Sentencia AC-139-20 — Registro 13323
Resumen
Sentencia dictada por Autoridad recurrida conoció auto apelado con relación a la oposición de ejecución forzosa provisional de un título judicial contra recurrente; la Sala observa que el quejoso no expuso en sus agravios el perjuicio que le ocasiona dicha resolución por lo que contraviene las normas procesales de cumplimiento obligatorio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala de lo Constitucional, observa del escrito de interposición del recurrente, que si bien éste realiza una amplia exposición de los motivos que lo llevaron a interponer la acción de amparo, también lo es que de sus alegatos no fue posible determinar el perjuicio que le ocasiona el acto reclamado de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte, dictado por la Alzada,..."...", ésta Sala en el caso sub júdice observa que el quejoso no expuso en sus agravios el perjuicio por el que ataca dicha resolución, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el Tribunal Ad Quem no vulnera la garantía del debido proceso que ha indicado como vulnerado el recurrente..."..."esta Sala, observa que de los antecedentes se desprende que mediante el acto reclamado de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte, la Alzada le indicó al recurrente que su pretensión acerca a la inobservancia de la jurisprudencia invocada relacionada a la presencia de las partes en la audiencia de oposición que se tramita como incidente, no fueron oídos en virtud de que el argumento del A-quo para desestimar la oposición, no verso en ese aspecto, sino que declaró la incomparecencia del representante legal de su mandante, por el hecho de no encontrarse inscrito el poder de representación que le fue otorgado, aspecto que no fue controvertido por el reclamante, en este sentido es oportuno y necesario recalcar que el acto alegado como violatorio y que es objeto de la garantía de amparo, debe ser susceptible de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real, por lo que al exponer el quejoso los mismos alegatos en su escrito de expresión de agravios en el presente recurso, no fue posible determinar el perjuicio que le ocasiona el auto apelado por las razones ya expuestas..."..."en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del afectado, y que, no obstante, el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, sin embargo, esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 129 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala de lo Constitucional, observa del escrito de interposición del recurrente, que si bien éste realiza una amplia exposición de los motivos que lo llevaron a interponer la acción de amparo, también lo es que de sus alegatos no fue posible determinar el perjuicio que le ocasiona el acto reclamado de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte, dictado por la Alzada,..."...", ésta Sala en el caso sub júdice observa que el quejoso no expuso en sus agravios el perjuicio por el que ataca dicha resolución, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el Tribunal Ad Quem no vulnera la garantía del debido proceso que ha indicado como vulnerado el recurrente..."..."esta Sala, observa que de los antecedentes se desprende que mediante el acto reclamado de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte, la Alzada le indicó al recurrente que su pretensión acerca a la inobservancia de la jurisprudencia invocada relacionada a la presencia de las partes en la audiencia de oposición que se tramita como incidente, no fueron oídos en virtud de que el argumento del A-quo para desestimar la oposición, no verso en ese aspecto, sino que declaró la incomparecencia del representante legal de su mandante, por el hecho de no encontrarse inscrito el poder de representación que le fue otorgado, aspecto que no fue controvertido por el reclamante, en este sentido es oportuno y necesario recalcar que el acto alegado como violatorio y que es objeto de la garantía de amparo, debe ser susceptible de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real, por lo que al exponer el quejoso los mismos alegatos en su escrito de expresión de agravios en el presente recurso, no fue posible determinar el perjuicio que le ocasiona el auto apelado por las razones ya expuestas..."..."en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del afectado, y que, no obstante, el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, sin embargo, esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 129 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte suprema de Justicia, CERTIFICA: Las resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., Treinta de julio del año dos mil veinte. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado BENJAMIN OMAR BENITEZ JEREZANO, a favor de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES PARROT TREE, S.A. DE C.V., representada por el señor JOHN GEORGE EDWARDS, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte, que conoció del auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecinueve, con relación a la oposición de ejecución forzosa provisional de un título judicial, en la causa que fue promovida por el señor ADAM CSONGOR BUNA, contra la sociedad mercantil denominada INVERSIONES PARROT TREE, S.A. DE C.V., representada por el señor JOHN GEORGE EDWARDS. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, observa del escrito de interposición del recurrente, que si bien éste realiza una amplia exposición de los motivos que lo llevaron a interponer la acción de amparo, también lo es que de sus alegatos no fue posible determinar el perjuicio que le ocasiona el acto reclamado de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte, dictado por la Alzada, CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que el reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub júdice observa que el quejoso no expuso en sus agravios el perjuicio por el que ataca dicha resolución, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el Tribunal Ad Quem no vulnera la garantía del debido proceso que ha indicado como vulnerado el recurrente. CONSIDERANDO: Que esta Sala, observa que de los antecedentes se desprende que mediante el acto reclamado de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte, la Alzada le indicó al recurrente que su pretensión acerca a la inobservancia de la jurisprudencia invocada relacionada a la presencia de las partes en la audiencia de oposición que se tramita como incidente, no fueron oídos en virtud de que el argumento del A-quo para desestimar la oposición, no verso en ese aspecto, sino que declaró la incomparecencia del representante legal de su mandante, por el hecho de no encontrarse inscrito el poder de representación que le fue otorgado, aspecto que no fue controvertido por el reclamante, en este sentido es oportuno y necesario recalcar que el acto alegado como violatorio y que es objeto de la garantía de amparo, debe ser susceptible de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real, por lo que al exponer el quejoso los mismos alegatos en su escrito de expresión de agravios en el presente recurso, no fue posible determinar el perjuicio que le ocasiona el auto apelado por las razones ya expuestas. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene el derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del afectado, y que, no obstante, el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, sin embargo, esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1°. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia Constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrario sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que cuando la demanda de amparo fuere improcedente, se sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos siendo que se autorizó a la Corte Suprema de Justicia para que pudiera celebrar reuniones de sus órganos por medios electrónicos, siendo válidas las decisiones tomadas de esa forma cuando exista un soporte electrónico, y en aplicación de los artículos 1, 129, 183, 303, 304, 313, 316, 320 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 41, 42, 42, 44, 45, 46 numeral 8), así como su parte final; 50 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional: RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado BENJAMIN OMAR BENÍTEZ JEREZANO, a favor de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES PARROT TREE, S.A. DE C.V., representada por el señor JOHN GEORGE EDWARDS, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte; por apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad como se ha dejado expuesto en la motivación de la presente resolución; Y MANDA: Que se notifique la presente resolución por medios electrónicos u otro medio oportuno que puede ser verificable, para garantizar el aislamiento necesario y disminuir los riesgos de contagio y firme que sea la misma se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M. D. C., doce de noviembre del año dos mil veinte. VISTO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado BENJAMIN OMAR BENITEZ JEREZANO, contra la resolución de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte, dictada por esta Sala de lo Constitucional en el recurso de amparo que interpusiera a favor de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES PARROT TREE S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte, que resolvió un recurso de apelación interpuesta contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diecinueve (19) septiembre del año dos mil diecinueve; con relación a la oposición de ejecución forzosa provisional de un título judicial, en la causa promovida por el señor ADAM CSONGOR BUNA, contra la sociedad mercantil denominada INVERSIONES PARROT TREE, S.A. DE C.V., representada por el señor JOHN GEORGE EDWARS. CONSIDERANDO: Que el recurrente eleva a conocimiento de la Sala un recurso de reposición el cual interpone contra la resolución de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte, dictada por esta Sala de lo Constitucional, procediéndose por tal motivo a revisar la resolución impugnada dictada por esta Sala de lo Constitucional, así como los alegatos planteados por el reclamante en el recurso de reposición, mismos que no son de recibo en razón a que la resolución que se pide sea revocada, se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado JOSÉ ANTONIO MEJÍA CORLETO, contra la resolución de fecha el Abogado BENJAMIN OMAR BENITEZ JEREZANO, contra la resolución de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte, dictada por esta Sala de lo Constitucional, por no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el impetrante. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos diciembres de dos mil veinte. De oficio repóngase la resolución de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte, en el único sentido que aquí se indica y que se leerá así: RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado BENJAMIN OMAR BENITEZ JEREZANO, contra la resolución de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte, …”; Esto en virtud de haberse dispuesto erróneamente: “Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado JOSÉ ANTONIO MEJÍA CORLETO, contra la resolución de fecha el Abogado BENJAMIN OMAR BENITEZ JEREZANO, contra la resolución de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte, …”, como fue indicado, en lo demás procédase conforme a lo ya ordenado. - Artículo 6, 119 y 120 en su párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. -NOTIFIQUESE. Firma y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero de dos mil veintiuno, certificación de las resoluciones de fechas treinta de julio, doce de noviembre y dos de diciembre de dos mil veinte, recaídas en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0139-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.