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Sentencia AC-138-20 — Registro 12688

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que denegó el recurso de amparo contra la resolución relacionada a la demanda de pago. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representada contemplados en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO:(7) Que esta Sala de acuerdo a lo expuesto, encuentra que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, ya que del estudio realizado es patente la causal contenida en el artículo 46 numeral uno (1) de La Ley Sobre Justicia Constitucional, referido a las cuestiones de mera legalidad, porque las causas de inadmisibilidad conducen a dictar un sobreseimiento, ya que no permiten conocer el fondo de la acción, por no satisfacer los requisitos de admisibilidad, por lo que el Juez constitucional no puede pronunciarse al respecto. En el caso que nos ocupa, el Ad-quem ha realizado una revisión minuciosa de los hechos y resoluciones emitidos por el A quo, estudiando muy bien los antecedentes, observando que la ahora recurrente no aportó al proceso, documento o comunicación alguna, en la que conste la manifestación de voluntad de su representado de querer acogerse al Decreto supra, decreto que otorgaba a los posibles beneficiarios 180 días para acogerse al mismo, y la petición fue hecha habiendo pasado ya los ciento ochenta días brindados por el poder legislativo. Esta Sala observa que el Ad-quem, ha estimado que el A-quo, ha emitido resoluciones jurídicas en observancia al principio de legalidad y debido proceso al considerar que existe una causa de inadmisibilidad, y consecuentemente dictar un sobreseimiento como lo ordena el artículo 46 numeral 3 y último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional. En ese orden de ideas ésta Sala después del estudio de los antecedentes, aprecia que la existencia de la causa de inadmisibilidad, considerando, de acuerdo al estudio realizado que se Debe CONFIRMAR la acción de amparo venida en consulta.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de agosto de dos mil veinte. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, de fecha diez (10) de enero de dos mil veinte (2020), que denegó el recurso de amparo presentado por la Abogada ANA MERCEDES CORRALES FLORES, a favor del señor PEDRO ANTONIO CAMPOS GALO, contra la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE, en fecha di ecinueve (19) de Febrero del año dos mil diecinueve (2019), en relación a la demanda de pago promovida por el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), contra el Señor PEDRO ANTONIO CAMPOS GALO. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representada contemplados en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dos (02) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Lorenzo, Departamento de Valle, el Abogado ARMANDO MONTIEL FIGUEROA, interponiendo demanda del pago de deuda por ejecución y exclusividad contra un bien inmueble hipotecado, requerimiento de ejecución, notificación y que se libre mandamiento al Instituto de la Propiedad Hipotecas y anotaciones preventivas de Nacaome, Valle. (Folios 1-43 de la Pieza del A-Quo). 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó resolución en fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Admítase a trámite Personamiento, Nulidad Absoluta del Auto de fecha cinco de diciembre del año 2016 que se contiene la admisión de la demanda y las siguientes Actuaciones y de Oposición al Remate Señalado para el día veinte de febrero del año 2019, a las diez de la mañana, presentado por la Abogada ANA MERCEDES CORRALES FLORES, en su condición de Representante Procesal del señor PEDRO ANTONIO CAMPOS GALO.- SEGUNDO: Téngase por personada a la Abogada ANA MERCEDES CORRALES FLORES, para que Represente Procesalmente al señor PEDRO ANTONIO CAMPOS GALO, en su condición de ejecutado en dicha demanda de hipoteca.- TERCERO: En cuanto a los solicitado a la Nulidad Absoluta del Auto de fecha cinco de diciembre del año 2016 que se contiene la admisión de la demanda y las siguientes Actuaciones y de Oposición al Remate Señalado para el día veinte de febrero del año 2019, a las diez de la mañana, este Tribunal DECLARA SIN LUGAR, en vista que el Representante Procesal de la parte ejecutada no presento comprobantes que haya pagado intereses exigidos en el Decreto Legislativo 47-218 de fecha siete de junio del año 2018, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el día primero de agosto del año 2018, ni documento alguno que acredite que ha hecho gestiones para la readecuación de la deuda, asimismo el decreto fue emitido el día primero de agosto del año 2018, fecha para la cual ya estaba promovida la demanda en fecha dos de diciembre del año 2018 y que la misma estaba en etapa de culminación con la convocatoria de subasta que estaba programada para el día diecisiete de mayo del año 2018, a las nueve de la mañana.- CUATRO: En cuanto a la oposición al remate de subasta señalado para el día viernes 20 de febrero del año 2019, a las diez de la mañana planteada por la parte ejecutada, sin declarar sin lugar, debido que la misma tuvo que haber sido presentada ante la convocatoria de subasta de fecha diecisiete de mayo del año 2018, a las nueve de la mañana, como lo indica o establece nuestro Código Procesal civil en el artículo 900 numeral 1.- QUINTO: Se ordena continuar con el proceso de Ejecución con la convocatoria de subasta para el día veinte de febrero del año 2019, a las diez de la mañana.- SEXTO: Téngase como representante procesal de la parte ejecutada a la abogada ANA MERCEDES CORRALES FLORES, inscrita en el Honorable Colegio de Abogados de Honduras, según carnet número 6491, con las facultades acreditadas y el domicilio señalado para efectos de comunicación judicial.” (Folios 154-157 de la Pieza del A-Quo). 3) Que la Abogada ANA MERCEDES CORRALES FLORES, interpuso recurso de amparo a favor del Señor PEDRO ANTONIO CAMPOS GALO, ante la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, Departamento de Choluteca, contra la resolución relacionada en el numeral anterior, en consecuencia, dictó Sentencia en fecha diez (10) de enero de dos mil veinte (2020), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DENEGAR, la ACCION DE AMPARO, presentada por la Abogada ANA MERCEDES CORRALES FLORES, en su condición de representante procesal del señor PEDRO ANTONIO CAMPOS GALO, contra la resolución proferida por el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Departamento de Valle, en fecha diecinueve (19) de Febrero del año dos mil diecinueve (2019) en la DEMANDA DE PAGO DE DEUDA POR EJECUCION Y EXCLUSIVIDAD SOBRE UN BIEN INMUEBLE HIPOTECADO, promovida por el Abogado ARMANDO MONTIEL FIGUEROA, en su condición de apoderado legal del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), contra el señor PEDRO ANTONIO CAMPOS GALO.- SEGUNDO: Que se le de cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.” (Folios 01-37 y 98–103 de la Pieza del Ad-Quem). 4) Que en fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por, la Abogada ANA MERCEDES CORRALES FLORES, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso)

CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que la Ley Sobre Justicia Constitucional señala en el artículo 68 referente a la consulta obligatoria, que la sentencia de amparo dictada por los Jueces de Letras Departamentales o Seccionales irá en trámite de consulta obligatoria para ante la Corte de Apelaciones que corresponda. Sobre la sentencia que se pronuncie en este procedimiento, a solicitud de parte la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión. La sentencia de amparo dictada por las Cortes de Apelaciones en virtud del artículo 10 de la presente Ley, irá en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional. En los supuestos de los párrafos primero y segundo de este artículo, las sentencias que emitan en su orden la Corte de Apelaciones o la Sala de lo Constitucional, no serán objeto de recurso alguno. Asimismo manda en el artículo 69 que la sentencia que recaiga en la consulta podrá ser reformada, confirmada o revocada, y se comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO: (4) Que en la formalización del recurso de amparo venido en consulta, el recurrente arguye, que la sentencia le ha vulnerado a su representado, el debido proceso dispuesto en el artículo 90 Constitucional que preceptúa que “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades derechos y garantías que establece la Ley”, y su derecho al principio de legalidad, cuando: RELACION DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA SOLICITUD. Los hechos que motivan la solicitud del presente Recurso son los siguientes: PRIMERO: Habiendo interpuesto el Representante Procesal del BANCO DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA, demanda para el pago de deuda por ejecución y exclusividad contra un bien hipotecado siendo deudor mi representado el señor PEDRO ANTONIO CAMPOS GALO, y admitida que fuere la demanda por el Órgano Jurisdiccional referido en otro acápite del presente libelo, siguió su trámite normal hasta señalar audiencia de remate, para el día 20 de febrero del año 2019 a las 10 de la mañana, de dos bienes inmuebles embargados por ser garantes del adeudo mediante primera y especial hipoteca, esta demanda adolece de vicios que la hacen defectuosa lo que se conoce como ineptitud de libelo, por cuanto como es conocido por esa honorable corte en toda demanda existe un sujeto activo o demandante y un sujeto pasivo o demandado, contra quien se dirige la acción, por ello no debió ser admitida y en todo caso debió de ponerse un previo mandando a subsanar nótese que en un acápite de la suma de la acción literalmente se expresa “SE DEMANDA EL PAGO DE DEUDA POR EJECUSION Y EXCLUSIVIDAD CONTRA UN BIEN INMUEBLE HIPOTECADO...”, ninguna acción se dirige contra un bien sea mueble o inmueble, sino contra la persona natural o jurídica, como sujeto pasivo de la acción. ” SEGUNDO: Como el préstamo otorgado fue para actividades de índole agrícola y por circunstancias entendibles ya que la actividad agrícola es bastante riesgosa, mi representado tuvo problemas para cumplir con las obligaciones derivadas del préstamo, lo que conllevo a que cayera en mora y la entidad financiera estatal presentó la demanda de mérito en fecha 2 de diciembre del año 2016, sustanciándose de acuerdo a las normas procedimentales hasta el señalamiento del Remate para el día 20 de febrero del año 2018. TERCERO: En fecha 7 de junio del ario 2018, el Congreso Nacional de la Republica promulgo el DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 47-2018, publicado en el Diario Oficial LA GACETA, en fecha 1 de agosto del año 2018, número 34,707, este decreto en los artículos 1 contiene “Ordenar al BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA para que proceda al refinanciamiento o readecuación de la cartera total de fondos propios destinados al financiamiento del sector agrícola...”, articulo 2. “Realizara los respectivos REFINACIAMIENTOS o READECUASIONES a un plazo de hasta 20 años, a una tasa de interés del 2%.", articulo 3. “Para -ser beneficiario del proceso de refinanciamiento O readecuación de capital y alivio de intereses en suspense, deberán únicamente cancelar los intereses regulares calculados a noventa (90) días en el entendido que dichos intereses se calcularan a la tasa de interés que se dio originalmente el crédito beneficiario...”, y la Resolución del Juzgado aquí impugnada en cuanto a la NULIDAD Y OPOSICION DE REMATE, se basa en declarar sin lugar la nulidad del auto que contiene la admisión de la demanda y sin lugar la oposición al remate. en vista de que la Representante Procesal de la parte ejecutada no presento comprobantes de que haya pagado intereses exigidos en el DECRETO LEGISLATIVO 47-2018, publicado en el Diario Oficial LA GACETA, en fecha 1 de agosto del año 2018, número 34,707, ni documento alguno que acredite que haya hecho gestiones para la readecuación de la deuda, criterio erróneo por lo siguiente: 1, Enfatizando lo expresado en otro acápite del presente libelo La demanda presentada el 2 de diciembre del 300 2016, no debió ser admitida por el Juzgado por cuanto puede apreciarse que la misma en suma que es la petitio de la demanda en su acápite introductorio Literalmente dice “se demanda el pago de deuda por ejecución y exclusividad contra un bien hipotecado...” 0 sea que la Misma va dirigida contra el bien hipotecado pero no contra mi Representado PEDRO ANTONIO CAMPOS GALO. Puesto que los bienes no son objeto de ninguna acción por no ser personas naturales ni jurídicas. 2.El DECRETO LEGISLATIVO 47-2018, publicado en el Diario Oficial LA GACETA, en fecha 1 de agosto del año 2018, número 34,707, concede a los deudores que se quieran acoger a los beneficios de este decreto 180 días a partir de la fecha de la publicación en el Diario Oficial la Gaceta, siendo publicado el día 7 de agosto del año 2018, su vigencia culminaba el 19 de abril del año 2019, y el escrito de nulidad y oposición se presentó en fecha 13 de febrero del año 2019, razón por la cual mi representado estaba en tiempo para ampararse en dicho decreto y la señora juez A QUO, no debió de analizar otros aspectos más que el derivado del decreto supra relacionado, puesto que, como sabe esta Honorable Corte, De conformidad a lo que establece el artículo 1346 del C6digo Civil “Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, de los delitos y cuasi delitos o de los que intervengan cualquier género de culpa o negligencia” y al respecto el artículo 1344 del mismo texto legal establece que las obligaciones derivadas de la ley no se presumen solo son exigibles lo dispuesto en ellas, de ahí que, si cuando se presentó la nulidad de actuaciones y la oposición al remate la señora juez debió de suspender la audiencia de remate por lo siguiente: 1.La nulidad de actuaciones es un incidente de previo y especial pronunciamiento que suspende toda la actividad procesal independientemente de que se trate, mientras tanto no se resuelve la cuestión incidental planteada. 2. Si la nulidad y oposición al remate se hizo amparado en el DECRETO LEGISLATNO 47-2018, publicado en el Diario Oficial LA GACETA, en fecha 1 de agosto del año 2018, número 34,707, y estando en vigor este debió de proceder conforme lo establece el JURE NOVIT CURIA, aforismo romano que contiene el reconocimiento de que el juez conoce el derecho, colocándolo como consecuencia fuera del objeto de la prueba. El aforismo JURE NOVIT CURIA, no ha de interpretarse en el sentido de que el juez conoce sin falla la totalidad de las normas jurídicas, que se encuentra obligado a aplicar, sino en el sentido que, por su formación como técnico del derecho se encuentra en condiciones de investigarlo y descubrirlo por su propia cuenta en cada caso. 3. En armonía con lo expresado con el numeral que antecede puede la Honorable Corte inferir que el decreto relacionado es claro y preciso en la letra, y la ley, no es objeto de prueba. y sin embargo la señora juez A QUO, considero que no se aportaron las pruebas relativas a solicitar a BANADESA, por parte de mi representado la readecuación o refinanciamiento de la deuda, sin percatarse de que estando en vigor el decreto de mérito, mi representado podía acogerse a esta prerrogtiva siempre y cuando no hubiese transcurrido el termino de 180 días hábiles, de conformidad a lo expresado en otro acápite del presente libelo. en todo caso fácilmente se infiere que la intención del legislador fue darle una oportunidad a los deudores de BANADESA, para que readecuaran sus deudas, por considerar un la inversión en el sector agrícola es extremadamente riesgosa y vulnerable y por ello interpretando esta circunstancia y partiendo de la premisa de que BANADESA, si bien es cierto es una entidad financiera no es menos cierto que tiene sus diferencias Con el sector financiero privado, de ahí que la intención del legislador es fácilmente interpretable, el artículo 17 del C6digo civil, literalmente expresa “No podrá: atribuirse a la ley, otro sentido, que el que, explícitamente resulta de 8 sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”, y en este caso los términos del decreto son interpretables de la literalidad de este y la intención del legislador también es fácil discernir que es dar otra oportunidad a los clientes de BANADESA, que se encuentren en mora oportunidad que se le ha negado a mi representado por interpretación errónea de la, norma o bien por la negativa de la aplicación de esta, agregando a ello que se emitió otro Decreto Legislativo que extendía el termino para este menester por otros 180 mes, por ello la resolución de la Juez AQUO aquí impugnada también es violatoria del principio de la igualdad jurídica de las personas, en aplicación de lo que establece el párrafo segundo del artículo 60 de la Constitución de la Republica que literalmente dispone “En honduras no hay clases privilegiadas todos los hondureños son iguales ante la Ley”, y también garantiza la no discriminación y trato desigual de las personas. TERCERO: Coherente con lo anterior y dado que la ley una vez publicada en el diario oficial la Gaceta es de cumplimiento obligatorio y los Órganos jurisdiccionales cuando tienen conocimiento de un asunto sometido a su jurisdicción la controversia debe de dirimirse en estricta aplicación de la ley, lo que no hizo la juzgadora de primera instancia, en relación a lo planteado por la aquí compareciente en representación del ejecutado, y es precisamente esta situación la que me obliga a recurrir en amparo. MEDIOS DE PRUEBA DE QUE ME HAGO VALER PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ACCION LOS QUE FUERON ACOMPANADOS CON EL PRIMER ESCRITO Y LOS DEMAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE MERITO QUE FUE OBJETO DE‘ARRASTRE DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE v OTROS DOCUMENTOS Y ACTUACIONES PROCESALES QUE SE HAN DICTADO EN LA SUSTANCIACION DEL JUICIO. Siendo los siguientes: 1.La demanda de ejecución de mérito 2.Contrato de préstamo 3.Pagare de fecha 26 de febrero del 2016, por la cantidad 5,646,496.98. (CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 98/100) 4.Certificacién de saldos 5, Otros documentos de índole procesal. DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN VIOLADOS Los derechos constitucionales que se consideran violados Honorable Sala de lo constitucional. Corte Suprema de Justicia son los siguientes: PRIMERO: El de LEGALIDAD: Estando contenido en el artículo 64 de la Constitución de la Republica que literalmente dispone “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas y de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”, al respecto debe apreciarse lo siguiente: a. Habiéndose interpuesto el incidente de nulidad de actuaciones relativo al auto de admisión de la demanda, y la oposición al remate de los bienes inmuebles hipotecados con anterioridad a la audiencia de remate ser señalada para el 20 de febrero del año 2019, invocando que se encontraba vigente el Decreto Legislativo 47-2018, que otorgaba un plazo de 180 días para que BANADESA, procediera al refinanciamientos o readecuaciones a los deudores de este ente estatal, en el plazo referido, mismo que fue ampliado por 180 días más mediante otro decreto legislativo, la juez AQUO, no resolvió en consonancia con la ley, y siendo que, es una funcionaria pública es depositaria de la autoridad, sujeta a la ley, y jamás superior a ella y todo acto que ejecute fuera de la ley, como es el caso que nos ocupa es nulo e implica responsabilidad ( artículos 321 y 323 de la Constitución de la Republica), y si el decreto en mención otorga una prerrogativa a mi representado la resolución de la señora juez, disminuye, limita y restringe lo que la Constitución y la Ley otorgan a mi representado con respecto al refinanciamiento o readecuación de la deuda supra referida con la institución financiera estatal (BANADESA). SEGUNDO: El DERECHO DE DEFENSA: Este derecho se encuentra contenido en el artículo 82 de la Constitución de la Republica que literalmente establece: “El derecho de defensa es inviolable”. Al respecto me permito manifestar lo siguiente: De conformidad a lo que establece el artículo 1 del Código civil, “La ley es una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la constitución, manda, prohíbe o permite”, lo anterior honorable corte, como es sabido por este Órgano jurisdiccional de alzada; la ley puede contener disposiciones imperativas, prohibitivas, y permisivas, en el caso que nos ocupa el decreto 47-2018, contiene una disposición IMPERATIVA y por ello de obligatorio cumplimiento, cuando en el artículo 1 párrafo primero y segundo ordena al BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA, a proceder al refinanciamiento o readecuación de las deudas que tienen los clientes de esta institución financiera, y que por tal motivo al amparo de esta ley, que es especial y de conformidad a lo que establece el artículo 4 del Código Civil las leyes especiales se aplicaran con preferencia a las del derecho coman, que es lo que motivo a mi representado Comparecer ante el órgano jurisdiccional de primera instancia solicitando la nulidad del auto de admisión de la demanda y oposición al remate, puesto que este se estaba haciendo en aplicación de lo que establece el derecho común en cuanto a las obligaciones y contratos, pero como el decreto en mención contiene una ley especial, esta tiene prelación o preferencia en cuanto a su aplicación con respecto a las invocadas en la demanda de mérito. Por lo anteriormente expuesto haciendo uso del derecho de defensa mismo que es inviolable, es que se compareció ante la juzgadora de primera instancia que conocía el caso a que decretara la nulidad de actuaciones a partir del auto que contiene la admisión de la demanda y declarara con lugar la oposición. En aplicación de la ley especial invocada al respecto y sin embargo pese a contener la ley disposiciones imperativas la juez A QUO, hizo caso omiso a su aplicación y consecuentemente no actuó en consonancia ni con la letra ni con el espíritu de esta. TERCERO: El DEBIDO PROCESO: Contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica que literalmente dispone “Nadie puede ser juzgado Sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece", si la ley especial contenida en el decreto 47 2018, contiene disposiciones imperativas de readecuar y refinanciar la deuda que mi representado tiene con BANADESA, y habiendo presentado el incidente de nulidad de actuaciones a partir de la admisión de la demanda de ejecución y la oposición al remate de los bienes propiedad de mi representado e hipotecado para garantizar el pago de la deuda, la juez A QUO, tenía varias alternativas de índole procesal, para actuar de manera coherente con lo solicitado y lo dispuesto en la ley del decreto supra referido, siendo las siguientes: 1. Decretar la nulidad de actuaciones ya relacionada 2. No decretar la nulidad, pero suspender el remante 3. Denegar provisionalmente lo que se conoce como un previo, mientras tanto el ejecutado acreditaba que había comparecido a BANADESA a solicitar la readecuación y refinanciamiento de la deuda en el término que establece el decreto, con el apercibimiento de que, de no hacerlo y acreditar este extremo se continuaría con la sustanciación del proceso. CUARTO: LA IGUALDAD DE DERECHOS Y NO DISCRIMINACION: Contenidos en el artículo 60 de la Constitución de la Republica que literalmente dispone. “Todos los hombres nacen libres e iguales en derecho. En Honduras no hay clases privilegiadas todos los Hondureños son iguales ante la ley. Se declara punible toda discriminación...”, Decreto legislativa 47-2018 que ordena a BANADESA para proceder al refinanciamiento o readecuación de la cartera total de fondos propios destinados al financiamiento del sector agrícola no hace ninguna excepción en cuanto a la aplicabilidad de las disposiciones contenidas en este, en tal sentido todos los deudores de BANADESA, pueden acogerse a este decreto y al que amplio el plazo, y mientras tanto no haya concluido el plazo que contiene el decreto este es vigente y por lo tanto la juez no debió de inadmitir la nulidad de actuaciones con respecto a la admisión de la demanda y a la oposición del remate, puesto que siendo la nulidad un incidente de previo y especial pronunciamiento debió darle tramite admitiéndolo y sustanciándolo, valga decir que mientras se tramitara este suspender la actividad procesal respecto a la audiencia de remate, puesto que el decreto es claro y preciso en el que todos los deudores de BANADESA, pueden acogerse a este sin excepción y sin discriminación alguna tal como ocurrió con mi representado que ha sido objeto de un trato desigual y discriminatorio en relación con otros deudores de BANADESA. CONSIDERANDO: (5) Que la Corte de Apelaciones recurrida señala en la sentencia venida en consulta que del escrito de Amparo y del Informe rendido por el Juez de Primera Instancia, así como de toda la documentación acompañada y que consta en este juicio, aprecia lo siguiente: (SIC)“CONSIDERANDO 9: Que la amparista en el presente caso fundamenta su acción de amparo en dos aspectos el primero consiste en resolución del A-quo de fecha diecinueve (19) de Febrero del año dos mil novecientos diecinueve (2019), en el que inadmite a trámite un Personamiento; y el segundo plantea una nulidad absoluta a partir del auto de fecha cinco (5) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), que contiene el auto de admisión de la demanda y siguientes actuaciones de oposición al remate señalado para el veinte (20) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a las diez de la mariana (10:00 AM); esta Corte al analizar detenidamente la primera pieza de autos encontramos que a folios 145 y 146 se encuentra un escrito de Personamiento y nulidad absoluta del auto de fecha cinco (5) de diciembre del dos mil dieciséis (2016) que contiene la admisión de la demanda y las siguientes actuaciones, asimismo oposición al remate señalado para el día veinte (20) de Febrero del año dos mil diecinueve (2019), a las diez de la mañana(10:00 A.M.), observándose que de folios 154 a 157 siempre de la primera pieza de autos, el juez de primera instancia resolvió lo peticionado en el escrito de personamiento supra indicado, haciendo una amplia exposición en cuanto a los antecedentes de hecho, sin embargo en la parte dispositiva de la resolución indicada, inadmitió a trámite el personamiento referido así como la nulidad absoluta peticionada y la oposición al remate señalado, por considerar que la representación procesal de la parte ejecutada no presentó comprobantes que haya pagado los intereses exigidos en el decreto legislativo 47-2018 de fecha siete (7) de Junio del año dos mil dieciocho (2018), ni documento alguno que acredite que ha hecho gestiones para la readecuación de la deuda, asimismo el decreto fue emitido el día uno (1) de Agosto del año dos mil dieciocho (2018), fecha para la cual ya estaba promovida la demanda en fecha dos (2) de Diciembre del año dos mil dieciseis (2016), y que la misma estaba en etapa de culminación con la convocatoria de subasta que estaba programada para el día diecisiete de Mayo del 2018, a las nueve de la mañana, especificando que, en cuanto a la oposición al remate de subasta, esta tuvo que haber sido presentada antes de la convocatoria a la referida subasta, según lo dispone el artículo 900 numeral 1 del Código Procesal Civil; siempre en alusión al estudio efectuado a lo desarrollado en la primera pieza de autos, encontramos que en fecha dos (2) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el representante procesal del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA, presenté demanda de pago de deuda por ejecución y exclusividad, contra el señor Pedro Antonio Campos Galo, misma que se le dio el trámite legal que establece nuestra normativa Procesal Civil, haciéndose el respectivo requerimiento al señor Pedro Antonio Campos Galo, a efecto de efectuar el pago correspondiente a la institución Bancaria BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), acto de requerimiento efectuado en fecha veinte (20) de Enero del año dos mil diecisiete (2017), en la que se le hizo la advertencia, que de no pagar la cantidad requerida se procedería con la ejecución directa del bien inmueble dado en garantía; observándose el no cumplimiento de dicha obligación, se prosiguió con el trámite legal hasta |a materialización de audiencia en subasta pública de inmueble dado en garantía; de lo anterior se desprende que lo resuelto por el juez A-quo en auto de fecha diecinueve de Febrero del año dos mil diecinueve, es un procedimiento de mera legalidad, no encontrándose violación a los preceptos legales invocados por el amparista en su petitorio ante este Tribunal; pues según su exposición considera que con dicha resolución proferida por el juez de primera instancia, se violentó lo preceptuado en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica, mismos que regulan los derechos a defensa y al debido proceso; observándose que dichas garantías han sido debidamente respetadas, pues se estima que existe una vulneración a los derechos de los ciudadanos, siempre que se limiten los derechos de petición y de acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones, imponiéndosele restricciones innecesarias que causan una limitación a los derechos que señalan los artículos supra indicados; aspectos no suscitados en la causa que se estudia, por lo que se hace procedente la denegatoria de la acción de amparo planteado por la abogada Ana Mercedes Corrales Flores, ante esta instancia jurisdiccional; haciéndose la observación que el fiscal del Ministerio Publico, al emitir su opinión igualmente fue del criterio que en la causa instruida en primera instancia, se siguieron los procedimientos establecidos en la ley, y por lo tanto debe ser declarada sin lugar la presente acción de amparo.” CONSIDERANDO: (6) Que el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece que la finalidad de la acción de amparo, es mantener o restituir el goce de los derechos y garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros Instrumentos establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO:(7) Que esta Sala de acuerdo a lo expuesto, encuentra que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, ya que del estudio realizado es patente la causal contenida en el artículo 46 numeral uno (1) de La Ley Sobre Justicia Constitucional, referido a las cuestiones de mera legalidad, porque las causas de inadmisibilidad conducen a dictar un sobreseimiento, ya que no permiten conocer el fondo de la acción, por no satisfacer los requisitos de admisibilidad, por lo que el Juez constitucional no puede pronunciarse al respecto. En el caso que nos ocupa, el Ad-quem ha realizado una revisión minuciosa de los hechos y resoluciones emitidos por el A quo, estudiando muy bien los antecedentes, observando que la ahora recurrente no aportó al proceso, documento o comunicación alguna, en la que conste la manifestación de voluntad de su representado de querer acogerse al Decreto supra, decreto que otorgaba a los posibles beneficiarios 180 días para acogerse al mismo, y la petición fue hecha habiendo pasado ya los ciento ochenta días brindados por el poder legislativo. Esta Sala observa que el Ad-quem, ha estimado que el A-quo, ha emitido resoluciones jurídicas en observancia al principio de legalidad y debido proceso al considerar que existe una causa de inadmisibilidad, y consecuentemente dictar un sobreseimiento como lo ordena el artículo 46 numeral 3 y último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional. En ese orden de ideas ésta Sala después del estudio de los antecedentes, aprecia que la existencia de la causa de inadmisibilidad, considerando, de acuerdo al estudio realizado que se Debe CONFIRMAR la acción de amparo venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 95, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; ; 1, 2, 3 No.2; 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 196, 210 del Código Procesal Civil; decreto legislativo 47-2018; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, de fecha diez (10) de enero de dos mil veinte (2020), que denegó el recurso de amparo presentado por la Abogada ANA MERCEDES CORRALES FLORES, a favor del señor PEDRO ANTONIO CAMPOS GALO, contra la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE, en fecha diecinueve (19) de Febrero del año dos mil diecinueve (2019), en relación a la demanda de pago promovida por el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), contra el Señor PEDRO ANTONIO CAMPOS GALO. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0138-2020.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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