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Sentencia AC-03-20 — Registro 11548

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones, que otorgó el recurso contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, en relación a la solicitud de ejecución de garantía. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado el derecho constitucional consignados en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (4): Que la Corte de Apelaciones en la parte conducente del numeral cuarto de su resolución, Invoca la sentencia de Amparo dictada por la Sala de lo Constitucional en el expediente AC 1150-15 del 21 de febrero del 2017, en lo conducente contenido en el considerando catorce (14) que dispone: “es objeto de tutela judicial constitucional los supuestos de indefensión real que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá que proscriban imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición”. Señalando el Ad quem, que revisado el proceso civil, estima que existe violación hacia el derecho de defensa de la demandada, porque una vez que a ella llegó la noticia a través de la publicación del aviso de subasta de los bienes inmuebles relacionados en la misma, se personó en el proceso a través del abogado Mejía Sánchez, planteando los argumentos del porque su requerimiento de pago fue nulo, al no seguirse el procedimiento que la norma procesal civil dispone, para utilizar los actos de comunicación como la vía judicial efectiva de informar a las partes de los actos y resoluciones del juzgador/a; regulados a partir del capítulo II del Código Procesal Civil y donde el artículo 137 establece un orden de prelación en relación con el artículo 139 cuando se trata de comunicaciones directas a las partes, que deberán iniciar por practicarse en el domicilio del demandado, luego de no encontrarlo allí, averiguar el domicilio o residencia, la comunicación subsidiaria y como la última ratio la comunicación edictal, orden que no fue seguida, como se constata en el proceso civil, a partir del folio 48 del mismo, donde obra la constancia del receptor del Juzgado de Letras de la Ceiba; señala la Corte de Apelaciones que todo el procedimiento fue inobservado por el Juez de Letras, que llevó a generar indefensión material a la señora Ramos Pérez y la única manera de restituir al recurrente en el goce de sus garantías, es solamente a través de que se decrete la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de a demanda o solicitud de ejecución de garantía hipotecaria relacionada, por lo que los autos de fechas 26 de febrero 01 de marzo y 15 de agosto, todas del año 2019 no le son aplicables por violentar sus derechos. En consecuencia, otorgó el recurso de Amparo interpuesto. CONSIDERANDO (5): Que, del examen de la resolución conocida en consulta, se establece con argumentación clara y suficiente en Derecho, porque se llega a configurar afectación a los derechos invocados por el impetrante, al no seguirse el procedimiento previamente establecido en la ley, no solo se niega el derecho a la defensa sino a una tutela judicial efectiva, lo que le impide hacer valer sus derechos y exponer sus pretensiones. Corresponde, por lo tanto, se dicte confirmatoria a la sentencia estimatoria de amparo que es venida en consulta, en todas y cada una de sus partes.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice:” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de septiembre de dos mil veinte. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, de fecha cuatro (04) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), que otorgó el recurso presentado por el Abogado FRANCISCO JAVIER MEJIA SANCHEZ a favor de la Señora KAREN IVETTE RAMOS PEREZ, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, en relación a la solicitud de ejecución de garantía hipotecaria promovida por BANCO ATLANTIDA S.A. contra los Señores FOCH BURKES MERREN TATUM como deudor principal y en representación de la Señora DEBORA LYNNE MERREN DE LEWIS y la Señora KAREN IVETTE RAMOS PEREZ. Manifestando el recurrente que el acto recurrid o ha violentado el derecho constitucional consignados en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis (16) de marzo del dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, la Abogada YELINA NINOSKA REYES MOYA en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA, S. A., promoviendo solicitud de ejecución de garantía hipotecaria promovida por BANCO ATLANTIDA S.A. contra los Señores FOCH BURKES MERREN TATUM como deudor principal y en representación de la Señora DEBORA LYNNE MERREN DE LEWIS y la Señora KAREN IVETTE RAMOS PEREZ. (Folios 1–21 del Tomo I de la Pieza del A-Quo). 2) Que siguiendo el tramite de Ley correspondiente, en fecha veintiséis (26) de febrero del dos mil diecinueve (2019), el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Admitir a trámite el escrito presentado por el Abogado FRANCISCO JAVIER MEJIA SANCHEZ, Intitulado: “PERSONAMIENTO.- SE ACREDITA INTERES LEGITIMO. SE PLANTEA NULIDAD ABSOLUTA DESDE E INCLUSIVE EL AUTO DE ADMISION DE UNA EJECUCION HIPOTECARIA. NULIDAD ABSOLUTA DEL AUTO DE COMUNICACIÓN EDITAL Y DE LOS ACTOS DERIVADOS DE ESTA Y DE LOS ACTOS DERIVADOS.- SE PLANTEA SUCESION PROCESAL.- DOCUMENTOS. PODER. SE AUTORICEN FOTOCOPIAS. CONDENA EN COSTAS.”, presentando en fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, y puesto a la vista del Suscrito en fecha veintiséis de febrero del año en curso (2019) a las diez y treinta de la mañana. SEGUNDO: Declarar INADMISIBLE de pleno derecho la petición hecha por el Abogado FRANCISCO JAVIER MEJIA SANCHEZ.- NOTIFIQUESE.” (Folio 263 de la Pieza del A-Quo). 3) Que en fecha uno (01) de marzo del dos mil diecinueve (2019), el Abogado Francisco Javier Mejía Sánchez en su condición de Representante Procesal de la Señora Karen Ivette Ramos Perez, interpone ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, un recurso de reposición contra el auto de fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil diecinueve (2019); asimismo en fecha quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019), el citado antes citado Resolvió: (SIC): “1) Admitir a trámite el escrito intitulado “SE FORMULA OPOSICION AL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO.- QUE SE RATIFIQUE LA RESOLUCION IMPUGNADA POR ESTAR CONFORME A DERECHO” presentado por la abogada YELINA NINOSKA REYES MOYA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLANTIDA.- 2) DECLARESE IMPROCEDENTE de pleno derecho, el Recurso de Reposición Presentado por la abogada YELINA NINOSKA REYES MOYA, en contra del auto de fecha; Veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve, dictado por este Órgano Jurisdiccional.- Se Resuelve hasta esta fecha en virtud del exceso de trabajo que impera en esta judicatura; y por el periodo de vacaciones autorizado por la Corte Suprema de Justicia.” (Folios 277 y 301-302 de la Pieza del A-Quo). 4) Que en fecha catorce (14) de octubre del dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el Abogado FRANCISCO JAVIER MEJIA SANCHEZ a interponiendo recurso de amparo favor de la Señora KAREN IVETTE RAMOS PEREZ, contra el auto de fecha quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019), dictado por el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía. (Folios 1–40 de la pieza del Ad-Quem). 5) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha cuatro (04) de diciembre del dos mil diecinueve (2019), emitió su resolución en la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, OTORGAR el recurso de amparo a favor de la señora KARLA IVETT RAMOS PEREZ interpuesto por el Abogado FRANCISCO MEJIA SANCHEZ, contra las resoluciones de fechas veintiséis (26) de febrero, Uno (01) de marzo y quince (15) de agosto, todas del año dos mil diecinueve (2019), pronunciadas por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía a través del Juez José Rolando Paz. SEGUNDO, Enviar en Consulta ante la Honorable Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras la presente resolución.” (Folio 51–54 de la pieza del Ad-Quem). 6) Que en fecha seis (06) de enero del dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que manda la Constitución de la República que la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en consulta la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CFEIBA, departamento de ATLÁNTIDA, en fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, que otorga el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la bahía, en relación a la solicitud de Ejecución de Garantía hipotecaria promovida por BANCO ATLANTIDA, S.A., contra los señores FOCH BURKES MERREN TATUM, como deudor principal y en representación de la señora DEBORA LYNE MERREN DE LEWIS Y KAREN EVETTE RAMOS PEREZ. CONSIDERANDO (3): Que el Ad quem en los antecedentes procesales de su resolución señala que el recurrente en amparo: “considera que se están transgrediendo normas de procedimiento, violentando el debido proceso y defensa de los que goza su representado porque la demanda de ejecución de garantía hipotecaria, se presentó en el mes de marzo del 2017, cuando ya habían muerto dos de las personas demandadas; porque además esa misma demanda contra los mismos demandados fue presentada en el año 2016, en el Juzgado de Letras de la ciudad de la Ceiba, donde fue inadmitid por falta de capacidad procesal de representación del señor BURQUES MERREN respecto a su hija DEBORA L. MERREN; y finalmente porque se pretende despachar una ejecución de un bien propiedad de su representada sin escucharla en juicio por falta de comunicación imputable al juez. Por lo que considera que se han quebrantado los derechos siguientes: Tutela judicial efectiva consignada en el artículo 90 constitucional, derecho a un debido proceso. Por otra parte, la capacidad procesal del señor Burke ya estaba cuestionada en la resolución pronunciada por el Juzgado de Letras de la Ceiba, que en el año 2016 conoció de la misma acción, reclamo del mismo monto y las mismas partes, resolviendo inadmitir dicha demanda porque no se acreditó el poder de representación. CONSIDERANDO (4): Que la Corte de Apelaciones en la parte conducente del numeral cuarto de su resolución, Invoca la sentencia de Amparo dictada por la Sala de lo Constitucional en el expediente AC 1150-15 del 21 de febrero del 2017, en lo conducente contenido en el considerando catorce (14) que dispone: “es objeto de tutela judicial constitucional los supuestos de indefensión real que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá que proscriban imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición”. Señalando el Ad quem, que revisado el proceso civil, estima que existe violación hacia el derecho de defensa de la demandada, porque una vez que a ella llegó la noticia a través de la publicación del aviso de subasta de los bienes inmuebles relacionados en la misma, se personó en el proceso a través del abogado Mejía Sánchez, planteando los argumentos del porque su requerimiento de pago fue nulo, al no seguirse el procedimiento que la norma procesal civil dispone, para utilizar los actos de comunicación como la vía judicial efectiva de informar a las partes de los actos y resoluciones del juzgador/a; regulados a partir del capítulo II del Código Procesal Civil y donde el artículo 137 establece un orden de prelación en relación con el artículo 139 cuando se trata de comunicaciones directas a las partes, que deberán iniciar por practicarse en el domicilio del demandado, luego de no encontrarlo allí, averiguar el domicilio o residencia, la comunicación subsidiaria y como la última ratio la comunicación edictal, orden que no fue seguida, como se constata en el proceso civil, a partir del folio 48 del mismo, donde obra la constancia del receptor del Juzgado de Letras de la Ceiba; señala la Corte de Apelaciones que todo el procedimiento fue inobservado por el Juez de Letras, que llevó a generar indefensión material a la señora Ramos Pérez y la única manera de restituir al recurrente en el goce de sus garantías, es solamente a través de que se decrete la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de a demanda o solicitud de ejecución de garantía hipotecaria relacionada, por lo que los autos de fechas 26 de febrero 01 de marzo y 15 de agosto, todas del año 2019 no le son aplicables por violentar sus derechos. En consecuencia, otorgó el recurso de Amparo interpuesto. CONSIDERANDO (5): Que, del examen de la resolución conocida en consulta, se establece con argumentación clara y suficiente en Derecho, porque se llega a configurar afectación a los derechos invocados por el impetrante, al no seguirse el procedimiento previamente establecido en la ley, no solo se niega el derecho a la defensa sino a una tutela judicial efectiva, lo que le impide hacer valer sus derechos y exponer sus pretensiones. Corresponde, por lo tanto, se dicte confirmatoria a la sentencia estimatoria de amparo que es venida en consulta, en todas y cada una de sus partes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO en todas y cada una de sus partes, la resolución dictada por la Corte de Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Atlántida, de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve que Otorga el recurso de amparo presentado por el Abogado FRANCISCO JAVIER MEJIA SANTOS, a favor de la señora KAREN IVETTE RAMOS PEREZ, . Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. -NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes diciembre del año dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha diez de septiembre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-0003-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL