Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-1094-19 — Registro 11918

Resumen

Resolución que otorgó acción de Amparo en relación a incompetencia argumentada por autoridad recurrida, para resolver autorización para promover querella en contra de ejecutado en Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo extrajudicial, promovida por recurrente, como lo dispone el artículo 167contenido en el Código Penal, que establece que el Tribunal que conoce de un asunto si en el mismo una de las partes estima sentirse ofendida por lo manifestado por otro litigante por algún supuesto ilícito se debe solicitar autorización al juez que de él conociere, como lo es el caso que nos ocupa, para interponer la acción penal por el delito de calumnia por parte de impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá examinar el presente asunto en consulta obligatoria por remisión de la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual otorga la presente garantía constitucional de amparo. La decisión jurisdiccional y unánime de otorgar la presente garantía constitucional de amparo se sustenta en que hubo violación de del debido proceso. Por su parte el juzgado consideró que la decisión de fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, fue dictada conforme a derecho, ya que a criterio de ese tribunal de justicia (sic) “no es competente para conocer asuntos penales, se le hace saber nuevamente al compareciente que este tribunal no tipifica ningún tipo de delito penal, por lo que corresponde a la parte actora realizar de manera separada al presente proceso las acciones correspondientes ante el tribunal competente, por lo tanto no sería procedente dar lugar al mismo.” Para la corte de apelaciones, es procedente amparar al recurrente porque (sic) “si bien es cierto este Tribunal no tiene competencia sobre materia penal, por mandato expreso de la ley de esta jurisdicción, y a la vez ningún tribunal puede conocer de asuntos que la ley expresamente atribuye a otra jurisdicción, no es menos cierto que el artículo 167 del Código Penal establece que el Tribunal que conoce de un asunto si en el mismo una de las partes estima sentirse ofendida por lo manifestado por otro litigante por algún supuesto ilícito se debe solicitar autorización al juez que de él conociere, como lo es el caso que nos ocupa, para interponer la acción penal por el delito de calumnia, entendiéndose que es una autorización, no una calificación de la existencia o no de un ilícito, pues el encargado de determinar dicha naturaleza será el tribunal competente. Por lo que este Tribunal de Amparo sin entrar a cuestiones de competencia de otra materia, estima conveniente declarar con lugar lo solicitado, en aras de garantizar el derecho de acceso a los juzgados y Tribunales y por ende el debido proceso.” CONSIDERANDO TRES (3): Sobre el acto impugnado en amparo. La resolución que se ha impugnado por la vía de la garantía constitucional de amparo es la dictada en fecha seis de agosto del año dos mil diecinueve por el honorable Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante el cual admitió a trámite un escrito presentado por el recurrente, el cual mando agregar a los antecedentes y en cuanto a lo solicitado por el compareciente declaró NO HA LUGAR por improcedente en virtud de considerarse no competente. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de la opinión del agente de tribunales del Ministerio Público. En fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, en su condición de fiscal fue de la opinión porque se OTORGARA la presente garantía de amparo. CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los alegatos expuestos por la impetrante en la garantía constitucional de amparo bajo estudio. El censor en su escrito de formalización señala que el amparo se dirige en contra de la resolución dictada por el a quo en fecha seis de agosto del año dos mil diecinueve, explicando que peticiono pro escrito autorización para promover querella en contra del ejecutado como lo dispone el artículo 167contendio en el Código Pena, ya que la oposición del señor ADAN ARMANDO ALVARADO, cometió acción de calumnia en su perjuicio al imputarle delito de falsificación de documentos, cuando establece reconocer la firma estampada en el contrato de honorarios pero el contenido es diferente; que al denegar la solicitud de autorización argumentando que el tribunal no tiene competencia para ello, sin motivación alguna que sustente la decisión y aunado a ello inadmite el recurso de reposición, violentando el debido proceso. Sin embargo dicha solicitud fue denegada por el juez de primera instancia, razón por la cual acude en amparo alegando que tiene derecho a ser oída y a ejercitar su derecho de defensa, dado que la resolución le perjudica. CONSIDERANDO SEIS (6): Examen en consulta obligatoria de la sentencia que otorga el amparo solicitado. Este alto tribunal de justicia al examinar las diligencias que se relacionan con el amparo de mérito, arriba a la conclusión de que procede confirmar la sentencia que se conoce en consulta obligatoria, de conformidad a lo establecido en el artículo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. En adición a lo expuesto por la honorable corte de apelaciones, la Sala estima que efectivamente la resolución del juez a quo es violatoria de los derechos constitucionales de defensa, debido proceso legal y a ser oído en juicio, contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución, como también al derecho a la tutela judicial efectiva, que se establece como aquél al cual tiene derecho toda persona para acudir ante juez competente, predeterminado por la ley, objetivo, imparcial e independiente a efecto de que en sentencia definitiva debidamente motivada y de conformidad con el ordenamiento jurídico, se le dé respuesta a su reclamo o petición de derechos o intereses legítimos. Tomando en cuenta lo anteriormente expresado, para la Sala de lo Constitucional procede confirmar la decisión tomada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de agosto de dos mil veinte. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que Otorgo la acción de Amparo interpuesta por el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, a favor de SI MISMO, contra la resolución de fecha seis (6) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo extrajudicial promovida por el señor TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, contra el señor ADAN ARMANDO ALVARADO RAMIREZ.-Estimando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 76 Y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha diecinueve(19) de marzo del dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, actuando en causa propia, interponiendo Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo extrajudicial, contra el señor ADAN ARMANDO ALVARADO RAMIREZ.- (folio 1 al 4 de la pieza del Juzgado) 2)Que en fecha seis (6) de agosto del año dos mil dieciocho (2019) el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, (SIC) RESOLVIO: Admítase a trámite el escrito que antecede el que se manda agregar a sus antecedentes.- En cuanto a lo solicitado por el compareciente NO HA LUGAR por improcedente en virtud que este Tribunal no es competente.- Articulo 12, 130 y 198 del Código Procesal Civil”.- NOTIFIQUESE.( folio 235 de la pieza del Juzgado) 3)Que en fecha veintidós (22) de julio del año dos mil diecinueve(2019), compareció ante la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, interponiendo recurso de amparo a favor de SI MISMO, contra la resolución de fecha seis (6) de agosto del año dos mil diecinueve(2019), dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, Manifestando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 76 Y 90 de la Constitución de la República. (Folio 01 al 04 la pieza del juzgado). 4) Que luego de efectuado el trámite para el recurso de Amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), dictó sentencia mediante la cual falló (Sic) : PRIMERO: OTORGADO por la razones antes esgrimidas, la Garantia Constitucional de AMPARO, presentada ante esta Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, por el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, en su condición personal, en contra de la resolución de fecha seis (6) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO JUDICIAL, promovida por el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, actuando en causa propia, en contra del señor ADAN ARMANDO ALVARADO RAMIREZ, a fin que el Juez de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, otorgue la correspondiente autorización para deducir la acción de calumnia ante el órgano competente.- SEGUNDO: REMITIR LA PRESENTE SENTENCIA EN CONSULTA OBLIGATORIA, ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia.- NOTIFIQUESE”.-(Folios 29 al 32 de la pieza de segunda instancia). 5) Que en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá examinar el presente asunto en consulta obligatoria por remisión de la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual otorga la presente garantía constitucional de amparo. La decisión jurisdiccional y unánime de otorgar la presente garantía constitucional de amparo se sustenta en que hubo violación de del debido proceso. Por su parte el juzgado consideró que la decisión de fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, fue dictada conforme a derecho, ya que a criterio de ese tribunal de justicia (sic) “no es competente para conocer asuntos penales, se le hace saber nuevamente al compareciente que este tribunal no tipifica ningún tipo de delito penal, por lo que corresponde a la parte actora realizar de manera separada al presente proceso las acciones correspondientes ante el tribunal competente, por lo tanto no sería procedente dar lugar al mismo.” Para la corte de apelaciones, es procedente amparar al recurrente porque (sic) “si bien es cierto este Tribunal no tiene competencia sobre materia penal, por mandato expreso de la ley de esta jurisdicción, y a la vez ningún tribunal puede conocer de asuntos que la ley expresamente atribuye a otra jurisdicción, no es menos cierto que el artículo 167 del Código Penal establece que el Tribunal que conoce de un asunto si en el mismo una de las partes estima sentirse ofendida por lo manifestado por otro litigante por algún supuesto ilícito se debe solicitar autorización al juez que de él conociere, como lo es el caso que nos ocupa, para interponer la acción penal por el delito de calumnia, entendiéndose que es una autorización, no una calificación de la existencia o no de un ilícito, pues el encargado de determinar dicha naturaleza será el tribunal competente. Por lo que este Tribunal de Amparo sin entrar a cuestiones de competencia de otra materia, estima conveniente declarar con lugar lo solicitado, en aras de garantizar el derecho de acceso a los juzgados y Tribunales y por ende el debido proceso.” CONSIDERANDO TRES (3): Sobre el acto impugnado en amparo. La resolución que se ha impugnado por la vía de la garantía constitucional de amparo es la dictada en fecha seis de agosto del año dos mil diecinueve por el honorable Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante el cual admitió a trámite un escrito presentado por el recurrente, el cual mando agregar a los antecedentes y en cuanto a lo solicitado por el compareciente declaró NO HA LUGAR por improcedente en virtud de considerarse no competente. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de la opinión del agente de tribunales del Ministerio Público. En fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, en su condición de fiscal fue de la opinión porque se OTORGARA la presente garantía de amparo. CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los alegatos expuestos por la impetrante en la garantía constitucional de amparo bajo estudio. El censor en su escrito de formalización señala que el amparo se dirige en contra de la resolución dictada por el a quo en fecha seis de agosto del año dos mil diecinueve, explicando que peticiono pro escrito autorización para promover querella en contra del ejecutado como lo dispone el artículo 167contendio en el Código Pena, ya que la oposición del señor ADAN ARMANDO ALVARADO, cometió acción de calumnia en su perjuicio al imputarle delito de falsificación de documentos, cuando establece reconocer la firma estampada en el contrato de honorarios pero el contenido es diferente; que al denegar la solicitud de autorización argumentando que el tribunal no tiene competencia para ello, sin motivación alguna que sustente la decisión y aunado a ello inadmite el recurso de reposición, violentando el debido proceso. Sin embargo dicha solicitud fue denegada por el juez de primera instancia, razón por la cual acude en amparo alegando que tiene derecho a ser oída y a ejercitar su derecho de defensa, dado que la resolución le perjudica. CONSIDERANDO SEIS (6): Examen en consulta obligatoria de la sentencia que otorga el amparo solicitado. Este alto tribunal de justicia al examinar las diligencias que se relacionan con el amparo de mérito, arriba a la conclusión de que procede confirmar la sentencia que se conoce en consulta obligatoria, de conformidad a lo establecido en el artículo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. En adición a lo expuesto por la honorable corte de apelaciones, la Sala estima que efectivamente la resolución del juez a quo es violatoria de los derechos constitucionales de defensa, debido proceso legal y a ser oído en juicio, contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución, como también al derecho a la tutela judicial efectiva, que se establece como aquél al cual tiene derecho toda persona para acudir ante juez competente, predeterminado por la ley, objetivo, imparcial e independiente a efecto de que en sentencia definitiva debidamente motivada y de conformidad con el ordenamiento jurídico, se le dé respuesta a su reclamo o petición de derechos o intereses legítimos. Tomando en cuenta lo anteriormente expresado, para la Sala de lo Constitucional procede confirmar la decisión tomada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta obligatoria, proferida en fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual dispuso: OTORGAR la garantía constitucional de amparo interpuesta y formalizada por el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, a favor de SI MISMO, contra la resolución de fecha seis (6) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo extrajudicial promovida por el señor TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, contra el señor ADAN ARMANDO ALVARADO RAMIREZ.-. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-1094-2019.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

6