Sentencia AC-14-20 — Registro 11811
Resumen
Sentencia en consulta indamitió a trámite la acción de amparo contra resolución en demanda ordinaria de reconocimiento de deuda vía proceso ordinario promovida contra recurrente; el Tribunal de Alzada además revocó la medida cautelar de suspensión del acto reclamado y sobreseyó dicho recurso
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en su sentencia, cuando señala que es obvio que la pretensión protectora del amparo no puede dar frutos; y, no puede prosperar en materia de Justicia Constitucional, pues en ningún momento se violentó el debido proceso ni el derecho a la defensa de ninguna de las partes; cuando puede apreciarse que el hoy amparista en todo momento fue notificado oportunamente de las decisiones judiciales..."..."la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); siendo un asunto judicial puramente civil, teniendo expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio; además de que examinados que los antecedentes, se constató en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 7 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia.- Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de septiembre de dos mil veinte.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), que inadmitió y sobreseyó la acción de amparo interpuesta por el Abogado NEFI ROBERTO TORRES IZCANO, en su condición de apoderado legal del señor ELVIN ENRIQUE ELVIR DISCUA, contra la Resolución del JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, que según el recurrente y la mencionada Corte de Apelaciones, es de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), pero revisados que han sido los antecedentes, se puede constatar que es en realidad, de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019); en relación a la Demanda de Reconocimiento de Deuda vía Proceso Ordinario, promovida por el señor JOSÉ GERARDO FERNÁNDEZ DISCUA, contra el señor ELVIN ENRIQUE ELVIR DISCUA.- Manifestando el recurrente, que el acto reclamado ha violentado, en perjuicio de su representado, los derechos constitucionales contenidos en los Artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, el Abogado GUSTAVO ADOLFO AMAYA RAMÍREZ, actuando en su condición de apoderado legal del señor JOSÉ GERARDO FERNÁNDEZ DISCUA, interponiendo, Demanda de Reconocimiento de Deuda vía Proceso Ordinario, en contra del señor JOSÉ GERARDO FERNÁNDEZ DISCUA, solicitando que se declare con lugar la demanda. (Folios 1–53 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 2) Que en dicho proceso, tras una solicitud de nulidad de actuaciones, presentada por el Abogado NEFI ROBERTO TORRES IZCANO, a favor del señor ELVIN ENRIQUE ELVIR DISCUA, el citado Juzgado, dictó Resolución en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Admitir a trámite el escrito “SE PRESENTA UNA NULIDAD DE ACTUACIONES POR PRESCINDIR DE NORMAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y QUE PROVOCA INDEFENSIONES EN EL PRESENTE JUICIO” presentado por el Abogado NEFI ROBERTO TORRES IZCANO, en su condición de Apoderada Legal del señor ENRIQUE ELVIR DISCUA, mismo que se manda a agregar a sus antecedentes, junto con los documentos que se acompañan.- SEGUNDO: Declarase inadmisible la presente solicitud por ser improcedente de pleno derecho.-” (Folios 171-174 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 3) Que el Abogado NEFI ROBERTO TORRES IZCANO, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del señor ELVIN ENRIQUE ELVIR DISCUA, contra la Resolución, que según el recurrente y la mencionada Corte de Apelaciones, es de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), pero revisados que han sido los antecedentes, se puede constatar que es en realidad, de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019), y se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–13 de la Pieza de Amparo)- 4) Que seguido el trámite de ley, que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó Sentencia en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “Primero: Inadmitiendo a trámite el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Nefi Roberto Torres Izcano en su condición indicada contra el auto de fecha 10 de octubre del 2019 dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía; Segundo: Revocar la medida cautelar de suspensión del acto reclamado; Tercero: SOBRESEER el presente recurso de amparo por lo motivos expuestos; Cuarto: De acuerdo al Oficio 405-SCSJ-2006 envié en Consulta a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, junto con los antecedentes.” (Folios 34–36 de la Pieza de Amparo)- 5) Que en fecha ocho (8) de enero de dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.- CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), que inadmitió y sobreseyó la acción de amparo interpuesta por el Abogado NEFI ROBERTO TORRES IZCANO, en su condición de apoderado legal del señor ELVIN ENRIQUE ELVIR DISCUA, contra la Resolución del Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de La Bahía, de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019); en relación a la Demanda de Reconocimiento de Deuda vía Proceso Ordinario, promovida por el señor JOSÉ GERARDO FERNÁNDEZ DISCUA, contra el señor ELVIN ENRIQUE ELVIR DISCUA.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, manifestando básicamente que el auto dictado por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de La Bahía, de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019); es violatorio del debido proceso y derecho de defensa consagrados en los Artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, al no admitir la nulidad solicitada.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en su sentencia, cuando señala que es obvio que la pretensión protectora del amparo no puede dar frutos; y, no puede prosperar en materia de Justicia Constitucional, pues en ningún momento se violentó el debido proceso ni el derecho a la defensa de ninguna de las partes; cuando puede apreciarse que el hoy amparista en todo momento fue notificado oportunamente de las decisiones judiciales.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); siendo un asunto judicial puramente civil, teniendo expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio; además de que examinados que los antecedentes, se constató en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); y, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (8) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0014-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: Corte Suprema De Justicia.- Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de septiembre de dos mil veinte.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), que inadmitió y sobreseyó la acción de amparo interpuesta por el Abogado NEFI ROBERTO TORRES IZCANO, en su condición de apoderado legal del señor ELVIN ENRIQUE ELVIR DISCUA, contra la Resolución del JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, que según el recurrente y la mencionada Corte de Apelaciones, es de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), pero revisados que han sido los antecedentes, se puede constatar que es en realidad, de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019); en relación a la Demanda de Reconocimiento de Deuda vía Proceso Ordinario, promovida por el señor JOSÉ GERARDO FERNÁNDEZ DISCUA, contra el señor ELVIN ENRIQUE ELVIR DISCUA.- Manifestando el recurrente, que el acto reclamado ha violentado, en perjuicio de su representado, los derechos constitucionales contenidos en los Artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, el Abogado GUSTAVO ADOLFO AMAYA RAMÍREZ, actuando en su condición de apoderado legal del señor JOSÉ GERARDO FERNÁNDEZ DISCUA, interponiendo, Demanda de Reconocimiento de Deuda vía Proceso Ordinario, en contra del señor JOSÉ GERARDO FERNÁNDEZ DISCUA, solicitando que se declare con lugar la demanda. (Folios 1–53 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 2) Que en dicho proceso, tras una solicitud de nulidad de actuaciones, presentada por el Abogado NEFI ROBERTO TORRES IZCANO, a favor del señor ELVIN ENRIQUE ELVIR DISCUA, el citado Juzgado, dictó Resolución en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Admitir a trámite el escrito “SE PRESENTA UNA NULIDAD DE ACTUACIONES POR PRESCINDIR DE NORMAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y QUE PROVOCA INDEFENSIONES EN EL PRESENTE JUICIO” presentado por el Abogado NEFI ROBERTO TORRES IZCANO, en su condición de Apoderada Legal del señor ENRIQUE ELVIR DISCUA, mismo que se manda a agregar a sus antecedentes, junto con los documentos que se acompañan.- SEGUNDO: Declarase inadmisible la presente solicitud por ser improcedente de pleno derecho.-” (Folios 171-174 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 3) Que el Abogado NEFI ROBERTO TORRES IZCANO, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del señor ELVIN ENRIQUE ELVIR DISCUA, contra la Resolución, que según el recurrente y la mencionada Corte de Apelaciones, es de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), pero revisados que han sido los antecedentes, se puede constatar que es en realidad, de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019), y se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–13 de la Pieza de Amparo)- 4) Que seguido el trámite de ley, que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó Sentencia en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “Primero: Inadmitiendo a trámite el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Nefi Roberto Torres Izcano en su condición indicada contra el auto de fecha 10 de octubre del 2019 dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía; Segundo: Revocar la medida cautelar de suspensión del acto reclamado; Tercero: SOBRESEER el presente recurso de amparo por lo motivos expuestos; Cuarto: De acuerdo al Oficio 405-SCSJ-2006 envié en Consulta a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, junto con los antecedentes.” (Folios 34–36 de la Pieza de Amparo)- 5) Que en fecha ocho (8) de enero de dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.- CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), que inadmitió y sobreseyó la acción de amparo interpuesta por el Abogado NEFI ROBERTO TORRES IZCANO, en su condición de apoderado legal del señor ELVIN ENRIQUE ELVIR DISCUA, contra la Resolución del Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de La Bahía, de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019); en relación a la Demanda de Reconocimiento de Deuda vía Proceso Ordinario, promovida por el señor JOSÉ GERARDO FERNÁNDEZ DISCUA, contra el señor ELVIN ENRIQUE ELVIR DISCUA.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, manifestando básicamente que el auto dictado por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de La Bahía, de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019); es violatorio del debido proceso y derecho de defensa consagrados en los Artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, al no admitir la nulidad solicitada.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en su sentencia, cuando señala que es obvio que la pretensión protectora del amparo no puede dar frutos; y, no puede prosperar en materia de Justicia Constitucional, pues en ningún momento se violentó el debido proceso ni el derecho a la defensa de ninguna de las partes; cuando puede apreciarse que el hoy amparista en todo momento fue notificado oportunamente de las decisiones judiciales.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); siendo un asunto judicial puramente civil, teniendo expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio; además de que examinados que los antecedentes, se constató en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); y, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (8) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0014-2020.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional