Sentencia AC-1081-19 — Registro 11899
Resumen
Resolución que resolvió no admitir a trámite escrito de personamiento, en virtud de carecer de legitimación activa por parte de impetrante con relación a demanda de Ejecución Hipotecaria de inmuebles promovida contra otra sociedad mercantil, donde recurrente argumenta que ostenta un derecho crediticio con rango superior, al contar con un título ejecutivo en contra de empresa demandada, presentando personamiento el cual fue adherido a los antecedentes sin incidencia procesal alguna, donde la Sala Constitucional considera en definitiva que recurrente pretendía suspender audiencia de remate Que reclamante sustentó su recurso de amparo manifestando que resoluciones le niega a la tramitación de un incidente y su participación en el presente proceso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que SOBRESEYÓ el recurso de amparo presentado por el Abogado JUAN RAMÓN DAVID ANARIBA, a favor del señor MARIO RICARDO FÚNEZ FERRERA, contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, de fechas trece, catorce de agosto y dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, con relación a la demanda de ejecución hipotecaria de unos inmuebles promovida por el Abogado NICOLÁS DAVID RIVERA MENA en su condición de Apoderado Judicial del señor ARTURO SANTOS CANTÚ, contra la sociedad mercantil denominada COMERCIALIZADORA SANTOS RODRÍGUEZ S. DE R.L. DE C.L. (COSARO) a través de su Gerente General, el señor GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ ANAYA. CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, manifestando básicamente que con las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, de fechas trece, catorce de agosto y dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve; se le han violentado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 1, 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; puesto que se niega a la tramitación de un incidente y su participación en el presente proceso. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su sentencia, cuando señala que la pretensión protectora del amparo no puede dar frutos; y, no puede prosperar en materia de Justicia Constitucional, pues se observa que el amaparista no hizo uso de los recursos correspondientes; y, además tiene recursos pendientes; y, en definitiva el pretendía suspender la audiencia de remate, la que se realizó en fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; siendo que la recurrente no interpuso ante las decisiones del A-Quo, los recursos ordinarios que correspondía. Por lo que la decisión ahora impugnada en el presente amparo se considera consentida"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, NUMERAL 3 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de octubre de dos mil veinte. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que SOBRESEYÓ el recurso de amparo presentado por el Abogado JUAN RAMÓN DAVID ANARIBA, a favor del señor MARIO RICARDO FÚNEZ FERRERA, contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, de fechas trece, catorce de agosto y dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, con relación a la demanda de ejecución hipotecaria de unos inmuebles promovida por el Abogado NICOLÁS DAVID RIVERA MENA en su condición de Apoderado Judicial del señor ARTURO SANTOS CANTÚ, contra la sociedad mercantil denominada COMERCIALIZADORA SANTOS RODRÍGUEZ S. DE R.L. DE C.L. (COSARO) a través de su Gerente General, el señor GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ ANAYA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 1, 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dos de abril de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, el Abogado Nicolás David Rivera Mena, en su condición de Apoderado Judicial del señor Arturo Santos Cantú, interponiendo demanda de ejecución hipotecaria de unos inmuebles, contra la sociedad mercantil denominada Comercializadora Santos Rodríguez S. de R.L. de C.L. (COSARO) a través de su Gerente General, el señor Gustavo Adolfo López Anaya. (Folios 1-6 del expediente del A-quo) 2) En fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El progreso, Departamento de Yoro, compareció el Abogado Ramón Edgardo Irula Rodríguez, en su condición personal, considerando que ostentaba un derecho crediticio con rango superior, al contar con un título ejecutivo en contra de la empresa demandada (COSARGO), en tal sentido, presentó escrito de: “PERSONAMIENTO. -QUE SE ABSTENGA EL SEÑOR JUEZ JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLÓN DE SEGUIR TRAMITANDO LA PRESENTE DEMANDA DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA POR SER INCOMPETENTE FUNCIONALMENTE…” (Folios 45-46 de la pieza del A-quo) 3) En fecha tres de junio de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, dispuso: “En relación al escrito denominado personamiento y abstención de un juzgador por incompetencia funcional.-El Suscrito emite simple providencia para que este se adhiera a los antecedentes relativo a las diligencias de ejecución hipotecaria directa promovida por el Abogado NICOLAS DAVID RIVERA MENA, en representación de Arturo Santo Cantú, contra la sociedad mercantil Comercializadora Santos Rodríguez, S. de R.L. de C.V., sin incidencia procesal alguna, haciendo la observación que se deberá dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 831 del Código Procesal Civil, para la continencia en conocimiento único y tramitación de las causas civiles promovidas ante este órgano judicial para ante el Juez delegado…” (Folio 47 de la pieza del A-quo) 4)En fecha diez de junio de dos mil diecinueve, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, compareció el Abogado Juan Ramón David Anariba, presentando personamiento y solicitud de suspensión de ejecución hipotecaria por considerar que existe prejudicialidad penal en relación a la validez del título de ejecución (hipoteca). (Folios 53-59 de la pieza del A-quo) 5) En fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, resolvió no admitiendo a trámite el escrito de personamiento promovido, en virtud de considerar que carece el señor MARIO RICARDO FÚNEZ FERRERA, de legitimación activa, ya que no ostenta ninguna documentación, titulo o acto que acredite ser titular de una relación jurídica existente que le irrogue derecho para promover tal pretensión, por lo que se desestima ésta y debe de entenderse que el presente escrito junto con sus anexos, deberá de ser adherido al expediente 060(2)2019, sin ningún efecto de tipo procesal alguno. (Folios 157-158 de la pieza del A-quo) 6) En fecha catorce de agosto de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, resolvió: “Admítase el escrito que antecede el cual se manda a agregar a su pieza principal de autos en relación a lo solicitado por el Abogado RAMÓN EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, en su condición actuante, que el peticionario se esté a lo resuelto en el auto de fecha tres de junio del año dos mil diecinueve (03/06/2019), que obra a folio 47…”. (Folio 160 de la pieza del A-quo) 7) En fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, el Abogado Juan Ramón David Anariba, presentando escrito de pronta resolución y de nulidad absoluta de actuaciones. (Folios 230-235 de la pieza del A-quo) 8) En fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, resolvió: UNICO: admitir el escrito para el único efecto de agregarse a las diligencias contenidas en el expediente número 060(2)2019, de Ejecución Forzosa sin ningún tipo de trascendencia procesal al tenor y apego de lo anteriormente expuesto, en conclusión, no se admite para efecto de un pronunciamiento sobre el fondo por carecer de legitimación en esta causa, el compareciente MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA y se advierte sobre el contenido del artículo 6 del Código Procesal Civil. (Folios 239-240 de la pieza del A-quo) 9) Que en fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado Juan Ramón David Anariba, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Mario Ricardo Fúnez Ferrera, contra las resoluciones referidas en los numerales cinco, seis y ocho que anteceden, considerando el recurrente que dichas resoluciones le vulneran a su representado, los derechos consagrados en los Artículos 1, 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1-8 del expediente del Ad-quem) 10) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, donde por unanimidad de votos falló: SOBRESEER el presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN RAMÓN DAVID ANARIBA, actuando en su condición de apoderado legal del señor MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA, contra las resoluciones de fechas; trece y catorce de agosto del año dos mil diecinueve y dieciséis de septiembre del año dos mil diecinueve, dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro, presentado en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). (Folios 36-38 del expediente del Ad-quem) 11) Que en fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que SOBRESEYÓ el recurso de amparo presentado por el Abogado JUAN RAMÓN DAVID ANARIBA, a favor del señor MARIO RICARDO FÚNEZ FERRERA, contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, de fechas trece, catorce de agosto y dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, con relación a la demanda de ejecución hipotecaria de unos inmuebles promovida por el Abogado NICOLÁS DAVID RIVERA MENA en su condición de Apoderado Judicial del señor ARTURO SANTOS CANTÚ, contra la sociedad mercantil denominada COMERCIALIZADORA SANTOS RODRÍGUEZ S. DE R.L. DE C.L. (COSARO) a través de su Gerente General, el señor GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ ANAYA. CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, manifestando básicamente que con las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, de fechas trece, catorce de agosto y dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve; se le han violentado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 1, 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; puesto que se niega a la tramitación de un incidente y su participación en el presente proceso. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su sentencia, cuando señala que la pretensión protectora del amparo no puede dar frutos; y, no puede prosperar en materia de Justicia Constitucional, pues se observa que el amaparista no hizo uso de los recursos correspondientes; y, además tiene recursos pendientes; y, en definitiva el pretendía suspender la audiencia de remate, la que se realizó en fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; siendo que la recurrente no interpuso ante las decisiones del A-Quo, los recursos ordinarios que correspondía. Por lo que la decisión ahora impugnada en el presente amparo se considera consentida. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; y, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-1081-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL