Pieza del Ad-Quem).- 3) Que en fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada en fecha diez de febrero de dos mil veinte por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, que sobresee el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE LA SECION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha siete (07) de octubre de dos mil diecinueve (2019), en relación a la solicitud de régimen de comunicación y visitas promovida por el Señor SERGIO EDGARDO TERUEL BUESO contra la Señora RAQUEL ELIZABETH BARAHONA GRUMBER. En el fallo objeto de examen, la Corte de Alzada estimó concurrente la causal de inadmisibilidad estipulada en el inciso 7º del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone que es inadmisible el recurso de amparo en los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal. En sus consideraciones, la Alzada estimó que (sic): “…SEGUNDO: Que de lo alegado por la recurrente, su inconformidad resulta porque la a-quo ha establecido un régimen de comunicación y visitas del Señor SERGIO EDGARDO TERUEL BUESO, contra la señora RAQUEL ELIZABETH BARAHONA GRUMBER, solicitud que hizo el señor TERUEL BUESO, para tener comunicación fluida con su menor hijo SERGIO ANDRE TERUEL BARAHONA. Que consta en los folios 19 al 38, las audiencias y las certificaciones de estas en donde se estableció el régimen de comunicación y visitas entre el Señor SERGIO EDGARDO TERUEL BUESO, padre del menor SERGIO ANDRE TERUEL BARAHONA. La a-quo fundamentó su decisión del régimen de visitas referido en el artículo 195 y 196 del Código de Familia, en donde la faculta para que ella decida sobre el régimen de comunicación en virtud de que los padres no se pusieron de acuerdo para establecer la comunicación del menor con su padre. Así mismo la a-quo fundamentó su resolución haciendo prevalecer el interés superior del menor para que este derecho no sea vulnerado por ninguno de los padres. Es importante mencionar que la resolución dictada por la Señora Juez, en la audiencia, es una resolución provisional. TERCERO: Que de todo lo antes expuesto, se colige que la resolución cuestionada está dictada conforme a derecho, y que la misma no ha transgredido la garantía constitucional del debido proceso establecido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica, mencionado por la amparista. Así mismo lo que se refiere al interés superior del menor establecido en los artículos 119 y 126 de la Constitución de la Republica, articulo 5 del código de la niñez y adolescencia. En consecuencia, esta Corte considera que la recurrente tiene recursos pendientes. CUARTO: Que el debido proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica, garantía constitucional que al estar conformada por un número indefinido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado será necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjudice, la recurrente lo ha relacionado con violación al debido proceso manifestación específica del derecho de defensa, establecida dentro de nuestro marco constitucional. Que para que pueda amparase una situación de violación al debido proceso, debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Debe ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o intereses legítimos. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo. Requisitos estos que no se cumplen en las violaciones manifestadas por el amparista.- Que la finalidad de recuro de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas siempre que sea posible al estado anterior a la violación.- En consecuencia, esta Corte considera que la resolución censurada no es violatoria de las garantías constitucionales invocadas por la amparista, y además tiene recursos pendientes, por lo que el presente recurso de amparo debe sobreseerse.” Con lo cual el Tribunal de Apelación concluyó que la ahora recurrente, tiene expedito recurso en el mismo juicio, estimando entonces la procedencia de la causal referida y determinando el sobreseimiento de las diligencias de mérito.- CONSIDERANDO (6): Que nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento previo de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. En este respecto, esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, sabemos que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo ante tribunales ordinarios, y que estos recursos puedan tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, como acontece en el caso de autos, ya que la recurrente puede reproducir este alegato en apelación al dictarse la sentencia que le ponga fin al proceso de primera instancia.- CONSIDERANDO (8): Que de conformidad con la ley, el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.- CONSIDERANDO (9): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.- CONSIDERANDO (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha diez de febrero de dos mil veinte dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, que sobreseyó la demanda constitucional de Amparo que se ha hecho mérito, al presentarse causas de inadmisibilidad; al tratarse de situaciones de tener acciones legales o recursos expeditos.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 7) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha diez de febrero de dos mil veinte dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.- Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTÉZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0142-2020.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional